Seguimos en una espiral que nos lleva a seguir desconfiando del accionar en el sector público, en cada una de las funciones del Estado y en cada uno de los niveles de gobierno. Muchos casos sin resolver y en otros aún en investigaciones. La incredulidad ciudadana prevalece.
Por lo poco que se conoce públicamente, separando la paja del trigo, es poco lo que se hace para arrinconar a los ilícitos contratos en la ejecución de las obras públicas y la prestación de servicios privados a la institucionalidad estatal.
Con este antecedente es conveniente incorporar en este panorama a los actores no-estatales del escenario público, tales como corporaciones empresariales, sector bancario, universidades, ONG´s de distintas índoles, sindicatos, cámaras y otras asociaciones de la sociedad civil, que ejercen un impacto en las instituciones y en las políticas públicas.
Abro el telón, entonces, para dar paso a otras actividades que se cumplen para la generación de políticas públicas y la elaboración de proyectos: el lobby, la gestión de la influencia y los asuntos públicos. Ninguna de estas herramientas lícitas en las relaciones público – privadas son transparentes, a lo sumo se difunde un boletín de prensa con la respectiva foto con personajes sonrientes.
Una primera conclusión: los actores no-gubernamentales tienen un rol crucial en la lucha contra la corrupción, pero que no se evidencia con claridad en la práctica. ¿Trabajamos en la prevención de conflictos de intereses?
Revisemos un ejemplo. El caso Odebrecht lo hemos visto únicamente desde la esfera de lo público, pero casi nada sabemos sobre sus prácticas insanas que condujeron a uno de los grandes escándalos de corrupción en todo el continente americano.
Con las noticias de esta era, también otra muestra, viene preguntarnos el tipo de gestiones privadas que han realizado las farmacéuticas para abastecer al sistema de salud público. ¿Qué tipo de lobby hacen y que estructura tienen para “Asuntos Públicos” para emprender negocios con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador?
Para entender la magnitud del negocio. En el estudio publicado por ICEX España, se asegura que “… para el 2020, se asignaron 3.888 millones de dólares para el sector salud, lo que supone aproximadamente el 12% del Presupuesto General del Estado.”
Según ese documento gubernamental, “El sector se divide en tres grandes grupos: medicamentos, productos de protección personal y equipos médicos y suministros médicos. De ellos, el que tiene un mayor peso sobre la economía ecuatoriana es el mercado farmacéutico, que obtuvo unas ventas de 1.571 millones de dólares en 2019, lo que significó un incremento del 7,8% con respecto a 2018. Se estima que este mercado siga aumentando en esta misma proporción, con una tasa de crecimiento anual alrededor de 7,5% durante el periodo 2018-2023, con la que se proyectan unas ventas de 2.097 millones para el año 2023.”
A esto sumamos las grandes redes de farmacias privadas que también están en este gran mercado para abarcar a los casi 17 millones de personas que constantemente necesitan comprar medicinas y otros insumos médicos.
Además, si empezamos a desglosar, tendríamos cifras bastantes altas destinadas al equipamiento, a la alimentación de pacientes, al mantenimiento de instalaciones en todo el territorio nacional. A eso sumemos los presupuestos del IESS, ISFFA, ISSPOL y Solca.
Luego de estos ejemplos vale aclarar. En esta época, las empresas y organizaciones privadas políticamente fuertes asignan mucho más tiempo y dinero para el lobby ante funcionarios en temas como el comercio, los tipos de interés, los impuestos, la transportación, la seguridad, la vivienda, la puesta en marcha de grandes proyectos y otros asuntos relacionados con la demanda ciudadana.
Pero estos grupos tienen la preocupación constante por tener buenas relaciones con la sociedad civil, por lo que también gastan mucho dinero en acciones de apoyo de manera directa o a través de terceros.
Aunque pensamos en Relaciones Públicas, el tema pasa también por “Asuntos Públicos”, que es la división u oficina privada que ejecuta acciones dirigidas hacia la gestión pública, para la adecuación del marco legal en concordancia con sus fines económicos, gremiales o empresariales.
David Córdova, consultor de asuntos públicos, explica que “el nuevo management es consciente que dada la influencia que las decisiones políticas y regulatorias tienen sobre el valor de su negocio, establecen relaciones estables, se anticipan ante los potenciales cambios jurídicos, participan en los canales de participación que se abren en los procesos de decisión pública y fijan posicionamientos sobre políticas que les afecta.”
Aunque esta intervención es, reitero, lícita, el problema se presenta cuando no existe la transparencia necesaria y estas negociaciones de actores de la política pública se convierte en reuniones para la extorsión, el soborno o el contubernio, que muy pocas veces sale a luz pública.
Un panorama similar se vive en los consejos provinciales, municipalidades y juntas parroquiales.
Los grandes negocios públicos ilícitos son cada vez complejos de ser detectados por la Fiscalía y puedan ser llevados hasta las cortes; lo mismo ocurre en el Legislativo cuando se debate una ley en las comisiones y luego pasa al plenario, tampoco se conoce mucho lo que ocurre con el lobby en la instancia del veto presidencial.
Los comentarios sobre las ilegales negociaciones, en cambio, sí están en el debate público, en las conversaciones de los corredores y una mínima parte se puede publicar en los medios de comunicación social. Aquí es donde empiezan a trabajar las marcas para minimizar los impactos en la credibilidad empresarial, las Relaciones Públicas inician campañas y los funcionarios desaparecen de la escena.
Nos queda entonces un camino para evitar que los recursos del erario nacional se despilfarren: localizar y dar seguimiento a los beneficiarios directos de las leyes y de los contratos, porque en el sector privado también es importante la transparencia de sus Asuntos Públicos.
