Cientos de personas quieren ser asambleístas,
como si ese trabajo fuese únicamente llegar y sentarse en una curul, sin darse
cuenta que existe un eslabón roto en la representación ciudadana. Mi expresión
se sustenta en la baja credibilidad que tiene la ciudadanía en la Función Legislativa.
Evaluar las causas de este descrédito sería
una tarea extensa, pero viene al caso enlistar algunas: corrupción, ausencia de
transparencia, baja calidad del trabajo y síntomas de ineficiencia; al igual
que en todo grupo humano existen excepciones, pocas pero existen, y se ven
opacadas por una mayoría.
El gran malestar es que muchos ciudadanos no
nos sentimos representados en la Asamblea. Tal vez no sea necesario o no hace
falta o no queremos. Quizás ya no nos importa.
Pero es conveniente recordar que los distritos
electorales en Ecuador fueron creados para “acercar” a los funcionarios electos
con la ciudadanía, pero en estos años no es posible evidenciar que tenga
resultados positivos.
Entonces ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia de este “divorcio” entre asambleístas y ciudadanos?
Nuestro sistema republicano está en riesgo. Y
con este escenario nos vamos a las elecciones legislativas con muchos
candidatos que no reúnen requisitos para ejercer las funciones de legislar y
fiscalizar, que son parte de la crítica situación del multipartidismo y
apartidismo que, de alguna manera, repercute sobre la conducta del electorado.
El adecuado y eficiente funcionamiento del
Estado no es posible sin la existencia de una legislatura que sea capaz de
entender y poner en agenda las demandas ciudadanas para evaluarlas y generar un
marco jurídico alejado de los privilegios y los claros intereses del crimen
organizado así como del narco.
Sin miedo a equivocarme aseguro que la
desconexión entre las llamadas organizaciones políticas y el electorado es un
círculo vicioso, en el cual los desencantados electores otorgamos nuestro voto
al mejor postor y que buena parte de la población parece no entrar en conflicto
alguno frente a lo que será el nuevo periodo legislativo.
Lo explicado me lleva a preguntarme: ¿Cómo
caracterizar la relación entre asambleístas y los ciudadanos? Ya habrá especio
para desarrollar la respuesta cuando tengamos los resultados de la conformación
de la Asamblea en mayo del 2021.
Anotemos otro motivo para la desconexión
legislativa: nadie evalúa los resultados de los trabajos, poco conocemos sobre
sus aportes en las distintas comisiones, no se cuenta la foto con un incipiente
texto en redes sociales. Las explicaciones de los asambleístas en medios de
comunicación son una oda a su perfección y la crítica a los otros; esta última
es un llamado de atención a quienes hacemos periodismo para que cambiemos las
preguntas.
Puedo en este punto establecer otra de las
anomalías electorales que provocan daños legislativos: inexistencia de una
evaluación de aptitudes, actitudes y psiquiátricas para desempeñar el cargo de
asambleísta. Lo que dicta la norma es que deben cumplirse ciertos requisitos de
índole tramitológico y partidista; en otras palabras, los mismos asambleístas
se hicieron una ley para que esté ausente la prevalencia de la calidad de
conocimientos.
Por otro lado está nuestra incapacidad ciudadana
para hacer control social a los asambleístas porque tampoco sus mecanismos de
transparencia son herramientas útiles para verificar la calidad en el
cumplimiento de sus funciones. Ejemplos: pedir información no es fiscalización,
no justifican sus errores de fondo y forma en los proyectos de ley que
presentan individualmente.
La gran ola de anomalías en la administración
pública tanto en el Gobierno central como en las prefecturas, municipalidades y
juntas parroquiales, está a la vista con la aprobación de 34 informes que
contienen indicios de Responsabilidad Penal por infracciones legales
encontradas, en al menos 287 acciones de control ejecutadas en el marco de la
emergencia sanitaria; otros procesos se cumplen en el sector de la seguridad y
de las compras públicas.
El caso emblemático en el 2020 es el de la
“repartición de hospitales” que aún está en el limbo jurídico, pero que tuvo su
clímax con la sentencia a Daniel Mendoza por liderar una banda de delincuentes
que se apropiaron de los recursos para la construcción del hospital para
Pedernales.
Para salir al paso de esta incredulidad
ciudadana, en la Asamblea se crea un Comité de Ética encargado de investigar
las denuncias contra los legisladores. Otro tema que implicaría profundos
análisis pero por ahora ¿Qué hubiese pasado si los asambleístas cumplían
eficientemente su labor de fiscalizar? Con estos antecedentes 38 de ellos
buscan la reelección.
La fiscalización será el desafío más difícil que
tendrán quienes conformen la próxima Asamblea si es que no caen las redes de la
corrupción administrativa y política. También tendrán en sus manos la urgente
necesidad de reformar leyes que se volvieron un problema social, tal vez no
mucho el “hacer” nuevas; incluye evaluar el cumplimiento de otros cuerpos legales.
Los recientes escenarios sociales obligarán a que
dichos funcionarios encuentren el justo equilibrio en la fragmentación de las
identidades, pero también enfrentar las alteraciones y crisis en la
comunicación política, además de vigilar el espacio público virtual desde donde
se promociona a ministros con el disfraz de información institucional y a
emitir información pública sin sustento.
Los candidatos o buenos o malos ya están
inscritos y 137 serán electos como asambleístas principales y con sus alternos.
Entonces desde ese momento debería empezar la gestión ciudadana para
controlarlos, para no dejar que su ego se eleve al punto de sentirse semidioses
intocables.
Debemos ser nosotros, los votantes, quienes
estamos en la obligación de contrarrestar la desconexión legislativa pero no
para sentirnos representados, sino para evitar que los funcionarios corrompan
más a la institucionalidad e impedir que la República del Ecuador siga en manos
del crimen organizado y el narco.
