Lo dije públicamente: el Presidente Daniel Noboa nos está engañando a los ecuatorianos con el tema seguridad y este ensayo es para sustentar mi afirmación; también para explicar las razones por las que prendí está alerta: Damas y caballeros tengan presente que reducir la inseguridad no es exactamente lo mismo que combatir la criminalidad.
Y fui más allá: en los medios de comunicación se comete un error de segmentación en las notas de crónica roja: se coloca la palabra Seguridad cuando la información se trata de una muerte violenta, cuando la sección debería ser "Criminalidad". Lo mismo pasa con delincuencia y narcotráfico.
El hecho
que ahora viva en Puerto Cayo, Manabí, no significa que estoy
alejado del mundo político, de percatarme de los escenarios que de una u otra
forma terminan permeando hasta las zonas rurales, lugares en que la ausencia de
Estado se siente cada día más y, me atrevo a decir, que en muchos casos. con el
apoyo de los gobiernos locales.
Viene al
caso afirmar que he dedicado parte de mis blogs a desentrañar las complejidades
de la seguridad en Ecuador, un tema que trasciende la mera represión del crimen
y se entrelaza con políticas gubernamentales, narcotráfico y la erosión de la
democracia. Entiendo también que mi afirmación no puede quedarse en un simple
comentario línea, que me es necesario, en lo posible mostrar el paisaje
completo.
Así mismo
he criticado cómo la seguridad se ha convertido en un instrumento político para
legitimar centralismo y suspensiones de derechos, ignorando la equidad rural y
la participación ciudadana. Hoy, en este ensayo, abordo lo que considero el
gran engaño presidencial: la confusión deliberada o inadvertida entre
"seguridad" y "criminalidad", que ha llevado a un populismo
punitivo estéril, perpetuando vulnerabilidades en lugar de resolverlas. Este
engaño no es nuevo, pero bajo el gobierno de Daniel Noboa, se ha exacerbado,
como evidencian sus declaraciones recientes y planes como el "Ataque
Total".
Desde mi
perspectiva, influida por años de observación en una zona periférica como
Manabí y como parte de mi experiencia laboral, la seguridad no es un concepto
técnico neutral, sino una política pública moldeada por cálculos electorales y
presiones de poder.
He
argumentado las decisiones sobre lo qué es una amenaza, qué recursos asignar y qué
libertades restringir, lo que responde a escenarios políticos, no a meras estadísticas;
sin embargo, el gran engaño radica en reducir la inseguridad a la ausencia de
delitos visibles, equiparándola con la criminalidad. Esta sinonimia errónea,
como la describe Franz Toledo en su análisis sobre Seguridad Multidominio,
ignora que la criminalidad es un fenómeno reactivo y episódico, medible por
tasas de homicidios o extorsiones, mientras que la seguridad es una condición
sistémica y proactiva, enfocada en la preservación de la libertad y la capacidad
de readaptación en un entorno de conflicto.
Como una
fotografía de síntesis de este escenario:
|
Dimensión de análisis
|
Criminalidad
|
Seguridad (Visión Multidominio)
|
|
Naturaleza
|
Fenómeno fáctico y reactivo.
|
Condición sistémica y proactiva.
|
|
Objetivo
|
Castigo y reducción del delito.
|
Preservación de la libertad y resiliencia.
|
|
Gestión
|
Política criminal y penal.
|
Gestión integral de riesgos y dominios.
|
|
Temporalidad
|
Basada en el evento (pasado).
|
Basada en la previsión (futuro).
|
|
Alcance
|
Actos delictivos específicos.
|
Bienestar humano y estabilidad estructural.
|
Fuente: Franz Toledo – multidominio360.com
Debo, así
mismo destacar cómo esta confusión genera planes estatales errados, priorizando
síntomas sobre patologías. Toledo lo resume: la criminalidad
mira al pasado (el delito cometido), pero la seguridad debe prever el futuro
mediante prevención y predicción, a lo que yo sumo comunicación política honesta más
que propaganda oficial y acciones para reducir la impunidad.
En Ecuador,
hemos visto un salto exponencial en el crimen organizado pasando del puesto 11
al Top 5 en el Índice Global de Crimen Organizado entre 2023 y 2025, pero no
por falta de represión, sino por ignorar causas raíz como la corrupción y la
infiltración institucional.
Mis
críticas a gobiernos anteriores, a los de Correa, Moreno y Lasso, están centrados en esta miopía: tramitotología abundante, falta de transparencia policial y
militar, operativos reactivos que ofrecen alivio temporal e imágenes para los medios, pero perpetúan un ciclo de violencia al no fortalecer
la cohesión social ni la equidad territorial.
El
populismo punitivo es el pilar de este engaño y Noboa lo encarna con maestría.
En mi blog, he mostrado cómo reformas como al COOTAD satanizan gastos
locales en cultura o desarrollo rural como "derroche", obligando a
los GAD a destinar el 70% a inversión, lo que centraliza decisiones y perpetúa
inequidades. Por otro lado, su entrevista del 20 de febrero de 2026 en Radio City,
celebra las capturas masivas (140.000) y reducciones puntuales en muertes
violentas, pero admite que reformas judiciales profundas son "imposibles"
por falta de recursos.
En sus
declaraciones y en el contexto más amplio de sus declaraciones, Noboa reitera la
necesidad de esa "reforma profunda", pero la
califica como inviable en el corto plazo por falta de recursos y autoridad
real, mientras critica duramente a quienes defienden la independencia judicial
sin "conocer la realidad" del sistema infiltrado por "grupos que
tienen tentáculos en la política, en los gobiernos locales y en la función
judicial".
Al mismo
tiempo, enfatiza que su gobierno "persigue criminales" (no personas o
políticos), destaca capturas masivas (85% de cabecillas de bandas, decenas de
miles de detenidos) y celebra reducciones puntuales en muertes violentas (como
el 26% en Guayaquil tras ciertas capturas). Este enfoque fusiona explícitamente
la "seguridad" con la lucha contra la "criminalidad
organizada", incluyendo narcotráfico, minería ilegal y corrupción con
"fachada política", sin diferenciar claramente entre amenazas al Estado
que justificarían medidas de defensa y delitos comunes o procesales que
requieren un sistema judicial independiente y robusto.
Esto envía
un mensaje implícito de impunidad: ladrones, criminales, corruptos y narcos
saben que, aunque caigan presos, el sistema no garantiza consecuencias graves, pues las
tasas de impunidad superiores al 90% así lo sustentan.
Verificaciones
independientes, como las de Lupa y Ecuador Chequea, sustentan esta crítica.
Lupa desmonta la afirmación de Noboa sobre una reducción del 26% en muertes
violentas en Guayaquil ligada a la captura del alcalde Aquiles Álvarez,
calificándola como inverificable por falta de datos parciales de febrero 2026.
Ecuador
Chequea va más allá, revelando que cuatro de cinco afirmaciones clave son
inverificables, incluyendo el 85% de cabecillas capturados, debido a la
opacidad gubernamental.
En mi blog,
he insistido en que esta falta de transparencia erosiona la confianza ciudadana,
basándome en la caída al 17% según Latinobarómetro en 2025, convirtiendo la
seguridad en un espectáculo electoral y alimento diario para las fuerzas
mediáticas gobiernistas, mientras que otros medios lo replican sin mayores
detalles o contrastes.
La tenue luz
es el conjunto de pocos espacios de creadores de contenidos políticos y periodistas que
no se tragan el cuento, también de otros ciudadanos mucho más críticos que exponen sus
cuestionamientos en redes sociales.
Ahora, desde
una perspectiva personal, viviendo en Manabí donde el narcotráfico financia
negocios legales, extorsiones y salva actividades productivas, veo cómo este
engaño amplifica riesgos y se convierte en un sistema de mini-gobernanza
territorial. La ignorancia conceptual se ha vuelto una amenaza mayor que los
Grupos Delictivos Organizados (GDO), facilitando su penetración en
instituciones. Toledo lo llama "planificación errónea en un 300%": al
enfocarse en represión física, se ignora el dominio cognitivo (corrupción como
centro de gravedad) y cibernético (cibercrimen como punto de anclaje).
En mis
entradas, critico cómo la militarización, desde el "conflicto armado
interno" de 2024, ha generado alertas sobre al menos 237 posibles ejecuciones
extrajudiciales en el 2025, normalizando un "orden crimilegal" que
debilita la democracia y aún más cuando la Fiscalía avanza lento o casi
nada, cuando la fiscalización política es una fantasma legislativo y el
Ministro del Interior actúa como juez, fiscal y carcelero.
El plan
"Ataque Total" de Noboa, lanzado en enero 2026, ejemplifica este
engaño bélico; con gastos que van de entre USD 180 y 280 millones en tecnología y despliegues masivos, se
presenta como ofensiva decisiva contra el crimen, pero me recuerda la Operación
Urano en Stalingrado: una maniobra militar real de guerra donde la justicia
ordinaria no jugó su rol y estuvo subordinada a la victoria táctica; en Ecuador, esto
significa priorizar capturas y controles territoriales sobre reformas
judiciales, permitiendo que GDO se adapten con extorsiones y secuestros. Mis
perspectivas en el blog enfatizan que, sin corresponsabilidad entre niveles de
gobierno, estos planes centralistas perpetúan las distorsiones del desarrollo
rural, donde la violencia de todo tipo se reproduce por falta de inversión
social.
Recuerdo
entonces la advertencia que hice sobre sobre lanzarse a una "guerra" sin la
debida preparación ni operativa ni logística, peor con suficientes recursos
financieros y considerando que los militares debían frenar al poder político
de las mafias, teniendo a un Ministro de Defensa con muy poca o casi nada
preparación en estos menesteres, igual el Ministro del Interior.
La narrativa oficial en el periodismo
El rol del
periodismo en este engaño es cómplice por omisión. En mi blog, he señalado cómo
medios amplifican el "shock" de operativos, repitiendo discursos
oficiales sin profundizar en orígenes. Las verificaciones de Lupa y Ecuador
Chequea, aunque rigurosas, no logran impacto masivo: se limitan a "es
falso" o "inverificable", sin explorar cómo esta opacidad
fomenta populismo punitivo. Toledo advierte que, en el dominio cognitivo, la
narcocultura gana terreno al normalizar la ilegalidad, y el periodismo fallido
erosiona la capacidad de reacción social.
Pero existe
otra escena en que también el Presidente jala al periodismo a su terreno: la
declarasionitis, pues la gran mayoría de medios y cuentas disfrazadas de
periodismo, replican las frases, criticas o aseveraciones de Daniel Noboa sin
un mínimo de contraste o verificación, automáticamente el Mandatario se vuelve
tendencia, "su verdad" se difunde y se posiciona. Cuando llegan los análisis
cuestionadores ya es tarde, los algoritmos se convirtieron en su aliado
incondicional y sigue gobernando más como un automandante que como un
mandatario.
A manera de
autocrítica debo asumir mi responsabilidad de mismo error mientras ejercía mi
profesión de periodista, pues a pesar de los esfuerzos por no caer en la
narrativa gubernamental usando la terminología oficial, no pude
evitar el manejo inadecuado de la información policial, judicial, militar,
criminal, delincuencial y narco encajonando todo en una sola sección llamada "seguridad";
lo que también intenté sin éxito es que las noticias de corrupción política pasasen
a la sección de crónica roja. Me deje arrastrar por la anomalía periodística de
la declarasionitis.
Pero me es
bueno recordar que quien dio más orientaciones en estos asuntos de las políticas
de seguridad fue Walter Barrera, sobre todo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo
por casi 40 minutos y en la que explicó las inconsistencias constitucionales,
legales y doctrinarios al incorporar a Fuerzas Armadas en asuntos meramente
policiales.
Barrera,
abogado y exoficial de la FAE, mostró profunda preocupación por la inseguridad
ciudadana en Ecuador, argumentando que las medidas actuales no garantizan
protección real a la población; como experto en derecho militar, critica
duramente el involucramiento de las Fuerzas Armadas en funciones policiales sin
un marco legal claro, lo que considera una falla estructural que genera más
riesgos constitucionales que soluciones efectivas, y cuestiona la efectividad y
legalidad de las políticas de seguridad implementadas.
Refuerza su
análisis detallando inconsistencias en las estrategias gubernamentales, en el
que incluye referencias a cooperación internacional o uso de militares en
seguridad interna, y enfatiza la necesidad de respetar la delimitación
constitucional de roles entre instituciones; concluye que, sin reformas profundas
y coherentes con el ordenamiento jurídico, la sensación de inseguridad
persistirá y las acciones actuales podrían, incluso, agravar el problema en lugar
de resolverlo.
Lo
anecdótico de esta entrevista es que fue realizada en agosto del 2022 cuando
gobernaba Guillermo Lasso y al escucharlo pareciera que se refiere a las
decisiones de Daniel Noboa.
De vuelta al engaño
Entonces,
creo que este engaño presidencial consolida un modelo donde la seguridad se
mide por detenciones, no por justicia efectiva. En mi blog al comentar sobre la deuda estatal y opacidad en compras reservadas (USD 403 millones en 2024),
argumento que la falta de rendición de cuentas alimenta la corrupción, diluyendo
responsabilidades como en el caso de José Julio Neira con 12 cargos acumulados.
Noboa, al criticar la independencia judicial como algo "fácil de
decir" desde fuera, envía un mensaje ambiguo que envalentona a narcos,
sabiendo que el sistema está infiltrado por "tentáculos" criminales y
que no hay manera de resolverlo.
En lo poco
que se conoce sobre la política en "Ataque Total", es evidente que se
ignora la necesidad de un enfoque multidominio que Toledo propone: integrar los
dominios físico (infraestructura crítica), cognitivo (transparencia radical) y
cibernético (ciberinteligencia). En mi blog lodijeron está
publicado el análisis sobre la necesidad de fortalecer el control social y equidad,
similar a modelos como el de Estonia con X-Road para romper silos burocráticos
y reducir corrupción.
Ecuador
podría aprender de Singapur la "Defensa Total" o de Finlandia la
alfabetización mediática, pero el centralismo de Carondelet lo impide.
En este
punto, me es necesario entrar en ciertas conceptualizaciones y aunque no soy un
experto políticas públicas, basándome en el análisis de la situación actual del
país, en los datos y perspectivas disponibles de fuentes académicas, periodísticas y
expertas, no solo es posible, sino altamente probable que la dicotomía o más
bien la confusión entre "criminalidad" y "seguridad",
combinada con el "espectáculo" de operativos reactivos post eventos, actúe
como caldo de cultivo para un populismo punitivo que prioriza la apariencia de
acción inmediata sin ofrecer soluciones estructurales sostenibles.
Este
fenómeno se observa claramente en el contexto ecuatoriano bajo el gobierno de Daniel
Noboa, en el que las políticas de "mano dura" generan una falsa sensación
de control, pero perpetúan la inestabilidad al no abordar causas profundas como
la corrupción, la pobreza y la infiltración del crimen organizado. A
continuación, detallo las razones clave, sustentadas en tres escenas
necesariamente articuladas:
La confusión terminológica como base para la
securitización y el populismo: al equiparar "seguridad" con la represión de la
"criminalidad", el discurso oficial transforma problemas delictivos
en amenazas nacionales, justificando medidas extraordinarias como estados de
excepción y militarización. Esto facilita un populismo penal que explota el
miedo público para ganar apoyo, prometiendo soluciones rápidas sin evidencia de
eficacia a largo plazo. Por ejemplo, expertos señalan que esta estrategia
genera una "falsa sensación de seguridad" mediante arrestos masivos
(casi 80.000 desde 2022), pero ignora reformas integrales en el sistema
judicial, social y penitenciario, lo que resulta en un ciclo de violencia
recurrente.
Esta
dicotomía simplificada permite que el gobierno presente la criminalidad como el
único enemigo, obviando factores como la corrupción y la debilidad
institucional, lo que alimenta políticas populistas sin profundidad.
El "espectáculo" de operativos post
eventos como herramienta mediática: los operativos reactivos como la declaración
de "conflicto armado interno" tras la fuga de líderes como 'Fito' en
enero de 2024, o las redadas masivas en prisiones y calles, se convierten en
espectáculos mediáticos que amplifican la percepción de que "algo se está
haciendo". Medios digitales y tradicionales (independientes y
oficialistas), al cubrir estos eventos con énfasis en la violencia carcelaria y
masacres, refuerzan el populismo punitivo al priorizar narrativas sensacionalistas
sobre análisis críticos. Esto crea una ilusión de progreso temporal, pero la
violencia rebota al adaptarse las bandas, diversificando actividades como
extorsiones y secuestros.
Críticos
argumentan que estos "espectáculos" destruyen instituciones,
silencian disenso y socavan el Estado de derecho, convirtiendo a jueces en
meros ejecutores de políticas represivas sin resolver una impunidad superior al
90%.
La comunicación institucional como un placebo: la información oficial actúa como
un mecanismo paliativo que simula avances en seguridad sin sustancia real,
administrando dosis de positivismo tóxico para calmar la ansiedad colectiva
mientras evade datos claros, precisos y transparentes; ruedas de prensa o
entrevistas anecdóticas para sustentar la “mano dura” o boletines
publicados en redes sociales de tres tristes párrafos en lo que se anuncian reuniones
omitiendo detalles básicos de interés ciudadano y de honestidad política. Esta
estrategia, que prioriza mensajes tranquilizadores, con frases de marketing
electoral y cifras selectivas a través de canales gubernamentales y aliados
mediáticos, busca generar la percepción de "mejora" que suplanta la
realidad de una inestabilidad crónica y los graves problemas que orbitan en el
ambiente.
La narrativa institucional de Carondelet, replicada en provincias y cantones,
silencia disidencias al etiquetar a las críticas como "desestabilizadoras"
o de la malintencionada oposición, erosiona el debate público y socava el Estado de
derecho al convertir la información en una herramienta de control social en
lugar de transparencia.
Consecuencias que están en el ambiente
Populismo
sin soluciones reales: este enfoque, inspirado en modelos como el de Nayib
Bukele en El Salvador o del primer ministro húngaro Viktor Orbán, han moldeado
la agenda política en Ecuador, donde el crimen organizado influyó en elecciones
y políticas; aunque reduce violencia a corto plazo, genera efectos
contraproducentes como abusos a derechos humanos, polarización social y erosión
de la legitimidad estatal. Análisis indican que el ilusorio noboísmo brinda un
"sentido precario de seguridad" en ciudades como Guayaquil o Durán,
pero no desmantela redes criminales infiltradas en el Estado, menos en el gobierno
central, exacerbando desigualdades y facilitando articulaciones entre
instituciones, narcotráfico y violencia.
Por lo
tanto, Noboa mide la 'seguridad' por detenciones y no por justicia efectiva, lo
que refleja la piedra angular del problema estructural del Ecuador de hoy. Y cuando
el periodismo en lugar de cuestionar esta métrica superficial, le sigue la
corriente amplificando narrativas de "capturas récord", "golpes
a cabecillas" o "reducción temporal de homicidios" o “golpe al
narcotráfico” sin profundizar en la impunidad crónica, el ciclo se refuerza de
manera peligrosa.
Además,
decretos como el 371 de agosto de 2024 al que se le critica por ser respuestas
populistas aisladas, sin un enfoque integral que incluya prevención social o
cooperación regional, lo que perpetúa la crisis en lugar de resolverlas; en ese
Decreto en específico, Noboa ordena la modernización de los manuales operativos
que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas, que más pareciera una medida bélica confrontacional que un esfuerzo por recuperar la tranquilidad social.
Y cuando
los medios priorizan el "qué se capturó hoy" sobre el "por qué
no se condena y el sistema sigue igual", se consolida esa métrica
equivocada de seguridad: cantidad de detenciones como sinónimo de seguridad, en
lugar de revisar la tasa de resolución de casos, recuperación de territorios, reducción de
corrupción judicial o fortalecimiento de la cohesión social, lo que perpetúa
vulnerabilidades:
- para la
población: falsa sensación de control que oculta riesgos persistentes
(extorsiones, reclutamiento, normalización de violencia).
- para el
Estado: erosión de legitimidad cuando la "mano dura" no entrega
justicia real, y el crimen organizado sigue operando con impunidad.
- para la
democracia: normalización de excepciones permanentes (estados de excepción, rol
ampliado de FF.AA.) sin debate profundo sobre costos al Estado de derecho.
Y cuando
estuve para terminar este ensayo, nuevamente el Presidente ofrece declaraciones
en radio Centro Quito para "vitaminizar" el engaño discursivo, pues vincula directamente
la "tasa de seguridad" a las importaciones colombianas con una
reducción del 33,3% en muertes violentas en las provincias fronterizas de
Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.
La relación
planteada por el Mandatario es lógicamente plausible en un nivel superficial,
pero no robusta en vista de que carece de evidencia causal, ignora efectos
contraproducentes (aumento de contrabando) y parece un argumento populista para
defender una medida económica controvertida y esto fortalece el
"engaño".
Noboa confunde seguridad (resiliencia sistémica) con
criminalidad (reducción puntual de violencia), usando cifras inverificables
para legitimar políticas reactivas. Como parte de su trabajo lupa.com.ec calificó
la aseveración como parcialmente cierto; hasta este 27 de febrero ecuadorchequea.com
no difundió datos al respecto.
Dos apuntes adicionales sobre las declaraciones presidenciales respecto a la baja de crímenes tanto en la frontera norte como en Guayaquil:
Andrés Vergara @AndresVergara: Primera vez que veo que alguien conecta aranceles con muertes violentas. Siguiendo esa impecable lógica de causalidad, también podríamos afirmar que la baja importación de osos polares está reduciendo la violencia. Claramente hemos ignorado ese factor demasiado tiempo.
Fernando Lippke @FernandoLippke: Parece que no había que sacar militares ni policías a la calle, sólo firmar decretos y perseguir opositores.
Un epílogo en desarrollo…
Desde
Manabí, veo cómo el gran engaño afecta al centro y a las periferias: el narcotráfico financia gran parte de la violencia territorial y la delincuencia
ataca sin piedad, pero son las urbes de gran fuerza electoral las que reciben más
atención para aparentar que existen acciones de freno a esta tragedia humana. El
ejemplo práctico es el comentario en que cuestiono los anuncios de la
Gobernación bajo el titular “Seguridad en Manabí ¿Seguridad en Manabí?”.
En las
ciudades intermedias y zonas rurales con baja incidencia electoral, con limitaciones
mediáticas y más preocupaciones por sobrevivir en el día a día, la seguridad es
el necesario e indispensable silencio ciudadano. Este panorama es otro de los
músculos que tiene el engaño presidencial.
Por lo
pronto, existe la alta probabilidad de que seguiremos en un absurdo "juego
infinito" de adaptación criminal y delincuencial, condenados al Autoritarismo
del siglo XXI que, de seguro, ahora busca generar votos para la toma de los
gobiernos locales.
¿Por cuánto tiempo es sostenible este engaño presidencial?
Advertencia editorial: Este análisis se redactó bajo el criterio editorial de Raúl A. Zavala - (razmo@gmail.com), consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones políticas, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.
Fuentes y referencias:
zonacero.com - ecomercio.com - radiopichincha.com - swissinfo.ch - radiosucesosec - teleamazonas.com - comunicacion.gob.ec - crisisgroup.org - gijn.org - bbc.com - insightcrime.org - gaceta.unam.mx - agendaestadodederecho.com - amnesty.org - theconversation.com - prometeojournal.com.ar - nytimes.com - lahora.com.ec - eldiario.ec - greenwichtime.com
Ministerio del Interior / Policía Nacional: cifras de homicidios, capturas (140.000), impunidad (>90%), reducciones puntuales (2024-2026).
Índice Global de Crimen Organizado (2023-2025): ascenso de Ecuador del puesto 11 al 4.
Latinobarómetro 2025: confianza en instituciones (17%).
multidominio360.com (conceptos de Seguridad Multidominio, centro de gravedad en corrupción, dominios físico/cognitivo/cibernético, SGS-MDO)
Análisis de sensibilidad al conflicto en Ecuador - rescue.org
Ecuador y el dilema en la lucha contra el crimen organizado - dplf.org
La crisis de Ecuador, mucho más que seguridad - cidob.org
-----
Datos sobre el editor de la nota:
Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala
