1 de marzo de 2026

El engaño presidencial sobre la seguridad

Lo dije públicamente: el Presidente Daniel Noboa nos está engañando a los ecuatorianos con el tema seguridad y este ensayo es para sustentar mi afirmación; también para explicar las razones por las que prendí está alerta: Damas y caballeros tengan presente que reducir la inseguridad no es exactamente lo mismo que combatir la criminalidad. 

Y fui más allá: en los medios de comunicación se comete un error de segmentación en las notas de crónica roja: se coloca la palabra Seguridad cuando la información se trata de una muerte violenta, cuando la sección debería ser "Criminalidad". Lo mismo pasa con delincuencia y narcotráfico.

El hecho que ahora viva en Puerto Cayo, Manabí, no significa que estoy alejado del mundo político, de percatarme de los escenarios que de una u otra forma terminan permeando hasta las zonas rurales, lugares en que la ausencia de Estado se siente cada día más y, me atrevo a decir, que en muchos casos. con el apoyo de los gobiernos locales.

Viene al caso afirmar que he dedicado parte de mis blogs a desentrañar las complejidades de la seguridad en Ecuador, un tema que trasciende la mera represión del crimen y se entrelaza con políticas gubernamentales, narcotráfico y la erosión de la democracia. Entiendo también que mi afirmación no puede quedarse en un simple comentario línea, que me es necesario, en lo posible mostrar el paisaje completo.

Así mismo he criticado cómo la seguridad se ha convertido en un instrumento político para legitimar centralismo y suspensiones de derechos, ignorando la equidad rural y la participación ciudadana. Hoy, en este ensayo, abordo lo que considero el gran engaño presidencial: la confusión deliberada o inadvertida entre "seguridad" y "criminalidad", que ha llevado a un populismo punitivo estéril, perpetuando vulnerabilidades en lugar de resolverlas. Este engaño no es nuevo, pero bajo el gobierno de Daniel Noboa, se ha exacerbado, como evidencian sus declaraciones recientes y planes como el "Ataque Total".

Desde mi perspectiva, influida por años de observación en una zona periférica como Manabí y como parte de mi experiencia laboral, la seguridad no es un concepto técnico neutral, sino una política pública moldeada por cálculos electorales y presiones de poder.

He argumentado las decisiones sobre lo qué es una amenaza, qué recursos asignar y qué libertades restringir, lo que responde a escenarios políticos, no a meras estadísticas; sin embargo, el gran engaño radica en reducir la inseguridad a la ausencia de delitos visibles, equiparándola con la criminalidad. Esta sinonimia errónea, como la describe Franz Toledo en su análisis sobre Seguridad Multidominio, ignora que la criminalidad es un fenómeno reactivo y episódico, medible por tasas de homicidios o extorsiones, mientras que la seguridad es una condición sistémica y proactiva, enfocada en la preservación de la libertad y la capacidad de readaptación en un entorno de conflicto.

Como una fotografía de síntesis de este escenario:

Dimensión de análisis

Criminalidad

Seguridad (Visión Multidominio)

Naturaleza

Fenómeno fáctico y reactivo.

Condición sistémica y proactiva.

Objetivo

Castigo y reducción del delito.

Preservación de la libertad y resiliencia.

Gestión

Política criminal y penal.

Gestión integral de riesgos y dominios.

Temporalidad

Basada en el evento (pasado).

Basada en la previsión (futuro).

Alcance

Actos delictivos específicos.

Bienestar humano y estabilidad estructural.

Fuente: Franz Toledo – multidominio360.com

Debo, así mismo destacar cómo esta confusión genera planes estatales errados, priorizando síntomas sobre patologías. Toledo lo resume: la criminalidad mira al pasado (el delito cometido), pero la seguridad debe prever el futuro mediante prevención y predicción, a lo que yo sumo comunicación política honesta más que propaganda oficial y acciones para reducir la impunidad.

En Ecuador, hemos visto un salto exponencial en el crimen organizado pasando del puesto 11 al Top 5 en el Índice Global de Crimen Organizado entre 2023 y 2025, pero no por falta de represión, sino por ignorar causas raíz como la corrupción y la infiltración institucional.

Mis críticas a gobiernos anteriores, a los de Correa, Moreno y Lasso, están centrados en esta miopía: tramitotología abundante, falta de transparencia policial y militar, operativos reactivos que ofrecen alivio temporal e imágenes para los medios, pero perpetúan un ciclo de violencia al no fortalecer la cohesión social ni la equidad territorial.

El populismo punitivo es el pilar de este engaño y Noboa lo encarna con maestría. En mi blog, he mostrado cómo reformas como al COOTAD satanizan gastos locales en cultura o desarrollo rural como "derroche", obligando a los GAD a destinar el 70% a inversión, lo que centraliza decisiones y perpetúa inequidades. Por otro lado, su entrevista del 20 de febrero de 2026 en Radio City, celebra las capturas masivas (140.000) y reducciones puntuales en muertes violentas, pero admite que reformas judiciales profundas son "imposibles" por falta de recursos.

En sus declaraciones y en el contexto más amplio de sus declaraciones, Noboa reitera la necesidad de esa "reforma profunda", pero la califica como inviable en el corto plazo por falta de recursos y autoridad real, mientras critica duramente a quienes defienden la independencia judicial sin "conocer la realidad" del sistema infiltrado por "grupos que tienen tentáculos en la política, en los gobiernos locales y en la función judicial".

Al mismo tiempo, enfatiza que su gobierno "persigue criminales" (no personas o políticos), destaca capturas masivas (85% de cabecillas de bandas, decenas de miles de detenidos) y celebra reducciones puntuales en muertes violentas (como el 26% en Guayaquil tras ciertas capturas). Este enfoque fusiona explícitamente la "seguridad" con la lucha contra la "criminalidad organizada", incluyendo narcotráfico, minería ilegal y corrupción con "fachada política", sin diferenciar claramente entre amenazas al Estado que justificarían medidas de defensa y delitos comunes o procesales que requieren un sistema judicial independiente y robusto.

Esto envía un mensaje implícito de impunidad: ladrones, criminales, corruptos y narcos saben que, aunque caigan presos, el sistema no garantiza consecuencias graves, pues las tasas de impunidad superiores al 90% así lo sustentan.

Verificaciones independientes, como las de Lupa y Ecuador Chequea, sustentan esta crítica. Lupa desmonta la afirmación de Noboa sobre una reducción del 26% en muertes violentas en Guayaquil ligada a la captura del alcalde Aquiles Álvarez, calificándola como inverificable por falta de datos parciales de febrero 2026.

Ecuador Chequea va más allá, revelando que cuatro de cinco afirmaciones clave son inverificables, incluyendo el 85% de cabecillas capturados, debido a la opacidad gubernamental.

En mi blog, he insistido en que esta falta de transparencia erosiona la confianza ciudadana, basándome en la caída al 17% según Latinobarómetro en 2025, convirtiendo la seguridad en un espectáculo electoral y alimento diario para las fuerzas mediáticas gobiernistas, mientras que otros medios lo replican sin mayores detalles o contrastes.

La tenue luz es el conjunto de pocos espacios de creadores de contenidos políticos y periodistas que no se tragan el cuento, también de otros ciudadanos mucho más críticos que exponen sus cuestionamientos en redes sociales.

Ahora, desde una perspectiva personal, viviendo en Manabí donde el narcotráfico financia negocios legales, extorsiones y salva actividades productivas, veo cómo este engaño amplifica riesgos y se convierte en un sistema de mini-gobernanza territorial. La ignorancia conceptual se ha vuelto una amenaza mayor que los Grupos Delictivos Organizados (GDO), facilitando su penetración en instituciones. Toledo lo llama "planificación errónea en un 300%": al enfocarse en represión física, se ignora el dominio cognitivo (corrupción como centro de gravedad) y cibernético (cibercrimen como punto de anclaje).

En mis entradas, critico cómo la militarización, desde el "conflicto armado interno" de 2024, ha generado alertas sobre al menos 237 posibles ejecuciones extrajudiciales en el 2025, normalizando un "orden crimilegal" que debilita la democracia y aún más cuando la Fiscalía avanza lento o casi nada, cuando la fiscalización política es una fantasma legislativo y el Ministro del Interior actúa como juez, fiscal y carcelero.

El plan "Ataque Total" de Noboa, lanzado en enero 2026, ejemplifica este engaño bélico; con gastos que van de entre USD 180 y 280 millones en tecnología y despliegues masivos, se presenta como ofensiva decisiva contra el crimen, pero me recuerda la Operación Urano en Stalingrado: una maniobra militar real de guerra donde la justicia ordinaria no jugó su rol y estuvo subordinada a la victoria táctica; en Ecuador, esto significa priorizar capturas y controles territoriales sobre reformas judiciales, permitiendo que GDO se adapten con extorsiones y secuestros. Mis perspectivas en el blog enfatizan que, sin corresponsabilidad entre niveles de gobierno, estos planes centralistas perpetúan las distorsiones del desarrollo rural, donde la violencia de todo tipo se reproduce por falta de inversión social.

Recuerdo entonces la advertencia que hice sobre sobre lanzarse a una "guerra" sin la debida preparación ni operativa ni logística, peor con suficientes recursos financieros y considerando que los militares debían frenar al poder político de las mafias, teniendo a un Ministro de Defensa con muy poca o casi nada preparación en estos menesteres, igual el Ministro del Interior.

La narrativa oficial en el periodismo

El rol del periodismo en este engaño es cómplice por omisión. En mi blog, he señalado cómo medios amplifican el "shock" de operativos, repitiendo discursos oficiales sin profundizar en orígenes. Las verificaciones de Lupa y Ecuador Chequea, aunque rigurosas, no logran impacto masivo: se limitan a "es falso" o "inverificable", sin explorar cómo esta opacidad fomenta populismo punitivo. Toledo advierte que, en el dominio cognitivo, la narcocultura gana terreno al normalizar la ilegalidad, y el periodismo fallido erosiona la capacidad de reacción social.

Pero existe otra escena en que también el Presidente jala al periodismo a su terreno: la declarasionitis, pues la gran mayoría de medios y cuentas disfrazadas de periodismo, replican las frases, criticas o aseveraciones de Daniel Noboa sin un mínimo de contraste o verificación, automáticamente el Mandatario se vuelve tendencia, "su verdad" se difunde y se posiciona. Cuando llegan los análisis cuestionadores ya es tarde, los algoritmos se convirtieron en su aliado incondicional y sigue gobernando más como un automandante que como un mandatario.

A manera de autocrítica debo asumir mi responsabilidad de mismo error mientras ejercía mi profesión de periodista, pues a pesar de los esfuerzos por no caer en la narrativa gubernamental usando la terminología oficial, no pude evitar el manejo inadecuado de la información policial, judicial, militar, criminal, delincuencial y narco encajonando todo en una sola sección llamada "seguridad"; lo que también intenté sin éxito es que las noticias de corrupción política pasasen a la sección de crónica roja. Me deje arrastrar por la anomalía periodística de la declarasionitis.

Pero me es bueno recordar que quien dio más orientaciones en estos asuntos de las políticas de seguridad fue Walter Barrera, sobre todo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo por casi 40 minutos y en la que explicó las inconsistencias constitucionales, legales y doctrinarios al incorporar a Fuerzas Armadas en asuntos meramente policiales.

Barrera, abogado y exoficial de la FAE, mostró profunda preocupación por la inseguridad ciudadana en Ecuador, argumentando que las medidas actuales no garantizan protección real a la población; como experto en derecho militar, critica duramente el involucramiento de las Fuerzas Armadas en funciones policiales sin un marco legal claro, lo que considera una falla estructural que genera más riesgos constitucionales que soluciones efectivas, y cuestiona la efectividad y legalidad de las políticas de seguridad implementadas.

Refuerza su análisis detallando inconsistencias en las estrategias gubernamentales, en el que incluye referencias a cooperación internacional o uso de militares en seguridad interna, y enfatiza la necesidad de respetar la delimitación constitucional de roles entre instituciones; concluye que, sin reformas profundas y coherentes con el ordenamiento jurídico, la sensación de inseguridad persistirá y las acciones actuales podrían, incluso, agravar el problema en lugar de resolverlo.

Lo anecdótico de esta entrevista es que fue realizada en agosto del 2022 cuando gobernaba Guillermo Lasso y al escucharlo pareciera que se refiere a las decisiones de Daniel Noboa.

De vuelta al engaño

Entonces, creo que este engaño presidencial consolida un modelo donde la seguridad se mide por detenciones, no por justicia efectiva. En mi blog al comentar sobre la deuda estatal y opacidad en compras reservadas (USD 403 millones en 2024), argumento que la falta de rendición de cuentas alimenta la corrupción, diluyendo responsabilidades como en el caso de José Julio Neira con 12 cargos acumulados. Noboa, al criticar la independencia judicial como algo "fácil de decir" desde fuera, envía un mensaje ambiguo que envalentona a narcos, sabiendo que el sistema está infiltrado por "tentáculos" criminales y que no hay manera de resolverlo.

En lo poco que se conoce sobre la política en "Ataque Total", es evidente que se ignora la necesidad de un enfoque multidominio que Toledo propone: integrar los dominios físico (infraestructura crítica), cognitivo (transparencia radical) y cibernético (ciberinteligencia). En mi blog lodijeron está publicado el análisis sobre la necesidad de fortalecer el control social y equidad, similar a modelos como el de Estonia con X-Road para romper silos burocráticos y reducir corrupción.

Ecuador podría aprender de Singapur la "Defensa Total" o de Finlandia la alfabetización mediática, pero el centralismo de Carondelet lo impide.

En este punto, me es necesario entrar en ciertas conceptualizaciones y aunque no soy un experto políticas públicas, basándome en el análisis de la situación actual del país, en los datos y perspectivas disponibles de fuentes académicas, periodísticas y expertas, no solo es posible, sino altamente probable que la dicotomía o más bien la confusión entre "criminalidad" y "seguridad", combinada con el "espectáculo" de operativos reactivos post eventos, actúe como caldo de cultivo para un populismo punitivo que prioriza la apariencia de acción inmediata sin ofrecer soluciones estructurales sostenibles.

Este fenómeno se observa claramente en el contexto ecuatoriano bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el que las políticas de "mano dura" generan una falsa sensación de control, pero perpetúan la inestabilidad al no abordar causas profundas como la corrupción, la pobreza y la infiltración del crimen organizado. A continuación, detallo las razones clave, sustentadas en tres escenas necesariamente articuladas:

La confusión terminológica como base para la securitización y el populismo: al equiparar "seguridad" con la represión de la "criminalidad", el discurso oficial transforma problemas delictivos en amenazas nacionales, justificando medidas extraordinarias como estados de excepción y militarización. Esto facilita un populismo penal que explota el miedo público para ganar apoyo, prometiendo soluciones rápidas sin evidencia de eficacia a largo plazo. Por ejemplo, expertos señalan que esta estrategia genera una "falsa sensación de seguridad" mediante arrestos masivos (casi 80.000 desde 2022), pero ignora reformas integrales en el sistema judicial, social y penitenciario, lo que resulta en un ciclo de violencia recurrente.

Esta dicotomía simplificada permite que el gobierno presente la criminalidad como el único enemigo, obviando factores como la corrupción y la debilidad institucional, lo que alimenta políticas populistas sin profundidad.

El "espectáculo" de operativos post eventos como herramienta mediática: los operativos reactivos como la declaración de "conflicto armado interno" tras la fuga de líderes como 'Fito' en enero de 2024, o las redadas masivas en prisiones y calles, se convierten en espectáculos mediáticos que amplifican la percepción de que "algo se está haciendo". Medios digitales y tradicionales (independientes y oficialistas), al cubrir estos eventos con énfasis en la violencia carcelaria y masacres, refuerzan el populismo punitivo al priorizar narrativas sensacionalistas sobre análisis críticos. Esto crea una ilusión de progreso temporal, pero la violencia rebota al adaptarse las bandas, diversificando actividades como extorsiones y secuestros.

Críticos argumentan que estos "espectáculos" destruyen instituciones, silencian disenso y socavan el Estado de derecho, convirtiendo a jueces en meros ejecutores de políticas represivas sin resolver una impunidad superior al 90%.

La comunicación institucional como un placebo: la información oficial actúa como un mecanismo paliativo que simula avances en seguridad sin sustancia real, administrando dosis de positivismo tóxico para calmar la ansiedad colectiva mientras evade datos claros, precisos y transparentes; ruedas de prensa o entrevistas anecdóticas para sustentar la “mano dura” o boletines publicados en redes sociales de tres tristes párrafos en lo que se anuncian reuniones omitiendo detalles básicos de interés ciudadano y de honestidad política. Esta estrategia, que prioriza mensajes tranquilizadores, con frases de marketing electoral y cifras selectivas a través de canales gubernamentales y aliados mediáticos, busca generar la percepción de "mejora" que suplanta la realidad de una inestabilidad crónica y los graves problemas que orbitan en el ambiente.

La narrativa institucional de Carondelet, replicada en provincias y cantones, silencia disidencias al etiquetar a las críticas como "desestabilizadoras" o de la malintencionada oposición, erosiona el debate público y socava el Estado de derecho al convertir la información en una herramienta de control social en lugar de transparencia.

Consecuencias que están en el ambiente

Populismo sin soluciones reales: este enfoque, inspirado en modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador o del primer ministro húngaro Viktor Orbán, han moldeado la agenda política en Ecuador, donde el crimen organizado influyó en elecciones y políticas; aunque reduce violencia a corto plazo, genera efectos contraproducentes como abusos a derechos humanos, polarización social y erosión de la legitimidad estatal. Análisis indican que el ilusorio noboísmo brinda un "sentido precario de seguridad" en ciudades como Guayaquil o Durán, pero no desmantela redes criminales infiltradas en el Estado, menos en el gobierno central, exacerbando desigualdades y facilitando articulaciones entre instituciones, narcotráfico y violencia.

Por lo tanto, Noboa mide la 'seguridad' por detenciones y no por justicia efectiva, lo que refleja la piedra angular del problema estructural del Ecuador de hoy. Y cuando el periodismo en lugar de cuestionar esta métrica superficial, le sigue la corriente amplificando narrativas de "capturas récord", "golpes a cabecillas" o "reducción temporal de homicidios" o “golpe al narcotráfico” sin profundizar en la impunidad crónica, el ciclo se refuerza de manera peligrosa.

Además, decretos como el 371 de agosto de 2024 al que se le critica por ser respuestas populistas aisladas, sin un enfoque integral que incluya prevención social o cooperación regional, lo que perpetúa la crisis en lugar de resolverlas; en ese Decreto en específico, Noboa ordena la modernización de los manuales operativos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que más pareciera una medida bélica confrontacional que un esfuerzo por recuperar la tranquilidad social.

Y cuando los medios priorizan el "qué se capturó hoy" sobre el "por qué no se condena y el sistema sigue igual", se consolida esa métrica equivocada de seguridad: cantidad de detenciones como sinónimo de seguridad, en lugar de revisar la tasa de resolución de casos, recuperación de territorios, reducción de corrupción judicial o fortalecimiento de la cohesión social, lo que perpetúa vulnerabilidades:

  • para la población: falsa sensación de control que oculta riesgos persistentes (extorsiones, reclutamiento, normalización de violencia).
  • para el Estado: erosión de legitimidad cuando la "mano dura" no entrega justicia real, y el crimen organizado sigue operando con impunidad.
  • para la democracia: normalización de excepciones permanentes (estados de excepción, rol ampliado de FF.AA.) sin debate profundo sobre costos al Estado de derecho.

Y cuando estuve para terminar este ensayo, nuevamente el Presidente ofrece declaraciones en radio Centro Quito para "vitaminizar" el engaño discursivo, pues vincula directamente la "tasa de seguridad" a las importaciones colombianas con una reducción del 33,3% en muertes violentas en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.

La relación planteada por el Mandatario es lógicamente plausible en un nivel superficial, pero no robusta en vista de que carece de evidencia causal, ignora efectos contraproducentes (aumento de contrabando) y parece un argumento populista para defender una medida económica controvertida y esto fortalece el "engaño". 

Noboa confunde seguridad (resiliencia sistémica) con criminalidad (reducción puntual de violencia), usando cifras inverificables para legitimar políticas reactivas. Como parte de su trabajo lupa.com.ec calificó la aseveración como parcialmente cierto; hasta este 27 de febrero ecuadorchequea.com no difundió datos al respecto.

Dos apuntes adicionales sobre las declaraciones presidenciales respecto a la baja de crímenes tanto en la frontera norte como en Guayaquil:

Andrés Vergara @AndresVergara: Primera vez que veo que alguien conecta aranceles con muertes violentas. Siguiendo esa impecable lógica de causalidad, también podríamos afirmar que la baja importación de osos polares está reduciendo la violencia. Claramente hemos ignorado ese factor demasiado tiempo.

Fernando Lippke @FernandoLippke: Parece que no había que sacar militares ni policías a la calle, sólo firmar decretos y perseguir opositores. 

Un epílogo en desarrollo…

Desde Manabí, veo cómo el gran engaño afecta al centro y a las periferias: el narcotráfico financia gran parte de la violencia territorial y la delincuencia ataca sin piedad, pero son las urbes de gran fuerza electoral las que reciben más atención para aparentar que existen acciones de freno a esta tragedia humana. El ejemplo práctico es el comentario en que cuestiono los anuncios de la Gobernación bajo el titular “Seguridad en Manabí ¿Seguridad en Manabí?”.

En las ciudades intermedias y zonas rurales con baja incidencia electoral, con limitaciones mediáticas y más preocupaciones por sobrevivir en el día a día, la seguridad es el necesario e indispensable silencio ciudadano. Este panorama es otro de los músculos que tiene el engaño presidencial.

Por lo pronto, existe la alta probabilidad de que seguiremos en un absurdo "juego infinito" de adaptación criminal y delincuencial, condenados al Autoritarismo del siglo XXI que, de seguro, ahora busca generar votos para la toma de los gobiernos locales.

¿Por cuánto tiempo es sostenible este engaño presidencial?

Advertencia editorial: Este análisis se redactó bajo el criterio editorial de Raúl A. Zavala - (razmo@gmail.com), consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones políticas, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

Fuentes y referencias:

zonacero.com - ecomercio.com - radiopichincha.com - swissinfo.ch - radiosucesosec - teleamazonas.com - comunicacion.gob.ec - crisisgroup.org - gijn.org - bbc.com - insightcrime.org - gaceta.unam.mx - agendaestadodederecho.com - amnesty.org - theconversation.com - prometeojournal.com.ar - nytimes.com - lahora.com.ec - eldiario.ec - greenwichtime.com 

Ministerio del Interior / Policía Nacional: cifras de homicidios, capturas (140.000), impunidad (>90%), reducciones puntuales (2024-2026).  

Índice Global de Crimen Organizado (2023-2025): ascenso de Ecuador del puesto 11 al 4.  

Latinobarómetro 2025: confianza en instituciones (17%).  

multidominio360.com (conceptos de Seguridad Multidominio, centro de gravedad en corrupción, dominios físico/cognitivo/cibernético, SGS-MDO)

Análisis de sensibilidad al conflicto en Ecuador - rescue.org

Ecuador y el dilema en la lucha contra el crimen organizado - dplf.org

La crisis de Ecuador, mucho más que seguridad - cidob.org

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Datos sobre el editor de la nota:

Cuenta X: @Zavala_Ra
Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/
Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 

19 de febrero de 2026

¿Y ahora qué pasará con la zona rural?

Como residente de Puerto Cayo, en la provincia de Manabí, donde la gestión local es prácticamente nula en la atención de playas y ríos así como de otros servicios públicos, he seguido con creciente preocupación el avance del proyecto de ley económica urgente presentado por el presidente Daniel Noboa el 28 de enero de 2026; una iniciativa que se vende bajo el membrete de "bienestar para los ciudadanos"; sí, pero para los que viven en las ciudades, los de la zona rural deberemos esperar las migajas, nuevamente.

Esta reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) busca obligar a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, con un escalonamiento progresivo (60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029). Si no se cumple, se reducen las transferencias estatales (del 21% de ingresos permanentes y 10% no permanentes del Presupuesto General del Estado). 

La intención parece noble: corregir que solo el 39% de los recursos GAD vaya a inversión real, mientras el gasto corriente crece hasta el 34-70% en algunos casos; pero, como he analizado el escenario, esta propuesta nace con lagunas que ahora, en su trámite hacia el segundo debate, revelan anomalías, irregularidades e inmoralidades que cuestionan su viabilidad y equidad.

Antes de entrar en detalles, quiero advertir al lector que este ensayo no pretende ser una defensa incondicional del trabajo de alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales en Ecuador; como ciudadano, he vivido de cerca cómo la gestión deficiente de muchos de estos funcionarios locales ha contribuido de una u otra manera a la inseguridad integral, así como a la ausencia de expectativas ciudadanas reales, donde las promesas de obras y servicios se evaporan en corrupción o ineficiencia o ignorancia u olvido.

Pero también se reforzaría la famosa muletilla de "no hay presupuesto" para responder a las exigencias ciudadanas.

La desconfianza ciudadana

Encuestas como Latinobarómetro muestran que la confianza en el gobierno ha caído drásticamente, casi a la mitad entre 2009 y 2018, con la corrupción percibida como uno de los principales desafíos que erosiona la credibilidad de las instituciones, incluidas las locales. Reportes de la OCDE y el BID confirman esta tendencia regional, con solo el 17% de confianza en instituciones públicas en América Latina y el Caribe para 2025, un declive atribuible a capacidades estatales menguantes y percepciones de autoritarismo en la toma de decisiones.

Más allá de lo financiero que es el foco principal de la propuesta de Noboa, los verdaderos escenarios a cambiar radican en la baja o casi nula participación ciudadana real, la falta de transparencia que permite gastos opacos, el autoritarismo que silencia críticas comunitarias y la baja calidad legislativa en muchos GAD. 

Investigaciones como el informe de la OCDE sobre integridad pública en Ecuador destacan cómo estos factores socavan la credibilidad, con iniciativas fragmentadas y poco supervisadas que no revierten la desconfianza ciudadana; por eso, cualquier reforma debería priorizar no solo porcentajes presupuestarios, sino mecanismos genuinos de rendición de cuentas, inclusión y mejora institucional que reconstruyan la fe en los funcionarios locales, en lugar de perpetuar un ciclo de promesas incumplidas que alimentan la frustración diaria en zonas como la mía.

Esta reflexión inició con tropiezos notorios. El 1 de febrero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificó y remitió a la Comisión de Desarrollo Económico, con un plazo de 30 días para el informe; a pesar de un intento fallido de archivo por parte de los críticos políticos y otros especialistas en gestión local, con 70 votos negativos al archivo y 7 abstenciones, el Pleno analizó el primer debate el 10 de febrero y aprobó el informe para segundo debate el 17 de febrero de 2026; sin embargo, emergen irregularidades: discusiones a puerta cerrada y virtuales, sin consulta amplia con la ciudadanía o territorios afectados, con alertas públicas de “inconstitucional” por vulnerar la autonomía financiera (Art. 238 Constitución) y generar desigualdades territoriales. 

Una anomalía flagrante radica en la actuación de la asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien no recibió únicamente a la presidenta de AME Yuri Colorado, desconociendo a otros ciudadanos para que aporten al documento, pese a solicitudes explícitas. Centeno limitó la participación a los nueve integrantes de la mesa, sin dar la palabra a asambleístas de oposición como Diego Salas o Mabel Méndez de Revolución Ciudadana, quienes criticaron la ausencia de debate plural y la exclusión de comparecencias, calificando el proceso de "castigo" que impone una “camisa de fuerza” a los GAD sin considerar realidades territoriales. 

Esto evidencia una falta de proceso democrático para la socialización del proyecto, con sesiones cerradas que ignoran voces clave, perpetuando un trámite opaco y centralista que socava la esencia participativa de la descentralización.

El oficialismo ha montado una narrativa falaz para justificar la reforma, estigmatizando el gasto corriente de los GAD como un derroche en “farras y entretenimiento” que supuestamente alcanza hasta USD 36 millones anuales en municipios, ignorando que estos rubros forman parte integral de las industrias culturales y creativas reconocidas como motores de desarrollo económico y social en Ecuador; esta simplificación excesiva representa una falacia de falsa dicotomía, oponiendo "obras reales" a supuestos excesos festivos, sin reconocer que entre los objetivos nacionales está la primera Política Nacional de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas de 2025, que promueven el entretenimiento (cine, música, eventos locales) para generar empleo, diversificar la matriz productiva y fomentar ciudades más seguras e inclusivas, alineadas con derechos constitucionales a la cultura (Art. 377 Constitución). 

También han puesto en el debate social mitos como el de que las fiestas son puro despilfarro perpetúan prejuicios contra la autonomía local, asumiendo ineficiencia generalizada en GAD rurales o pequeños sin diferenciar rigideces presupuestarias, deudas estatales pendientes o beneficios transversales como cohesión comunitaria y turismo; en realidad, estos gastos contribuyen al desarrollo personal y económico, no como un fin aislado sino como herramienta para resolver problemas públicos, y cualquier reforma que los “satanice” sin evidencia diferenciada revela un prejuicio centralista que socava la descentralización equitativa.

Los absurdos gubernamentales

El gasto corriente no es derroche, sino el pilar de la sostenibilidad y de gran importancia en las zonas rurales: cubre salarios para personal en mantenimiento de espacios públicos, inspecciones técnicas de comisarios , protección de playas y ríos (como los 38 km de Puerto Cayo, sin plan de manejo integral pese al PDYOT 2023-2027), transparencia (LOTAIP, con costos en personal y TI), formación continua (LOSEP obliga perfeccionamiento) y hasta protección de algunos (¿todos?) alcaldes y prefectos en zonas violentas (escoltas policiales con viáticos pagados por GAD). 

Forzar el 70% en inversión reduce esto al 30%, arriesgando despidos, tercerizaciones precarias y caída en calidad de servicios. En Puerto Cayo, con altas deficiencias municipales y sin considerar la complejidad territorial, sin gasto corriente para operaciones diarias serían casi impensables las obras como reparaciones post-aguajes o inundaciones. 

La opción que de seguramente usarán este tipo de gobierno local sería el de gestionar nuevas ordenanzas para recaudar tasas con cualquier pretexto lo generarían ingresos propios, pero intensificarían demandas ciudadanas si servicios no mejoran no se transparentan los adecuados usos de esos recursos, como sucede con la tasa de seguridad o, en el caso de Jipijapa, la llamada "fondo colinas".

Entonces, a pesar que Yuri Colorado respalda la eficiencia exige ajustes: no “satanizar” gastos necesarios, flexibilizar para 41 municipios incapaces de cumplir el 60% inicial, y resolver deudas estatales antes de condicionar transferencias. 

De su parte el prefecto de El Oro  y presidente del Congope Clemente Bravo alerta sobre debilitamiento de programas sociales y vialidad rural. En esta línea, Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, con más experiencia en asuntos de finanzas públicas ha expresado una posición firme y crítica frente al proyecto de ley reformatoria al COOTAD, calificándolo de regresivo y gravemente preocupante para la autonomía y la descentralización, al afectar el desarrollo territorial y la inclusión social de los grupos más vulnerables. 

En su comunicado destaca que desde su concepción el proyecto excluyó a los representantes de los gobiernos subnacionales en la construcción de una norma que incide decisivamente en la planificación y gestión local, lo que representa una violación a los principios de corresponsabilidad y participación. 

Sus propuestas, presentadas por escrito ante la Comisión de Desarrollo Económico y extendidas ahora a todos los asambleístas para el segundo debate, se sustentan en pilares clave: fortalecer la eficiencia del gasto subnacional mediante un modelo de corresponsabilidad entre el Gobierno Central y los GAD, basado en principios de solidaridad y subsidiariedad.

Este paisaje de anormalidades se suman: el informe de minoría propone archivo, pero ADN defiende “reorganizar” sin retrocesos; además, sin conocerse una razón que justifique, el Presidente de la Asamblea Nacional (ADN) decidió que el Pleno sesionará para el segundo debate el próximo viernes 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec, en Samborondón.

¿Epitafio para la zona rural?

Valentina Centeno, electa por Manabí, actuó con total ignorancia en el tratamiento de este proyecto y no es la primera vez que lo afirmo, se lo he dicho en mis intervenciones en respuesta a sus aseveraciones mediáticas. 

La funcionaria seguramente cree que la zona rural es solamente pesca, agricultura, ganadería y turismo, como actividades secundarias a la vida de las ciudades; lo que no sabe, al igual que el Presidente y cada uno de sus coidearios, es que en este otro Ecuador, las personas pagamos el precio de la inacción y del centralismo disfrazado. 

Como ciudadano radicado en la zona rural veo inmoralidad en legislar sin diálogo: ignora rigideces laborales, costos legislativos, deudas con concejos provinciales (USD 660 millones) y equidad territorial; un escenario que también ocurre muy frecuentemente en las municipalidades... bueno, no en todas.

En Manabí, donde playas como la nuestra sufren abandono, donde la obra pública llega como caridad y se romantizas las tragedias humanas, esta reforma podría perpetuar inequidades, priorizando a urbes mediáticas y con mayor número de votantes sobre periferias olvidadas. La descentralización debe gestar mayor democracia y control social, no recentralizar la toma de decisiones en Carondelet y los ministerios. 

Pago tasas, quizás como muchas otras personas, esperando resultados tangibles: playas limpias, barrios seguros, servicios básicos e información de calidad; si esta ley pasa con sus anomalías e ignorancias, el “espuelazo final” podría ser un retroceso para zonas rurales como la mía, donde la realidad diaria clama por equilibrio, no por métricas de escritorio.

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17 de febrero de 2026

Gral. EM Jhon Reimberg: la seguridad sí es política

Considerando las actuaciones del Ministro del Interior se me ocurrió darle un perfil académico: Jhon Reimberg, General de Estado Mayor y CEO de la Policía Nacional del Ecuador; esto a propósito de las justificaciones que hizo el 15 de febrero de 2026 sobre la decisión de tomarse las instalaciones de la empresa municipal de Guayaquil Segura EP, bajo la figura de allanamiento. 

También me permití asegurar que penoso también es ver al Comandante General de la Policía como títere de un aprendiz de policía; esto como una respuesta a un comentario realizado por el Gral (SP) Luis Altamirano Junq (@LAltamiranoJ): 

No es menos penoso ver a este tipo vestido de policía que escuchar sus declaraciones hipócritas, que nadie en su sano juicio cree. 

Pero ¿Qué es lo importante de las declaraciones de este funcionario?

Reinberg aseguró que la intervención no es política, que obedeció a una decisión de seguridad, a lo que yo respondí:

Por aclarar evidenció otra de sus falencias conceptuales: la seguridad es una política y responde a escenarios políticos para la toma de decisiones políticas.

Mi aseveración pareciera tautológica o redundante a primera vista, pero no lo es; es una visión bastante extendida y razonable en en las ciencias políticas, las relaciones internacionales como en los estudios de seguridad.

Así que permítanme unos breves razonamientos que sustentan lo mencionado:

La seguridad, especialmente la pública, ciudadana o nacional, no es un fenómeno "técnico" o "natural" neutral; no es solo aplicar más policías, cámaras o cárceles porque "hay que hacerlo". Es la sistematización teórica para comprender el problema en la que se consideran las siguientes premisas que se deciden en el marco de la ley y la Constitución:

  • Qué se considera "amenaza"
  • Qué nivel de riesgo es aceptable
  • Qué recursos se destinan y de dónde se quitan
  • Qué libertades se restringen

Desde otra perspectiva la seguridad es una política pública o de Estado, por lo que la gran mayoría de documentos oficiales, académicos y discursos políticos la tratan constantemente en informes de la OEA, CIDH, ONU, declaraciones presidenciales y ministeriales:

  • "La seguridad es una política de Estado"
  • "Debe ser una política pública integral"
  • "Es prioridad política del gobierno"

Es indispensable también conocer que las decisiones de seguridad casi nunca son "puramente técnicas" ya que responden a escenarios políticos:

  • Contexto electoral (¿hay elecciones cerca? ¿Más mano dura o más prevención social?
  • Presión de grupos de poder como empresarios, iglesias, periodismo o crimen organizado.
  • Ideología del gobierno de turno
  • Relaciones internacionales como es el caso de alianzas, presiones de Estados Unidos, cooperación regional o de la Unión Europea.

Entonces, las políticas de seguridad terminan siendo instrumentos para otras metas políticas:

  • Mantener la gobernabilidad
  • Ganar o conservar el poder
  • Legitimar un modelo económico
  • Reducir las protestas sociales
  • Proyectar una buena imagen internacional
Mientras redactaba esta historia y en nombre de quienes me dieron su opinión sobre las características gramaticales de mi aseveración, logré rehacerla para que tenga otra imagen menos redundante:

La seguridad es una política pública que responde a escenarios y cálculos políticos para orientar decisiones políticas.

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11 de febrero de 2026

"Debida Obediencia" en tiempos de censura militar

Me sorprendió enterarme que el mando militar había tomado una decisión política respecto a las relaciones con periodistas y medios de comunicación, no tengo evidencias pero seguramente aupada por el Ministro de Defensa y el Presidente de la República. El asunto es que se reactivo la censura militar y mientras escribía la nota para mi otro blog, recordé una de las materias que fue base de mi instrucción militar: "La debida obediencia" y creo que es necesaria ponerla en contexto de lo que está pasando en Ecuador.

En un contexto donde las democracias latinoamericanas enfrentan crecientes tensiones entre seguridad nacional y libertades fundamentales, el 10 de enero de 2026 las Fuerzas Armadas de Ecuador han reactivado oficialmente las restricciones explícitas a la cobertura periodística, un movimiento que evoca sombras autoritarias del pasado. Este episodio no es aislado: refleja una securitización regional que legitima la militarización y la suspensión de derechos, financiada con impuestos públicos, pero exenta de escrutinio real.

Esta reactivación de censuras discrecionales, antes aplicadas de forma velada, favoreciendo a medios complacientes, plantea una pregunta incómoda: ¿Hasta dónde llega la "debida obediencia" en una institución estatal? En Ecuador, donde la Constitución garantiza la libertad de expresión y el acceso a la información, órdenes como estas podrían obligar a oficiales y soldados a implementar exclusiones que violan derechos humanos; aquí es donde las lecciones de los Juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, adquieren una relevancia perturbadora. 

Aquellos procesos, impulsados por los aliados victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, no solo juzgaron a líderes nazis por crímenes contra la humanidad, sino que desmantelaron el escudo de la obediencia ciega a órdenes superiores. En un mundo aún humeante por los horrores del Holocausto y las atrocidades bélicas, Nuremberg estableció un principio ético y jurídico inquebrantable: la "debida obediencia" no exonera de responsabilidad individual cuando se cometen actos ilícitos.

Para entender esta lección, retrocedamos al núcleo de los juicios. En el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (Alemania), acusados como el general Alfred Jodl o el almirante Karl Dönitz invocaron la defensa de Befehl ist Befehl ("una orden es una orden"), argumentando que actuaban bajo mandatos jerárquicos inevitables; sin embargo, los jueces, representando a Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, rechazaron categóricamente esta excusa. El veredicto fue claro: "Los individuos tienen deberes internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de obediencia impuestas por el Estado individual". 

Este fallo, incorporado al Derecho Internacional Humanitario y reflejado en estatutos como el de la Corte Penal Internacional, subraya que la obediencia debe ser "debida", es decir, limitada por la legalidad y la moral. Ordenes manifiestamente ilícitas como genocidios, torturas o, en contextos modernos, supresiones sistemáticas de la libertad de prensa, no pueden ser acatadas sin consecuencias personales.

Críticamente, esta doctrina de Nuremberg no es un relicto histórico, sino un antídoto contra el abuso de poder que persiste en regímenes autoritarios o en democracias frágiles. En el caso ecuatoriano, las restricciones militares no solo atentan contra el artículo 18 de la Constitución, que consagra el derecho a la información veraz y oportuna, sino que recuerdan precedentes como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Usón Ramírez vs. Venezuela (2009), citado en el informe, donde se estableció que las fuerzas armadas, como entes estatales, no poseen "derecho a la honra" que justifique censurar críticas. 

¿Qué pasa, entonces, con los oficiales que ejecutan estas órdenes? Si un comandante excluye a un periodista por investigar corrupción, ¿Está ejerciendo "debida obediencia" o convirtiéndose en cómplice de un acto inconstitucional? Nuremberg nos enseña que la jerarquía no absuelve: el soldado o el funcionario debe discernir, y si no lo hace, asume la culpa moral y legal.

Esta crítica se extiende a un patrón global. En América Latina, donde golpes de Estado y dictaduras militares han marcado el siglo XX, la "debida obediencia" ha sido invocada para justificar masacres como la de El Mozote en El Salvador (1981) o desapariciones en Argentina durante la dictadura (1976-1983). En aquellos casos, leyes de obediencia debida (Argentina de 1987) intentaron amnistiar a subordinados, pero fueron derogadas por su incompatibilidad con el derecho internacional. 

En el presente la práctica va por la securitización que se ha convertido en un lenguaje de poder y que decir de Camila Jiménez "consiste en nombrar ciertos problemas —delitos, migración, protestas sociales, drogas— como amenazas existenciales, para legitimar políticas extraordinarias: militarización, suspensión de derechos y reformas que concentran poder. Bajo esta lógica, los Estados poderosos —tanto externos como regionales— moldean agendas y jerarquías, mientras los países más frágiles quedan atrapados entre la inseguridad real y la dependencia política."

Hoy, en Ecuador, bajo un gobierno que ha declarado un "conflicto armado interno" contra el narcotráfico, la militarización podría tentarnos a aceptar obediencia ciega como mal necesario; pero Nuremberg advierte del peligro: cuando la obediencia se convierte en dogma, se pavimenta el camino hacia el totalitarismo. 

Las FF.AA. no son un ente autónomo; se deben al pueblo, no a sus propios intereses institucionales. Censurar la prensa no protege la seguridad nacional, sino que oculta ineficiencias y posibles abusos, erosionando la confianza que pretenden salvaguardar.

En última instancia, los Juicios de Nuremberg no solo condenaron a criminales de guerra, sino que forjaron un marco ético para la humanidad: la responsabilidad individual es el baluarte contra la barbarie colectiva. 

En Ecuador, donde la reactivación de restricciones periodísticas evoca un control informativo que huele a autoritarismo, urge recordar esta lección. Periodistas que no se han convertido en ecos del poder político no son "perjudiciales", son guardianes de la democracia. Si los militares obedecen órdenes que silencian voces críticas, no solo fallan a su juramento constitucional, sino que repiten errores que Nuremberg juró erradicar. La verdadera "debida obediencia" es al derecho y la justicia, no a la opacidad.

"También se securitiza la protesta social. En momentos de crisis económica, el descontento ciudadano se rotula como “enemigo interno”. Se aprueban leyes antiterroristas ambiguas, se vigila a activistas y se criminaliza la movilización. En nombre del orden, se vacía el espacio democrático. Esta tendencia favorece a élites que buscan estabilidad sin redistribución y a socios externos interesados en negocios extractivos con pocas restricciones ambientales o laborales. La seguridad, entonces, deja de proteger a la población para blindar proyectos de poder." Camila Jiménez

El frente judicial ante el mando militar

En su momento yo mencioné que los militares ecuatorianos no están ni capacitados ni preparados para cumplir labores policiales, como eran los deseos del Presidente y que muy agenciosamente el Ministro de Defensa cumplió ese deseo; los escenarios en la guerra no son los mismos que enfrentan los policías en las calles. En otro de mis comentarios en este mismo blog (Riesgos de la "Ofensiva Total" sin respaldo judicial) aclaré que lo militar es para ganar un guerra y lo policial para reprimir al delito. 

Por más que el Presidente, en su desconocimiento sobre asuntos de seguridad, haya dispuesto que los militares salgan a las calles ante el clamor ciudadano, su responsabilidad era haber consultado con los mandos militares sobre si las tropas están preparadas en el marco de la Constitución y demás leyes. Pero no, al parecer el mando no fue consultado y si se lo hizo, simplemente acataron bajo el criterio de "una orden es una orden" y la promesa política, más que jurídica, de que nadie toparía a los uniformados.

También para tener presente: el Presidente de la República no es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pues el no tiene atribuciones legales y constitucionales para ejercer el mando militar.

Pues ahora resulta que los militares están enfrentado hechos que los tienen sentados en el banquillo de los acusados y el Ministro de Defensa inmune ante el control político.

Durante el periodo de declaración de conflicto armado interno iniciado en enero de 2024 se han documentado casos de corrupción involucrando a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Entre ellos destaca la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad, como el arresto de un subteniente del ejército en mayo de 2025 por filtrar información sobre una operación contra el tráfico de armas, lo que permitió que la red criminal evadiera capturas. 

Otro ejemplo es el gasto de 403 millones de dólares en compras reservadas por el Ministerio de Defensa entre enero y abril de 2024, sin transparencia adecuada, lo que ha generado sospechas de irregularidades en contratos millonarios, incluyendo adquisiciones de equipo militar que no se han utilizado efectivamente. 

 Además, denuncias en redes sociales y medios han señalado posibles corruptelas en contratos de las Fuerzas Armadas, como aquellos relacionados con radares antinarcóticos abandonados en el extranjero, exacerbando la erosión de la confianza pública en un contexto de militarización financiada con fondos estatales.

En cuanto a acciones contra los derechos humanos, las Fuerzas Armadas han sido implicadas en graves violaciones durante el conflicto armado interno, con reportes de al menos 237 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policías en 2025, incluyendo torturas y desapariciones forzadas. 

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado ejecuciones extrajudiciales, como la de Carlos Javier Vega en marzo de 2024, detenciones arbitrarias y torturas en cárceles controladas por militares, criticando que la declaración de conflicto armado ha facilitado estos actos sin rendición de cuentas efectiva.

Además aún está pendiente el asesinato de Efraín Fuerez, comunero kichwa, que murió por el impacto de una bala supuestamente militar y que existe la evidencia de cómo maltrataron los uniformados a la víctima, en el marco de las protestas indígenas en septiembre 2025. 

Un caso emblemático es la desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil en diciembre de 2024, por la cual 17 militares fueron llamados a juicio en octubre de 2025, tras ser detenidos arbitrariamente y encontrados muertos, lo que evidencia un patrón de abusos bajo la estrategia de seguridad militarizada. 

Y justamente por este y otros casos, la evidente inmunidad efectiva del Ministro de Defensa frente al control político de la Asamblea Nacional es de otra peligros señal; aunque la Constitución de la República no otorga inmunidad absoluta a los ministros de Estado, estos pueden ser sometidos a juicio político por incumplimiento de funciones, conforme al artículo 131 numeral 9 y al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la práctica, el actual titular del Ministerio de Defensa Gian Carlo Loffredo, ha logrado evadir este mecanismo de rendición de cuentas gracias al respaldo mayoritario del oficialismo en comisiones clave. 

En junio de 2025, la Comisión de Fiscalización y Control Político rechazó calificar solicitudes de juicio político en su contra, con seis votos en contra y cuatro a favor, impulsados principalmente por la oposición, relacionadas con irregularidades en la gestión de seguridad, el caso de la desaparición de los cuatro menores en Las Malvinas y posibles omisiones en el control de las Fuerzas Armadas. 

Similar desenlace se repitió en octubre de 2025, cuando otra petición no prosperó, evidenciando cómo la mayoría parlamentaria aliada al Gobierno actúa como escudo institucional, convirtiendo el control político en un simulacro que protege la opacidad en lugar de exigir responsabilidades.

Esta dinámica no solo debilita la separación de poderes y el principio de trasparencia y control, sino que refuerza un patrón de impunidad en el sector defensa, donde el Ministro, nombrado directamente por el Presidente y sin formación militar tradicional, opera con amplio margen de maniobra ante graves acusaciones. 

En un escenario de conflicto armado interno declarado desde 2024, esta falta de supervisión efectiva por parte de la Asamblea Nacional permite que decisiones sobre compras reservadas, operaciones militares y manejo de violaciones a los derechos humanos queden exentas de escrutinio real, perpetuando la erosión de la confianza ciudadana y recordando precedentes históricos donde la ausencia de control político facilitó abusos institucionales. 

Sin un juicio político viable, el Ministro de Defensa se posiciona como un funcionario prácticamente intocable, lo que contradice el mandato constitucional de que todo servidor público rinda cuentas y somete al Ejecutivo a un riesgo de concentración de poder sin contrapesos efectivos.

Impacto mediático

Horas antes de terminar este ensayo, el mando militar intentó bajar las tensiones sociales emitiendo una aclaración de la noticia, con tono defensivo pero conciliador, enmarcando la disposición original como una medida administrativa interna, no como una política de censura; sin embargo, no revoca explícitamente los criterios subjetivos (como evaluar el "tratamiento informativo histórico" o "postura institucional"), lo que deja abierta la puerta a interpretaciones críticas. (Leer el comunicado AQUÍ)

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas intenta desmarcarse de acusaciones de censura, alineándose con estándares internacionales como el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión sin censura previa, afirmar que las medidas son "preventivas y seguras"; también afirma su respeto a la Constitución, pero no aborda si los lineamientos exceden su ámbito: las FF.AA. están para defender la soberanía, no para administrar acreditaciones mediáticas con criterios subjetivos, lo que podría violar el Art. 165 referente a que las restricciones deben ser limitadas en estados de excepción.

Una de las interpretaciones la hace María Sol Borja (@mariasolborja): "Para demostrar ese respeto que dicen que tienen a los medios de comunicación hacen falta hechos. Mientras siga vigente el documento que hizo público Ecuavisa (con el que incluso pretenden evaluar “la conducta profesional” de los periodistas), quedan clarísimas las intenciones de censura. Ni 200 comunicados lo van a desmentir. Se desmentirá con hechos cuando den de baja el documento totalmente contrario a los principios mínimos y estándares internacionales, de libertad de prensa y expresión."

A manera de reflexión

Los ciudadanos enfrentamos un momento crítico que exige vigilancia activa y movilización colectiva. La reactivación de restricciones a la cobertura periodística por parte de las Fuerzas Armadas, un mecanismo de censura disfrazado de "gestión estratégica" no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de erosión democrática: la militarización sin contrapesos efectivos, la impunidad ante corrupción y la acumulación de violaciones graves a los Derechos Humanos.

Hoy, la verdadera "debida obediencia" nos corresponde a los ciudadanos: exigir transparencia, demandar investigaciones independientes tanto de abusos como de corrupción, y presionar por el restablecimiento de controles democráticos sobre el sector defensa.

Si no actuamos ahora, el silencio impuesto y la impunidad institucionalizada podrían consolidar un retroceso autoritario irreversible. La democracia ecuatoriana no se defiende sola; depende de la alerta, la denuncia y la acción colectiva de cada uno de nosotros los que valoramos la libertad, la justicia y el Estado de derecho, a pesar de la comunicado militar reactivo.

Finalmente, a los funcionarios civiles, militares y policiales de Ecuador: su silencio o acatamiento ciego a órdenes ilícitas como censuras periodísticas, corrupciones encubiertas o violaciones a derechos humanos en el conflicto armado interno y otros actos del poder político, los convierte en cómplices activos de la erosión democrática. 

Nuremberg lo dejó claro: la "debida obediencia" exige discernir entre lo legal y lo inmoral; ignorarlo no exonera, sino que perpetúa autoritarismos. Actúen con integridad o enfrenten la historia como colaboradores del retroceso.

Advertencia editorial: Este ensayo puede contener sesgos o imprecisiones políticas o militares, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

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6 de febrero de 2026

La paradoja de José Julio Neira en la seguridad

La acumulación de cargos y delegaciones en José Julio Neira Hanze ha generado un debate recurrente en la opinión pública y en medios independientes ecuatorianos: ¿Es esta concentración de funciones una estrategia de eficiencia y confianza presidencial o un riesgo de dilución de responsabilidades que puede comprometer la efectividad en áreas tan sensibles como la lucha contra el lavado de activos, la minería ilegal y el financiamiento del crimen organizado?

En un contexto donde Ecuador enfrenta una crisis de inseguridad alimentada por economías ilícitas y corrupción: minería ilegal como fuente de lavado, contrabando de combustibles subsidiados que financia bandas, precursores químicos que sostienen la producción de drogas o los fallidos contratos eléctricos, la concentración de poder en un solo funcionario puede generar lagunas operativas.

Antes de continuar en esta explicación para llegar a la paradoja de seguridad, es necesario dejar claro que la dilución de responsabilidades es un concepto que se refiere a la pérdida o disminución de la obligación personal o institucional cuando una tarea, función o poder se distribuye, comparte o acumula de manera excesiva entre varias personas, cargos o entidades; en lugar de que alguien sea claramente responsable de un resultado, sea bueno o malo, la responsabilidad se "diluye" o se dispersa, haciendo que sea difícil señalar a un único responsable sobre todo cuando algo falla.

Entonces, con 12 roles simultáneos, desde la dirección encargada de la UAFE y SERCOP hasta presidencias de consejos clave como CONCLAFT y CONIM, pasando por múltiples delegaciones en agencias reguladoras y empresas estatales, Neira se ha convertido en una figura central del aparato de control financiero y sectorial del gobierno de Daniel Noboa; sin embargo, la multiplicidad de responsabilidades plantea preguntas inevitables sobre la capacidad real de supervisión, ejecución y rendición de cuentas en cada frente.

Cuando una persona representa al Ejecutivo en tantos directorios, comités y agencias, la responsabilidad por fallas específicas (operaciones inusuales no detectadas a tiempo, minería ilegal que sigue fluyendo, desvíos en contratos públicos) se dispersa: nadie es el responsable pleno porque “todos” lo son a medias. Esta dilución no implica necesariamente corrupción intencional, pero sí debilita la cadena de responsabilidades en un momento en que la ciudadanía demanda resultados concretos frente a la violencia y la impunidad.

A continuación, la matriz actualizada de cargos y delegaciones de José Julio Neira al 6 de febrero de 2026, con sus relaciones directas e indirectas tanto en la represión como prevención del crimen organizado y el narcotráfico:

Cargo

Descripción

Relación directa contra el crimen, delito y narco

Relación indirecta contra el crimen, delito y narco

1.- Secretario General de Integridad Pública

Organismo adscrito a la Presidencia. Coordina estrategias anticorrupción.

Dirige alertas y procesos contra corrupción ligada al crimen organizado/narco (lavado, funcionarios infiltrados), derivando a Fiscalía para represión judicial. Ha impulsado condenas por lavado en instituciones públicas, debilitando redes que financian violencia en Ecuador.

Previene infiltración narco en el Estado mediante transparencia y ética, reduciendo corrupción que facilita rutas de coca y extorsión.

2.- Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirige la inteligencia financiera contra lavado y financiamiento del terrorismo.

Represión directa: lidera 24+ procesos por lavado (2025), congeló fondos ilícitos del narco/crimen organizado. Reportó USD 1.577 millones en operaciones inusuales en 2025, atacando finanzas que sostienen violencia y disputas territoriales.

Evalúa riesgos nacionales, previniendo blanqueo de ganancias narco en el sistema financiero ecuatoriano.

3.- Director del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP

Regula compras y contratos estatales.

Combate corrupción en contratación, usada por redes narco para sobornos/lavado. Implementa transparencia que reduce desvíos de fondos públicos hacia economías ilícitas que alimentan inseguridad.

Previene infiltración criminal en contratos estatales, limitando desvío hacia actividades delictivas.

4.- Delegado en ARCSA (Agencia de Regulación y Control Sanitario)

Supervisa cumplimiento normativo en salud/sustancias sujetas a fiscalización.

Ejecuta operativos contra contrabando/falsificación de precursores químicos para producción de drogas; detenciones por nexos narco contribuyen a decomisos en un Ecuador hub de tránsito de cocaína y precursores.

Previene corrupción en regulación sanitaria, vulnerable a contrabando ligado al crimen organizado.

5- Delegado en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL

Participación y seguimiento en el sector eléctrico/energético.

Denuncia desvíos de combustibles subsidiados (relacionados con energía), generando investigaciones por financiamiento de crimen organizado en zonas fronterizas con alta violencia narco.

Previene corrupción en contratos energéticos; evita infiltración en infraestructuras críticas usadas para lavado o control territorial narco.

6.- Delegado en Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM

Seguimiento y participación en las decisiones de vigilar, auditar, intervenir y controlar todas las fases de la actividad minera.

Combate minería ilegal financiada por narco (lavado, armas, extorsión); operativos decomisan material ilícito, reduciendo fondos que sostienen violencia territorial en Ecuador.

Fortalece control de recursos minerales, previniendo explotación ilegal que genera ingresos para redes criminales.

7.- Delegado en Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH

Seguimiento y participación en los procesos de regular, controlar y fiscalizar todas las fases de la cadena hidrocarburífera (petróleo/gas/combustibles).

Reprime contrabando de combustibles subsidiados, ligado directamente al narco (financiamiento ilegal, rutas de tránsito); controles evitan desvíos que alimentan economías ilícitas y violencia.

Previene corrupción en cadenas de suministro de hidrocarburos, sector de alto valor propenso a sobornos y lavado narco.

8.- Delegado en el Comité de Licitaciones de Hidrocarburos, COLH

Participar en las decisiones para gestionar y resolver los procesos licitatorios para la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.

Supervisa licitaciones petroleras/energéticas para prevenir desvíos que financian crimen organizado transnacional, en un contexto de economías ilícitas que escalan homicidios.

Previene corrupción en programas públicos, reduciendo vulnerabilidades al crimen organizado.

9.- Delegado permanente del Presidente ante el Directorio de ENAMI EP

Representa al Presidente en el directorio de la empresa minera estatal ENAMI EP, participando en políticas, gestión de activos y atracción de inversión. (Reincorporación/renovación del rol previo 2024-2025).

Refuerza vigilancia y políticas contra minería ilegal financiada por narco; facilita coordinación para decomisos de minerales ilícitos y debilitamiento de fuentes de financiamiento para crimen organizado/extorsión en zonas mineras.

Promueve minería formal y responsable, reduciendo espacio para explotación ilegal que genera ingresos para redes criminales y violencia territorial en Ecuador.

10.- Presidente de Comité Nacional de Integridad del Sector Minero - CONIM

Coordinar interinstitucionalmente la evaluación de riesgos, oportunidades y la lucha contra la minería ilegal.

Dirige vigilancia/ejecución contra extracción ilegal financiada por narco; base de datos de riesgos ayuda a reprimir fondos que alimentan disputas territoriales y extorsión.

Previene lavado en minería, fortaleciendo integridad sectorial en un Ecuador con economías ilícitas violentas.

11.- Presidente de Consejo Nacional contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas, CONCLAFT

Diseñar y supervisar el Plan Nacional de Acción Estratégico, articulando a las instituciones públicas, organismos de control y seguridad.

Diseña/ejecuta estrategias contra lavado y delitos precedentes del narco; aprueba planes nacionales y coordina para debilitar finanzas que sostienen inseguridad.

Armoniza con estándares GAFI, previniendo que Ecuador sea hub de blanqueo narco.

12.- Delegado en el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, CIAPP

Aprobar la declaratoria de interés público de iniciativas privadas sobre proyectos APP. Autorizar el uso de la modalidad de APP.

Aprueba guías que mitigan corrupción en APP, previniendo infiltración narco en contratos grandes para lavado o financiamiento ilícito en debilidades institucionales.

Asegura transparencia en inversiones vulnerables a lavado narco o infiltración en proyectos clave.


Entonces, bajo esta perspectiva vale preguntarse: ¿Por qué no es parte del bloque de seguridad visible? Porque su rol no es represivo directo ni simbólico; es preventivo y estructural. Mientras el Ministro del Interior y los policías, como el Ministro de Defensa y los militares, muestran capturas, decomisos y megacárceles para calmar la percepción pública, Neira opera en las fases previas: congelando cuentas, remitiendo operaciones inusuales a Fiscalía (USD 1.577 millones detectados en 2025), evaluando riesgos en minería y hidrocarburos, coordinando el Plan Nacional Antilavado 2026-2030. 

Es el que debería cortar el oxígeno financiero al narco antes de que llegue a las calles; pero esa misma acumulación genera la paradoja: si el dinero ilícito de la corrupción sigue fluyendo, si la minería ilegal financia bandas, si los subsidios se desvían y los precursores químicos llegan, ¿Dónde está la falla? La respuesta se diluye entre sus 12 sombreros. 

Nadie es responsable pleno porque todos son responsables parciales.

Fuentes consultadas: 

- Expreso, primicias.ec, Teleamazonas, Ecuavisa, La Contra, El Universo, Connectas, Revista RAYA, Plan V, InSight Crime, Ecuador Chequea y Lupa Media.

- Plataforma oficial de la Presidencia de la República. Sitios institucionales: UAFE.gob.ec, ARCOM.gob.ec, CONCLAFT (informes 2025-2026), ENAMI EP (directorios y políticas). 

- Radio Centro, El Telégrafo y publicación de @JoseJulioNeira en X

Advertencia editorial: Este análisis se redactó bajo el criterio editorial de Raúl A. Zavala - (razmo@gmail.com), consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones políticas, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

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