Los otros números y los votantes

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Lo bueno de las estadísticas es que las personas podemos acomodar los números según nuestra libre voluntad siempre y cuando no contravengamos la lógica matemática ni atentemos a los principios algebraicos y sin, claro, alterar los programas informáticos. 

Digo esto porque luego que el Consejo Nacional Electoral confirmó la reelección presidencial del Señor Candidato Rafael Correa en “una sola vuelta” con el 51,95% de los votos “válidos”, es importante tener otra visión de las cifras, más allá del simple razonamiento electivo. 

Dos aclaraciones antes de proseguir. Uno: aquí y por ahora no se cuestiona el sistema de conteo de votos, será motivo de otro comentario; dos: los votos válidos también son los nulos y blancos porque son también la expresión de un grupo de ciudadanos, lo explicaremos más adelante, independiente de lo que diga la normativa legal, asunto cuestionable y para ser debatido; tres: OJO: el Sr. Correa no ganó, fue reelecto. 

Sobre los votantes. Para este comentario o análisis es importante dejar claro que en cuestión de votos los electores, al menos en democracia, expresan literalmente su predilección por uno u otro candidato, es decir si el votante votó por un candidato nunca significa que votó por otro, (obvio pero hay que decirlo) porque si no votó por uno de los candidatos significa que no lo acepta. Por un acaso no estoy cantinfleando, sino expresando condicionantes antes de llegar a una conclusión. 

También es indiscutible que las intenciones latentes de un votante no son consideradas para efectos de la democracia; es decir, si un votante decide votar por un candidato no importan las razones: que fue por dar la contra a otro o porque fue por el menos malo o le agrada su imagen o le agrada su plan de trabajo o tienes intereses personales, nada de lo mencionado y otras situaciones parecidas importa para la gente y máquinas que cuentan votos y sacan cuentas electorales. 

La intención latente es aquella en que la persona guarda para sí su verdadero interés sobre las razones que le conllevan a tomar una decisión, en contraposición con la intención manifiesta, que es cuando una persona evidencia públicamente su interés al tomar una opción. 

Retomando el tema. Vivimos en una democracia meramente numérica o dicho en otras palabras vivimos bajo la vulgar tiranía del voto. Así están las cosas y por ahora no hay nada más por hacer. Tal vez exista una oportunidad en el Siglo XXII para tener una verdadera, real y tangible democracia.

Sigamos con los votos nulos. Si un votante vota nulo significa que no acepta a ninguno de los candidatos; no hay más formas de entender esa opción. ¿Es o no esa expresión válida? ¿Por qué debe la Ley obligarnos que votemos por uno u otro candidato? ¿Por qué se ha proscrito el voto nulo? Algún día encontraremos las respuestas o quizás algún experto en temas democráticos nos explique y hasta nos persuada de que el voto nulo es antidemocrático. Por ahora yo no creo eso. 

Para recordar. Artículo 66 de la Constitución Política del Ecuador en vigencia: “Se reconoce y garantiza a las personas…: Lit. 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.” 

El voto nulo es una opinión que se expresa en las urnas y un proceso electoral es una manifestación del pensamiento. Por tanto el no considerar al voto nulo como parte de los sustentos para una elección es anticonstitucional. Tal vez diga un destacado jurista que yo estoy equivocado, pero aun no lo he escuchado. 

El voto blanco. Es otra de las expresiones de los votantes que significa que ellos han dejado en libertad para que otros decidan por ellos y que uno u otro candidato es aceptado. Bajo el mismo sustento realizado sobre el voto nulo, el voto blanco debe y tiene validez para efectos electorales, lo contrario también es inconstitucional. Espero las opiniones del jurista. 

Sobre el ausentismo. Los votantes que no se presentaron a votar, independiente de las razones para ello, no han expresado su opinión, consecuentemente pienso que está bien no se tome en cuenta esa opción, pero sin olvidar que son parte del padrón electoral. 

Al amparo de estas consideraciones vayamos a las cifras. El padrón electoral para estas elecciones del 2009, según el CNE, indica que somos 10’532.234 votantes; es decir los que sí tenemos opción a opinar sobre un candidato para ser electo. Si es que la lógica democrática nos indica que para que un candidato sea electo debe tener el 50% +1 de los votos, o sea la mayoría, significa que 5’266.118 son los votantes que debieron decidir por el nuevo Presidente del Ecuador. Pero, como lo indica el CNE existe un ausentismo de 2’602.629 votantes, se coligue que quienes debieron elegir al nuevo Presidente son 7’929.605 votantes y en consecuencia el 50% + 1 son 3’964.803 votantes, incluidos los blancos y los nulos. 

Miremos ahora el distributivo de los votos, así mismo según el CNE, considerando que un universo de votantes para este caso es de 7’929.605 votantes, con las respectivas sumas y restas, resulta que el 45,20% de electores decidieron que el candidato Correa sea el nuevo Presidente, que si lo comparamos con los votos que debía tener para ser electo (50%+1), le faltaron 380.568 votos para una verdadera mayoría, que bien podría complementarse, tal vez, esa diferencia con los votos Blancos (533.571), con lo cual alcanzaría 4’117.807 votos. 

Y bien como el asunto es intentar descubrir que más nos dicen las cifras electorales y frente a ello la situación del Presidente electo, realicemos ejercicios de contrapesos numéricos. Si estamos tratando asuntos de mayoría y que existe un Presidente electo, podemos comparar con los que no votaron por él, y tendríamos que 4.345.369 votantes no lo hicieron por él contra los 3.584.236 votantes que sí lo hicieron. De los totales presentados es posible deducir que el conjunto de opciones diferentes al candidato R. Correa son mayores. 

Para este caso el voto blanco es una opción múltiple que se la entiende como si y no “estoy” (para el votante que tomó esta opción) con el electo y los no electos, por tanto no puede considerarse como un voto a favor del candidato electo. El voto nulo (496.281) definitivamente para ninguna opción, ni siquiera para el candidato electo. 

Otra manera de entender las cifras. Supongamos que los votos blancos se acreditan al candidato de mayor votación y que los votos nulos se suman al total de los otros candidatos como otra opción electoral, tendríamos que el Candidato Correa alcanzaría 4.117.807 votos contra los 3.811.798 votos de la suma de las otras opciones. 

Al terminar este comentario llego a una conclusión: ¿para qué sirve todo este juego de números si es que ya es indiscutible la información oficial del CNE? pues como un detonante para repensar nuestro sistema electoral y de esta manera podamos fortalecer lo que está bien así como reemplazar o componer lo que está mal. 

Este mismo tipo de análisis podría hacerse con otras dignidades, caso de alcaldes y prefectos, tal vez la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos electorales nos permita conocer aspectos sobre lo que dicen los votantes como una expresión manifiesta y no entendida del conjunto de la votación. Y uno de los aspectos que debemos empezar a trabajar es el de recuperar la validez de los votos blancos y nulos como uno de los parámetros que nos permita medir la aplicación del Art. 66 de la Constitución, mencionado oportunamente. 

Además sirve para empezar a entender la lógica electoral, paso a paso, porque luego deberemos repensar, así mismo con lo que nos dice los números respecto a la fuerza relativa de los votos en plancha, la asignación de escaños y el peso específico de los votos unipersonales. Repito, los números dicen lo que uno quiere que digan.

Apuntes a la Propuesta de Estrategia para la Reducción de Riesgos

Los siguientes comentarios son un aporte al proceso de consulta realizado por la representación institucional en Manabí de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, sobre el documento “Propuesta de estrategia nacional para la reducción de Riesgos y Desastres” puesto en circulación en noviembre de 2008 y que lo leí en abril de 2009.

En este sentido, los apuntes realizados tienen como objetivo el de poner a consideración de los tomadores de decisiones aspectos a ser debatidos si corresponde o, por el contrario, desecharlos si fuera el caso.

Un primer apunte y desde mi punto de vista es que el documento no es ni bueno ni malo, no es positivo ni negativo, es un documento propositivo que merece ser analizado no solo a nivel institucional sino también desde lo ciudadano individual y colectivo.

Ya en la parte pertinente sobre el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgo, considero que además de descentralizado debe ser desconcentrado, pues es a partir de la desconcentración, por si mismo, deviene la descentralización. Un aspecto que no se anota ni se detalla acciones, consecuencias ni definiciones, es la parte referente a la ‘subsidiaridad’. 

En el documento no ha sido posible encontrar la arquitectura de los mecanismos de apoyo y soporte en lo referente al respeto a la autoridad local o regional. Es necesario dejar constancia de la relevancia trascendental del principio de ‘Permanencia’, si es que este principio no se incorpora en la generación de políticas públicas y de la práctica diaria institucional y ciudadana, existe la alternativa que todo el sistema planteado no funcione cuando las “alarmas de prendan”.

Un segundo puntal en el sistema y como apoyo al principio de Permanencia es lo concerniente al libre acceso a la información, aspecto considerablemente amplio y al que se recomienda se lo circunscriba o bien a la gestión periodística o información pública o a la de información de apoyo institucional, tal vez a todas, pero debidamente circunscritas según convenga al Sistema y a la normal operación durante una emergencia.

Ya en las líneas de trabajo un aspecto importante es la evaluación, control y seguimiento, para lo cual las propuestas deben ser cuantificables y cualificables, consecuentemente se podrá establecer el cumplimiento o estado del proceso de ejecución de la acción. Ejemplo: ¿Cómo se evalúa o se mide el ‘desarrollar’? ¿Cómo se determina que se ha cumplido ese trabajo.

En la Propuesta de Política 1, sugiero que se cambie la palabra ‘Contar’ por la ‘Implementar’, pues si es que esta política sobreviene de la identificación de un problema relacionado con una carencia, la solución no es que se cuente con un ‘algo’ sino con la incorporación de ese aspecto faltante. 

En la línea de trabajo 1.2. solo hace referencia a los espacios formales de participación ciudadana que implica el cumplimiento de requisitos legales establecidos en diferentes cuerpos legales, pero existen otros espacios no formales de organización ciudadana que se han convertido en apoyos a la gestión del riesgo; en todo caso podría incorporarse los espacios y mecanismos formales y no formales debidamente acreditados. 

El Problema Identificado 3, hace referencia a un aspecto comunitario pero desconozco si ello implica a las organizaciones sociales desde lo institucional, como por ejemplo los gremios, colegios o cámaras; de no ser así sería pertinente que se incorpore la expresión ‘Organizaciones Sociales’ luego de “Las comunidades…”. 

En la línea de trabajo 3.3. se propone la Formación de Líderes, pero queda la duda de cual es el alcance de esa propuesta, cuando el liderazgo es un aspecto innato y subjetivo que no responde a exactamente a procesos formativos.

En la Propuesta de Política 5, es recomendable reemplazar la expresión ‘Etc.’ por ‘Sistema Educativo, de capacitación y formación profesional’.

El Problema Identificado 6 no indica el tipo y cualidad de información, pues existe información pública, información para la gestión periodística, información técnica, información científica e información legal; sin embargo de la lectura se concluye que se hace referencia a la información pública en general.

En la Línea de Trabajo 8.4 se propone incorporar a las instituciones privadas y a sus coordinaciones interinstitucionales al igual que en las públicas. Frente a las actuales circunstancias en que se desarrollan las políticas tributarias en Ecuador, se ha detectado que en las Líneas de Trabajo que hace referencia al Problema 8, no se han incorporado una línea de trabajo con el tema de ‘Instrumentos fiscales’.

Lo concerniente a la Misión del Órgano Rector del Sistema (4.3.1), nuevamente contiene el vocablo ‘LIDERAR’, expresión, como se indicó oportunamente, es subjetiva que no responde a las características de una Misión, pues no me es posible determinar como evaluar y/o medir el cumplimiento de esa, justamente, Misión, por lo que ‘liderar’ sería más un propósito institucional; consecuentemente me permito recomendar que la Misión diga: “Gestionar para que el Sistema Nacional Descentralizado de gestión de Riesgos garantice la protección…” con lo cual si es viable medir y evaluar el accionar institucional.

Me es posible inducir que al momento se construir la Misión se confundió entre lo que debe lograr el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y con la funcionalidad institucional respecto a ese Sistema.

En cuanto a la Visión (4.3.2) se hace referencia a la Institución por tanto en lugar de ‘provisto’ debe ir la palabra ‘provista’; además se usa la palabra ‘conglomerado’, expresión que se usa para definir la unión de fragmentos dispersos de una masa, por tanto no es aplicable al factor humano, por lo que se recomienda el cambio de ‘…provisto de un conglomerado humano…’ por ‘…provista de un equipo humano…’

Respecto a las Actividades, el documento establece avances, por tanto son hechos consumados que no amerita hacer sugerencias sino emitir criterios evaluativos para casos específicos. 

Específicamente la A.3. no es coherente con la declaración de descentralización al entregarle la presidencia de los COE a los gobernadores, pues si fuera descentralizado deberían ser los Prefectos quienes debieron asumir la responsabilidad de presidirlos; al mismo tiempo se les entregó el encargo de ser los voceros oficiales cuando en la práctica esto no resultó funcional. 

Con base en la actividad A.8. sería pertinente dar el seguimiento del estado de situación de los albergues equipados por el MIES, pues luego de pasadas las emergencias se desconoce el destino y estado de ese equipamiento, que se supone debe ser utilitario para futuras emergencias, si fuese el caso de equipos no fungibles. No existe control social en este aspecto.

Finalmente y en términos generales, me permito sugerir lo siguiente:

1. Que se realice un análisis comparativo entre las diferentes actividades para poder determinar cuales pueden ser parte de un programa integral, de tal manera que no existan acciones repetidas conducentes a cumplir un mismo objetivo;
2. Realizar examen sobre los procesos tramitológicos aplicables tanto para los asuntos administrativos propios de la gestión pública como para el antes, durante y después de presentad la emergencia, con el fin de encontrar los “cuellos de botella” que afecten la capacidad de resiliencia institucional y ciudadana;
3. Incorporar en la gestión del riesgo planes de acción para los diferentes sectores productivos y profesionales; y,
4. Mantener y sustentar en el ámbito regional y local un equipo de voluntarios y personal contratado multidisciplinario para la eficiente articulación y accionar cuando de Propuesta de Estrategia pase a ser una política de obligatorio cumplimiento.