Parece que en Ecuador se convierte en una realidad: la
violencia social, la delincuencia común y la organizada han superado a la
sociedad de bien. Una de las últimas disposiciones presidenciales indicó que
miembros de las Fuerza Armadas volvieran a las calles a tratar de controlar la
inseguridad es una muestra de ello. Esto hacia finales de abril de 2012.
Es bueno recordar en este punto que el 13 de marzo de 2012,
el Ministerio de Coordinación de Seguridad junto a los Ministerios y
Secretarías que integran el Sector Seguridad, presentaron el informe de
rendición de cuentas 2011. En realidad a más de los discursos positivos propios
de estos acontecimientos, no fue más que un informe
contable - financiero.
Por más de dos semanas me pasé analizando y escuchando
criterios a favor y en contra sobre esta reiterativa acción gubernamental para
tratar de parar el embate de la violencia social y del crimen, al final me
quedaron preguntas: ¿Con entrenamiento militar se frena la violencia social? ¿Cuál
es la capacidad real de los militares para estar en las calles combatiendo al
crimen organizado? ¿Se ve amenazada la delincuencia común estando los militares
en las calles? ¿Acaso el Gobierno quiere enviar algún mensaje oculto a la
población al poner militares en las calles?
Por aquellas casualidades de la red me enteré que “el crimen
organizado es el peor enemigo de la democracia actual en América Latina”
afirmación realizad por el escritor mexicano Enrique Krauze, al presentar su
libro “Redentores” en el que analiza el poder en la región durante los siglos
19 y 20, quien participa en la II Feria del Libro en Español de Los Ángeles.
Según el informe
de prensa también habría mencionado: “La democracia moderna tiene enemigos
pero el más grande es el crimen organizado, que no sólo está conspirando para
acabar con las votaciones sino con la libertad de expresión”.
Otro de los escenarios en que actuarían las Fuerzas Armadas
es: el crimen
organizado movería casi tres billones de dólares cada año en todo el mundo,
equivalentes al 2-5% del Producto Interno Bruto internacional, según un informe
del Grupo de Acción Financiera Internacional. El incremento exponencial de la
violencia, la corrupción pública y la explotación de seres humanos son algunas
de las consecuencias más graves de la actividad mafiosa. No se si militares y
policías ecuatorianos estén mínimamente blindados contra esta amenaza.
Sobre la delincuencia común, con información que recoge la cadena
Ecuavisa
obtenida de la Fiscalía, se señala que en el 2011 se reportaron 9.920 casos de
robo agravado, es decir con violencia. Eso equivale a más del 20% de las
denuncias presentadas y lo ubica como el delito más común. A continuación está
el robo simple, con 7.724 casos reportados, más del 17% de las denuncias.
Este tipo de delitos, al parecer, lo ejecutan
delincuentillos que seguramente no están inmersos en los estratos superiores
del crimen organizado; estos atracos, robos y hurtos son tan comunes que se
producen a diario y hora tras hora, en cada ciudad y población del Ecuador.
Muchas víctimas se quedan en el silencio, por lo que no son parte de las frías estadísticas que
sirven para la planificación gubernamental.
Está la violencia social. Tal vez los militares no deban
afrontar la violencia intrafamiliar o violencia doméstica que se refiere a los
actos violentos que se producen en los hogares; tal vez no deban afrontar los
crímenes por celos o pasionales; tal vez lo militares no deban controlar las
manifestaciones ciudadanas o peleas callejeras.
Antes de contar unas perlas bibliográfica que encontré,
pongo a su consideración la conclusión a la que llega Branislav
Marelic, en su artículo: “Por qué no debe haber militares en las calles” y
dice “… es que si un ciudadano está dispuesto aceptar la intervención militar
en el orden público pese a todo lo anterior estamos en un camino irremediable,
desproporcionado y complaciente hacía menos libertad y hacia más represión,
todo para saciar una petición de seguridad creada por una sensación de
inseguridad que no siempre es real.”
Como ya es conocido en el mundo de la política ecuatoriana
el rol de Senplades en la planificación integral del Estado tiene
características estratégicas en el actual marco ideológico del gobierno
nacional; consecuentemente hablar de seguridad sin contar con este argumento
sería un absurdo analítico.
Así mismo logré disponer de un resumen del diagnóstico realizado
en agosto del 2007 y lo que se pretendía hacer en aquella época por el tema
seguridad. Tal vez en otro momento sea bueno evaluar ese plan o bosquejo. Por
ahora apenas dejo constancia que sí se consideró el problema.
Otro documento al que accedí fue presentado oficialmente por Gustavo Larrea Cabrera, cuando en el 2008 ejercía las funciones de Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa. En septiembre se divulgó la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa.
Otro documento al que accedí fue presentado oficialmente por Gustavo Larrea Cabrera, cuando en el 2008 ejercía las funciones de Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa. En septiembre se divulgó la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa.
En este documento establece que como apoyo al desarrollo nacional
y la seguridad interna, una de las acciones de las Fuerzas Armadas es la de apoyar
las acciones de la Policía Nacional en actividades de seguridad interna.
También en el 2008 el Ministerio de Defensa divulgó la Agenda
Política de la Defensa Nacional, con los respectivos lineamientos para que
Fuerzas Armadas respaldaran a la Policía Nacional. Ejercía el cargo de Ministro
Javier Ponce.
En este marco, en el 2009, la Fiscalía General del Estado, durante la gestión de Washington Pesántez, se publicó un texto titulado “Bases para la estructuración de la política criminal del Ecuador” que contiene un capítulo de propuestas para reducir el índice de criminalidad.
En este marco, en el 2009, la Fiscalía General del Estado, durante la gestión de Washington Pesántez, se publicó un texto titulado “Bases para la estructuración de la política criminal del Ecuador” que contiene un capítulo de propuestas para reducir el índice de criminalidad.
Sin embargo de ello, mediante Decreto Ejecutivo 082 fechado
el 30 de septiembre 2009, se declaró el Estado de Excepción en Quito, Guayaquil
y Manta “por los actos delictivos y la violencia registrada en las últimas
semanas y autoriza la intervención de Fuerzas Armadas en la lucha contra el
crimen organizado.” También queda pendiente encontrar información evaluativo de
los resultados e impacto de la ejecución del Decreto.
Otro documento clave que muestra los avances en la
neorganización de las actividades antidelincuenciales está la reformulación del
Plan
Estratégico de Modernización y Transformación Integral de Policía Nacional del
Ecuador para el siglo XXI, con vigencia del 2010 al 2014.
Así mismo, la Senplades difundió un documento titulado “Los
5 años de revolución Ciudadana” en que únicamente cuantifica brevemente la
lucha contra la impunidad, inversión en justicia, sistema de rehabilitación y
coloca un cuadro para indicar los organismos responsables de la seguridad y su
rol.
Según este organismo gubernamental, en un informe presentado
sobre los avances del Plan del Buen vivir hasta el 2011, asegura mediante un
boletín de prensa que “Ecuador fue uno de los países con mayor crecimiento
económico en la región, aún en un escenario de severa crisis internacional...”
Para el 2011 también se divulgó otro documento que al
revisarlo me da la impresión de ser repetitivo en cuanto a su contenido sobre
la seguridad. Es la Agenda
Política de la Defensa.
Adelanto, el tema de
la explosión delincuencial y la violencia social, no es de este año, sino que
viene arrastrándose y de alguna manera se hizo visible a los entes
gubernamentales, por ello es que en enero del 2011, presidente de la República anunció
que se dividiría al Ecuador en distritos y circuitos, con la idea de poner en
cada distrito Unidades de Vigilancia Comunitarias (UVC) que integre todos los
servicios públicos que requiera cada sector; as u vez para agosto del 2011, el
entonces Ministro de la Seguridad Interna y Externa del Estado Homero Arellano,
aseguró que esas unidades responderán a un sistema que fue articulado
técnicamente por la Senplades.
No pude localizar el documento, pero según diversas notas de
prensa y boletines, este plan consiste en dividir a las provincias y ciudades
en distritos, circuitos y subzonas; de cada una de estas divisiones, está a
cargo un miembro de la Policía Nacional, quien se convierte en responsable de
la seguridad ciudadana en cada sector. Por tanto Senplades habría dividido al
Ecuador en 139 distritos y 1.134 circuitos.
Y resulta que cuando avanzo en este trabajo leo una nota de
prensa en la que se asegura que el Presidente dijo en su cadena sabatina del
sábado 12 de mayo de 2012: “La principal preocupación de nuestra gente es la
inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas.
No solo que pueden sino que deben hacerlo”; asegura la información que es la
reconfirmación de la orden emitida el 25 de abril durante una ceremonia
militar.
Puedo concluir que en materia de seguridad ciudadana el
Gobierno se ha respaldado en las respectivas y necesarias planificaciones
técnicas, basadas en estadísticas, con alto contenido académico; los documentos
de referencia en este breve análisis no son nada más que una muestra mínima,
que tal vez no sea representativa, pero que sí ofrece pistas.
Se implementó el famoso programa de “Los Más Buscados”,
también se han inaugurado instalaciones policiales destinadas a brindar
seguridad, así como entrega de equipos y vehículos para combatir el crimen, que
ha rendido buenas contribuciones de tipo espectacularidad y un gran efecto
mediático.
Las cuentas oficiales, difundidas por todo tipo de medios,
aseguran que la inversión pública es mayor en comparación con años anteriores,
aun a las de gobiernos precedentes. Aun no he logrado acceder a información
evaluativa sobre esas inversiones, tal vez son secretas, tal vez no son
públicas, tal vez no se han realizado.
A pesar de todo esto, se acrecienta la inseguridad en que
vivimos. ¿Percepción? ¿Falsa idea social? ¿Mito urbano? ¿Estrategia de la
oposición? ¿Desprestigio de inducido por algunos de los medios de comunicación
privados? ¿Incendios ficticios en las redes sociales? ¡¡No!! Ninguna de las
anteriores.
Creo y considero que las políticas implementadas por el
Gobierno para la lucha contra la delincuencia en general se atomizaron hacia
otras “prioridades” más bien de tipo político-partidista, orientadas a la
estructuración de un programa de criminalización de actividades ciudadanas
relacionadas con un Estado democrático, a burocratizar la acción policial y a
desprenderse de los apoyos externos.
Tal vez otra de las equivocaciones gubernamentales es que se
consideró a los delincuentes como entes pasivos sujetos a ser influenciados por
la gran maquinaria propagandística que existe en el Ecuador, sin tomar en
cuenta que los “capos del crimen” no se “tragan las ruedas de molino” tan
fácilmente, que la delincuencia es más proactiva que reactiva, que sus
inversiones son cuidadosamente planificadas y no desgastan a sus ejecutores en tramitología
altamente burocratizada.
Miro también que al querer asumir el Gobierno central el
manejo integral de la lucha contra la inseguridad, dejó de ser una prioridad tangible
para los llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados; o sea, consejos
provinciales, municipios y juntas parroquiales.
Creo también que no existe una sociedad que esté libre
totalmente de la delincuencia, seguramente muchos antropólogos, cientistas
sociales, sociólogos, sicólogos sociales y hasta teólogos, podrían asegurar que
la delincuencia es innata en los seres humanos, pero que unos logran superar y
otros hacen de ella su forma de vida.
Creo que al final de las cuentas, al crimen no se lo combate
tantos documentos “bien bonitos”, con
publicaciones bien diseñadas y expuestos en ceremonias, tampoco con planes académicamente
elaborados por personas que no conocen la mentalidad y el accionar del
delincuente.
Quizás por ello es que como una medida desesperada el
Gobierno lanza un alarido de auxilio a las Fuerzas Armadas, grito disfrazado de
orden presidencial.
