Durante la reunión de trabajo pública entre Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, y Luis Gencón, alcalde de Jipijapa, los vecinos de la Cdla. Antonio de Vallejo en Puerto Cayo pidieron nuevamente y de manera verbal a la autoridad cantonal que por favor se hagan gestiones para salvar la playa colindante al malecón.
Funcionarios municipales durante la inspección en la playa de Puerto Cayo
La actividad en mención se cumplió el martes 20 de diciembre de 2022 y en la que el Prefecto informó los resultados de los convenios suscritos en favor de la zona rural de Jipijapa y en especial la culminación de un curso para artesanas y la culminación dela pavimentación del sector sur del malecón en Puerto Cayo.
Raúl Zavala, miembro de la junta de vecinos explicó al Alcalde brevemente lo que estaba ocurriendo con la basura, el desorden, el uso de la playa para tráfico vehicular y los olores a letrina, ante el pedido, Luis Gencón dispuso para que el Director Municipal de Obras Públicas Bosco Intriago organizará una comisión de funcionarios para que inspeccionen el lugar y puedan tomarse las acciones correctivas.
Intervención del Prefecto durante la reunión en Puerto Cayo, junto a él Luis Gencón alcalde de Jipijpa.
Conforme las disposiciones del Alcalde, el reconocimiento a la playa se cumplió a mediodía del jueves 22 de diciembre, la comitiva estuvo conformada por la Comisaria de Espacios Públicos Gisella Moreira, como jefe de equipo, además de Lourdes Chele, directora de Gestión de Riesgos, así como otros funcionarios de distintas áreas.
Aproximadamente durante una hora Washington Orlando y Raúl Zavala, presidente y secretario respectivamente de la junta de vecinos, guiaron a los funcionarios por la playa, desde lo que es la plazoleta del malecón hasta lo que es la tercera entrada vehicular al sur de la infraestructura. Paso a paso los ciudadanos fueron mostrando las huellas de daños y contaminación, de anomalías constructivas y lo que genera mala imagen a este espacio marino costero.
Durante esta inspección se les explicó sobre la toma de la playa y los daños provocados con la ilegal creación de una calle paralela al malecón, se les hizo notar el desorden de las lanchas pesqueras sobre la playa, además de aquellas que tienen claras evidencias de no estar operativas, y la basura acumulada en el entorno; además de las huellas sobre trabajos de reparación naval, así como la ausencia del respectivo retiro que se exige para estos casos.
En cuanto a la gasolinera que existe se les informó sobre la situación de riesgo y que se había cumplido una gestión ante el Ministerio de Ambiente para determinar si las obras constructivas y adecuaciones disponían de los respectivos informes y que se había recibido respuesta indicando que no existían anomalías de preocupación.
Calle en la playa de Puerto Cayo (23.12.2022)
Al percatarse de ciertas obras constructivas en la playa y de las se desconocía quienes eran los responsables, la Comisaria pidió que de ser posible se tomarán fotos o vídeos para evidenciar el problema y actuar, ante lo cual se le dijo que en el chat vecinal, en que estaba incluidas funcionarias municipales, se informaba al respecto pero que nunca generaron una reacción institucional, por lo que se abandonó esa práctica; sin embargo, Raúl Zavala le expuso que muchas de esas evidencias estaban publicadas en su canal de Youtube y que se podrían tomar como parte de los antecedentes.
Durante cada evidencia mostrada, los funcionarios analizaron y comentaron sobre lo observado, sobre las probables responsabilidades de actuación tanto de otras áreas municipales, como de la Junta Parroquial Rural de Puerto Cayo. De igual manera se consultó con el personal del Retén Naval sobre las acciones que se realizan para coadyuvar en el mantenimiento del orden con las embarcaciones, a lo cual el Infante de Marina reitero las que son sus obligaciones legales y que las ejecuta cuando el caso lo amerita con el Presidente del GAD Parroquial, pero que mediante un oficio es posible ampliar el rango de trabajo.
Aquí se mencionó que tiempo atrás se había llegado a un acuerdo con los pescadores con lo cual inició una reorganización y control de las lanchas, pero que finalmente no se dio seguimiento y el trabajo quedo suspendido.
Al final del recorrido los delegados municipales generaron una agenda de trabajo previa a manera de memoria para orientar el trabajo, además se pidió a los representantes vecinales la necesidad de que se emita un oficio con el respectivo pedido, de tal manera exista un mayor sustento sobre lo actuado. A esto se les informó que existe ya el oficio que ha sido ingresado por los canales respectivos a la Municipalidad, entre otros trámites que se han realizado.
Los vecinos informaron que desde hace más de dos años ya se ingresó un oficio planteando los problemas evidenciados y que no existió ninguna respuesta, pero se comprometieron a remitir el enlace del lugar en que están los documentos publicados.
La inspección se dio por concluida sin que de por medio quede establecido ningún compromiso institucional para con los dos miembros de la junta de vecinos.
Siempre es complejo narrar historias o contar sobre cómo se vive en Puerto Cayo, al sur de Manabí, una población rural que va de la montaña al mar, pero alejada de los proyectos para el bienestar social; en la que convivimos agricultores y pescadores, comerciantes y empresarios, jubilados, empleados, vacacionistas y migrantes tanto ecuatorianos como extranjeros.
Mucho se podría hablar de su belleza paisajística, de la playa como su principal atractivo turístico, de los discursos oficiales que ilusionan o del patriotismo que emana desde la ciudad de Jipijapa; pero mucho más se puede contar sobre las ausencias que impiden tener un entorno de seguridad integral.
Esta crónica la podría empezar el día 1 allá por el 2018, pero lo ocurrido el viernes 2 de diciembre del 2022, me hizo concluir que no existe decisión política para implementar procesos de desarrollo ni interés en aportar a la seguridad integral de quienes vivimos en esta parroquia. Y este es apenas uno de los casos.
Bien vale aportar que existe una especie de mito respecto al turismo y que hace ver a Puerto Cayo como un destino, pero es mucho más que la playa y la pesca; esta es una historia que merece contarla en un capítulo aparte; al igual que el accionar de la Municipalidad, la Junta Parroquial y el Consejo Provincial.
El asunto es que ese viernes llegué hasta la Gobernación de Manabí para dar seguimiento a una solicitud de apoyo para que se realice un mantenimiento integral de la Unidad de Policía Comunitaria en Puerto Cayo, una gestión impulsada por la junta de vecinos de la ciudadela Antonio de Vallejo, como parte de organización social de Puerto Cayo, y resulta que se me indicó que aún no había respuesta porque a quien se le había delegado las gestiones tampoco lo había contestado. Hasta ahí lo común de todo trámite.
El detalle es que lo iniciamos el 25 de octubre del 2018 cuando entregamos un oficio dirigido al Gobernador de aquel entonces Xavier Santos, solicitando que interpusiera sus buenos oficios ante las instancias correspondientes para generar un trabajo orientado a dar seguridad a la parroquia e indicado que se habían iniciado gestiones pidiendo el arreglo de la UPC.
Copia del inicio del trámite.
Tal como se acostumbra en estos casos, el trámite fue delegado a la Intendencia de Policía y no me fue posible acceder a más información, pues se me indicó que debía esperar hasta que se genere la información y se conteste al Gobernador, para que este a su vez nos responda. Pero llegó el cambio de funcionario y asumió Tito Nilton Mendoza, quien llegó hasta Puerto Cayo para escuchar y decirnos que se tomarán las acciones conforme las competencias constitucionales.
Época de la post gran cuarentena, 1 de septiembre de 2020, en una reunión general en el parque central de Puerto Cayo, el Gobernador asumió compromisos verbales para con la parroquia y entre ellos con lo que se había solicitado en el 2018. Personalmente le expuse la situación y su respuesta quedó grabada:
Vino entonces el cambio de Gobierno, asume como gobernador Juan Francisco Núñez y me tocó “refrescar” el trámite, pues funcionarios me indicaron que como había cambios era necesario que volviese a presentar otro oficio; dije en aquella ocasión que nuestro pedido como Comité no era a la persona sino a la institución la cual no había cambiado.
Aclaración. En esta crónica escribo indistintamente entre una narración personal y una colectiva, porque en mi calidad de Secretario del Comité de Desarrollo Comunitario de la Cdla. Antonio de Vallejo, he realizado este tipo gestiones en la ciudad de Portoviejo, centro político de Manabí, y muchos los oficios lo hemos firmado conjuntamente con el Presidente Washington Orlando.
"Refrescamiento" del trámite en la Gobernación de Manabí
El 7 de junio del 2021 entregamos un nuevo oficio de seguimiento y en el que informamos sobre el trámite iniciado años atrás, que las gestiones realizadas no habían logrado trascender y que se había identificado una especie de incomunicación entre el Teniente Político y la Jefe Político; también la baja capacidad de respuesta de la Policía Nacional más por situaciones del número de personal asignado a Puerto Cayo como por aspectos de movilización y logísticos. Y claro, los inconvenientes del UPC.
En un siguiente paso para conocer lo que había ocurrido con el documento, accedí a la nueva delegación realizada el 15 de junio hacia el Intendente de Policía y al Comandante de la Zona No. 4 de la Policía Nacional. Con estos datos oficiamos a las dos instancias pidiendo respuestas, del Comando Policial no las hay hasta ahora, que incluye a las gestiones directas realizadas en el Comando de Jipijapa (en los siguientes párrafos comentaré los cambios en las acciones de los agentes).
Del Intendente conocimos que había delegado al Comisario Nacional de Policía del Cantón Jipijapa, quien nos convocó a una reunión para el 2 de junio del 2022 en dicha ciudad; allí estuvimos y volvimos a expresar nuestras preocupaciones en cuanto a la seguridad; estuvieron presentes los delegados de la Policía, de la Armada, del GAD Parroquial y otros funcionarios gubernamentales.
Luego de exponer los antecedentes, las reiteradas reuniones que se han tenido en la misma línea y el malestar por la falta de respuestas, como miembros del Comité supimos que recién se había activado el Consejo Cantonal de Seguridad de Jipijapa, a pesar que la ordenanza se había emitido meses atrás, y que se estaba estructurando el plan de seguridad. Pedimos ser incluidos en esta instancia y claro: quedó en nada. Tiempo después accedí al plan y vi que era una lista de pedidos (motivo de otro análisis).
Buen reinicio sin resultados
De todas formas, de la reunión con el Comisario, se acordó entre otros asuntos, tener una asamblea ciudadana en Puerto Cayo para volver a exponer el escenario institucional; pero como información complementaria también se decidió de manera verbal que:
•Se dará seguimiento al ordenamiento de la playa en el sector de la Ciudadela.
•La Jefe Político de Puerto Cayo realizará un protocolo de comunicación para casos de emergencia.
•El arreglo y mantenimiento del UPC se podría cumplir luego que el mando policial así lo decida. Mediante oficio ya se pidió al Comando Zonal de Manabí que se realicen las gestiones del caso.
•El jefe de Policía dará instrucciones para que se mejoren entre los policías de turno y los ciudadanos mediante el chat creado para el efecto.
La asamblea ciudadana se cumplió el sábado 11 de junio de 2022. Nuevamente y de manera reiterada se expuso las vulnerabilidades de Puerto Cayo, desde la situación compleja del Centro de Salud hasta los riegos que significaba la ausencia de mantenimiento vial; allí también aseguramos del valor estratégico que tiene el tener una UPC en buenas condiciones, pero también les explicamos a los funcionarios el análisis de riesgos que se había elaborado años atrás y que relativamente eran mínimos los cambios. A esta asamblea asistieron funcionarios municipales, entre ellos el concejal Johnny Tagle, quien también tiene el encargo de presidir el Consejo cantonal de seguridad.
Como otra gestión más se le entregó al Comisario un nuevo oficio planteando nuestras propuestas como Ciudadela y que bien podría servir de ejemplo para que otras organizaciones barriales inicien sus acciones en pro de la sana convivencia. Al final de la reunión se nos indicó que los acuerdos y acciones a ejecutarse sería presentadas al Intendente, quien a su vez informaría al Gobernador para que tengamos una respuesta oficial.
Un asunto es claro con quienes vivimos en la ciudadela Antonio de Vallejo: debemos cuidar a quienes cuidan de nosotros, en este caso los policías que prestan sus servicios en Puerto Cayo, esto empieza con que tenga un lugar seguro y comodidades básicas mientras están de servicio indistintamente pero las 24 horas de los siete días, según los procedimientos establecidos para el efecto en cuanto a rondas y horarios.
Y, tal como lo mencioné anteriormente, el viernes 2 de diciembre pasado se me indicó que ya se estaba pidiendo el informe al Comisario para dar seguimiento a lo dispuesto por el Gobernador y tener una respuesta por escrito; en otras palabras, significa que tocará hacer nuevas averiguaciones en las siguientes semanas.
Esta narración está centrada en los aspectos de buscar respuestas de los funcionarios por escrito y existe una razón: en la gestión pública lo que no está en papeles no existe, las palabras oficiales no sirven para dar seguimiento a los pedidos de solución de problemas.
El servicio de los policías
La Unidad de Policía Comunitaria en Puerto Cayo empezó a funcionar oficialmente el 31 de enero de 2013, luego de solucionar algunas complicaciones con el contratista. Con el pasar de los años, sus instalaciones se fueron deteriorando al igual que su equipamiento. No viene al caso, por ahora, exponer lo que tuvo al inicio este cuartel policial, pero si es válido indicar que únicamente existe un patrullero para cubrir la cabecera parroquial y los recintos.
Durante las reuniones se ha podido conocer que están asignados nueve uniformados, por cada turno existen dos policías para patrullar y uno que atiende asuntos administrativos en el UPC, más uno que se encuentra de reserva. El resto del personal sale franco. Para feriados y eventos especiales se incorporan refuerzos.
A pesar de los problemas operativos, logísticos y administrativos, los policías han logrado estructurar un sistema para atender los distintos llamados de emergencia, para realizar patrullajes y cumplir con las otras tareas asignadas por el mando institucional; Una de las actividades que han servido es la incorporación de los agentes a los chats comunitarios. Por ello de una u otra forma también reciben apoyo de los vecinos y otras organizaciones locales.
Lo cierto es que en los casos en que se presenten más de dos pedidos de asistencia por seguridad, la situación se complica, basta con mirar el mapa de Puerto Cayo y hacer los correspondientes cálculos de movilización.
Otro de los problemas relacionados con la inseguridad es con los consumidores, pues venden artículos robados para comprar drogas y es poco lo que puede hacer el Ministerio de Salud en estos temas que son de su responsabilidad, pero la reacción ciudadana es con pedidos de mayor intervención policial.
La población crece en Puerto Cayo al igual que las complicaciones relacionadas con la seguridad pública, nuevos proyectos urbanísticos están en ejecución; quizás estén haciendo falta más policías y eso lo sabe el mando, tal vez sea información reservada. Nadie informa nada.
Tomar aliento y seguir
Los vecinos de la ciudadela Antonio de Vallejo estamos convencidos que ante el escenario que se avizora no podemos ser reactivos, sabemos que debemos ser proactivos a pesar de las trabas institucionales o la falta de decisiones políticas.
El caso aquí narrado con el pedido para el arreglo de la UPC es uno de los tantos casos que existen en Puerto Cayo, pero a cada uno hay que analizarlo individualmente, aunque a la final están interconectados y son parte del todo.
La atomización y desarticulación institucional es un mal que impacta en la calidad de vida de nosotros los ciudadanos, que tenemos como lugar de residencia a este emblemático y centenario poblado rural de la costa ecuatoriana.
¿O será de esperar que "pase algo" para que se tomen recién las medidas correctivas?
Referencias e información complementaria
Primer análisis situacional: Nueve problemas de inseguridad enfrentan vecinos de la Cdla. Antonio de Vallejo, de Puerto Cayo. Leer la nota completa que incluye memoria de la reunión AQUÍ
En la ciudadela Antonio de Vallejo, Puerto Cayo, de una u otra forma hemos sido víctimas de los robos y asaltos, también conocemos que vivimos en una zona vulnerable por las limitaciones del sector público y que no existe un plan de seguridad, aunque sí acciones policiales. (Leer más en la nota: Es un largo camino para sentir seguridad en Puerto Cayo)
Contenido del oficio entregado a Yandry Aguayo Mendoza, en su calidad de Comisario nacional de policía del cantón Jipijapa. Leer AQUÍ
Como parte del proceso para evitar que los delitos se conviertan en graves problemas para Puerto Cayo, el 11 de junio de 2022 funcionarios de Gobierno, la Municipalidad de Jipijapa y de la Junta Parroquial, explicaron ante un grupo de ciudadanos el proceso de planificación que se encuentra ejecutando el Consejo de Seguridad Cantonal. Leer la nota completa AQUÍ
Oficio entregado al Mayor de Policía Xavier Aguirre, Jefe policial distrito Jipijapa. Leer AQUÍ
Puerto Cayo está en los planes de seguridad del Gobierno. Entrevista del 12 de diciembre de 2019 con Xavier Santos, Gobernador de Manabí en aquella fecha. Leer AQUÍ
A pesar que se puso sobre el escenario el problema que general el consumo y microtráfico de drogas en Puerto Cayo, el Intendente pidió que ese tema no se tratará en esa reunión, asegurando que estábamos allí para proponer acciones de seguridad. Publicado en la nota del 2018: Gobierno nos pide ayuda para combatir a la delincuencia
11 de noviembre del 2006 - Fue inaugurado un calabozo en el retén policial de Puerto Cayo, por gestiones del suboficial Galo Vélez, quien está al frente de la unidad de Policía comunitaria, UPC. Leer la nota AQUÍ
Puesta en servicios de UPC en Manabí, 31 de enero del 2013, entre ellos el de Puerto Cayo. Leer la información oficial AQUÍ
06 de abril de 2012 - Una de esas edificaciones, la de Jipijapa, entrará a funcionar desde este lunes, pero las de las parroquias Pedro Pablo Gómez, Julcuy, Membrillal y Puerto Cayo y de la comuna Sancán no han sido terminadas. Leer la nota AQUÍ
16 Abril 2012 - La reactivación de los trabajos en las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que están paralizados en Pedro Pablo Gómez, Sancán, Julcuy, Membrillal y Puerto Cayo, y la construcción de otras tres en ése cantón la hará el ICO. Leer la nota AQUÍ
Nota de coyuntura del 28 Nov. 2022: El ministro del Interior, Juan Zapata, avanzó este lunes que se prevé la firma de un acuerdo ministerial para declarar en emergencia al Ministerio del Interior y a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) con el objetivo de intervenir en infraestructura y adquirir municiones. Leer información AQUÍ
Tito Nilton Mendoza, gobernador de Manabí, cumplió agenda en Puerto Cayo el 1 de septiembre de 2020, para establecer un proceso de solución a problemas relacionados con las competencias del Gobierno central. Sus declaraciones:
Ojalá pudiese llegar hasta Puerto Cayo o pedir algún informe porque no se ha dado mantenimiento al UPC, como trámites llevamos 4 años pero los daños ya llevan más de 6. Se han hecho los trámites del caso y sin respuesta. Un alcance a lo mencionado: https://t.co/JANvDiupLV
Por una serie de informaciones que circulan en muchos espacios de discusión pública permiten deducir que existen problemas al interior del Palacio de Gobierno y las consecuencias se han convertido en noticias mediáticas, asunto preocupante que bien vale ponerlo sobre el tablero para ver con más claridad el panorama.
Un primer aspecto, para el gran público es desconocido el método que se usa para controlar el trabajo de los ministros; otro, es que no se ha logrado establecer una conexión comunicacional de la gestión presidencial con la generalidad de los ciudadanos. Y uno más que es gravitante: la sensación de que no se están solucionando los problemas de la gente.
Antes de entrar en detalles es conveniente dejar constancia que la gestión gubernamental depende en sumo grado de las acciones que ejecuten los ministros y la calidad de la información que hacen llegar a la Presidencia para la toma de decisiones, un proceso que está en el marco de lo reservado y del misterio.
Es claro y verificable que en Carondelet tuvieron una crisis comunicacional que obligó a realizar cambios sobre la marcha, empezando con el funcionario responsable de aquella estratégica área; lo cierto es que fue pública la necesidad gubernamental de ampliar más su espectro de relaciones públicas bajo el criterio de “más buenas noticias”.
En este escenario es pertinente indicar que la fuerza blanda que dispone el sector público del Ejecutivo es inmensurable, sobre todo en el campo de las redes sociales virtuales. Y únicamente para tener un cálculo aproximado: son 26 instituciones entre ministerios y secretarías, la mayoría de ellas con oficinas en cada una de las provincias y cada una con cuentas en las distintas plataformas; además, que cada funcionario de ese nivel tiene sus propios perfiles.
En un breve cálculo es posible asegurar que más de 1.200 cuentas movilizan información diaria en al menos cinco plataformas. Sumemos a ello los posteos que hacen los funcionarios de segundo nivel y las constantes intervenciones que hacen en un sinnúmero de medios de comunicación on line y off line. ¿Entonces por qué existe una brecha entre lo que hace el Gobierno y lo que la gente conoce?
Mi respuesta. Porque la institucionalidad no informa sobre soluciones a los problemas de la gente y lo que hace es promocionar a los funcionarios; también porque sus procesos administrativos distan mucho de ser transparentes y las anomalías detectadas por un sector de la prensa devienen en los llamados escándalos políticos. Podría decir que existe un alto nivel de incredulidad ciudadana.
Acotación. Cuando menciono “la gente” me refiero a los ciudadanos en general, de distintos estratos socio-económicos y culturales, tanto urbanos como rurales, que están en las distintas regiones de Ecuador, pero por obvias razones excluyo a los funcionarios de alto nivel que hacen uso del poder político.
Pues bien, el asunto radica en lo que la gente mira los llamados problemas nacionales y los convierte en problemas personales al ver amenazada su estabilidad financiera y su tranquilidad familiar; por su parte el Gobierno convierte a los problemas de Carondelt en problemas nacionales con unas claras intenciones de mantener a flote su proyecto político y sostener la mayor cantidad de tiempo los niveles de gobernabilidad.
Y así, en la práctica, termina este 2022 y el 2023 nos espera con la puesta en marcha de una solución que parece nacida en las entrañas de los análisis políticos unidimensionales: el referéndum y consulta popular; además de los cambios en los gobiernos locales con lo que se abre otro frente.
Queda entonces pensar la manera en que la gente pueda informar a Carondelet sus reales problemas, sin tener que pasar por los ministros o las menciones en las cuentas de redes sociales virtuales.
Uno de los paisajes que se están haciendo comunes en las ciudades de Ecuador es el de la deforestación. De manera seguida se reportan bien a través de ciudadanos como de medios de comunicación sobre la tala de árboles, se emiten comunicados indicando que era necesario y se argumenta sin soporte una serie de justificaciones.
Foto tomada el 2 de noviembre de 2022 en Jipijapa
Creo que en las ciudades es donde menos se cuida a los árboles y bajo los errados criterios en los proyectos de "regeneración urbana" en que uno de los objetivos es justamente dar más espacio al cemento, al menos eso es lo que parece, o de poner palmeras.
A qué viene esto, pues el 29 de enero del 2022 me enteré por una publicación que en la ciudad de Jipijapa unos grandes árboles había sido talados, los que se encontraban frente al Hospital del IESS en la Av. Alejo Lascano. En un primer reporte del medio JipiTV se indico que ante el requerimiento de información se debían hacer en la Dirección Zonal localizada en Portoviejo.
Por su parte "El noticiero Jipijapa" informa sobre el hecho pero además incluye copias del informe técnico elaborado por Oscar Zambrano Pibaque, Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad, según una orden administrativa emitida el 27 de octubre de 2022 por el también funcionario municipal Leonardo Aguilar, director de Sanidad, Residuos Sólidos y Ambiente.
La nota del mencionado medio asegura los árboles representaban un riesgo por lo que se recomendó talarlos y que uno de los compromisos es la respectiva reforestación en la ciudad, con árboles donados por el IEES Jipijapa y sembrados por su personal.
El informe municipal publicado en "El noticiero Jipijapa" lo puede descargar AQUÍ en vista que en el sitio oficial no ha sido posible encontrarlo.
El 1 de noviembre de 2022 en el medio virtual “La prensa de Jipijapa” expone que según la información recibida se hizo la consulta al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y que con la respectiva autorización, se procedió a la tala de árboles en la acera de la parte frontal del Centro Quirúrgico-Hospital del Dia Dr. David Morán.
Foto tomada el 2 de noviembre de 2022 y en que no es posible observar seguridad la movilidad de los peatones.
Uno de los argumentos es que obstaculizaban el libre ingreso y habría ocasionado a más del levantamiento de parte de la acera y cinta gotera-bordillo, accidentes a personas mayores y con discapacidad; a estas circunstancias se habría unido la inclinación del cerramiento perimetral.
Para solucionar estos llamados problemas, para la obra se contrató Ing. Eduardo Parrales de tal manera de facilitar el libre acceso de los pacientes a esta unidad médica, los trabajos incluyen rampas con barandas y también en su interior un techado de protección climática. (Fuente: La Prensa en Facebook)
Pero este hecho sobre la tala de árboles para "mejorar" tiene una réplica en la parroquia rural Puerto Cayo, pues en la regeneración del parque localizado en la Cdla. Antonio de Vallejo, sector del nuevo malecón, la obra incluyó cortar tres que hacían sombra en una pequeña tribuna.
Acá en Puerto Cayo #Jipijapa la remodelación del parque le costó la vida al menos a tres árboles. En la obra del malecón fueron como 15. pic.twitter.com/buCt8xgGvs
El 1 de noviembre de 2022, desde la Prefectura de Manabí, gestora de la obra, se publicó una foto tomada desde un dron y en la que es posible advertir la ausencia de árboles, como un elemento fundamental de la infraestructura verde y de protección para quienes hacen uso de este parque.
Un asunto parecido ocurrió con los árboles del antiguo malecón, pues los talaron para ser reemplazados por palmeras en el nuevo.
De regreso al tema en la ciudad de Jipijapa. El hospital del IESS funciona desde el 1970 y en 1980 se realiza la primera remodelación, de la información disponible es posible deducir que no se consideraron los aspectos relacionados con la presencia de los árboles; es decir, durante casi 52 años ninguno de los administradores de este edificio se percataron de los supuestos inconvenientes que representaban estos recursos ambientales.
Foto publicada por eldiario.ec en noviembre del 2016
En este punto retomo lo publicado por @arboles_magicos: "Si se rompe la acera no es culpa del árbol sino del deficiente diseño del perfil. La infraestructura verde debe planificarse y construirse desde el principio, como la gris. Nadie diseña una acera sin pensar en las canalizaciones o los servicios; ¿Por qué no piensan en los arboles?"
Foto tomada el 2 de noviembre de 2022.
Y eso es justamente lo que ocurrió con el plan de remodelación preparado en el 2013 ni tampoco en otras intervenciones realizadas desde esa fecha, existen indicaciones sobre los accesos y veredas, como parte de este predio urbano (Revise el documento AQUÍ).
Lo que resulta también interesante es que un gran espacio de la vereda, ha sido utilizado como parqueadero. Tampoco ha sido posible localizar informes municipales de ningún tipo sobre esta situación anómala en este espacio público; además de la evidente falta de mantenimiento en este lugar para tránsito peatonal.
Otra anomalía vial se presenta al ingreso al parqueadero de la institución que tiene un desnivel para dar mayor facilidad a los vehículos.
Cuando se revisa el informe municipal que da pauta para cortar los árboles es evidente que únicamente se hizo una inspección visual, sin que en él consten otro tipo de investigaciones o referencias sobre su situación actual do el origen que desembocó en los problemas observados.
La decisión conjunta de funcionarios del IESS, de la Municipalidad de Jipijapa y del Ministerio de Ambiente resultó mortal y su justificación para talar terminan siendo un excusa no válida desde lo ambiental y de imagen, pues no hay evidencias sobre algún otro estudio, análisis o asesoría en que muestre que la única opción era talar esos árboles. Y preguntó ¿Qué culpa tuvieron los árboles ante la ignorancia de los funcionarios?
Y cuando menciono ignorancia me refiero a que desde un inicio no estuvieron en la capacidad de realizar una adecuada planificación urbanística considerando las características de dichos adornos vegetales; también de los administradores del hospital sobre sus responsabilidades detalladas en estos aspectos, conforme la normativa vigente.
Sin temor a equivocarme pudo deducir que el arbolado de las zonas urbanas y rurales no es una prioridad social, medioambiental y económica para la Municipalidad de Jipijapa y bien podría pensar que otro de los problemas es como el adecuado mantenimiento está ausente de la ejecución de las políticas públicas que existen al respecto.
Pero esta breve crónica no termina con esto, pues ahora habrá que esperar que la obra termine para saber si exactamente cumple con los requisitos establecidos, pero también para dar seguimiento a la obligación de sembrar otros árboles y el procedimiento que se seguirá para cuidarlos y asegurarse de su supervivencia.
Información para seguimiento: 250 voluntarios plantaron 2.000 árboles nativos para la restauración ecológica de Puerto Cayo. Boletín del Ministerio de Ambiente - Octubre del 2019.
Recurso histórico: Vídeo captado en el 2018 en el que se muestra los árboles que fueron talados en el antiguo malecón, como parte de la construcción de uno nuevo.
-------------------- Otras referencias de Raúl Zavala ------------------
Nuevamente somos espectadores y víctimas de una desenfrenada carrera por los votos. Los protagonistas son los miles de candidatos que aspiran conseguir un cargo en los gobiernos seccionales y en el Consejo de Participación Ciudadana.
Quizás sea entendible el hecho que seamos espectadores, pero de seguro se requiere una mayor explicación sobre el hecho que también estemos en el nivel de víctimas de este proceso electoral previsto para febrero del 2023. Todo inicia desde lo que se analiza, se planifica y se ejecuta en cada campaña para promocionar a los aspirantes a las distintas dignidades; para este comentario me voy a centrar en aquellos que quieren convertirse en prefectos, alcaldes, concejales y presidentes de las juntas parroquiales rurales.
¿De qué somos víctimas los votantes? Pues de una confabulación. Y no hay que asustarse, es parte de una práctica que, de una u otra manera, la hemos vivido desde hace mucho tiempo, simplemente nos hemos quedado en su origen; es decir, considerarla como una simple mentira sin mayores consecuencias legales, pero sí en la vida diaria de los ciudadanos.
Aclaro. Se la define desde la psiquiatría como los falsos productos de la memoria o las falsas percepciones sobre el mundo exterior, como una derivación de la mitomanía y es un síntoma característico del síndrome de amnésico de Korsakow, un trastorno cerebral debido a la deficiencia de vitamina B1. ¿Por qué en el Código de la Democracia no existe un requisito que certifique la buena salud física y mental de los candidatos?
Voy entonces al otro escenario relacionado con nuestra vida diaria como niños, adolescentes o adultos. Confabular, básicamente es también lo dicho entre dos o más personas para ponerse de acuerdo y emprender algún plan ilícito o inmoral o salvarse de un castigo, puede verse también como una travesura. Transpolemos esto hacia lo que ocurre en la gestión política que incluye lo electoral.
Quizás un escenario próximo pueda vislumbrase si analizamos a profundidad los comunicados o boletines de prensa que se difunden desde la institucionalidad pública; tal vez allí encontremos algunos datos que no son coherentes con la realidad, también que existe una exaltación extrema a una gestión que no tiene bases ni argumentos de verificación. Un tema para tratarlo por separado desde la perspectiva de la transparencia o el oscurantismo informativo.
Ahora, amable lector, traiga a su memoria, las ofertas que están haciendo lo candidatos para atraer su voto, tome una, la que sea de su agrado y en un breve recorrido mental desmenuce cada uno de los componentes que debería tener; por ejemplo: costos, plazos, capacidad de ejecución, beneficios tangibles, origen de lo prometido (no confundir con proyecto) y de si es posible hacerlo desde lo legal.
Y permítame algunas preguntas: ¿Usted cree que esa oferta electoral la ideó él solo? ¿Quién le ayudó a darle forma y convertirla en promoción electoral? ¿Conoce al equipo de campaña de ese candidato?
Con base en lo mencionado por la investigadora Elżbieta Drążkiewicz en su artículo “Estudia las teorías de la conspiración con compasión”, me tomo la licencia de contextualizar una parte de su análisis: no es suficiente estudiar a los individuos y sus ideas: debemos considerar las estructuras sociales y los contextos, políticos, financieros, presupuestarios, culturales e históricos que generan y propagan ideas electorales.
Me pregunto: ¿Cómo se puede armar el plan de trabajo al ser uno de los requisitos legales para inscribir sus candidaturas? Esto con base en el Art. 97 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.
También me quedan dudas en la manera en que esos planes se convierten en una propuesta de marketing político (electoral sería más adecuado); ¿Y si es a la inversa? Viene entonces la parte en que los candidatos preparan sus discursos o les dan preparando y se producen los contenidos comunicacionales.
Siempre queda la duda si es que el candidato y su equipo de campaña disciernen si lo que van a sacar al mercado podría ser cumplido o es una falsa promesa que luego tendrá alguna justificación.
Lo cierto es que desde esos momentos comienza la confabulación electoral en contra del electorado, pero sin que se convierta en el delito de asociación ilícita tipificado y sancionado en el artículo 370 del COIP.
Al final, seguramente en la mayoría de votantes se impondrán, como siempre, los sentimientos y los intereses personales a la hora de estar frente a las papeletas, además que la compaña electoral es muy similar a la fase de enamoramiento, en que se dicen y se creen mentiras, en que las promesas de felicidad se las acepta así se conozca que no será ni tan cierta ni tan simple y hasta existe desprecios por los consejos de nuestros amigos y familiares.
Pero la otra confabulación podría darse si es que nos anclamos a una de las populares frases de Iósif Stalin: las personas que votan no deciden una elección, la gente que cuenta los votos lo hace. Lo cual se convertiría en un nivel superior de confabulación.
Nos guste o no: en el amor, en los negocios y en las elecciones, todo se vale.
Según cuentan algunos de mis biógrafos llevo sobre el planeta Tierra cerca de 4 mil millones de años y otros me han retratado en mis distintas facetas, pero recién me he puesto a meditar en quién soy, una de las famosas preguntas humanas. Así que esta vez decidí hacer un primer ensayo sobre las respuestas; es decir, dar mi versión.
Debo indicar que no tengo una partida de nacimiento, todo lo que dicen los científicos sobre mí son presunciones y en realidad no me preocupa pensar en mi origen, pues lo que realmente interesa es lo que hago, para lo que sirvo y el trato que recibo.
Para encontrarme he leído la historia de los humanos, generalmente estoy en cada uno de sus capítulos; supe que a pesar de lo importante que fui y soy, miles de personas han buscado la manera de usarme, de sacar provecho de mi existencia, pero lo que me ha llamado la atención es que millones no saben quién soy a pesar de que su existencia depende de mí. Pero ese no es mi problema.
Por cierto: vivo en la mayor parte de los cuerpos humanos y de otras especies que habitan en el planeta.
Valga la oportunidad para decir que mi nombre es igual por todo lado, aunque se pronuncia y escribe de distinta forma; en español mi nombre viene del latín “aqua”, emparentada con la palabra “aquilus” que por alguna razón se deriva de la raíz indoeuropea akwa, y está emparentada con la expresión “ahwo” que también dio origen al nombre del dios de los mares nórdicos “ǽgir”. En fin, es otro largo relato humano.
Pero me enteré con satisfacción que me han mencionado grandes filósofos; por ejemplo, en el siglo VI A.C., el pensador griego Tales de Mileto sostuvo que yo soy el arjé, que significa el principio y origen de todas las cosas. También Empédocles de Agrigento me incluyó en la magnífica lista cuando concluyó que todos los seres de la naturaleza estaban formados por una combinación de agua, tierra, aire y fuego.
Me ha gustado lo que Carmenza Uribe Bedoya comenta sobre mí, que de todos los líquidos soy el más estudiado y el menos comprendido. No me molesta también ser un misterio.
Aprovecho este espacio para agradecer a Simon Shama por su apreciación al decir que "Ver un río es dejarse arrastrar por una gran corriente de mitos y recuerdos, lo suficientemente fuerte para llevarnos hasta el primer elemento liquido de nuestra existencia: el útero materno. A lo largo de esa corriente nacieron algunas de nuestras más intensas presiones sociales y animales: las misteriosas transmutaciones de la sangre y el agua, la vitalidad y la mortalidad de los héroes, los imperios, las naciones y los dioses."
Siempre comentan que soy un líquido insípido, inodoro y transparente, pero de color azul verdoso cuando me ven en grandes masas; diré que son criterios muy subjetivos.
Necesito ahora pasar del pensamiento a otros campos del conocimiento humano, a eso que le llaman la Física y la Química, pues allí está el origen de otro de mis apodos: H2O; por sintetizar: que soy un compuesto sencillo, mis moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. No necesito ahora entrar en más detalles.
Sin embargo, está escrito que ese nombre no provino de una sola persona, así que me puse a indagar un poco más y quiero hacer una aclaración: soy un líquido, eso de estado gaseoso o sólido o el invento de nombre gel, son mutaciones que ya en algún rato me extenderé para contar.
Sigo. Los humanos también me diferencian como agua salada cuando estoy en mares y océanos, o agua dulce en ríos y lagos, o salobre; en el primer caso han dicho que en mi composición existen otros elementos que los he acogido en grandes cantidades por distintas razones, pero por lo pronto puedo decir que les llaman cloro, sodio, magnesio, potasio, bromo, calcio, boro, estroncio y flúor. Para el segundo caso es únicamente por contraste y diferenciación; y la tercera ya lo pueden presumir.
Puedo decir que mi medida aproximada es: 1.386 millones de kilómetros cúbicos que están distribuidos de diferente manera en casi todo el planeta y el 97% de mi cuerpo pasa en los mares y océanos. Así que ya pueden imaginar cuánto de mi pueden usar o para beberme o hacer limpieza o ayudarles en la producción de alimentos en la tierra.
Con este antecedente comparto el criterio de los investigadores: la vida humana es inversamente proporcional a la cantidad de sales que yo contenga.
Dejo constancia de algunos de los nombres que estuvieron tras de mi con sus pesquisas: Sylvia Earle, Henry Cavendish, Antoine-Laurent Lavoisier, Joseph Priestley, Ellen Leask, Dan Lévy, James Peacock, John Snow, Jean-Baptiste Meusnier y muchos más.
Es así que me han asociado directamente con la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la guerra, la política, la poesía, la biología, el arte y un sinnúmero de actividades humanas, a veces para bien a veces para el mal. Pero estoy aquí para hablar de mí.
Viene la parte que no entiendo. ¿Por qué soy uno de los centros del maltrato? Le he servido por millones de años a la humanidad; de cuando en cuando reacciono, pero nunca a traición, siempre anticipo lo que voy hacer y que no me tomen en cuenta eso es otra cosa.
No estoy en modo de victimismo, estoy escribiendo mi biografía con base en lo que ustedes, humanos, hacen, explotarme sin consideración y en muchos casos sin piedad que, en sus palabras, es contaminación. Lo del desperdicio asumo que es más por ignorar mi origen.
Como agua estoy allí libremente, me llevan a las ciudades y puedan consumirme, pero antes necesitan un proceso largo y costoso. Para que yo llegué hasta sus hogares deben captarme, hacerme un tratamiento para luego distribuirme; además, luego que me usan voy a parar a ciertos lugares en que intentan descontaminarme antes de regresarme a mi hábitat. Pero sin ser la misma.
Lo otro es cuando camino o estoy en reposo y me arrojan basura, me convierten en veneno para todo ser viviente. ¿Saben lo que pasará con ustedes cuando ya no me tengan tan fácilmente, cuando deje ser potable?
No puedo dejar de mencionar que sirvo también para hacer negocios y que muchas personas ganan bastante, pero bastante dinero conmigo; sin embargo, no me tratan muy bien que digamos, en ocasiones siento que simplemente no me respetan lo suficiente; asimismo, han pasado por mi vida quienes a pesar de tener limitaciones financieras tampoco me cuidan. Por suerte sí he visto a muchos que me defienden, en ocasiones de manera racional y en otras extremadamente impositivos.
Y hay otro tema que me ronda: la comida de ustedes. Cuando preparan sus alimentos para mantenerse fuertes, sanos y tener inteligencia, me usan en casi todo el proceso; sin mí no hay ni café ni té ni arroz, me necesitan para hacer pan, para cocinar los productos que hice crecer en campo y a las otras especies animales que usan para completar su menú.
Sobre todo, yo también soy su alimento cuando no llevo venenos en mis entrañas.
Algo sobre mi personalidad lo he dejado para el final: no hago pactos ni entro en negociaciones; si me tratan bien, los trato bien; si me perjudican ustedes salen perdiendo.
Realmente soy poco tolerante y advertidos están.
(*) Este ensayo lo escribo inspirado en el documento de Leonard E. Read titulado “Yo, el lápiz”, publicado por primera vez en diciembre de 1958.
Es bien complicado establecer la frontera entre la violencia delincuencial y la política en las que vive Ecuador, pero no únicamente por lo ocurrido en los 18 días del llamado paro nacional, protagonizado por organizaciones indígenas junto a otras afines a sus objetivos.
Ni bien el Gobierno había estabilizado la crisis penitenciaria que provocaron decenas de muertos, debió abrir de manera urgente otro frente para combatir a la delincuencia que se tomó las calles y a la organizada que tuvo al narco como un enemigo emblemático.
La convulsión política se convirtió en un carrusel para dos de las funciones del Estado: la Legislativa y la Judicial ante la excarcelación del exvicepresidente Jorge Glas. La Electoral se mantuvo al margen, mientras en la de Control Social se “cocinaban” los concursos para la selección de 95 autoridades.
Anunciado estuvo lo que pasaría el 13 de junio de 2022. Las organizaciones indígenas se levantaron en protestas, marchas, cierre de carreteras. Fue una acción política para exigir el cumplimiento de 10 demandas expuestas por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
En paralelo las redes sociales virtuales se convirtieron en otro teatro de guerra, en que las cuentas oficiales hicieron su trabajo; los medios de comunicación, de lado y lado, mostraron escenas del rompecabezas; los analistas, abogados, economistas, especialistas, comentaristas y demás relataron sus verdades; los ciudadanos se enfrentaron entre sí y con las cuentas fantasmas. 18 días y más de intensas escaramuzas mediáticas.
Las carreteras fueron cerradas y la madrugada del martes 14 de junio de 2022 fue detenido Leonidas Iza, por los supuestos delitos de rebelión y de paralización de servicio público, como parte de las protestas.
La audiencia de formulación de cargos se hizo vía telemática. A nombre de la Fiscalía actúo Marisela Núñez y como abogado defensor Lenin Sarzosa; al inicio del miércoles 15 de julio la Jueza Paola Bedón formula cargos en contra del dirigente como presunto autor mediato del delito de paralización de un servicio público y establece que el proceso se tramite en procedimiento directo, para lo cual convoca a la audiencia de juicio el 4 de julio de 2022; además dicta medidas alternativas a la prisión preventiva y dispuso su liberación.
Se supuso que el paro llegaba a su fin, pero a la iniciativa de paralización se sumaron estudiante y Quito se convirtió nuevamente en el centro del extremo vandalismo. El gobierno de Guillermo Lasso tomó decisiones, emitió un polémico Decreto Ejecutivo signado con el número 455 que puso en alerta a la Asamblea Nacional y en una jugada política lo dejó sin vigencia con otro: el 459.
El Mandatario ratificó las decisiones en respuesta que no satisfizo a la dirigencia indígena: la declaración de emergencia en el sistema de salud, duplicar el presupuesto en educación intercultural, aumentar el bono de desarrollo humano, condonar de deudas, reforzar créditos para el agro, subsidiar la urea, entre otras.
Un paréntesis. En el país dejamos de mirar a profundidad los cambios en la geopolítica y geoeconomía mundial provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como el accionar de Vanguard Group y BlackRock en el manejo de las grandes transnacionales; así como la fluctuación del oro, del petróleo, del paladio y otros minerales, pero también del mercado del silicio.
Regresamos a Ecuador. Para esto, los reportes de vandalismo y otro tipo de acciones delincuencias empezaron a inundar los espacios informativos, también que el paso de todo tipo de vehículos se había suspendido, incluidos los de transporte de personas, alimentos, combustibles y hasta ambulancias.
Fue evidente que se cumplió la amenaza de Iza cuando termino su audiencia de flagrancia: radicalizar las medidas de hecho. La línea discursiva en el enfrentamiento se mantuvo difusa; el problema alcanzó otras dimensiones en el escenario público cuando el ministro de Defensa Luis Lara, advierte que la democracia “está en serio riesgo” debido a las violentas protestas y el paro nacional y dijo que el “único objetivo” de quienes protestan es crear el pánico, agredir y extorsionar a las empresas, a las instituciones y a las autoridades, y subrayó que las Fuerzas Armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social”.
Para esto, las fuerzas del orden impidieron que los dos bastiones administrativos de la Conaie fueran nuevamente tomados: el ágora de la Casa de la Casa de la Cultura y el parque de El Arbolito; finalmente la Universidad Central fue tomada y se sumó a otros centros de educación superior a los que se les denomino “centros de paz”.
En Guayaquil, desde la Municipalidad y ante las amenazas que las marchas indígenas podrían llegar hasta la ciudad, desde el miércoles 15 de junio de 2022 se ejecuta el Plan de Protección en su primera fase, de un total de cinco. También reacciona ante el riesgo de quedarse desabastecida de energía eléctrica cuando comuneros se tomaron la subestación de Tisaleo.
Otro ataque grave ataque contra la población fue en Ambato, primero con la contaminación del sistema de agua potable usando aceite quemado; segundo con la toma de las antenas repetidoras en el cerro Pilishurco, con lo cual los medios de comunicación se quedaron sin señal
¿Negociación o extorsión?
En otro intento por encontrar puntos de solución para la violencia y el desabastecimiento de alimentos, el Presidente Lasso acepta las condiciones para mantener un diálogo con la dirigencia del paro, entre ellas que se permitiera el uso del ágora y del parque.
Las carreteras se mantuvieron cerradas, Quito en asedio y sitiado, intentos por destruir la Fiscalía, circularon vídeos de ataques perpetrados por grupos de indígenas a comerciantes y a empresas privadas, también de acciones muy similares a la guerrilla urbana. Extorsión: delito en el cual una o más personas ejercen presión sobre otra para que realice un acto en contra de su voluntad y obtener un beneficio económico o material.
Y aun así se cumplió ese primer acercamiento Gobierno – Conaie. En la mesa de las negociaciones cumplida el 27 de junio, entre los convocantes estuvo Virgilio Saquicela presidente de la legislatura; también representantes de otras funciones del Estado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y miembros de organizaciones que aseguraban ser defensoras de los Derechos Humanos.
Por el lado gubernamental asistieron: Francisco Jiménez, ministro de Gobierno e Iván Correa, secretario general de la administración, acompañados por Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia. El “diálogo” terminó sin acuerdos mientras que en las redes sociales y espacios periodísticos los cuestionamientos hicieron entrever que la crisis estaba alejada de solventarse.
Pero otro complejo escenario político se puso en marcha y nuevamente fue en la Asamblea Nacional, por un pedido de destitución presentado bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna” y que 46 asambleístas correítas de UNES lo firmaron, una movida basada en el artículo 130 de la Constitución del país.
Este tema puso en evidencia que el plan del movimiento indígena tuvo un soporte de los cuestionados miembros leales al expresidente Rafael Correa y sus intenciones de volver a gobernar, más cuando se barajó la inédita opción constitucional de la “muerte cruzada”.
En el otro lado y ante las complicaciones de las negociaciones, el máximo dirigente de la Conaie había comentado la posibilidad de introducir el recurso para revocar el mandato presidencial.
Guillermo Lasso reacciona: “Esto nos deja claro que él (Iza), nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido”; dispone que las fuerzas de seguridad tengan un accionar más contundente.
Conato de la destitución
Cuatro días duró la batalla virtual del artículo 130 en la Asamblea Nacional. La moción para la destitución del Presidente la presentó Fernando Cedeño de UNES que en su conclusión tuvo como argumento que el Mandatario “no ha podido probar la inexistencia de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, evidenciada por la real ocurrencia de los acontecimientos que atentan gravemente en contra de la seguridad, la institucionalidad, el ejercicio de una convivencia normal de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos constitucionales”.
Miles de ciudadanos fueron testigos, pero también duros críticos de los argumentos legislativos, hasta que llegó la hora de la votación y el resultado final fue: 80 votos a favor, 48 en contra, 9 abstenciones; con ello la propuesta del bloque correísta no logró los 92 votos necesarios.
Dos aspectos que llamaron la atención: Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, votó a favor de la destitución, a pesar que conformaba la mesa de negociación; y, la existencia sin explicaciones de anomalías en el sistema de votación. Las redes sociales ardieron.
La violencia de las bases indígenas se hizo más profunda al igual que la reacción de la fuerza pública. Los impactos fueron cada vez más evidentes, sobre todo en el sistema económico y las finanzas de miles de negocios. Según el gerente del Banco Central Guillermo Avellán, el paro dejó pérdidas valoradas en 1.000 millones de dólares y que el sector privado del turismo, avícola y ganadera, fueron los más perjudicados, mientras que en lo público fue el área petrolera.
Las intenciones de distintas organizaciones para retomar las conversaciones dieron fruto cuando el Gobierno anunció el miércoles 18 que reanudaba el proceso con el movimiento indígena gracias que aceptó la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
30 de junio de 2022. Nuevamente ante miles de ciudadanos el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron poner fin a las violentas protestas. Muchas de las exigencias fueron aceptadas y otras entraron a una segunda fase de negociación. Guillermo Lasso no estuvo presente en estas negociaciones que concluyó en un “acuerdo de paz”.
El acta fue firmada por los dirigentes de la Conaie, la Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador). Al final el ministro Francisco Jiménez aseguró: "El Gobierno ha sacado lecciones de estos 18 días de paro".
Entre otros aspectos el Gobierno se comprometió y cumplió con la derogatoria del estado de excepción en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Policías y militares dejaron de estar en alerta, los indígenas y otros protestantes abandonaron sus trincheras dejando destrucción y suciedad. Las redes sociales volvieron a hervir por haber alcanzado “la paz”
El fruto de la violencia política
Las confrontaciones, además de las pérdidas financieras, dejaron seis personas muertas y otras 500 con heridas, entre civiles, militares y policías. También la evidencia de un mayor resquebrajamiento social por las insalvables diferencias ideológicas y del racismo invocado por los distintos grupos sociales.
Pero también logró la reducción en 15 centavos por galón en el precio del diésel, extra y ecopaís en un total de 15 centavos por galón; pero también para que se implementen las políticas de focalización de subsidios. Las demás obligaciones se pusieron en una lista:
- Derogar del Decreto Ejecutivo No. 95 en materia de hidrocarburos.
- Elaborar un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos.
- Reformar el Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en: Áreas protegidas y territorios ancestrales, Zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica y se garantizará la consulta previa, libre, e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas.
- Firmar decretos ejecutivos para intensificar operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos y sostener la declaratoria de emergencia del sistema de salud.
- Plantear políticas públicas compensatorias para el sector rural y urbano, como el aumento del bono de desarrollo humano a 55 dólares, o el incremento del presupuesto a la educación intercultural bilingüe.
- Condonar deudas vencidas de hasta 3.000 dólares a familias campesinas, así como reducir los intereses de los créditos vigentes.
- Subsidiar hasta en 50 % el costo de la urea que usan los agricultores para las siembras.
- Trabajar en una mesa de diálogo para tratar temas pendientes en la agenda de diez pedidos de la Conaie con una duración de 90 días.
- También en una primera respuesta a la Conaie el Ejecutivo aseguró que “no realizará, ni promoverá procesos de privatización de activos del Estado en sectores estratégicos ni en servicios públicos”; así como sostener la lucha contra la inseguridad.
A lo interno el Presidente realiza cambios en los ministerios. La audiencia para formulación de cargos contra Leónidas Iza fue declarada fallida y convocada para agosto. La Fiscalía tiene al menos 200 investigaciones que van desde homicidio hasta destrucción de bienes públicos. La “guardia indígena” está en la mira de la Policía y lo mismo con grupos que mostraron habilidades especiales en combate urbano.
Cesaron las hostilidades políticas y empezó un trabajo para recuperar Quito e intentar construir la confianza ciudadana. Las carreteras fueron habilitadas y la logística se activó lentamente; poco a poco nuevamente circularon los vídeos de robos, asaltos, asesinatos, secuestros, del amotinamiento en la cárcel Loja… el crimen no es parte del acuerdo de paz.
Este artículo debía empezar de alguna otra manera para intentar explicar un mundo enigmático y al mismo tiempo bastante claro; allá donde viven miles de seres humanos aislados y conectados, unos olvidados, otros que brillan con luz propia. Del lugar que tiene muchos lugares en distintos puntos geográficos; es una posible explicación social de la física cuántica.
No, este artículo no es de ciencia ficción. Es sobre lo que se vive en el sistema penitenciario de Ecuador, aquel que tiene el nombre oficial de “Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores” comúnmente conocido como SNAI.
Al uno y al otro lado de los altos muros existen personas que entretejen una red para sobrevivir a un sistema gobernado en paralelo por las leyes y las mafias, en una comunión entre lo primitivo con lo tecnológico, con hilos que juntan las ilusiones con lo despiadado.
Desde afuera vemos los muertos, las cifras, las noticias, los escándalos… adentro rige la necropolítica: alguien decide quien vive y quien muere, también en donde. Sabemos que son más de 400 las personas que han sido asesinadas tras los muros de las cárceles desde el 2020 y no solamente en las masacres, pero no sabemos cuántas fueron ejecutadas en las calles por estar asociadas a los secretos penitenciarios.
Pero si pensamos que esos grupos ilegales están formados únicamente por actores que están fuera de la ley, la realidad es que a ellos también están asociados algunos funcionarios que se mueven libremente.
Uno de los recientes casos es el ocurrido el 20 de mayo del 2022, cuando Carlos Jaramillo, en ese tiempo Director de la Cárcel 4 en Quito, intentó ingresar celulares, accesorios, cigarrillos y sierras, camuflados en una caneca de pintura con doble fondo. Es lo que se descubre y se hace público o por filtraciones o por esqueléticos comunicados.
"En el inframundo penitenciario el día a día es conseguir cualquier cosa que sirva para soportar la extrema crueldad"
Este inframundo tiene una explicación oficial: “Las cárceles en donde han ocurrido los hechos violentos de esta crisis carcelaria, están siendo dominadas por grupos del crimen organizado –incluso vinculados con bandas internacionales. Lo anterior, habría derivado en que los centros se rijan en la práctica por sistemas de “autogobierno”, lo que implica que el control intramuros sea ejercido por parte de las propias personas detenidas. En este contexto, los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios. Incluso, las llaves de ingreso a pabellones están en posesión tanto de las autoridades como las personas privadas de libertad.”
El párrafo anterior, es parte de las conclusiones del informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el título: “Personas privadas de libertad en Ecuador 2022”. Allí también se hacen recomendaciones sobre lo que debería ser la actuación del Estado, especialmente del Gobierno, pues es su responsabilidad constitucional.
Y claro, los costos políticos de las crisis carcelarias necesitan explicaciones y entre ellas lo mejor es buscar culpables. En medio del complejo enfrentamiento ocurrido entre presos en Guayaquil y el intento gubernamental para controlarlo en octubre del 2021, las versiones oficiales apuntaban a que ese derramamiento de sangre está relacionado con una guerra entre bandas de narcotraficantes mexicanas. Se ofrecieron “acciones de limpieza”.
Pero esa sentencia policial de la entonces Comandante Tanya Varela, tuvo que enfrentar con los sistemas de supervivencia implementados por los propios presos ante las limitaciones por alimentos, salud, abandono familiar y judicial, pero también para gestionar recursos que les permita mantener activos sus sistemas mafiosos de autoprotección.
Se repitió el discurso luego de la masacre con que inicio este 2022, la del Turi en Cuenca, en la que 20 reclusos fueron asesinados, también cuando similar situación vivieron al menos 44 en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, que no podríamos aventurarnos a decir que es la última. El ministro del Interior Patricio Carrillo, un expolicía, sostuvo que ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, la llamada "Los Lobos" que atacaron a un grupo disidente que se hace llamar "R7".
Y esa realidad tiene un contrapeso: los recursos para sostener el sistema penitenciario. Según los datos del Ministerio de Finanzas, el 2021 tuvo un presupuesto codificado de 108,3 millones de dólares para el SNAI y que para el 2022 la entidad recibirá aproximadamente USD 124,4 millones; recursos que será administrados, hasta ahora, por Pablo Ramírez, un policía en servicio activo. Podría ponerse escena los argumentos de la economía política del castigo.
"A veces faltan alimentos, agua, espacios para recibir visitas familiares y para realizar actividades deportivas"
Ese rubro tiene al otro de la balanza unos 38 mil reos en 36 centros de detención, pero apenas con una capacidad aproximada de 30.200; los datos aún no son exactos, pues está en proceso el censo penitenciario que lo ejecutan SNAI e INEC, además del movimiento que ocurre por las excarcelaciones producto de los indultos, el cumplimiento de penas, los nuevos sentenciados y los que ingresan a la espera de ser juzgados.
Pero el Gobierno tiene su “Plan Rescate Ecuador” de final impredecible y que incluye al sistema penitenciario. “No daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme” aseveró el presidente Guillermo Lasso, al referirse a los grupos ilegales y sin considerar que bien podrían existir otros que operan en el marco de las leyes.
Sin embargo, no importa cuando se lea: “Las prisiones de América Latina y el Caribe no sólo hacinan presos en poco espacio, también aglutinan entre sus paredes un microcosmos de todos los desafíos que padece la región. Las cárceles de la región están repletas de presos sin sentencia. No hay divisiones apropiadas entre delincuentes de diferentes niveles de peligrosidad. Muchas están controladas por grupos criminales. A veces faltan alimentos, agua, espacios para recibir visitas familiares y para realizar actividades deportivas. Nuestras prisiones sufren, en general, la escasez de recursos presupuestarios.”
El párrafo anterior es parte de un análisis publicado en el 2018 bajo el título ¿Quién está viviendo en nuestras cárceles? y alojado en el sitio de blogs Sin Miedos del BID; allí también está información sobre la perspectiva integral de los retos y oportunidades del sistema penitenciario en América Latina y el Caribe. Pero esa es una narrativa del “debería ser…” pero en contraste debería tener aquellas historias del “Está ocurriendo…”
En el inframundo penitenciario ecuatoriano el día a día de hombres y mujeres, adolescentes, adultos y ancianos, es conseguir cualquier cosa que sirva para soportar cada hora de extrema crueldad, venga de donde venga y por las razones que sea, legal o ilegal; una realidad que no es únicamente de los presos, también del personal operativo y administrativo, porque la carga burocrática es inmensa.
Para tener una perspectiva de este escenario, de acuerdo con un informe correspondiente al año 2021 y presentado por Pablo Ramírez, director general del SNAI, existe el programa “Administración Central” que significa solventar las necesidades institucionales para el pago de servicios básicos, pasajes al interior y exterior, viáticos al interior, mantenimientos de vehículos maquinaria y equipos, compra de materiales de oficina, vestuario, materiales de aseo, combustibles y lubricantes, además del pago de remuneraciones del personal administrativo en cada uno de los centros carcelarios en todo el país. En general, la cifra bordea al final del 2021 de una ejecución presupuestaria de 99’644,371.91 dólares.
Ahora pensemos que tres dólares diarios se destinan para alimentar a cada recluso en Ecuador, que la imaginación sea la que permita deducir lo que implicaría la calidad y cantidad de comida que se distribuye a los presos. ¿Qué pasa con la salud física y mental? Otro gran misterio que invade el entorno de la rehabilitación social.
“Sin embargo, una mirada a las condiciones de vida en prisión proyecta más pistas. En efecto, existen cárceles en las que no hay agua potable, la atención médica es casi inexistente, la alimentación es escasa y de tan mala calidad que es grave fuente de enfermedades (se invierte menos de un dólar diario en cada una de las comidas de los presos), no existen psicólogos ni psiquiatras (hay 95 psicólogos y 5 psiquiatras para atender a los casi 40.000 presos), entre muchas otras carencias.” Carla Álvarez Velasco en su artículo ‘Las cárceles de la muerte en Ecuador’.
Y de cada una de estas escenas, en cada una de las cárceles del Ecuador, se podrían extraer miles de historias para alimentar las razones para la existencia, prevalencia y supremacía de las mafias, las que mueven un sistema económico complejo de descifrarlo, pero que se relaciona muy estrechamente con la pirámide de Maslow; es decir, con la jerarquización de las necesidades, ordenadas con base en el bienestar de cada preso y su familia, de los funcionarios y del sistema judicial.
Este artículo debía terminar de alguna otra manera luego de explicar muy brevemente el enigmático mundo de las cárceles ecuatorianas, donde viven miles de seres humanos en primitivas y mafiosas sociedades, pero no existe manera de escribir un final sin que parezca extraído de las narraciones del libro Los Malditos del periodista Jesús Lemus: "Nosotros los enterramos. Nosotros llegamos como sociedad hasta donde comienza la historia de ellos en la cárcel. Estamos creando centros de exterminio.”
El autor es conocido por ser el ‘corresponsal del infierno’ porque relató lo que vivió en la cárcel mexicana Puente Grande durante tres años junto con capos, secuestradores, violadores, narcos, caníbales y asesinos, hasta que pudo demostrar su inocencia.
Autor: Raúl A. Zavala Mosquera - Periodista Profesional
