Dudas sobre el control a los choferes del sector público

Siniestro de vehículo oficial ocurrido el miércoles
24 de octubre de 2018 en la vía Ventanas - Puebloviejo.

La reducción de víctimas por siniestros viales es un esfuerzo que pareciera no tiene resultados, los costos de este gran problema nacional son tan altos que sorprenderían a la sociedad.

En todo este complejo entramado que origina muertes, lesionados y daños, está una arista aún inexplorada: la disciplina vial que debe estar articulada con la seguridad laboral de cada uno de los trabajadores. ¿Cuánto les cuesta a las instituciones públicas y a la empresa privada los siniestros viales de sus trabajadores?

Por metodología tomemos un sector, el público. ¿De qué manera en los ministerios y en los gobiernos locales se impulsa el cumplimiento cabal de la ley de tránsito? ¿Cómo se controla que los vehículos oficiales estén en el marco de la normativa? ¿Quién verifica que los choferes, en calidad de funcionarios, estén capacitados y habilitados para conducir?

Las primeras respuestas pueden venir de una simple observación cuando vemos en calles y carreteras autos sin placas pero con logotipos de alguna institución pública, y no es extraño percatarse del su exceso de velocidad, cuando en esos vehículos se trasladan personas sin usar el cinturón de seguridad, cuando los automotores están desordenados en los parqueaderos de cada entidad. 

Foto captada en la vía 
Manta - Montecristi en Manabí

La normativa vigente obliga a que cada institución tenga un reglamento para el control de vehículos del sector público, con la disposición –entre otras- que los choferes deben contar con los puntos necesarios para realizar la actividad de conductor. ¿Existirá una evaluación integral de esta disposición? 

En todo este proyecto llamado “Pacto Nacional para la Seguridad Vial” los primeros en dar ejemplo visible, comprobado y comprobable son los choferes de vehículos del sector público, luego el resto de funcionarios que conducen sus autos particulares sujetos a un control como parte del sistema de salud y seguridad ocupacional, también de las respectivas unidades de gestión de riesgos.

¿Existen registros de los siniestros viales ocasionados por conductores de tanto gubernamentales como de los gobiernos autónomos?

Seguramente es hora que los controles a choferes y vehículos del sector público entren a una fase de evaluación integral, tal como se está haciendo al sistema de transportación de pasajeros. ¿Acaso existen privilegios viales para los funcionarios?