La problemática territorial en Puerto Cayo

Ante los cambios previstos en la Municipalidad de Jipijapa y la necesidad de seguir con las gestiones para solucionar problemas en Puerto Cayo - Jipijapa, una comisión de vecinos de la ciudadela Antonio de Vallejo mantuvo una reunión de trabajo con Ángela Plúa, virtual alcaldesa.

El acercamiento realizado el 20 de abril de 2023 y de índole político fue producto del oficio remitido por la Presidencia de la organización barrial ante la agenda de recorridos que se encuentra ejecutando quien será la nueva funcionaria municipal, en su interés por obtener información de contraste a los datos entregados por la actual alcaldía.

En la agenda de trabajo se expusieron más al detalle y las consecuencias de lo expuesto en el oficio remitido por los ciudadanos (leer AQUÍ), que su vez tuvieron las respuestas del caso desde la perspectiva que se tiene de la actual situación institucional.

En la argumentación inicial se le expuso la poca y casi nula respuesta de los trámites realizados en los últimos cinco años ante la Municipalidad, orientados a que se tomen acciones frente a los problemas que afecta tanto a la población en general y en particular a la Cdla. Antonio de Vallejo, colindante con el malecón y la playa sur.

Problemas y contexto municipal

Otros de los puntos centrales puestos a consideración de quien iniciará oficialmente la administración cantonal el 15 de mayo de 2023 fue el de ausencia de investigaciones y datos que sustenten los proyectos, sobre todo en aspectos de gestión de riegos en su integralidad; así mismo, sobre la desarticulación institucional en la ejecución de planes, programas y proyectos, a pesar que existen acuerdos y convenios.

En este sentido aseguró que efectivamente Jipijapa no tiene proyectos y respaldó lo mencionado por los asistentes en cuanto a la falta de estudios para acceder a financiamiento externo, considerando la no disponibilidad de recursos financieros de la municipalidad; mencionó la necesaria vinculación con las universidades para recabar información de base y también la gestión de proyectos.

El punto central estuvo en el marco de la falta de transparencia municipal e inexistencia de las opciones tanto para el control social como para la participación ciudadana.

Al inicio de su intervención Ángela Plúa aseguró que es necesaria una nueva organización en las distintas áreas municipales y que la nueva administración requerirá la colaboración ciudadana; para el caso de Puerto Cayo hizo hincapié en el aspecto turístico y el evidente desorden urbanístico.

Respecto a la contaminación de la playa indicó que "hay que comenzar a adornar" este lugar y sobre el descuido del malecón no hizo mayor explicación; sin embargo, adujo que el cuidado de esta infraestructura debe ser un trabajo conjunto, para lo cual es recomendable establecer articulación entre los distintos actores privados que hacen uso de la playa.

Resaltó la inconsistencia entre la condecoración a los recolectores de basura durante la Sesión Solemne de aniversario político de la parroquia y la información ciudadana que ha recibido. (Revisar la nota AQUÍ)

En la parte de seguridad realizó un comparativo con lo que ocurre en Jipijapa respecto a otras ciudades de Ecuador, sin realizar acotaciones a lo que se le indicó sobre el incompleto plan en el que trabaja el Consejo Cantonal de Seguridad. Indicó que en su momento recorrerá el UPC para conocer sobre la situación en que prestan servicios los policías. 

En este sentido se le indicó la intención del asambleísta Xavier Santos para que se ejecuten los arreglos en la unidad policial. (Revisar la nota AQUÍ)

Otras intervenciones

Ya en las distintas intervenciones, los vecinos asistentes ampliaron las implicaciones y posibles consecuencias ante la no intervención en los distintos problemas no resueltos, entre ellos la falta de alcantarillado sanitario lo que se ha convertido en una "bomba de tiempo" debido al crecimiento poblacional; en esta línea también se expuso sobre el proyecto para dotar de agua potable a la población y los inconvenientes por los que hasta la actualidad Puerto Cayo no tiene una plata potabilizadora.

En otra de las exposiciones ciudadanas, se comentó sobre la necesidad de que la población cuente con incentivos en el marco de la obra pública y las acciones que ciertos vecinos ejecutan, pero que en términos generales necesitan de "un brazo en el que se puedan apoyar" y que en este caso sería la municipalidad.

Otros de los temas planteados es el escenario en que muchos ciudadanos viven en las llamadas "invasiones" y que requiere de una intervención; además se reiteró la complicación que representa el crecimiento urbanístico descontrolado. La ocasión fue también la oportunidad para solicitar expresamente la actualización de la Ordenanza que regula el espacio en la Cdla. Antonio de Vallejo.

Asistió a esta reunión Franklin Merchán, en su calidad de próximo integrante de la Junta Parroquial de Puerto Cayo; durante su exposición aseguró que lo que se vive en la ciudadela por la mala calidad de servicios básicos es una situación que él también la vive.

La reunión terminó con el compromiso conjunto de aunar esfuerzos desde las distintas capacidades vecinales y municipales para diseñar una hoja de ruta conducente a cambiar los escenarios que afectan la sana convivencia en la parroquia. 

Agenda desarrollada: 

Desorden urbanístico: desactualización del catastro, predios abandonados, ordenanzas obsoletas, ineficiencia de la infraestructura turística pública. Así como riesgos en la provisión de servicios básicos y su calidad. Expansión urbanística sin planes de desarrollo asociados.

Contaminación de la playa: uso irracional del espacio (turismo – eventos públicos), actividades ilegales asociadas a la pesca artesanal, ausencia de un plan de recolección y disposición final de desechos sólidos. Extracción ilegal de arena sin controles;

Malecón: desconocimiento de la calidad de la obra, sin evaluación del modelo de gestión para el mantenimiento lo que está generando el constante deterioro del mobiliario y destrucción de facilidades, por la no aplicación de la ordenanza correspondiente específica y otras asociadas a este espacio público.

Inseguridad ciudadana: limitaciones de personal y logística de la Policía, desactualización del plan de riesgos y recursos, alto consumo de drogas (salud pública), restricciones en la reacción ante emergencias; y,

Trabas para el control social: evidencias del incumplimiento de la ley de acceso a la información pública, deficiencias en la sociabilización (incluye participación ciudadana) de los planes, programas y proyectos que se implementan en el sector de cada uno de los distintos niveles de gobierno.

Planteamientos sobre la herencia municipal

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Reflexiones sobre el pedido de "un Bukele para Ecuador"

Este comentario es parte de mis reflexiones sobre la aspiración de muchos ecuatorianos para "tener un Bukele" en el Ecuador ante la escalada de la violencia delincuencial y criminal.

Primeras aclaraciones:

1.- No es para contradecir o aprobar esas aspiraciones porque cada persona es dueña y responsable de sus opiniones estén o no equivocadas;

2.- No es para profundizar en quién es el presidente salvadoreño, porque importa el accionar estatal frente a los más de 20 años de ataques de las pandillas y lo que hicieron con la población civil; y,

3.- Existe una gran diferencia entre el entorno criminal de El Salvador y el de Ecuador.

Dicho esto, debemos reconocer las graves fallas y errores de las cinco funciones del Estado y de los gobiernos locales del país andino, tanto en prevención como en acciones disuasivas frente a la delincuencia común y el crimen organizado, incluye los delitos financieros en el sector público.

Es imprescindible conocer como surgieron las pandillas en el país centroamericano, justamente como un resultado de una guerra civil que dejó un saldo de más de 75.000 muertos, unos 12.000 desaparecidos y más de medio millón que emigraron especialmente a Estados Unidos; allí se formaron estas organizaciones irregulares, muchos fueron deportados, pero se mantuvieron unidos y se fortalecieron hasta convertirse en una amenaza social.

También es necesario entender desde lo democrático el método usado por el mandatario salvadoreño para implementar su actual sistema de guerra contra las pandillas, que ya tiene bajo arresto a casi el 2% de su población adulta al sospecharse que es o ha sido integrante de estos grupos violentos. Poco se conoce sobre los procesos judiciales.

Se calcula que son aproximadamente 70.000 individuos los pertenecientes a las pandillas; además que el país perdió cada año 6 mil millones de dólares por los efectos delictivos derivados de las pandillas, un equivalente al 20 % del Producto Interno Bruto; además, de tener sometida integralmente a la población urbana y rural.

Paso a Ecuador. Son incipientes los datos sobre los efectos en la economía nacional y familiar por el accionar la delincuencia común y el crimen organizado. Las estadísticas que difunde la Fiscalía y la Policía son extremadamente lineales. Seguimos contando muertos a diestra y siniestra, viralizando los vídeos de robos y asaltos, con una población civil que cada día desconfía más de la seguridad que ofrece el Estado.

La narrativa gubernamental está más sustentada en la operación narco y puesta en escena la actividad de ciertas bandas. Creo que hay mucho por estudiar sobre la delincuencia y la criminalidad en el país.

Otra de las aristas: las consecuencias del descontrolado uso de la violencia legítima. Dicho en otras palabras, el trabajo de policías y militares que están autorizados por ley para actuar con violencia como medida para contrarrestar los ataques delincuenciales y criminales.

¿Hemos pensado en la fuerza política latente que tiene la Policía? 

Pero eso es una parte del proceso. La siguiente fase es la gestión de la Fiscalía para llevar a los sospechosos ante la justicia y allí hay otro nudo crítico, pero es parte del sistema democrático que aún tenemos en Ecuador, aunque esté maltratado.

Pero aquí hago un alto para una abstracción: pedir justicia no tiene que ser sinónimo de venganza. 

Me topo entonces con otros de los temas polémicos: el de los Derechos Humanos. 

Primera aclaración: el Estado tiene el compromiso legal y moral de reconocer, respetar y hacer efectivos los Derechos Humanos, que es un conjunto de reglas para protegernos de la violencia propia de los estados e intentar una equilibrada convivencia entre el poder político y la sociedad civil.

Mi criterio es que no todos los defensores de los derechos son lo que dicen ser y quizás allí uno de los orígenes del problema; el otro es la negativa de los estados para aceptar sus errores y fallas en el cumplimiento de sus obligaciones para con los ciudadanos.

Es obvio y por regla general que tanto el delincuente como el criminal son propensos a infringir las leyes y el Estado se ve imposibilitado de impedirlo; por tanto, le es conveniente culparlos por atentar contra los Derechos Humanos de las víctimas y la indefensión de estas ante el sistema judicial.

El irrespeto a la propiedad privada y pública, que incluye a la vida, es una norma de actuación en los distintos estratos sociales y económicos.

Esto me lleva a lo que se conoce como Estado de Derecho; es decir, simplemente el respeto al ordenamiento jurídico establecido en la Constitución, resaltando uno de los principios básicos: ante una sospecha del cometimiento de un delito, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y esto se lo deberá hacer en un justo juicio. 

Pero doy un salto hasta Singapur, una ciudad - estado hiperdesarrollado bajo un régimen autoritario. Aquí vale conocer al Presidente que tuvo por 31 años el poder político: Lee Kuan Yew, que transformó a una sociedad en que mascar chicle o tenerlo es un delito. Allí los corruptos son sentenciados por el gobierno sin pasar por un juicio, las penas incluyen latigazos, la libertad de expresión está altamente restringida, la indisciplina también está penada. 

Hoy gobierna bajo los mismos parámetros la abogada Halimah Yacob, proclamada para el cargo sin proceso electoral en el 2017, que administra la sociedad bajo lo que se ha denominado "autoritarismo suave" y "tecno-totalitarismo".

Ahora bien, la represión legalmente brutal del presidente salvadoreño a los pandilleros ha dado tranquilidad al resto de la población y esto ha desatado una tendencia en América Latina para creer que para abordar problemas delincuenciales complejos y violentos es necesario suspender los derechos de los ciudadanos. Pero no se trata de igual manera a la corrupción que es otra forma de acto delincuencial.

Habría que pensar en la sostenibilidad del proceso con Bukele en el poder o sin él.

Y aquí es posible establecer una contradicción: las restricciones a libertad es el precio que debe pagarse para vivir en una sociedad sin delincuencia.

Pero la tendencia política en la región también le apunta a una variable paradójica, a la de una democracia totalitaria, aquella en la que ya no hay sociedad, solo individuos preocupados por sus propios intereses. Todo está atomizado, es impersonal y con dispersión jurídica, infoxicado y sin transparencia informativa.

Ecuador no escapa de esa realidad. 

En el país este escenario se evidencia o con el contubernio entre las funciones del Estado o sus confrontaciones para prevalecer como el “el primer poder del Estado”; con la baja calidad de los servicios públicos y los cuestionados privilegios para los distintos estratos socio-económicos. 

Completa el panorama la percepción real o ficticia sobre la calidad y cualidad de los servicios judiciales, con una Fiscalía debilitada y la imagen de jueces que parecería representan a una tendencia política, con indicios de negociaciones ilegales o inmorales.

¿Está preparado cada uno de los ecuatorianos que pide un Bukele para vivir bajo un régimen autoritario nacional y local en toda la extensión de la expresión? Si la respuesta es SÍ, está bien y nada más puedo argumentar. Si la respuesta es NO, entonces ¿Qué hacemos?

Tampoco tengo la respuesta concreta, pero sí estoy seguro que es necesario, que necesito, trabajar en función de la organización vecinal como una táctica contra todo tipo de delincuencia y aprender cómo usar la legítima defensa ante la amenaza que represan ladrones, asaltantes, tumbapuertas, arrancheros, sacapintas y otras modalidades de la delincuencia común. 

Tal vez sea una respuesta muy simplista a una incontrolable violencia que nos tiene de rodillas pidiendo piedad y subyugando nuestro libre albedrío.

Reconozco que el brillo del oropel de la majestuosidad presidencial ciega y da paso a una fe política en que una sola persona que, en uso de la violencia legítima, es dueña de nuestro presente y futuro, de nuestra seguridad. 

Esa fe ciega en el funcionario es lo que nos ha permitido transitar de la democracia participativa a la totalitaria y es seguro que de seguro terminará en otra patología política que podría llamarse democracia dinástica, en la que el líder político hereda a uno de sus seguidores el poder político, bien de manera directa como el caso Nicolás Maduro, o a través de las urnas sin opciones políticas como lo que está ocurriendo en Nicaragua. 

Concluyo. ¿A quién le vamos a vender los ecuatorianos nuestra seguridad pública y a qué precio? 

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A manera de referencias:

Primer antecedente. Es visible que el sistema gubernamental tiene limitaciones para enfrentar a este hecho social: policías y ladrones.

Segundo antecedente: Los delincuentes comunes nos han acorralado, han vencido a la Policía y burlado del Ministerio de Gobierno. La Fiscalía mira desde de la platea las escenas de inseguridad… La delincuencia común gobierna.

Tercer antecedente: Considero que son irreparables los daños ocasionados cuando un delincuente mata a sus víctimas, pero esta vez me he propuesto argumentar sobre un proceso para armar nuestra defensa barrial. Frente de batalla contra los delincuentes.

Actualización del 13 de agosto de 2023. "O las democracias se dan cuenta de que no les alcanza con existir y mostrar su magnífico perfil heleno, o los Bukeles de este mundo se van a quedar con casi todo." -  "No nos gusta saberlo, mucho menos decirlo: siempre hay un momento en que los pueblos aman a sus dictadores." Martín Caparros @martin_caparros

Análisis de la política pública parte I y II:

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Carta abierta para Ángela Plúa

Frente a los cambios previstos en la administración municipal de Jipijapa - Manabí, el Comité de Desarrollo Social y Comunitario de la ciudadela Antonio de Vallejo, en la parroquia rural Puerto Cayo, suscribieron una carta a la Alcaldesa electa Ángela Plúa, con la cual se adhieren a los procesos de participación ciudadana como una estrategia para solucionar los problemas en la zona.

El comunicado ciudadano fue publicado inicialmente en la cuenta Facebook de Ángela Plúa, conforme la metodología por ella implementada. Contenido de la carta:

Puerto Cayo, 10 de abril de 2023

Doctora
Ángela Plúa Santillán
ALCALDESA ELECTA DEL CANTÓN JIPIJAPA
Jipijapa.- 

En su despacho:

Reciba un atento saludo de quienes conformamos el Comité de Desarrollo Social y Comunitario de la ciudadela Antonio de Vallejo, en la parroquia rural Puerto Cayo – Jipijapa, legalmente constituidos mediante Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-0021-R.

Con base en las comunicaciones directas a través de su cuenta en Facebook, quienes conformamos esta junta de vecinos nos adherimos a los procesos de participación ciudadana, tanto para la fase de transición como en el ejercicio de sus funciones como Alcaldesa y las gestiones previstas en la administración municipal.

Nuestro interés está marcado por la necesidad de respuestas ante las distintas falencias de la parroquia que, indefectiblemente, impactan en nuestra ciudadela; por tanto, nuestro accionar está dirigido a gestionar los problemas comunes que afecta a cada uno de los ciudadanos que vivimos y trabajamos en Puerto Cayo.

En términos generales y con base en constantes evaluaciones, exponemos ante Usted la problemática y que corresponden a los distintos niveles de gobierno aplicar soluciones:

1. Desorden urbanístico: desactualización del catastro, predios abandonados, ordenanzas obsoletas, ineficiencia de la infraestructura turística pública. Así como riesgos en la provisión de servicios básicos y su calidad. Expansión urbanística sin planes de desarrollo asociados.

2. Contaminación de la playa: uso irracional del espacio (turismo – eventos públicos), actividades ilegales asociadas a la pesca artesanal, ausencia de un plan de recolección y disposición final de desechos sólidos. Extracción ilegal de arena sin controles;

3. Malecón: desconocimiento de la calidad de la obra, sin evaluación del modelo de gestión para el mantenimiento lo que está generando el constante deterioro del mobiliario y destrucción de facilidades, por la no aplicación de la ordenanza correspondiente específica y otras asociadas a este espacio público.

4. Inseguridad ciudadana: limitaciones de personal y logística de la Policía, desactualización del plan de riesgos y recursos, alto consumo de drogas (salud pública), restricciones en la reacción ante emergencias; y,

5. Trabas para el control social: evidencias del incumplimiento de la ley de acceso a la información pública, deficiencias en la sociabilización (incluye participación ciudadana) de los planes, programas y proyectos que se implementan en el sector de cada uno de los distintos niveles de gobierno.

Al mismo tiempo reconocemos la crítica situación administrativa y operativa tanto de la Municipalidad como de la Junta Parroquial Rural, pero sin que eso signifique inacción institucional y desinformación, provocando incertidumbre en los ciudadanos sin que podamos tomar decisiones en pro de nuestro bienestar personal, familiar y vecinal.

Con estos antecedentes, mucho agradeceremos se considere a nuestra organización barrial en los procesos de transición, sobre todo en los aspectos relacionados directamente con el desarrollo social como es la seguridad, gestión de riesgos y obras públicas. 

Adicional, solicitamos nos conceda un espacio en su agenda de tal manera de mantener una reunión de trabajo orientada a explicar al detalle desde nuestra perspectiva ciudadana las posibles soluciones y, de creerlo conveniente, generar una hoja de ruta en esta línea.

Ponemos a su disposición la dirección electrónica del blog en que se encuentra sistematizada algunas de nuestras acciones y que bien podrían servir como base de información para la toma de decisiones: https://raulzavala.wordpress.com/puerto-cayo-manabi/

Para recibir respuesta a lo solicitado está disponible la dirección electrónica del Comité: cdscadev@gmail.com.

Por la atención que se digne dar al presente, reiteramos nuestro debido agradecimiento.

Atentamente:

Washington Orlando                 Raúl Zavala Mosquera
PRESIENTE DEL COMITÉ DE         SECRETARIO DEL DIRECTORIO
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO Contacto: razmo63@gmail.com 
DE LA CIUDADELA ANTONIO DE VALLEJO 
PUERTO CAYO – JIPIJAPA

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Revisar la publicación en Facebook del Presidente del Comité: AQUÍ

 Mensaje público de Ángela Plúa

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