Lo que no sabía de Puerto Cayo

La complejidad electoral por la que atravesamos en Ecuador me obliga por responsabilidad ciudadana a ampliar la perspectiva del lugar en que vivo y pienso morir: Puerto Cayo, partiendo de lo que no conozco pero que es indispensable saber principalmente el peso presupuestario que tiene. Lo que descubrí me dejó perplejo y preocupado.

Panorámica de Puerto Cayo - Agosto del 2023

Esta entrada me llevó a una reflexión:  proyectar qué gobierno le conviene a Puerto Cayo no debe ser un ejercicio lineal. Por ejemplo:

- ¿Cómo influenciaran las bancadas legislativas?
- ¿Qué negociarán los asambleístas por Manabí?
- ¿Cuán invisible es esta parroquia en el contexto político cantonal, provincial y nacional?

Decidí empezar por la última pregunta porque es más práctico, objetivo y evita las elucubraciones irracionales basadas en meras percepciones (por ahora). Uno de los indicadores que tomé para buscar respuestas fue el del sistema económico; sin embargo debía desglosarlo, lo hice y tomé una decisión, las respuestas nacieron de la Inteligencia Artificial a riesgo que podría caer y pecar de localismo, pero caso contrario cómo pensar en la política pública y en la proyección electoral.

Grok me expuso una aproximación del panorama cuando le pedí que podría buscar datos para tener un valor aproximado de la inversión pública en Puerto Cayo, que incluya los cuatro niveles de gobierno así como el resto de funciones del Estado.

Lo primero que me aclaro esta nueva herramienta tecnológica fue que no tiene acceso directo a datos específicos y actualizados sobre la inversión pública para esta localidad rural del cantón Jipijapa; sin embargo, me planeó un enfoque basado en información general disponible hasta marzo de 2025 y en el contexto de la inversión pública en Ecuador y adaptado localmente, también me explicó cómo se podría estimar un valor aproximado y qué factores considerar. Procedo a transcribir el producto recibido, sin incluir aún mis opiniones, criterios o críticas por asuntos metodológicos.

Contexto General de Inversión Pública en Ecuador

Puerto Cayo es una parroquia rural del cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí, Ecuador. La inversión pública en una localidad como esta proviene de los cuatro niveles de gobierno autónomos descentralizados (GAD) establecidos en la Constitución ecuatoriana (Art. 238-241) y de las funciones del Estado, dependiendo de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Planes Anuales de Inversión (PAI). Estos niveles son:

1. Gobierno Nacional: A través de ministerios como el de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Salud, Educación, etc.
2. Gobierno Provincial: GAD Provincial de Manabí.
3. Gobierno Cantonal: GAD Municipal de Jipijapa.
4. Gobierno Parroquial: GAD Parroquial de Puerto Cayo.

Además, las cinco funciones del Estado (ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, y de transparencia y control social) pueden influir indirectamente mediante asignaciones presupuestarias o proyectos específicos.

Metodología para Estimar la Inversión Pública en Puerto Cayo

Dado que no hay datos específicos públicos para Puerto Cayo en las fuentes disponibles, podemos aproximarnos usando información nacional y local, ajustándola al tamaño y necesidades de esta parroquia:

1. Inversión Pública Nacional

Según datos generales, la inversión pública en Ecuador en 2023 fue de aproximadamente USD 47,796 millones, representando el 40.22% del PIB (alrededor de USD 118,837 millones). Esto equivale a unos USD 2,600 por habitante (considerando una población de 18.4 millones). Sin embargo, la distribución no es uniforme y depende de prioridades como infraestructura, seguridad, salud y educación.

Puerto Cayo, con una población estimada de 5,000 a 10,000 habitantes (dato aproximado, ya que no hay cifras exactas recientes), podría recibir una fracción mínima de este monto. Por ejemplo, si el gobierno nacional asignara USD 1,000 por habitante en proyectos específicos (carreteras, hospitales, escuelas), estaríamos hablando de USD 5-10 millones anuales. Sin embargo, en zonas rurales como Puerto Cayo, la inversión tiende a ser menor, enfocándose en proyectos como la vía Manabí-Guayas o electrificación.

Estimación aproximada: USD 2-5 millones del gobierno nacional (vías, electrificación, salud).

2. Gobierno Provincial (Manabí)

El GAD Provincial de Manabí recibe fondos del Presupuesto General del Estado (PGE) y tiene competencias en vialidad rural, riego y desarrollo productivo. En 2024, el presupuesto provincial de Manabí fue de aproximadamente USD 70-100 millones (estimado según promedios históricos). Puerto Cayo, como una de las 12 parroquias rurales de Jipijapa, podría recibir entre el 1% y 5% de este monto, dependiendo de su priorización.

Estimación aproximada: USD 0.7-5 millones (mejoramiento de caminos rurales, proyectos agrícolas).

3. Gobierno Cantonal (Jipijapa)

El GAD Municipal de Jipijapa, que incluye Puerto Cayo, maneja un presupuesto anual que varía entre USD 10-20 millones (estimado según datos de municipios medianos). La inversión en Puerto Cayo se destinaría a agua potable, alcantarillado, mercados o turismo, dado su potencial costero. Suponiendo que Puerto Cayo represente el 10-20% de la población del cantón (50,000-60,000 habitantes), podría recibir entre USD 1-4 millones.

Estimación aproximada: USD 1-4 millones (infraestructura básica, turismo).

4. Gobierno Parroquial (Puerto Cayo)

El GAD Parroquial tiene un presupuesto limitado, generalmente inferior a USD 1 millón anual, destinado a pequeñas obras comunitarias (parques, centros comunitarios). Este monto depende de transferencias del PGE y recaudación local.

Estimación aproximada: USD 0.2-0.5 millones.

5. Funciones del Estado (Indirectas)

• Función Ejecutiva: Principal aportante vía ministerios (incluida en el nivel nacional).
• Función Legislativa: No invierte directamente, pero puede influir en asignaciones presupuestarias.
• Función Judicial: Inversión mínima (juzgados locales, si los hay).
• Función Electoral: Gastos en elecciones (insignificante fuera de años electorales).
• Transparencia y Control Social: Auditorías o rendición de cuentas (costo marginal).

Estas funciones se reflejan principalmente en el nivel nacional y no suelen desglosarse específicamente para Puerto Cayo, salvo en proyectos puntuales (ejemplo: seguridad ciudadana).

Total Estimado

Sumando las estimaciones:

• Nacional: USD 2-5 millones
• Provincial: USD 0.7-5 millones
• Cantonal: USD 1-4 millones
• Parroquial: USD 0.2-0.5 millones

Rango total aproximado: USD 3.9-14.5 millones anuales.

Factores a Considerar

• Ejecución Real: En 2024, el gobierno de Daniel Noboa ejecutó solo el 15% del PAI nacional en el primer semestre, lo que sugiere que la inversión real en Puerto Cayo podría ser mucho menor (USD 0.6-2.2 millones si aplicamos ese porcentaje).
• Prioridades: Puerto Cayo, por su ubicación costera y potencial turístico, podría beneficiarse de proyectos como el mejoramiento de la Ruta del Spondylus, pero la crisis fiscal limita los fondos.
• Datos Actuales: Mis estimaciones se basan en tendencias hasta marzo de 2025; para valores exactos, sería necesario consultar el PAI 2025 del Ministerio de Finanzas o los presupuestos de los GAD involucrados.

Conclusión (1)

Un valor aproximado de la inversión pública en Puerto Cayo, considerando los cuatro niveles de gobierno y las funciones del Estado, podría oscilar entre USD 3.9 y 14.5 millones anuales en un escenario planificado, pero la ejecución real probablemente esté más cerca de USD 1-3 millones debido a las limitaciones fiscales y de gestión actuales. Para datos precisos, recomiendo revisar los portales de transparencia del GAD Jipijapa, GAD Manabí y el Ministerio de Finanzas de Ecuador.

Hasta aquí llegó la primera parte pero no me fue suficiente, así que pedí profundizar: revisemos datos de la Función Ejecutiva en sus POA sobre la inversión pública en Puerto Cayo, que incluya lo que el Ministerio de Finanzas tenga sobre esta población y lo mismo en la Secretaría de Planificación. Prioridad: seguridad (Policía y Fuerzas Armadas), Salud y Gestión de Riesgos.

Grok. Vamos a desglosar la información disponible sobre la inversión pública de la Función Ejecutiva en Puerto Cayo y dado que no tengo acceso directo a los POA específicos de 2025 ni a bases de datos internas actualizadas más allá de marzo de 2025, utilizaré información contextual, tendencias generales y lo que se puede inferir razonablemente sobre Puerto Cayo

Marco General

La Función Ejecutiva en Ecuador, liderada por el Presidente de la República, ejecuta la inversión pública a través de ministerios y entidades adscritas, como el Ministerio de Finanzas (encargado de asignar recursos) y la Secretaría Nacional de Planificación (rectora del Sistema Nacional de Planificación y del Plan Anual de Inversión - PAI). Los POA son instrumentos operativos derivados del PAI y del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que detallan proyectos y presupuestos anuales por institución y territorio.

Puerto Cayo, al ser una parroquia rural, no suele aparecer desglosada específicamente en los POA nacionales, provinciales o cantonales disponibles públicamente. Su inversión depende de proyectos asignados al cantón Jipijapa, la provincia de Manabí o iniciativas nacionales que impacten la zona. Priorizaré los sectores solicitados: seguridad (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), salud y gestión de riesgos.

1. Ministerio de Finanzas: Datos sobre Inversión Pública en Puerto Cayo

El Ministerio de Finanzas gestiona el Presupuesto General del Estado (PGE) y los techos presupuestarios para los POA de las entidades ejecutoras. No publica datos desglosados por parroquia como Puerto Cayo, pero podemos inferir su aporte a partir de tendencias nacionales y regionales.

Seguridad (Policía Nacional y Fuerzas Armadas)

• Contexto Nacional 2024-2025: En el marco del conflicto armado interno declarado por el gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024, la seguridad ha sido una prioridad. Hasta octubre de 2024, el Gabinete de Seguridad (Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía y Fuerzas Armadas) gastó USD 2,450.8 millones, según reportes públicos. El Ministerio del Interior ejecutó solo el 29.7% de su presupuesto de USD 80 millones en 2023, mientras que la Policía gastó USD 1,087.8 millones (95% en sueldos) y el Ministerio de Defensa USD 1,083.9 millones en 2024.

• Estimación para Puerto Cayo: Puerto Cayo, como zona costera en Manabí, está cerca de áreas afectadas por el narcotráfico (e.g., Manta). Sin embargo, no hay evidencia de operativos específicos o infraestructura policial/militar asignada directamente a la parroquia en los POA. La inversión en seguridad probablemente se canaliza a través de Jipijapa o Manabí. Por ejemplo, el fortalecimiento de cuarteles o patrullajes en la Ruta del Spondylus podría incluir a Puerto Cayo tangencialmente. Asumiendo una distribución proporcional por población (5,000-10,000 habitantes en Puerto Cayo frente a 1.6 millones en Manabí), la inversión nacional en seguridad podría traducirse en USD 50,000-150,000 anuales para la parroquia (0.005%-0.01% del gasto provincial estimado de USD 50-100 millones).

Salud

• Contexto Nacional: En 2023, el Ministerio de Salud Pública (MSP) tuvo un presupuesto de inversión de USD 261 millones, con una ejecución del 66% hasta octubre. En 2024-2025, el PND prioriza salud gratuita y de calidad, pero la asignación a zonas rurales suele ser limitada.

• Puerto Cayo: La parroquia cuenta con un centro de salud básico, típico en parroquias rurales. La inversión del MSP en Manabí se concentra en hospitales de Manta o Portoviejo, pero los POA locales podrían incluir mejoras en centros de salud o campañas de atención. Estimamos USD 100,000-300,000 anuales para equipamiento o personal, basado en promedios de centros de salud rurales (USD 20-50 por habitante).

Gestión de Riesgos

• Contexto Nacional: La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) pasó sus competencias al Ministerio de Defensa en 2018, pero sigue operativa en coordinación con el Ejecutivo. En 2024, se priorizó la gestión de riesgos por El Niño, con proyectos como helicópteros y equipamiento (parte del presupuesto de Defensa).

• Puerto Cayo: Su ubicación costera lo hace vulnerable a tsunamis, inundaciones y sismos (Manabí fue epicentro del terremoto de 2016). Los POA nacionales podrían incluir obras de mitigación (drenajes, muros) o simulacros. Estimamos USD 50,000-200,000 anuales, probablemente ejecutados por el GAD provincial o cantonal con fondos nacionales.

Subtotal Ministerio de Finanzas: USD 200,000-650,000 anuales (seguridad: 50k-150k, salud: 100k-300k, gestión de riesgos: 50k-200k).

2. Secretaría Nacional de Planificación: POA y PND

La Secretaría Nacional de Planificación elabora el PAI y coordina los POA con base en el PND 2024-2025 ("Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador"). El eje de seguridad integral incluye 16 metas hasta 2025, mientras que salud y gestión de riesgos están en los ejes social y de riesgos.

Seguridad (Policía y Fuerzas Armadas)

• PND 2024-2025: Metas incluyen reducir muertes violentas, equipar a la Policía y Fuerzas Armadas, y contener el narcotráfico. En Manabí, operativos conjuntos son frecuentes, pero Puerto Cayo no es un foco prioritario comparado con Manta o Guayaquil.

• POA: Los POA del Ministerio del Interior y Defensa no desglosan Puerto Cayo, pero la parroquia podría beneficiarse de patrullajes costeros o bases cercanas (e.g., Jaramijó). Estimamos USD 50,000-100,000 en operativos o equipamiento indirecto.

Salud

• PND 2024-2025: Objetivo de "salud integral y gratuita" implica fortalecer centros de salud rurales. En el PAI 2024, Manabí recibió fondos para equipamiento médico y personal.

• POA: El MSP podría asignar recursos al centro de salud de Puerto Cayo (reparaciones, medicinas). Estimamos USD 100,000-250,000 anuales, alineado con el PAI provincial.

Gestión de Riesgos

• PND 2024-2025: Incorpora un eje específico de gestión de riesgos (abril 2024), con énfasis en prevención de desastres naturales.

• POA: Proyectos como drenajes o alertas tempranas en zonas costeras podrían incluir a Puerto Cayo. Estimamos USD 50,000-150,000 anuales, coordinados con el GAD parroquial o provincial.

Subtotal Secretaría de Planificación: USD 200,000-500,000 anuales (seguridad: 50k-100k, salud: 100k-250k, gestión de riesgos: 50k-150k).

Total Estimado

• Ministerio de Finanzas: USD 200,000-650,000
• Secretaría de Planificación: USD 200,000-500,000
• Rango Total: USD 400,000-1,150,000 anuales

Análisis y Limitaciones

• Seguridad: La inversión es mínima y probablemente indirecta (patrullajes, no infraestructura fija), dado que Puerto Cayo no es un hotspot delictivo.

• Salud: El centro de salud existente recibe fondos básicos; no hay evidencia de hospitales o proyectos mayores.

• Gestión de Riesgos: La vulnerabilidad costera sugiere inversión, pero los recursos suelen concentrarse en áreas urbanas de Manabí.

• Datos: Sin acceso a POA 2025 específicos, estas cifras son proyecciones basadas en tendencias y proporciones poblacionales.

Para datos exactos, sugiero revisar el PAI 2025 en el portal de la Secretaría de Planificación (www.planificacion.gob.ec) o el PGE en el Ministerio de Finanzas (www.finanzas.gob.ec) una vez publicados. 

Decidí dar un salto más específico en uno de los temas trasversales fundamentales en los procesos de desarrollo. Mi siguiente consulta fue que sería importante conocer si existe presupuestos de planes, programas y proyectos para enfrentar la probabilidad de que tsunami impacte en Puerto Cayo.

Grok: es una solicitud muy pertinente, especialmente considerando la ubicación costera de Puerto Cayo en la provincia de Manabí, Ecuador, una zona expuesta a riesgos de tsunamis debido a su proximidad a la zona de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. 

A continuación, analizaré la existencia de presupuestos para planes, programas y proyectos relacionados con la probabilidad de un tsunami en Puerto Cayo. Dado que no tengo acceso directo a los Planes Operativos Anuales (POA) específicos de 2025 ni a documentos detallados más allá de marzo de 2025, basaré mi respuesta en información contextual, tendencias y datos disponibles, proyectando lo más razonablemente posible.

Contexto de Riesgo de Tsunami en Puerto Cayo

Puerto Cayo, ubicado en la Ruta del Spondylus a 70 km de Manta, es una parroquia costera vulnerable a tsunamis, como lo demuestra el historial sísmico de Manabí (e.g., el terremoto de 7.8 en Pedernales en 2016, que generó alertas de tsunami). La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) son las entidades clave del Ejecutivo responsables de monitorear y mitigar este riesgo, mientras que el Ministerio de Finanzas asigna los recursos y la Secretaría Nacional de Planificación los integra en el Plan Anual de Inversión (PAI).

Existencia de Presupuestos en Planes, Programas y Proyectos

1. Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR)

• Planes y Programas: La SGR coordina el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y, desde el terremoto de 2016, ha priorizado la preparación ante tsunamis en el perfil costero. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2025 ("Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador"), el eje de gestión de riesgos incluye metas como fortalecer sistemas de alerta temprana y simulacros. Un ejemplo concreto es el Simulacro Nacional de Tsunami 2025, anunciado para el 31 de enero de 2025, que abarca 29 cantones costeros, incluyendo Jipijapa (donde se encuentra Puerto Cayo). Este simulacro busca evaluar la capacidad de respuesta y evacuación.

• Proyectos: El "Proyecto de Mejoramiento de la Capacidad de Monitoreo de Terremotos y Tsunamis para la Alerta Temprana de Tsunami", apoyado por JICA (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional), ha fortalecido estaciones de monitoreo sísmico y mareográfico en la costa ecuatoriana desde 2017. Aunque no se especifica Puerto Cayo, su ubicación en Manabí lo incluye en la zona beneficiada. Además, el "Proyecto para la Construcción de Ciudades Seguras y Resilientes contra Desastres por Terremotos y Tsunami" (también de JICA) apoya planes de evacuación y mitigación en municipios costeros como Portoviejo, cercanos a Puerto Cayo.

• Presupuesto: En 2024, la SGR gestionó fondos dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa (USD 1,083.9 millones ejecutados hasta octubre), pero la inversión específica en tsunamis es limitada. Para 2025, el PAI podría asignar entre USD 1-5 millones a nivel nacional para simulacros, señalización y obras menores (drenajes, muros). Para Puerto Cayo, asumiendo una distribución proporcional (1-2% del total por su población y riesgo), estimo USD 10,000-100,000 anuales, probablemente ejecutados vía GAD provincial o cantonal con apoyo nacional.

2. Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)

• Planes y Programas: INOCAR opera el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, con boyas y estaciones mareográficas en la costa. Puerto Cayo se beneficia indirectamente de este monitoreo, ya que las alertas cubren toda la Ruta del Spondylus.

• Proyectos: La modernización de las estaciones mareográficas (con apoyo de JICA y UNESCO) está en curso, pero no hay evidencia de una estación específica en Puerto Cayo. El presupuesto se centra en mantenimiento y operación nacional.

• Presupuesto: El presupuesto de INOCAR no se desglosa públicamente por parroquia. En 2023, su inversión en alertas de tsunami fue parte de los USD 20-30 millones anuales del Ministerio de Defensa para investigación oceanográfica. Para Puerto Cayo, el impacto es marginal, estimado en USD 5,000-20,000 (costos operativos indirectos).

3. Ministerio del Interior y Fuerzas Armadas (Seguridad)

• Planes y Programas: La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participan en operativos de evacuación y seguridad durante emergencias. El PND 2024-2025 prioriza la seguridad integral, pero el enfoque está en narcotráfico y violencia, no tsunamis específicamente.

• Proyectos: No hay proyectos específicos para tsunamis en Puerto Cayo, pero el simulacro de 2025 involucrará patrullajes y logística militar/policial.

• Presupuesto: De los USD 1,087.8 millones gastados por la Policía en 2024 y USD 1,083.9 millones por Defensa, una fracción mínima (e.g., USD 50,000-100,000 a nivel provincial) podría destinarse a simulacros o apoyo logístico en Manabí. Para Puerto Cayo, estimo USD 5,000-50,000.

4. Ministerio de Salud Pública (MSP)

• Planes y Programas: El MSP incluye preparación para emergencias en su POA, como atención médica post-desastre. En un tsunami, el centro de salud de Puerto Cayo sería clave.

• Proyectos: No hay proyectos específicos anti-tsunami, pero el fortalecimiento de centros de salud rurales (equipos, medicinas) está en el PAI 2024-2025.

• Presupuesto: Estimé previamente USD 100,000-300,000 anuales para el centro de salud de Puerto Cayo. Una parte (e.g., 10-20%) podría destinarse a preparación para tsunamis (capacitación, botiquines), es decir, USD 10,000-60,000.

5. GAD Locales (Indirecto, con fondos nacionales)

• Planes y Programas: El GAD Parroquial de Puerto Cayo y el GAD Municipal de Jipijapa ejecutan obras menores (señalización de rutas de evacuación, drenajes) con transferencias del Ejecutivo.

• Proyectos: Proyectos como muros de contención o limpieza de cauces podrían estar en los POA locales, financiados parcialmente por el PAI.

• Presupuesto: Del presupuesto cantonal (USD 1-4 millones) y parroquial (USD 0.2-0.5 millones), un 5-10% podría destinarse a gestión de riesgos, sumando USD 60,000-450,000, de los cuales una fracción (e.g., 20%) beneficia a Puerto Cayo: USD 12,000-90,000.

Total Estimado para Puerto Cayo

Sumando las estimaciones:

• SGR: USD 10,000-100,000
• INOCAR: USD 5,000-20,000
• Seguridad (Interior/FFAA): USD 5,000-50,000
• Salud: USD 10,000-60,000
• GAD (con fondos nacionales): USD 12,000-90,000

Rango Total: USD 42,000-320,000 anuales.

Análisis y Observaciones

• Existencia: Sí existen planes y programas nacionales (simulacros, alertas, monitoreo) que incluyen a Puerto Cayo, pero no proyectos específicos exclusivos para la parroquia. La inversión es indirecta, integrada en iniciativas más amplias para Manabí o la costa.

• Presupuesto: Las cifras son bajas porque Puerto Cayo no es un foco prioritario comparado con ciudades como Manta o Esmeraldas. La mayor parte del presupuesto se concentra en monitoreo nacional y simulacros, no en infraestructura local.

• Limitaciones: Sin los POA 2025 detallados, estas estimaciones son proyecciones basadas en tendencias. El simulacro de enero 2025 podría ajustar las prioridades y aumentar la inversión si se identifican vulnerabilidades específicas en Puerto Cayo.

Para confirmar estos datos, recomiendo consultar el PAI 2025 en www.planificacion.gob.ec, el PGE en www.finanzas.gob.ec, o los reportes de la SGR en www.gestionderiesgos.gob.ec una vez publicados. (FIN)

Mi breve criterio de cierre de este capítulo: No basta con esta arista de análisis, pues debe complementarse con asuntos de inversión privada e informaciones que superen los datos recopilados por Grok, de aquí se parte para hacer consultas a seres humanos usando criterios de la Demociencia y las experiencias personales. Con esto puedo dar otro paso a las proyecciones políticas y electorales desde la perspectiva local. 

He iniciado otra fase de mi ruta: «Quizá no pueda cambiar el mundo pero sí el pedacito que me toca»

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Datos sobre el autor de la nota:

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El paisaje electoral de Manabí

Una de las características post votaciones en Ecuador ha sido la ira de ciertos grupos en redes sociales virtuales, sobre todo por los resultados que, en muchos casos, no estuvieron acorde con sus expectativas políticas y este paisaje desencadenó en una especie de ataques y conjeturas basadas únicamente en una fotografía.

Una de las provincias blanco de las reacciones ciudadanas es Manabí, pues se le ha tachado de "correísta" sin un análisis comparativo y hasta el punto de estigmatizarla; esas conjeturas no fueron de mi preocupación por el respeto que tengo hacia la libertad de expresión y comprendiendo su estado de ánimo frente al escenario político, hasta que cierto día se me preguntó: "¿No me digas que eres correísta?" por el simple hecho de vivir en esta provincia.

No soy afín a comentar ni reaccionar ante situaciones mediáticas de aquella preferencia política y partidista, pero no significa que no la estudie desde lo comunicacional para descubrir lo que existe tras bastidores y así entender esa característica emocional que une a sus seguidores.

Pienso que es inoportuno exponer esos comentarios, pues es más utilitario tratar de encontrar los argumentos para probar o disprobar si es que Manabí realmente es acreedora a ese estigma.

Para este caso primero usaré los resultados numéricos difundidos por el Consejo Nacional Electoral y los analizaré desde distintas ópticas; luego relataré algunas de mis conclusiones utilizando los relatos que muchas personas me han sabido comentar sobre las razones de sus preferencias por esta corriente partidista incrustada desde hace más de 13 años, también algunos planteamientos expuestos en medios de comunicación.

Primera aclaración: no es la primera vez que hago este tipo de análisis aunque han sido más para conocer la realidad electoral en la elecciones de alcaldes de Portoviejo y de Jipijapa. Al final de esta entrada se encuentran los respectivos enlaces a esos y otros análisis similares.

Avanzo. El siguiente gráfico, tomado de la página del CNE muestra los datos generales sobre los resultados de las votaciones, lo cual permite disgregar los datos usando una especie de prisma matemático.

Traslado los datos gráficos a una matriz, primero los datos generales y luego los específicos por cada uno de los candidatos, para comparar entre el resultado nacional y el provincial. Un primer cotejamiento de tipo genérico permite despejar un poco el panorama:

Comparando los porcentajes: en Manabí los votos válidos fueron menores respecto a lo nacional, sin embargo son superiores respecto a los Blancos y Nulos.

Disgrego los votos válidos usando la misma metodología:

Nota: al pasar de los datos del CNE a una hoja Excel fue posible evidenciar que existen diferencias numéricas tanto en los datos nacionales como de Manabí, pero que al revisar las cantidades no son determinantes en el objetivo de este análisis.

Y claro, al examinar linealmente los datos es evidente que un poco más de la mitad de los votos válidos fueron para la candidata auspiciada por el correísmo; por tanto, en primera instancia, quienes estigmatizan a la provincia tienen la razón. No viene al caso entrar en más detalles numéricos con base en ese mismo cuadro. 

Pero sí me es posible reacomodar los datos bajo el criterio de quienes no votaron por la mencionada opción motivo de las criticas. Entonces:

Se han incluido los votos Blancos y Nulos por que se trata de sufragantes que teniendo la opción de votar por alguno de los candidatos no se inclinaron por ninguno, pero sus preferencias electorales no son tomadas en cuenta dentro los llamados "votos válidos", ya que por asuntos legislativos se decidió omitir esa opinión ciudadana expresada en la urnas; frente a esa realidad tomo una licencia para incluirlos en el escenario de este análisis.

Siguiente interpretación. El 75,17 por ciento de los votantes de todo el Ecuador prefirieron opciones distintas al correísmo y en Manabí el 60,83 decidió distinto a lo que se presumía como un nicho de esa organización electoral; comparativamente, el porcentaje provincial es superior al nacional. Igual da la razón a los críticos pero en menor escala.

Ahora paso a otro cuadro comparativo en que se incluye a la opción faltante. Mis cálculos consideran el porcentaje de votos que recibió la binomio González - Arauz con respecto al total de sufragantes; es decir: votos válidos + votos blancos + votos nulos, con lo cual el cuadro queda de la siguiente manera:

Otra interpretación: el binomio González - Arauz tiene un 30,66 por ciento de votantes, aunque electoralmente se diga que es un 33,62; y en Manabí el 44,68 frente al 50,44, lo que cambia el panorama considerando lo que establece el Código de la Democracia como ganador de las elecciones, pero que no necesariamente significa una alta aceptación social; para el caso provincial representa una alta minoría.

Otras comparaciones: para ampliar este paisaje de preferencias electorales reviso los resultados en provincias, así mismo, gravitantes:

En definitiva, me es posible afirmar que comparativamente Manabí representa un fuerte nicho electoral para el correísmo pero que el porcentaje no necesariamente significa una generalidad indiscutible. 

Quizás cuando el CNE actualice la información por cantones será posible conocer más este momento inédito pero que no es posible visualizarlo sin otros contextos.

Algunos relatos

Vale recordar que el actual presidente Guillermo Lasso fue electo a pesar de que en Manabí y las otras provincias de la Costa no alcanzó resultados significativos. "El representante de la alianza Creo-Partido Social Cristiano (PSC) se llevó la victoria en 17 de las 24 provincias. Un sorpresivo resultado después de que en la primera vuelta solo triunfó en dos y por un pequeño margen de votos." (primicias.ec)

La preferencia política de un grupo de ciudadanos que votan en Manabí no podría evaluarse cualitativamente desde una estratificación socio - económica - cultural, más bien desde sus intereses y sentimientos personales. Complejo sería entrar en el campo de la objetividad o del llamado "voto consiente".

Otro antecedente narrado en junio del 2021 por Javier Rodríguez Sandoval: "Lejos de ganar en una sola vuelta, como vaticinaban las visiones más optimistas, Arauz obtuvo siete puntos menos que Moreno en la primera vuelta de 2017 (32,7% frente a 39,4% de los votos válidos). A su vez, Moreno, candidato ungido en 2017 por Correa, había obtenido en su elección 18 puntos menos que el récord establecido por el propio Correa en 2013, cuando venció en una sola vuelta con un abrumador 57%. En resumen, la primera vuelta de 2021 mostró la peor participación electoral del correísmo en una década." (El voto nulo y el triunfo de la derecha en Ecuador)

Abril del 2017. "Con el 99,84% de actas computadas en Manabí, el candidato oficialista Moreno tenía el 66,82% de los votos (641.535) y Lasso el 33,18% (318.605 votos)." (eldiario.ec)

Otro asunto fundamental de considerar es la cantidad de binomios postulantes en cada elección presidencial; así, en el 2021 fueron 16 y en el 2017 la papeleta se conformó con ocho; para el 2013 también fueron ocho binomios.

Conversaciones con votantes

Cuando he tenido la oportunidad de conversar con ciertas personas afines al correísmo en algunos sectores urbanos y rurales de Manabí les he preguntado ¿Qué extrañan de esa época? las respuestas tienen marcadas diferencias entre lo urbano y lo rural. 

En las ciudades se menciona mucho los aspectos de oportunidades laborales, mejoras en lo financiero y las opciones de acceder a mejoras en lo académico; mientras que en las parroquias la tendencia va hacia la calidad de los servicios públicos y la percepción que en ese tiempo sí había quien les ponga en orden a los alcaldes y obligaba a los ministros a trabajar frente a la quejas ciudadanas.

En las últimas semanas, esas versiones se ampliaron a los aspectos de la gestión legislativa de la bancada correísta, asegurando que no han visto que el trabajo de los asambleístas se vea reflejado en lo que fue su expectativa política y que en lugar de mejorar "ya de ningún apuro les saca".

En esas cordiales conversaciones que las puedo catalogar como casuales he percibido mucho la sensación de "indefensión" institucional a todo nivel.   

Epílogo provisional

Tal como mencioné oportunamente, Manabí es un nicho presidencial cada vez más débil para el correísmo aunque la votación por asambleístas refleje, así mismo, una alta tendencia de los votos válidos y claro, para tener un panorama más amplió debería analizar con la votación por las listas de opciones legislativas (motivo de otro comentario).

Quienes juzga a Manabí por ser correísta desde su entendimiento personal están, reitero, en su derecho y en uso de su libertad de expresión; quizás lo que me moleste es la agresividad con que lo hacen, como si en sus expresiones tratasen de proyectar sus frustraciones políticas o fallidas aspiraciones individuales. O fuesen policías de la moral pública.

Otros  de mis análisis 

Julio del 2011 - El peso electoral en Portoviejo

Enero de 2014 - ¿Cuántos votos deciden el futuro de Portoviejo?

Mayo del 2015 - El Portoviejo electoral: un año después

Febrero del 2018 - Otra realidad de la tenue línea roja electoral en Ecuador

Marzo del 2019 - Votos blancos y nulos ganaron en Jipijapa

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Pactos políticos y proyectos placebo

En este inédito escenario en que se mezclan los problemas sanitarios y las decisiones electorales, viene bien plantearse algunos escenarios sobre la gobernabilidad en Ecuador, que van desde las juntas parroquiales hasta el Ejecutivo. Indudable que la administración pública cambió.

Este comentario parte de alguna razón sociológica aún no determinada con precisión, por la que los ciudadanos en Ecuador depositamos nuestras expectativas de solución de problemas a una persona, sea presidente o alcalde. No consideramos la vital trascendencia de la institucionalidad.

La velocidad de los acontecimientos nos ha llevado, en esta ocasión, a buscar en los aspirantes a la Presidencia de la República al ser humano que tenga cualidades casi divinas para que anuncie la manera en que “nos salvara” de cada uno de los conflictos que a diario debemos enfrentar. Cada grupo humano pelea para que sus intereses particulares estén representados por separado en ese posible nuevo funcionario.

Permítanme un paréntesis. José Antonio Gabelas en su artículo “La distopía política” nos revela un panorama bastante preocupante en cuanto a la gestión pública. Los dos siguientes párrafos son textuales publicados en disidentia.com:

“La distopía no es el coronavirus, son nuestros políticos que viven una realidad paralela, que circulan por el holograma de la virtualidad en su confortable mundo imaginario, mientras los ciudadanos cargan sobre sus espaldas sus delirios, como Sísifo cargó con su roca de por vida. Pero esto no se mantiene por casualidad, para que la información, el pensamiento y la libertad estén restringidos, es necesario un guion.”

“Un aparato mediático que marque las horas, los contenidos y los ritmos. Un diapasón permanente pero invisible. Contador de infectados, fallecidos, recuperados… Sin muertos, sin muertes, sin dolor, sin soledad, sin silencio. La muerte convertida en una mera abstracción. Se evitan las terribles imágenes para que los grandes números sean meras estadísticas.”

¿Cómo estamos preparándonos los ciudadanos para contrarrestar esa posible arremetida política de los nuevos funcionarios?

Entonces pasemos a otro nivel de gestión pública: “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal”. Esta institución cantonal de un indiscutible valor estratégico en lo político, tiene como imagen humana visible al alcalde, que ha logrado implementar un sistema alejado del control social que le ha permitido pasar de manera invisible de la democracia a la autocracia. Hasta ahora no ha sido posible encontrar un método efectivo de evaluación a los concejales en sus funciones de fiscalizadoras, pero sí es posible observar su gestión de co-administración municipal.

Traigo este tema luego de hacer una breve evaluación de lo realizado por los funcionarios municipales durante la cuarentena y la era post cuarentena, sobre el funcionamiento de muchos COE cantonales, sobre las decisiones propias de su competencia y la ausencia de políticas de transparencia así como de control social. Tal vez con el tiempo pueda evaluarse este accionar entre marzo del 2020 y marzo del 2021.

Como bisagra para ir a la segunda parte de este artículo: En nuestra sociedad, la variable clave para superar una crisis epidemiológica no emana de la biología, sino de la política. (Pablo Andrade Andrade, en su artículo “No es la epidemia, es la política”)

Las soluciones a los graves problemas nacionales y sus consecuencias podrían tener un giro con un nuevo Presidente, quien tendrá, irremediablemente, la tarea de enfrentar a los alcaldes. La crisis sanitaria no es lo único por resolverse, está la incredulidad ciudadana en las cinco funciones del Estado, obras y proyectos del 2019 a medio ejecutar o abandonadas, anomalías constantes en los procesos de contratación, resultados de auditorías y de fiscalización; pero también en aspectos sociales como delincuencia y criminalidad, gestión de riesgos, falta de empleos adecuados, ampliación y mejora de servicios básicos, deforestación y contaminación… una larga lista de inconvenientes.

Ninguno de los ítems mencionados en el párrafo anterior puede intervenir únicamente el Gobierno, por tanto necesita tener una contraparte: los alcaldes. Llega entonces la época de los nuevos pactos y los acuerdos para lograr el fortalecimiento político y de la imagen pública de los funcionarios, que se vende luego a la sociedad como “obras para el pueblo” o el “desarrollo que anhelamos”.

"...el miedo es fundamental en el arte de gobernar, es constitutivo de la autoridad"

Antecedente. Luego del terremoto vino una mega operación política llamada “reconstrucción y reactivación productiva” en la que tanto el Gobierno central como los gobiernos locales emprendieron proyectos de cualquier tipo bajo ese paraguas. Ha pasado el tiempo y los resultados son evidentes.

Es posible prever que en los próximos meses tengamos un nuevo eslogan que resuma las intenciones gubernamentales para salir de los problemas, sustentado por nuevos logos, canciones, vídeos y toda una artillería propia del Estado de Propaganda. Las referencias históricas me dan la pauta para sostener este criterio.

Estas circunstancias pueden llevarnos a otro mundo de la política, pues los funcionarios aprendieron otra forma de tomar decisiones. Dice el escritor argentino Ernesto Salas: “… el miedo, lejos de ser espontáneo o irracional se ubica en el centro de una  relación política (…) atravesando todas las ideologías, el miedo es fundamental en el arte de gobernar, es constitutivo de la autoridad.”

¿Se puede ejercer el control social cuando los ciudadanos profesamos un miedo oculto ante las retaliaciones invisibles que pueden ejecutar los funcionarios nacionales y locales?

Pero en contrapartida tenemos la presencia de un “algo” que sirve como capote para evadir las responsabilidades ante el incumplimiento de funciones en la gestión pública. Laura Fàbregas, periodista especializada en información política asegura: “El victimismo, motor de muchas de las nuevas ideologías, sitúa al que lo propugna en una condición de superioridad basada en el chantaje emocional. Y, hasta la fecha, era el terreno de juego del nacionalismo. El victimismo impide el debate racional entre adultos y, a menudo, no es más que una excusa para esconder lo que, en realidad, es cobardía. Es el infantilismo de querer las ventajas de ese derecho sin afrontar obligaciones ni responsabilidades.”

¿Podremos fiscalizar la gestión de alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y ministros, si es que se ponen en el papel de víctimas cuando se les pide cuentas, explicaciones y transparencia?

En todo este momento de incertidumbres sobre lo que nos espera en Ecuador, también están alimentadas por las nuevas formas de administración pública en que no sabemos las cualidades y calidades de los proyectos que se ejecuten en este año que bien puede llamarse pandémico.

¿Cómo estamos preparándonos los ciudadanos para contrarrestar esa posible arremetida política de los nuevos funcionarios y de los que ya tienen experiencia en la manipulación social?

Casi seguro que una semana antes del 24 de mayo del 2021, ya el nuevo rumbo del país esté decidido por quienes tienen el poder político y la fuerza para decidir por nosotros los ciudadanos, sea alcalde o presidente, prefecto o presidente de Junta Parroquial.

Una mayoría de ciudadanos de seguro seguiremos ausentes de los procesos de desarrollo eficientes, pero satisfechos por las gratuitas actividades placebo que nos entregan los sonrientes funcionarios.

Artículo publicado originalmente en "La Verdad" edición No. 389 correspondiente a diciembre del 2021.

 

Los votantes somos más emotivos que racionales

Originalmente publicado en La Verdad, edición No. 384 de agosto de 2020 con el título ¿Qué es el voto consciente? 

Al igual que cada una de las anteriores ocasiones, las frases clichés y lugares comunes empiezan a invadir nuestras vidas, nos ofrecen un nuevo mundo y todo a cambio de un voto. Pero no es un voto cualquiera.

Para el 7 de febrero del 2021, nuevamente los votantes ecuatorianos deberemos ir a las urnas porque así lo exigen las reglas de un Estado que intenta mantener en orden un territorio, porque nos han dicho que eso es democracia y porque es la oportunidad, como siempre, de tener un mejor futuro.

Con el pasar de los días nos estamos convenciendo que una nueva nación depende de una persona, de esa persona a la que le apostamos toda nuestra buena voluntad, a esa persona que en sus discursos dice exactamente lo que queremos escuchar y nuestras emociones así lo confirman.

Y eso somos nosotros los votantes, más emotivos que racionales, es lo que prima al momento que entramos a la campaña electoral.

Permítanme un paréntesis: mucho se ha cuestionado la cantidad de binomios que han mostrado legalmente su interés de inscribir sus candidaturas, pero nadie hasta ahora ha podido responder ¿Cuál es el número perfecto de candidatos presidenciables que deben estar en la papeleta presidencial? Motivo de otro análisis.

Regreso entonces a los sentimientos que priman en el electorado al momento de decidir por quién votará.

Muchos hemos cuestionado la presencia del populismo tanto en el sistema de gobierno como en la manera que en se promocionan los candidatos, y con la irrupción de las redes sociales el estilo populista ha tomado mayor fuerza. Una realidad que no podrá cambiarse, al menos para las próximas elecciones.

 ¿Cómo podemos los electores dejar el populismo? No existe una receta a corto plazo. Pero tampoco existe un manual para lograr que cada persona sea un votante consciente. Claro, tampoco sabemos las cualidades de los candidatos ni de sus propuestas.

Lo más complicado que existe en el sistema electoral es conocer al verdadero “yo” del candidato; la experiencia da para inferir que una persona es el candidato en campaña, otra cuando es electa y asume el cargo. Hasta ahora no es de fácil acceso a las evaluaciones de la salud mental de quienes están en las papeletas para el voto.

Sería un buen ejercicio electoral si tuviésemos la oportunidad de entrevistar públicamente a los jefes de campaña de los candidatos y preguntarles por el voto consciente, sobre la manera que están promocionando la evaluación psico-social del candidato al que representan. Tal vez hacer lo mismo con quienes conducen la campaña de Marketing.

Para el voto consciente sería de utilidad también tener un perfil psicológico de cada uno de los candidatos que determine qué es lo que impulsaría a cometer un delito o, en el peor de los casos, descubrir que es un delincuente. ¿Cuál es el lado oscuro de los candidatos?

Otra arista. Leer y entender el plan que deben elaborar los candidatos como parte de los requisitos legales para su inscripción, es una de las tareas más complejas, desgastantes y que toma muchas horas. Es más fácil elaborar un plan presidencial que una tesis de grado.

Pero en todo este andamiaje de pensamientos sobre el voto servirá hasta que se concrete el contenido de la papeleta y entonces veremos toda la maquinaria electoral puesta en marcha, será más complicado pensar por el ruido de la propaganda.

Así llegará el día en que estrenemos un nuevo y desconocido Presidente, pero también conoceremos los resultados de nuestras pasiones electorales.

Lectura relacionada: En Manabí estamos a la deriva.

Los reclamos ciudadanos no trascienden y cuando lo hacen los funcionarios contraatacan con campañas mediáticas, se enojan.

SOS ante el acoso electoral

Entramos en época electoral, desde ya se respira otro ambiente en las calles, no es de fiesta ni de velorio, es tiempo para buscar candidatos y armar equipos de campaña. Buen momento para gritar: ¡Yo soy el elegido!

¿Qué nos espera en Ecuador hasta el 24 de marzo de 2019? Según algunos expertos no se puede conocer el futuro, otros aseguran que sí. Me quedo con los segundos en vista de las experiencias de las últimas 10 “fiestas democráticas” de las que hemos sido víctimas y victimarios, o –si lo prefieren- votantes.

Cuenta la historia que en campaña electoral no existe ni espacio público ni privado, que no esté impregnado con promesas de llevarnos al paraíso, con planes y proyectos de vida eterna, con ofrecimientos para satisfacción de cada necesidad humana. ¿Lo bueno? Que cada quien decide creer o no en esas palabras de candidato.

¿Lo malo? Que los cientos de “comunicadores”, periodistas y trovadores empezaremos una carrera desenfrenada para construir y difundir mensajes a diestra y siniestra, para llenar todo espacio humano, virtual y terrenal con frases, vídeos y fotos de los candidatos en sus más diversas posturas y muestras de amor, preocupación, mirada visionaria y escándalos.

Nada como los números para mostrar la magnitud de lo que enfrentaremos en los siguientes seis meses: en cada una de las 24 provincias se elegirán alcaldes, prefectos con viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales, en total serán 5.663 dignidades premiadas por las autoridades electorales; si ponemos un promedio de 10 organizaciones políticas las que participarán es posible indicar que al menos unas 60.000 personas entrarán en la encarnizada batalla comunicacional.

Pero eso no es todo… ¡Por primera vez! (dígalo con voz fuerte), sí, por primera vez los electores enfrentaremos a una lista para votar por quienes aspiran a convertirse en consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (Caso de estudio especial y espacial).

¿Se imaginan ustedes que todo ese ejército de candidatos pongan al menos 10 mensajes diarios durante esos 180 días? Pues alcanza la moderada cantidad de 108’000.000 de sustentos electorales, que multiplicado por las famosas cadenas en chats… prepárense para el colapso de sus teléfonos celulares, con o sin permiso y para que sus seis sentidos únicamente perciban: “¡¡Vota por mí!!”.

La ley dice que es calendario electoral, pero por lo aquí explicado y la experiencia se nos devela que seremos víctimas desprotegidas del virulento ataque tanto de los expertos CM’s como de los genios de la propaganda, que se traducirá en un inmisericorde acoso electoral… lamento decirlo pero nadie escuchará el único mensaje trascendental: Save Our Souls.

El oneroso coste de votar. Por Luis Espinosa Goded

Hace algunas semanas el Ecuador estuvo inmerso en un proceso electoral y desde esa fecha empezaron los preparativos para un siguiente, justo dentro de un año. La votación para los ciudadanos, evidentemente, que no es un derecho sino una obligación y tiene su costo financiero. 

Previo al 4 de febrero de 2018, Luis Espinosa Goded (@luisesgo) puso a consideración de la nación un artículo relacionado con lo que le cuesta a cada elector ir a la urna, pero además hace cuestionamientos sobre las políticas que se aplican para que esas jornadas, mal llamadas "fiesta electoral" se cumplan con tranquilidad para el organismo que las ejecuta.

Podría parecer que lo mencionado por mi estimado amigo está fuera de tiempo, pero no es así, es un momento justo luego que ha bajado la fiebre de la consulta popular y referéndum (aunque existe otro virus) que nos permitirá analizar con mayor pragmatismo algunos cambios urgentes en el Código de la Democracia (si es que los asambleístas quieren).

Entonces, pongo a consideración el análisis del catedrático:

Este fin de semana miles (¿decenas de miles? ¿Cientos de miles?) de ecuatorianos viajarán a sus lugares de origen a encontrarse con sus familias… pero no será un viaje placentero ni voluntario, será un viaje costoso, tedioso y obligado.

En Ecuador el voto es obligatorio, aunque ya lo hemos asumido como normal, no lo es. Es una pura contradicción que el voto, que es un derecho, lo hagamos una obligación. Y cómo todos los absurdos tiene graves consecuencias, se obliga a votar a millones de personas que no tienen ni interés ni motivos para informarse, por lo que es mucho más probable que caigan en el voto populista o el voto vendido, lo que resta mucha calidad a los elegidos, si los electores votan por obligación.

Pero además tiene un muy oneroso coste para los votantes. Miles de ecuatorianos tendrán que gastarse unos 40$ por persona para ir a sus lugares de origen. Quizá a usted le parezca bonito, o le parezca barato, pero no lo es. Esos 40 dólares equivalen a un dólar en ir desde sus casas hasta la estación de buses, unos 10$ que cuesta el trayecto desde Quito hasta las distintas provincias del Ecuador, unos 5$ para ir desde donde les deja el bus hasta sus casas (suelen tener que tomar un taxi si viven en lugares lejanos) y unos 5$ que pueden gastar en comida y agua durante el trayecto (ambos por dos de ida y vuelta).

De hecho este es el cálculo aproximado pues es el mismo monto de la “multa” que te impone el Estado por no votar que es de 37,5$. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo en Ecuador es de 386$ (en realidad el salario medio es muy inferior pues hay más de un 40% de empleo informal), esos 40$ supone más de un 10% de un salario mensual que siempre es ajustado. Eso por persona, si hay hijos, cónyuge o personas al cargo todavía se hace mucho más oneroso. Sin tomar el cuenta del coste de faltar en el trabajo, o trabajadores por cuenta propia que hay que descontarle tres días de trabajo que equivalen a ingresos. Es, evidentemente, un cálculo aproximado, que puede variar de caso en caso, pero que nos hace una idea de que no es un coste baladí para las personas humildes.

Pero además pocas veces se relata lo tortuoso de estos viajes. Las estaciones de buses están desbordadas estos días, hay horas y horas de espera en el suelo de salas llenas, las carreteras atascadas, los buses pueden llegar a cobrar sobreprecios, los horarios a los que hay que viajar son intempestivos, las casas de los familiares también pueden estar sobre-ocupadas, y la visita es apenas de unas pocas horas, que no da tiempo a disfrutar de la visita a la tierra natal. De hecho el fin de semana que viene es Carnaval, estoy seguro de que la inmensa mayoría preferiría ir a su tierra natal por Carnaval a disfrutar más días, y no por obligación a votar.

Me preocupa que cuando los teóricos de la democracia hacen razonamientos sobre “la conveniencia del voto obligatorio” -o no- hablen siempre en nombre de “el pueblo” pero parecen desconocer la realidad de los ciudadanos ecuatorianos; que cientos de miles de ellos habitan en lugares distintos de donde están inscritos, entre otras cosas por lo tedioso que son los trámites de empadronamiento. La democracia, que está para garantizar derechos y facilitar un mejor nivel de vida, se convierta en una carga muy onerosa para los ciudadanos más humildes (para los ciudadanos pudientes o de clase alta no les supone mucho esos 37,5$ de multa), que un derecho tan importante como poder elegir a nuestros representantes lo hayamos convertido en una obligación onerosísima para nuestros ciudadanos más vulnerables.

Y si modificamos la ley electoral, ya se podría modificar las otras dos absurdas normativas. Aquella que impone un “silencio electoral” o “jornada de reflexión”, que parte del supuesto de que los ciudadanos son tan manipulables -tan tontos- que votan por lo último que leen u oyen. Esa norma nunca fue muy lógica, pero en tiempos de internet con las redes sociales (donde no se aplica) es absolutamente estúpida.

Así como la “ley seca electoral”, la idea de que los ciudadanos no tienen control sobre lo que toman, se van a emborrachar completamente y votar ebrios… cuando en realidad la única justificación que podría haber para que voten a ciertos candidatos que han votado mucho es que efectivamente estuvieses completamente beodos cuando les votaron.

Probemos a tratar a los ciudadanos como adultos. Probemos a tener una ley electoral que otorgue derechos y no imponga obligaciones.

Otra realidad de la tenue línea roja electoral en Ecuador

Con los resultados oficiales proclamados, termina la fase de consulta popular y referéndum en Ecuador, se ingresa a la de implementación, a pesar que las cifras parciales consolidadas en los "votos válidos", dejan por fuera al resto de opiniones. ¿Qué nos muestran los datos generales consolidados? ¿Es decisión del "pueblo"?

A esas dos preguntas le sumo una más: ¿Hubo realmente una victoria del Gobierno? y respondo: al parecer no, según los cálculos que hice con base en los reportes oficiales del Consejo Nacional Electoral.

Pero a continuación se encuentran gráficos que resultan de los cálculos con matemáticas electorales,en un primer cuadro se encuentran consolidados los resultados que individualmente difundió el organismo electoral:

Para la toma de decisiones en cuanto a la aplicación legal de los resultados únicamente se consideran los votos por el Sí y por el No, dejando por fuera a los nulos y blancos; en este primer análisis me llamó la atención la anomalía que el ausentismo no es igual en las 7 preguntas ¿Por qué?

En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes diferenciados y que por metodología sumé los votos que no fueron directamente para el Sí, además del ausentismo. El 100 % del universo se consideran las 13'026.598 personas registradas por la autoridad como "electores".

Lo interesante resulta al mirar a los dos lados de la tenue línea roja del 50 %, sin considerar los aspectos legales porque son construcciones políticas para distorsionar la realidad numérica de los votos, por tanto el escenario se muestra distinto a la "oficial", motivo de grandes titulares públicos y privados.

¿Qué hubiese pasado si los votos blancos se asignan al de mayor porcentaje? ¿Qué hubiese pasado en Ecuador político si es que el ausentismo y el No fueren tomados como opinión válida? Por ahora pasemos a revisar pregunta a pregunta y lo que nos muestran los datos generales motivo de este análisis, además para entender el contexto transcribiré las preguntas planteadas por el Ejecutivo.

Aclaración: asumo que quienes dejaron su voto en blanco o lo anularon, opinan que no están apoyando directamente al Sí; además aun hace falta saber las razones del ausentismo.

Pregunta 1 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?

En términos generales esta fue una pregunta ganadora, el 27 % no voto por el Sí y el 19 % no se presentó a votar. El origen de los datos puede ver AQUI (PDF)

Pregunta 2 del referéndum: Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?

Si se sigue la lógica anterior esta es pregunta perdedora, pues no votaron por el Sí el 34 % y no votó el 19 %. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 3 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?

La segunda pregunta perdedora. El 35 % de votantes no apoyaron directamente al Sí más el ausentismo del 19%. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 4 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?

Segunda pregunta ganadora, tiene en contra un 27 % con el ausentismo del 19 %.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 5 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

Cuando se suman los porcentajes que no son Sí resulta 6'548.442 votos, contra los 6'486.181, puede leerse como otra pregunta que pierde el Sí, considerando que porcentualmente es un 50 y 50.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 1 de la consulta popular (6): - ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”?

Cuarta pregunta perdedora considerando que del universo de votantes el Sí obtuvo el 46%.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 2 de la consulta popular (7): ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Es posible asegurar que 32 % más el 19 % hacen contrapeso al 49 %, con lo cual tampoco es una pregunta ganadora. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

De cada una de las lecturas realizadas a los números electorales, es posible deducir - además de lo mencionado a inicio- que existe la necesidad de rehacer el sistema electoral desde los conceptos de votos para que tenga una adecuada interpretación en el contexto real democrático como base de un sistema republicano. 

De una u otra forma la votación obligada y con interpretaciones legales obsoletas, es una herramienta para la administración pública, pues deja sentada en las masas de personas la idea que las decisiones que toman los funcionarios están en el marco de lo que el "pueblo quiere".