Por miedo real o por percepción o por mala experiencia, los ecuatorianos miramos en la delincuencia y criminalidad nuestra mayor amenas, sintiendo la indefensión en toda se magnitud; pero existen algunas soluciones que parecen no estar adecuadamente sustentadas.
Punto de partida: la seguridad ciudadana es un bien público que debe ser garantizada por el Estado a la que tiene derecho cada ciudadano, que también le compete a las autoridades locales y a la sociedad civil. Pero es presumible que los delincuentes y criminales ya se han apropiado de ese bien público.
Con esto, en mi cuenta Twitter (X) hice unos planteamientos nacidos al momento de leer el análisis constitucional de Verónica Hernández, así como los anexos, y me di cuenta de una ausencia de costos en los argumentos del presidente Daniel Noboa para llamar a consulta popular; voy entonces a hilar y aumentar mis apreciaciones que guiadas por:
"No hay una correlación evidente de que gastar más en seguridad pública haya menos criminalidad". Laura Jaitma.
Escribí, entonces, este tuit con referencia al Ecuador: que aumente el presupuesto gubernamental para la Policía no significa que se está invirtiendo en seguridad, sin descuidar otro antecedente:
Estas cifras complementadas con los costos financieros que implican los asesinatos, tendríamos otro panorama aún más desolador. https://t.co/5rexa5X5ER
— Raul Zavala (@Zavala_Ra) January 7, 2024
Y fui al tema central. En los anexos de sustento a las preguntas de Daniel Noboa no hay ningún análisis financiero ni económico sobre los costos de la criminalidad. Es como si el Gobierno no supiera lo que gasta en "seguridad".
Según la Policía en el Ecuador se reportaron durante el 2023 unas 7.592 muertes violentas. ¿Cómo podemos hacer un "desglose contable" de los costos que implican esa cifra? ¿Podemos calcular la rentabilidad de las intervenciones policiales, fiscales y de salud al momento de intervenir en la prevención del crimen y post crimen?
¿Por qué en los anexos de la Consulta Popular no existen referencias sobre las posibles pérdidas públicas y privadas causadas por la actividad criminal y la violencia social?
De pronto si le damos un enfoque de salud se podría ampliar mucho más el impacto de la criminalidad. Por ejemplo: los costos físicos y emocionales de las víctimas, bien sean como individuos, como empresas o en el sector público.
Casi seguro que un especialista en políticas de salud habría preguntado: "Señor Presidente ¿Por qué no están consignados los costos de la atención médica a victimas y victimarios? Tal vez le habría recomendado: debería incluirse los costos de los daños emocionales como parte de la salud pública.
Pero reviso también el otro lado y la misma pregunta: ¿Cuáles son los costos en seguridad privada que están incurriendo las familias, las empresas y la misma institucionalidad pública de Ecuador? Otra: ¿Cuál es aumento de ventas en las industria de la seguridad privada? ¿Y en el sistema sanitario privado?
También existe otro dato ausente en los anexos en mención: impactos políticos en la institucionalidad por lo que percibimos las personas que tenemos miedo a convertirnos en víctimas del crimen y la delincuencia.
Tampoco encuentro en los anexos datos sobre las opciones para enfrentar la violencia juvenil, considerando que es un gobierno que políticamente se sustenta en los jóvenes; por tanto me di la licencia de hacer un recomendación no solicitada a Daniel Noboa: tal vez en lugar de gastar en dos nueva cárceles de máxima seguridad podría armar un proyecto para contrarrestar la violencia juvenil y planes de rehabilitación social juvenil.
Realmente me también me sorprende que no haya incluido datos sobre uno de los orígenes de la violencia en Ecuador: urbanización rápida e incontrolada; es decir, las consecuencias por la falta de control territorial como una responsabilidad municipal. Con esto también habría que mirar a los alcaldes y concejales (actuales y anteriores) como los corresponsables de que ahora vivamos subyugados a los delincuentes legales e ilegales.
En síntesis:
"Una buena política de seguridad ciudadana ayudaría a equilibrar las finanzas públicas y a reducir los costos de los productos." Fernando Carrión (2007)
Con todo esto, considero que el Gobierno de Ecuador desconoce el costo del desvío de recursos de actividades productivas y proyectos públicos hacia el combate del crimen y el delito.
Así que bien puedo concluir que el Gobierno presidido por Daniel Noboa no sabe cómo disminuir la criminalidad y los delitos porque no posee datos duros ni relatos humanos; también que el Plan Fénix tiene mas de ficción que de política pública. Por tanto; este mundo de violencia en el país no es un asunto ni de héroes ni de villanos, ni de tuiteros ni tiktokeros, menos de influencers, peor de funcionarios mediáticos.
Otras referencias:
- Comentario: Me faltan datos financieros sobre la consulta (AQUÍ)
- Cambios en la política de seguridad pública AQUÍ
- Trabajo de policías con militares depende de la Corte Constitucional AQUÍ
- Evidencias de la «Narco-metástasis» del sistema judicial AQUÍ
----------------------------
Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala
