Hace algunas semanas el Ecuador estuvo inmerso en un proceso electoral y desde esa fecha empezaron los preparativos para un siguiente, justo dentro de un año. La votación para los ciudadanos, evidentemente, que no es un derecho sino una obligación y tiene su costo financiero.
Previo al 4 de febrero de 2018, Luis Espinosa Goded (@luisesgo) puso a consideración de la nación un artículo relacionado con lo que le cuesta a cada elector ir a la urna, pero además hace cuestionamientos sobre las políticas que se aplican para que esas jornadas, mal llamadas "fiesta electoral" se cumplan con tranquilidad para el organismo que las ejecuta.
Podría parecer que lo mencionado por mi estimado amigo está fuera de tiempo, pero no es así, es un momento justo luego que ha bajado la fiebre de la consulta popular y referéndum (aunque existe otro virus) que nos permitirá analizar con mayor pragmatismo algunos cambios urgentes en el Código de la Democracia (si es que los asambleístas quieren).
Entonces, pongo a consideración el análisis del catedrático:
Este fin de semana miles (¿decenas de miles? ¿Cientos de miles?) de ecuatorianos viajarán a sus lugares de origen a encontrarse con sus familias… pero no será un viaje placentero ni voluntario, será un viaje costoso, tedioso y obligado.
En Ecuador el voto es obligatorio, aunque ya lo hemos asumido como normal, no lo es. Es una pura contradicción que el voto, que es un derecho, lo hagamos una obligación. Y cómo todos los absurdos tiene graves consecuencias, se obliga a votar a millones de personas que no tienen ni interés ni motivos para informarse, por lo que es mucho más probable que caigan en el voto populista o el voto vendido, lo que resta mucha calidad a los elegidos, si los electores votan por obligación.
Pero además tiene un muy oneroso coste para los votantes. Miles de ecuatorianos tendrán que gastarse unos 40$ por persona para ir a sus lugares de origen. Quizá a usted le parezca bonito, o le parezca barato, pero no lo es. Esos 40 dólares equivalen a un dólar en ir desde sus casas hasta la estación de buses, unos 10$ que cuesta el trayecto desde Quito hasta las distintas provincias del Ecuador, unos 5$ para ir desde donde les deja el bus hasta sus casas (suelen tener que tomar un taxi si viven en lugares lejanos) y unos 5$ que pueden gastar en comida y agua durante el trayecto (ambos por dos de ida y vuelta).
De hecho este es el cálculo aproximado pues es el mismo monto de la “multa” que te impone el Estado por no votar que es de 37,5$. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo en Ecuador es de 386$ (en realidad el salario medio es muy inferior pues hay más de un 40% de empleo informal), esos 40$ supone más de un 10% de un salario mensual que siempre es ajustado. Eso por persona, si hay hijos, cónyuge o personas al cargo todavía se hace mucho más oneroso. Sin tomar el cuenta del coste de faltar en el trabajo, o trabajadores por cuenta propia que hay que descontarle tres días de trabajo que equivalen a ingresos. Es, evidentemente, un cálculo aproximado, que puede variar de caso en caso, pero que nos hace una idea de que no es un coste baladí para las personas humildes.
Pero además pocas veces se relata lo tortuoso de estos viajes. Las estaciones de buses están desbordadas estos días, hay horas y horas de espera en el suelo de salas llenas, las carreteras atascadas, los buses pueden llegar a cobrar sobreprecios, los horarios a los que hay que viajar son intempestivos, las casas de los familiares también pueden estar sobre-ocupadas, y la visita es apenas de unas pocas horas, que no da tiempo a disfrutar de la visita a la tierra natal. De hecho el fin de semana que viene es Carnaval, estoy seguro de que la inmensa mayoría preferiría ir a su tierra natal por Carnaval a disfrutar más días, y no por obligación a votar.
Me preocupa que cuando los teóricos de la democracia hacen razonamientos sobre “la conveniencia del voto obligatorio” -o no- hablen siempre en nombre de “el pueblo” pero parecen desconocer la realidad de los ciudadanos ecuatorianos; que cientos de miles de ellos habitan en lugares distintos de donde están inscritos, entre otras cosas por lo tedioso que son los trámites de empadronamiento. La democracia, que está para garantizar derechos y facilitar un mejor nivel de vida, se convierta en una carga muy onerosa para los ciudadanos más humildes (para los ciudadanos pudientes o de clase alta no les supone mucho esos 37,5$ de multa), que un derecho tan importante como poder elegir a nuestros representantes lo hayamos convertido en una obligación onerosísima para nuestros ciudadanos más vulnerables.
Y si modificamos la ley electoral, ya se podría modificar las otras dos absurdas normativas. Aquella que impone un “silencio electoral” o “jornada de reflexión”, que parte del supuesto de que los ciudadanos son tan manipulables -tan tontos- que votan por lo último que leen u oyen. Esa norma nunca fue muy lógica, pero en tiempos de internet con las redes sociales (donde no se aplica) es absolutamente estúpida.
Así como la “ley seca electoral”, la idea de que los ciudadanos no tienen control sobre lo que toman, se van a emborrachar completamente y votar ebrios… cuando en realidad la única justificación que podría haber para que voten a ciertos candidatos que han votado mucho es que efectivamente estuvieses completamente beodos cuando les votaron.
Probemos a tratar a los ciudadanos como adultos. Probemos a tener una ley electoral que otorgue derechos y no imponga obligaciones.
