Con gran expectativa leí un boletín difundido por la Gobernación de Manabí en el que se anunciaba sobre los avances en la provincia "... con compromiso y corresponsabilidad." Pero no fue más que mi destello emocional cuando simplemente me percaté que era una información anecdótica; ninguno de los datos oficiales me dieron certezas y decidí encontrar las falencias que puedan ser públicas.
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| foto: eldiario.ec |
El documento anunciaba que se cumplió una nueva sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana Provincial, presidido por la Gobernadora de Manabí Aurora Valle.
Uno de los datos arrojados da cuenta que "la Prefectura de Manabí y las alcaldías de Portoviejo, Manta, San Vicente, Bolívar, El Carmen, Paján, Rocafuerte, Jama y Bolívar, ya cuentan con su Plan de Seguridad..." y ."que los 13 cantones restantes se encuentran en proceso de formulación de sus respectivos planes, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de los Consejos de Seguridad Ciudadana."
En definitiva no encontré detalles específicos sobre los acuerdos concretos o planes operativos surgidos en la reunión del 4 de julio de 2025, menos aún medidas específicas; siendo más prolijo en mis observaciones tampoco hace estimaciones financieras y menos diferencia espacios urbanos de rurales, a sabiendas que generalmente en estos casos únicamente se analizan lo que ocurre en las ciudades. (Leer el boletín AQUÍ)
Entorno parroquial
Vivo en la zona rural, específicamente en Puerto Cayo, cantón Jipijapa, y justamente cuando empiezo a redactar esta entrada leo en la web oficial de la Municipalidad que "En una importante reunión en la Alcaldía de Jipijapa, junto con los presidentes parroquiales, se discutieron estrategias para combatir la inseguridad en nuestra ciudad." pero resulta que era toda la información específica porque el segundo párrafo no es nada más que una muletilla comunicacional:
"Llegamos a un acuerdo para trabajar juntos en busca de soluciones efectivas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos."
Comentario adicional. Es una irresponsabilidad comunicacional el hecho que frente a la criminalidad y delincuencia que se vive en el cantón y siendo un tema de alto interés ciudadano, no haya puntualizaciones; además, un grave error conceptual: si asistieron los presidentes de las juntas parroquiales ¿Por qué se menciona únicamente de "nuestra ciudad"?
El titular apela a la espectacularidad: "¡Unidos por la seguridad de Jipijapa!" (Revisar en jipijapa.gob.ec)
En fin, queda la tarea de recabar información básica sobre este tema; por ejemplo ¿Qué compromisos asumieron las entidades públicas y los presidentes de las juntas parroquiales? o también ¿Habrá un plan de acción conjunto entre la Municipalidad, las parroquias, y otras instituciones? Esto a pesar que en el listado de la Gobernación aún Jipijapa no tiene listo el plan de seguridad.
Nota: El plan de seguridad que tiene la Prefectura de Manabí se titula: “Plan de Convivencia Ciudadana y Prevención de la Violencia” disponible en versión digital AQUÍ y también queda pendiente analizar su contenido. Otra tarea pendiente.
Las debilidades de Manabí
Pues bien, tomando los aportes en el plan de la Prefectura más la asistencia generativa de Grok y mi experiencia profesional/editorial logré construir vacíos de la información pública que deberíamos conocer los ciudadanos en este conflictivo mundo criminal y delincuencial.
Consideré que un primer y básico panorama es hacer un recorrido por algunos de los componentes de Manabí en cuanto a la seguridad ciudadana y sin entrar en detalles:
1. Ubicación geográfica estratégica para el crimen organizado. La provincia cuenta con una extensa costa de 350 km y puertos clave que son utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, armas, combustible y otras actividades ilícitas; actúa como una "bisagra" para la redistribución de droga hacia otras regiones y mercados internacionales, especialmente Centroamérica y Estados Unidos.
2. Complejidad territorial. La provincia tiene 22 cantones dispersos, una población cercana al millón de habitantes, un parque automotor policial obsoleto, municipalidades con capacidades limitadas para el control territorial, y un sistema vial estatal y rural que dificulta la logística de seguridad; estas características plantean desafíos significativos para implementar un plan integral de seguridad.
3. Desprotección del perfil marino costero. La costa de Manabí, desde Cojimíes hasta Ayampe, carece de suficientes sistemas de monitoreo, como radares costeros, drones marítimos, o patrulleras de la Armada, al igual que facilidades de trabajos preventivos y reactivos que debería realizar la Policía y otros organismos de seguridad. Además, este entorno natural es vulnerable a fenómenos naturales como tsunamis, inundaciones, y erosión costera, exacerbados por el cambio climático y la intervención antrópica, riesgos que dificultan la infraestructura de seguridad y limitan la capacidad de respuesta ante desastres, que se suman a los desafíos para enfrentar la delincuencia. Se exceptúan los operativos especiales en feriados.
4. Desprotección tierra adentro. La desprotección de las zonas rurales tierra adentro constituye otra debilidad crítica del sistema de seguridad ciudadana en la provincia; la baja densidad poblacional y la dispersión dificultan el despliegue de fuerzas policiales, dejando estas áreas con poca o ninguna vigilancia. Estas áreas, caracterizadas por su dispersión geográfica, infraestructura vial precaria, pobreza estructural, y exposición a riesgos naturales, presentan vulnerabilidades que facilitan la delincuencia, abigeato, la extorsión, el microtráfico, la impunidad, y la percepción de inseguridad, considerando la casi inexistente institucionalidad y baja presencia del Estado de manera permanente.
5. Alta concentración de violencia en distritos específicos. La violencia se concentra en los distritos de Manta (que incluye Jaramijó y Montecristi) y Portoviejo, que juntos representan el 68-70% de las muertes violentas (2024). Esta concentración refleja una incapacidad para controlar la violencia en áreas urbanas clave, donde las disputas entre bandas generan asesinatos, extorsiones y ataques armados o, en su defecto, las acciones de la delincuencia común.
6. Bajo índice de resolución de los delitos. Solo el 6,99% de los crímenes registrados en Manabí en 2024 fueron resueltos, lo que indica una alta impunidad; la falta de resolución de casos fomenta la percepción de inseguridad y debilita la confianza en las instituciones, lo que permite a los grupos criminales y delincuenciales operar con mayor libertad. La impunidad también desincentiva a las víctimas a denunciar delitos como la extorsión, que ha aumentado significativamente.
7. Vulnerabilidad socioeconómica. La pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades económicas en Manabí hacen que las comunidades sean vulnerables al reclutamiento por parte de grupos criminales. La pandemia exacerbó estas condiciones, facilitando la expansión de bandas delincuenciales de todo tipo. En este acápite el plan de la Prefectura tiene líneas de acción específicas.
8. Corrupción y debilidad institucional. La corrupción en las fuerzas públicas y el sistema judicial socava los esfuerzos para combatir la delincuencia. La infiltración del crimen organizado en las instituciones debilita la capacidad del Estado para mantener el control territorial y combatir economías ilícitas; consecuentemente, la percepción de corrupción reduce la confianza ciudadana en la Policía y el sistema judicial, dificultando la cooperación en investigaciones. Además, la falta de protección para jueces y fiscales limita la capacidad de procesar a los delincuentes, considerando que este es un escenario en el contexto nacional.
9. Insuficiencia de recursos y estrategias de seguridad. A pesar de intervenciones como el Bloque de Seguridad (policías y militares), los recursos tecnológicos son insuficientes en la provincia para enfrentar y frenar la magnitud de las acciones delictivas. La falta de patrullajes constantes y la percepción de desprotección persisten. En estos temas la ausencia de transparencia genera también incredulidad ciudadana.
10. Personal, infraestructura y equipamiento. Aunque es complicado acceder a datos específicos es observable lo indispensable que es mejorar y ampliar la infraestructura, aumentar los recursos materiales, logísticos y financieros para la seguridad, incluye el fortalecimiento del sistema judicial.
11. Violencia machista y crímenes contra grupos vulnerables. Manabí enfrenta una alta incidencia de violencia machista, incluyendo femicidios, que se suma a la delincuencia común y organizada. Es necesario considerar que la violencia de género, combinada con el sicariato y el narcotráfico, crea un ambiente de inseguridad generalizada que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes, tanto en espacios públicos como privados; al respecto el plan de la Prefectura también aborda esta debilidad.
12. Falta de enfoque investigativo. Aunque se realizan esfuerzos para desarticular bandas en la provincia, la falta de un enfoque investigativo robusto y de cooperación interinstitucional local limita la capacidad de identificar y capturar a los líderes e integrantes de grupos criminales del crimen organizado y "autónomos".
13. Dispersión informativa. La institucionalidad pública provincial no dispone de un un plan articulado e integral de comunicación política como herramienta poderosa en las gestiones contra la inseguridad, lo que impide construir un discurso cohesionado en el contexto urbano o rural que involucre a la ciudadanía y fomente la participación en la prevención del delito. Como una debilidad es posible afirmar que dificulta realizar evaluaciones periódicas para la retroalimentación de la ciudadanía para ajustar, mejorar la efectividad de los mensajes así como de los planes operativos y la impunidad.
A manera de epílogo
Tal vez sea necesario aumentar otros componentes o disgregar algunos de los ya expuestos pero eso ya requeriría de un equipo técnico multidisciplinario, lo que como ciudadano considero es que hace falta más trabajo informativo sobre la realidad que enfrenta la provincia y lo que hasta aquí expuesto es, de una u otra manera, la información que le hizo falta difundir a la Gobernación en este complejo escenario.
Amplió entonces. Es indudable que la reunión del Consejo de Seguridad Provincial celebrada el 4 de julio de 2025 en la Gobernación de Manabí y según el boletín representa un esfuerzo necesario para abordar la grave crisis de inseguridad en esta provincia azotada la persistente amenaza del crimen organizados, la delincuencia común y la impunidad; sin embargo, desde la perspectiva de la transparencia, el manejo y comunicación de este evento ha evidenciando deficiencias que limitan la confianza ciudadana y la efectividad de las medidas propuestas.
Los párrafos se limitan a declaraciones generales sobre “resolver problemáticas sociales” y “articular instituciones”, sin especificar metas concretas, plazos, o asignaciones presupuestarias; tampoco se difunde un informe accesible que detalle los compromisos asumidos, los recursos asignados, o los indicadores de éxito a lo que considero una falla comunicacional crítica.
Otra falla ¿error? que observo es que está centrado en destacar la realización del evento, destacar las palabras de la Gobernadora y del delegado del Ministerio de Gobierno, el resto da la impresión que son personas anónimas relegadas a segundo plano; pero no incluyen canales para retroalimentación ciudadana ni explican cómo se involucrará a la población en las estrategias de seguridad; igualmente, la ausencia de referencias a otros actores locales, como las municipalidades o la Prefectura u otros funcionarios provinciales, sugiere una comunicación centralizada que no refleja la necesaria coordinación interinstitucional.
Sin datos públicos sobre el presupuesto ejecutado, el número de agentes desplegados con las restricciones del caso o los avances en la resolución de crímenes u otros delitos, la ciudadanía queda a ciegas sobre la efectividad de las medidas implementadas.
La transparencia no solo es un acto de comunicación, sino una práctica que requiere publicar métricas verificables, más aún en asuntos en que de por medio está la credibilidad ciudadana, de personas que está afrontando temores y que constantemente son víctima directa o colateral del accionar delincuencial.
Y me voy a permitir una recomendación a quienes corresponda: ¡No se enojen!
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