Uno de los cientos de post que pasan por mi TL en X llamó mi la atención por la temática y el significante. Fue como caminar por una concurrida calle, con mucho ruido y ofertas variadas, hasta que un "algo" llamó mi atención aunque no era para mi, un presentimiento que me llevó a tomar una decisión. Los 246 caracteres se convirtieron en un ensayo de pobreza, oportunismo e irracional optimismo.
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| Fuente: diario Extra de Costa Rica |
Todo empezó con Daniela Mora @DaniMSantacruz cuando publicó:
"Un paper que explique el absurdo que los lleva a preferir el asistencialismo/caridad/pedir plata/hacer honrados solidarios/rifar lo que les estorba en la casa para tener acceso a derechos (salud, educación, seguridad, alimentación, etc) en lugar de apostar por un estado que lo garantice."
Al momento de leerlo traté de tener una respuesta mental pero me fue imposible. Mis ideas conformaban un paisaje complejo de describir, historias humanas incluidas de ciudadanos y funcionarios como si lo uno no fuese parte de lo otro, tal vez cientos o miles de investigaciones, incontables noticias que quizás no han sobrevivido y otras que son parte de la historia viral de Ecuador; también un infinito número de inconsistencias morales e ilegales en el mundo de la institucionalidad pública.
Únicamente tenía un camino práctico para empezar.
Mutación de los 246 caracteres en 2.377
El ensayo explora las razones por las que un grupo de ecuatorianos podrían preferir soluciones asistenciales o caritativas, como donaciones, rifas o solidaridad comunitaria, frente a un Estado diseñado para garantizar derechos fundamentales como salud, educación, seguridad y alimentación. Partiendo del post de Daniela Mora el 14 de junio de 2025 y el accionar de la AI Grok 3, se analiza el marco constitucional de 2008, el rol de organizaciones de hecho y de derecho de la sociedad civil, las limitaciones del sistema público, así como los efectos del populismo legislativo junto a la demagogia municipal. Se incorpora un enfoque financiero de la inversión pública y el costo oportunidad del asistencialismo, haciendo hincapié en el control social.
1. Advertencia al lector
El asistencialismo en Ecuador muestra patrones distintos entre zonas urbanas y rurales, reflejando las desigualdades estructurales del país. En las áreas rurales, asistencialismo se manifiesta principalmente a través de iniciativas comunitarias, religiosas y organizaciones no gubernamentales, que responden tanto a la dispersión geográfica como a la limitada presencia estatal.
Mientras el asistencialismo rural depende de la solidaridad local, el urbano (centralista) se convierte en una herramienta política, destacando la necesidad de analizar estas dinámicas por separado para diseñar políticas efectivas.
Según el INEC (2025), el 52% de la población rural vive en pobreza, servicios básicos deficientes y centralismo cantonal, lo que incrementa la dependencia de donaciones solidarias.
Esta práctica política rural tiende a ser reactiva, abordando emergencias como la crisis de salud o seguridad o frente a desastres, pero carece de sostenibilidad debido a la falta de infraestructura básica y capacidades institucionales.
El mundo urbano, por su parte, aprovecha la concentración de la institucionalidad y de medios de comunicación que tienen la capacidad de realizar coberturas permanentes, así como acceder a las fuentes oficiales de manera más rápida y continua, para amplificar el “trabajo humanitario” del funcionario.
Por tanto, en el desarrollo de este ensayo se plantean escenarios genéricos porque cada caso debe tratarse por separado. Una de las consecuencias de la situación descrita conduce a no plantear conclusiones que podrían distorsionar el paisaje real del asistencialismo.
Como metodología de trabajo se usaron los datos aportados por Grok (AI) con base en las directrices que en el proceso les fui planteando y realicé los ajustes editoriales; consecuentemente, es pertinente que el lector lo lea con las reservas del caso y, de creerlo conveniente, realice aportes o críticas o contrastes que pueda ampliar más al detalle los inconvenientes del asistencialismo en Ecuador.
Guste o no a muchos es necesario que dejé planteado los lineamientos constitucionales, pues de ellos se desprende la política pública que orienta el accionar legal y permite hacer el contraste indispensable con lo que ciertos hechos han sido reportados en cuanto a las gestiones que ejecuta el sector público pero que no parece redundar en el bienestar colectivo.
2. El Estado Social y
de Derechos en la Constitución de 2008
La Constitución de 2008 define a Ecuador como
un "Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico"
(Art. 1). Este marco se alinea con el garantismo, que obliga al Estado a
proteger activamente los derechos ciudadanos (La Teoría Garantista – Derecho
Ecuador, s.f.). Artículos como el 32 (salud como derecho), el 57 (derechos
indígenas) y el 11 (desarrollo progresivo de derechos) refuerzan esta
obligación, pero la implementación ha sido inconsistente, alimentando la
desconfianza ciudadana.
3. El rol del asistencialismo
y la caridad en Ecuador
Caso de estudio. Organizaciones como Cáritas Ecuador
han llenado vacíos estatales, distribuyendo ayuda en áreas remotas durante emergencias
(Cáritas Ecuador, 2024); sin embargo, esta dependencia perpetúa el
asistencialismo.
El Ministerio de Salud enfrenta limitaciones
que agravan esta tendencia, con un 27% de la población evitando atención médica
por accesibilidad en 2006, según datos ajustados (scirp.org, 2023). La rapidez
de las soluciones caritativas contrasta con la burocracia pública, consolidando
esta preferencia.
4. Populismo
Legislativo
El populismo legislativo se refiere a la
práctica de los asambleístas de aprobar leyes que, aunque populares y
atractivas para el electorado, pueden ser ineficaces, perjudiciales o incluso
contrarias al Estado de derecho y la estabilidad institucional. En esencia,
implica priorizar la obtención de apoyo popular a través de medidas
legislativas, a menudo a expensas de la solidez y la coherencia de las leyes y
el sistema legal. (Jorge Peralta Parra – 2020)
Esta práctica ha jugado un papel clave en
erosionar la confianza en el Estado como garante de derechos. Durante el
gobierno de Rafael Correa (2007-2017), la Asamblea Constituyente de 2008,
dominada por Alianza PAIS, impulsó una Constitución que amplió las facultades
estatales, pero también introdujo un Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social como un "cuarto poder" controlado por el Ejecutivo
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Para el caso que se ocupa en este trabajo, la
función principal del Consejo de Participación Ciudadana es garantizar que las
instituciones públicas cumplan con su rol de proteger derechos, incluyendo los
sociales como salud y educación (Art. 1 y 32). Sin embargo, su diseño y
operación han estado influenciados por dinámicas políticas, especialmente
durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cuando se alineó con el
ejecutivo para legitimar políticas asistenciales.
La ausencia de un control social eficiente y
efectivo por parte del CPCCS se evidencia en su incapacidad para prevenir y
sancionar actos de corrupción que erosionan la confianza ciudadana. A pesar de
su mandato constitucional de supervisar la transparencia y la participación
ciudadana (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 207), el CPCCS
ha mostrado una gestión sesgada, influenciada por designaciones políticas que
priorizan intereses gubernamentales sobre el bienestar colectivo, dejando sin
freno iniciativas asistenciales propagandísticas. Esta deficiencia estructural
perpetúa la percepción de un Estado ineficaz, impulsando a la población a
recurrir a soluciones caritativas en lugar de exigir un cumplimiento garantista
de sus derechos.
Por tanto, es posible asumir que el CPCCS, en
lugar de fortalecer la rendición de cuentas, se ha percibido como una
herramienta populista y de apoyo para coaptar otras instancias como la
Contraloría, la Fiscalía, además de las distintas superintendencias, que
prioriza intereses políticos sobre los derechos ciudadanos, empujando a la
población a buscar soluciones caritativas como alternativa.
La estructura, diseñada para legitimar
políticas populares, a menudo prioriza medidas asistenciales —como subsidios
temporales— sobre reformas estructurales. Según el artículo "Democracia
reflexiva y demagógica" (Derecho Ecuador, s.f.), esta práctica refleja un
patrón regional donde líderes como Perón en Argentina o Correa en Ecuador usaron
promesas populistas para ganar apoyo, ofreciendo soluciones inmediatas que
desvían la atención de un sistema garantista sostenible.
La falta de cultura cívica, agravada por estas
tácticas, ha llevado a los ciudadanos a esperar resultados rápidos de la
caridad antes que del Estado.
5. Demagogia municipal
A nivel municipal, la demagogia ha logrado
amplificar el asistencialismo al convertir las administraciones locales en
plataformas de promesas vacías; los alcaldes han recurrido tanto a la
autogestión con la empresa privada en reemplazo al cumplimiento de sus
competencias como a rifas de bienes o eventos solidarios para ganar
popularidad, en lugar de fortalecer servicios públicos.
El artículo de Derecho Ecuador (s.f.) señala
que esta demagogia, similar a la de caudillos históricos, se nutre de las
angustias populares, presentando a los líderes como "mesías" que
resuelven problemas con gestos simbólicos. Por ejemplo, durante la crisis de
violencia de 2023, algunas municipalidades organizaron colectas comunitarias en
lugar de coordinar con el gobierno central para mejorar la seguridad.
Esta fragmentación refuerza la percepción de
que el Estado central y local no pueden cumplir su rol garantista, empujando a
la población hacia soluciones caritativas locales.
6. Contexto socio-político
reciente
La crisis de seguridad de 2023-2024, tras la
fuga de José Adolfo Macías y los ataques de bandas como Los Choneros, elevó la
tasa de homicidios a 46 por 100,000 habitantes (Wikipedia, 2025). El estado de
emergencia declarado por Daniel Noboa y la Operación Metástasis, que reveló
corrupción en 2023 (The Washington Post, 2023), han debilitado la confianza en
las instituciones, incrementando el recurso a la caridad como respuesta
inmediata a lo que se suma la incapacidad de reprimir los delitos comunes.
7. Precariedad laboral
Según el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), en 2021, el 66% de los ecuatorianos que trabajan lo hacen en
condiciones precarias, ganando menos del salario básico y sin beneficios
legales, con un empleo adecuado que cayó al 33,9% desde 38,8% en 2019
(Bloomberg Línea, 2022). En 2023, el Índice Global de los Derechos de la CSI
clasificó a Ecuador entre los peores 10 países para trabajadores, destacando
alta informalidad (50,6% del mercado laboral) y subempleo (Revista Gestión,
2023).
7.1. Impacto en la preferencia
por asistencialismo:
La precariedad limita el acceso a derechos como salud y educación, empujando a
los trabajadores informales a depender de caridad o iniciativas comunitarias,
especialmente en sectores vulnerables (Recio Cáceres, 2010).
7.2. Contexto de género: Las mujeres enfrentan tasas de
empleo no remunerado 2,8 veces superiores a las de los hombres (17% vs. 6%),
con ingresos promedio de US$ 368,5 frente a US$ 455,6 de los hombres en 2021,
agravando la necesidad de soluciones asistenciales (Bloomberg Línea, 2022).
7.3. Relación con el
Estado: La falta de
políticas públicas efectivas para combatir la informalidad, como se señala en
"La política laboral pisa el terreno de la precariedad" (Expreso,
2020), refuerza la percepción de un Estado incapaz con lo cual se considera que
fomentando la caridad se soluciona el problema.
8. Asistencialismo y
caridad criminal
8.1. Definición y
Contexto
El asistencialismo, entendido como la provisión
de bienes, servicios o apoyo (como alimentos, dinero o protección) a
comunidades vulnerables, no se limita a entidades estatales o caritativas
tradicionales. En el ámbito de la delincuencia organizada, este fenómeno puede
manifestarse como una estrategia para ganar legitimidad social, lealtad o
control territorial.
Según la entrada de Wikipedia sobre
"Organized Crime" (2025-06-10), en estados fallidos o débiles, como
puede percibirse Ecuador en ciertos contextos, las organizaciones criminales a
veces complementan funciones estatales básicas (educación, seguridad,
asistencia), especialmente en áreas donde el gobierno no llega.
8.2. Evidencia en
Ecuador
En Ecuador, la delincuencia organizada,
particularmente las bandas narcocriminales como Los Choneros, Los Lobos y Los
Tiguerones, ha mostrado prácticas asistenciales en los últimos años, especialmente
desde la crisis de seguridad de 2023-2024. Algunos ejemplos incluyen:
Distribución de Recursos: Informes periodísticos, como los de El Universo (2023), han documentado
cómo estas bandas han entregado alimentos, medicinas o efectivo en barrios marginales
de Guayaquil y Esmeraldas, presentándose como "proveedores" frente a
un Estado ausente tras el estado de emergencia declarado por Daniel Noboa.
Protección Social: En zonas controladas por estas organizaciones, como partes de Manabí,
se han reportado casos donde las bandas ofrecen "seguridad" a cambio
de lealtad, un sustituto de la protección estatal que ha fallado (BBC News,
2023).
Relación con la Operación Metástasis: La investigación de 2023 que vinculó a
funcionarios con el narcotráfico (The Washington Post, 2023) sugiere que esta
asistencia puede estar financiada por recursos ilícitos, amplificando su
alcance y efectividad frente a iniciativas estatales o caritativas legítimas.
8.3. Mecanismos y
Motivaciones
Estrategia de Control: Según el modelo de redes patrón-cliente descrito en Wikipedia
(2025-06-10), las organizaciones criminales operan como unidades fluidas que
valoran la familiaridad y la tradición. En Ecuador, esto se traduce en
construir redes de apoyo que aseguren silencio o colaboración comunitaria.
Contraste con el Estado: La rapidez y accesibilidad de esta "ayuda" contrastan con la
burocracia estatal, especialmente en contextos de precariedad laboral (66% de
empleo informal, INEC 2021) y crisis, reforzando la narrativa de que las bandas
"responden" mejor que el gobierno.
Legitimación Social: Al emular el asistencialismo de organizaciones como Cáritas Ecuador,
las bandas buscan normalizar su presencia, un fenómeno observado en otros
países como México, donde cárteles como el de Sinaloa han financiado obras
comunitarias (Insight Crime, 2022).
8.4. Implicaciones en
el caso ecuatoriano
El post de Daniela Mora (@DaniMSantacruz, 14 de
junio de 2025) critica la preferencia por soluciones caritativas sobre un
Estado garantista. La existencia de asistencialismo criminal complica este
debate, ya que existe:
Deslegitimación del Estado: La capacidad de las bandas para ofrecer asistencia refuerza la
percepción de un gobierno incapaz, como señaló Eduardo Buitrón (@edufuj11) en
su respuesta (00:49 UTC, 15 de junio de 2025).
Riesgo de Dependencia: Comunidades vulnerables, afectadas por la precariedad laboral y la
violencia, podrían volverse dependientes de estas redes, perpetuando un ciclo
de ilegalidad.
Desafío para políticas públicas: Un Estado que no contrarreste esta
"caridad criminal" con servicios efectivos podría perder aún más
terreno, especialmente en áreas rurales o urbanas marginales.
9. Rifas y Bingos
Solidarios
9.1. Contexto y popularidad
En Ecuador, las "rifas solidarias" y
"bingos solidarios" son prácticas comunes para recaudar dinero en
comunidades, especialmente en contextos de precariedad económica y debilidad
estatal. Estas iniciativas suelen organizarse para cubrir gastos médicos (tratamientos,
cirugías), reconstruir viviendas destruidas por desastres naturales (como
terremotos o inundaciones), o apoyar a familias afectadas por emergencias.
Según el artículo del portal radiolacalle.com estas
actividades han ganado notoriedad, pero también han sido asociadas con un
aumento del 400% en extorsiones en los últimos tres años, lo que sugiere un uso
ambivalente.
9.2. Motivaciones y usos
Gastos médicos: El sistema de salud pública, gestionado por el Ministerio de Salud
(salud.gob.ec), enfrenta limitaciones significativas, con un 27% de la
población evitando atención médica por accesibilidad (scirp.org, 2023). Esto
impulsa a las familias a organizar rifas para financiar cirugías, medicamentos
o tratamientos oncológicos, como se observa en casos documentados por Cáritas
Ecuador (2024).
Pérdidas de vivienda: Desastres como el terremoto de 2016 o las inundaciones recurrentes en
la costa han dejado a miles sin hogar. Páginas de Facebook como "Rifas
Solidarias a favor de Rosita Carchi" (www.facebook.com) (www.facebook.com)
muestran cómo se recaudan fondos para reconstrucción, a menudo en ausencia de
apoyo estatal inmediato.
Solidaridad comunitaria: Estas actividades reflejan una cultura de apoyo mutuo, arraigada en
comunidades indígenas y rurales (Constitución, Art. 57), pero también destacan
la falta de un sistema de seguros sociales accesible.
9.3. Mecanismos y
Organización
Estructura: Las rifas suelen vender boletos a
precios bajos (ej. USD 1-5) con premios como electrodomésticos o efectivo, mientras
que los bingos combinan entretenimiento con donaciones. Organizaciones
comunitarias, iglesias o familias individuales lideran estos eventos, usando
redes sociales como WhatsApp o Facebook para promocionarlos.
Alcance: Según Bingos solidarios (bcn.cl)
estas iniciativas pueden movilizar a cientos de personas, especialmente en
zonas urbanas marginales o rurales, donde el Estado tiene poca presencia.
Riesgos y contaminación
criminal
Extorsión:
El artículo de Diario La Hora advierte que bandas narcocriminales, como Los
Choneros, han explotado las rifas solidarias como fachada para extorsión.
Organizan sorteos ficticios, recolectan datos de compradores y luego los
"vacunan" (exigen pagos). La Policía Nacional recomienda no
participar en eventos de origen desconocido (La Hora, 2023).
Lavado de dinero: Insight Crime (2022) sugiere que algunas rifas podrían servir para
blanquear ganancias ilícitas, un riesgo amplificado por la crisis de seguridad
de 2023-2024 en Ecuador (Wikipedia, 2025).
Falta de regulación: La ausencia de supervisión estatal permite que estas actividades sean
vulnerables a abusos, erosionando su propósito original.
10. Datos cuantitativos
y tendencias
Frecuencia:
No hay estadísticas oficiales exactas, pero el crecimiento de grupos de
Facebook y eventos en plataformas locales indica un aumento desde 2020,
coincidiendo con la pandemia y la crisis económica.
Impacto Económico: Según estimaciones de Cáritas Ecuador (2024), estas iniciativas
recaudan entre USD 500 y 5.000 por evento, dependiendo del alcance, pero los
fondos suelen ser insuficientes para necesidades complejas.
Población Afectada: La precariedad laboral (66% informal, INEC 2021) y la desigualdad de
género (ingresos femeninos de USD 368,50 vs. 455.60 masculinos, Bloomberg
Línea, 2022) amplifican la dependencia de estas rifas.
Relación con el post
de Daniela Mora: @DaniMSantacruz
critica la preferencia por estas soluciones asistenciales sobre un Estado garantista.
Las respuestas, como la de @rxcastro01, sugieren que este fenómeno refleja una
"arribismo de alma", mientras que la imagen de Meta AI compartida por
@isabelr16799663 señala la estigmatización y la desconfianza en las
instituciones como factores. Las rifas solidarias encajan en esta narrativa
como un síntoma de la incapacidad estatal para garantizar derechos (Art. 32,
Constitución 2008), especialmente en salud y vivienda.
Deducciones: Las rifas y bingos solidarios en
Ecuador son una respuesta pragmática a las fallas del Estado en salud y
vivienda, arraigada en la solidaridad comunitaria pero expuesta a riesgos
criminales. Su popularidad refleja tanto la resiliencia social como la urgencia
de un sistema garantista efectivo, como plantea Dani Mora. Para mitigar abusos,
se requeriría regulación estatal y educación financiera, aunque la
implementación enfrenta desafíos significativos.
La preferencia por el asistencialismo se
explica por la desconfianza en el Estado, la rapidez de las soluciones
caritativas y la cultura solidaria (Art. 57). El populismo legislativo y la
demagogia municipal han exacerbado esta tendencia al priorizar gestos sobre
reformas.
11. Necesidad del
análisis Costo de oportunidad
El asistencialismo, aunque efectivo a corto
plazo, implica un costo de oportunidad significativo. Cada recurso destinado a
caridad o donaciones privadas podría invertirse en fortalecer el sistema
público, como mejorar la infraestructura sanitaria o educativa. Por ejemplo,
los fondos recaudados por Cáritas Ecuador en 2022 (Cáritas Ecuador, 2024)
podrían haber financiado programas estatales, pero la falta de un análisis
económico sistemático impide evaluar esta alternativa.
A pesar de que el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas (2010) exige evaluaciones de viabilidad, no
existe evidencia pública de que el sector público ecuatoriano realice informes
de costo de oportunidad para decidir inversiones en el sector social. El
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2025) y el INEC (2025) proporcionan
datos presupuestarios y estadísticos, pero la priorización de gastos reactivos
refleja una ausencia de análisis sobre alternativas sacrificadas, perpetuando
el asistencialismo en detrimento de estrategias sostenibles.
Este enfoque requiere estudiar no solo los
beneficios inmediatos del asistencialismo, sino también las oportunidades
perdidas en términos de desarrollo a largo plazo, como la reducción de la
desigualdad o el fortalecimiento institucional. Sin este análisis, la
dependencia de la caridad sigue siendo una solución reactiva más que
estratégica.
12. Requerimientos del
Retorno de la Inversión Pública
La ausencia de datos claros sobre el retorno de
la inversión pública agrava la desconfianza en el Estado. Aunque la
Constitución de 2008 promovió un aumento en el gasto social (Art. 11), no se
han establecido métricas consistentes para medir su impacto, como la mejora en
tasas de alfabetización o acceso a salud.
Estudios como el de la PMC (2023) sugieren que
las reformas de salud desde 2008 elevaron la inversión pública, pero sin
evaluaciones robustas, los ciudadanos perciben estas iniciativas como ineficaces,
prefiriendo la transparencia de las donaciones privadas.
Recolectar datos actualizados del INEC (2025) y
publicar informes anuales transparentes serían pasos clave para justificar la
inversión estatal y reducir el asistencialismo.
13. Asistencialismo
como propaganda oficial
Ningún análisis de escenarios está completo si
es que no se incluyen aspectos de información pública, sobre todo y en este
caso los que ejecutan las distintas instituciones del sector público, que bien
puede entrar más en el campo de la propaganda que de la comunicación social,
considerando el alto consumo en redes sociales virtuales.
La periodista española Delia Rodríguez desarrolló
hace más de una década uno de los problemas comunicacionales actuales en su
libro «Memecracia: Los virales que nos gobiernan» y parece que hoy alcanzó una
madurez que consolida también a las redes sociales como principal ventana de la
información y canal de comunicación política. (Jairo Mejía – 2025)
El impacto de las redes sociales en la política
no es positivo en su totalidad. Uno de los mayores desafíos es la difusión de
noticias falsas y la manipulación de la información. La facilidad con la que
los contenidos pueden viralizarse ha permitido que actores malintencionados,
muchos ligados a los gobiernos, difundan desinformación para influir en la
opinión pública y en los procesos electorales. (Isaac Amezcua López – 2025)
Una gran parte de las cuentas oficiales ilustran
cómo el asistencialismo se usa como propaganda oficial, usando un lenguaje
emotivo en frases como “salud con amor y compromiso”, sugiriendo un esfuerzo coordinado
para mejorar la imagen institucional o de algún funcionario de alto nivel.
Según el INEC (2025), las campañas estatales de
salud aumentaron un 15% en 2024, coincidiendo con la crisis de seguridad de
2023-2024, cuando el estado de emergencia impulsó respuestas visibles con alto
contenido emocional. Esta práctica, que remonta a los años 90 con líderes
usando ayuda para ganar apoyo (Desarrollo i, 2021), se alinea con la retórica
del gobierno u otra institución para contrarrestar críticas (The Washington
Post, 2023). Sin embargo, esta propaganda puede distorsionar la percepción
ciudadana, presentando el asistencialismo como solución definitiva en lugar de
un complemento temporal.
14. Epílogo
La Constitución de 2008 establece un ideal de
Estado social que choca con la realidad de un sistema debilitado por el populismo,
la demagogia y las multicrisis; esta desconexión ha llevado a una parte de la
población ecuatoriana a refugiarse en el asistencialismo.
Ahora bien, esa suplantación de las
obligaciones estatales carece de métodos para la evaluación de objetivos
cumplidos desde la perspectiva de la sostenibilidad o de resultados que
reflejen que la inversión de recursos públicos haya sido usada efectivamente a
favor de ciudadanos en situación de riesgo y no de protagonismo personal de
funcionarios o promoción electoral ilegal.
Vale entonces preguntarse, aunque pueda parecer
la injerencia de administración privada: ¿Quién está realizando cálculos del
retorno social de las inversiones públicas? y al igual sucede con saber si los
funcionarios tomadores de decisiones han revisado al detalle los informes de
Costo Oportunidad de las opciones para solución de problemas sociales,
considerando que “alguien” los elabora, aunque no esté contemplando en la ley y
por tanto no sean vinculantes.
También es casi seguro que este tipo de
trabajos administrativos tampoco se realizan para la elaboración leyes, lo que
acentúa el populismo legislativo; práctica que también es extrapolable,
principalmente, a las municipalidades por la carga de obligaciones que
constitucionalmente tienen.
Y quizás lo escabroso de este tema es la manera
en que para una gran parte de la población no ha sido posible evadir la trampa
de la pobreza; es decir, al mecanismo cíclico y autorreforzante mediante el
cual las personas, hogares o comunidades quedan atrapadas en condiciones de
pobreza debido a la interacción de múltiples factores que limitan su movilidad
socioeconómica, impidiendo que salgan de ella incluso con esfuerzo individual
(Economipedia, 2022; Instituto Juan de Mariana, 2023)
Entonces, en respuesta a Daniela Mora es
posible afirmar que la preferencia de un grupo de ecuatorianos por el
asistencialismo refleja, en última instancia, la trampa de pobreza que atrapa a
amplios sectores de la población, especialmente en zonas rurales donde el 52%
vive en condiciones de necesidad. Y con pobreza es más fácil rentabilizar la
imagen de un poder político semejante a la de un dios todo poderoso.
Por último, en la imagen pública el trabajo del
CPCCS es invisible o se lo mira como inservible para la aportar en la solución
de problemas sociales, pero debió ser la piedra de tope para evitar que el
asistencialismo sea un lastre nacional. ¿Los consejeros de control social
asumirán sus responsabilidades?
Última revisión: 23 de junio de 2025.
Referencias
- Amezcua López, Isaac. Redes sociales y
política, cómo influyen en el poder y la opinión pública. uic.mx (2025)
- Constitución de la República del Ecuador
(2008). https://pdba.georgetown.edu
- Cáritas Ecuador (2024). Memoria Anual 2022.
https://www.caritasecuador.org
- La Teoría Garantista – Derecho Ecuador (s.f.).
[fuente en línea].
- Mejía Jairo - La «memecracia» alcanza su cénit
en el primer mes de gobierno de Trump - swissinfo.ch – (2025)
- Ministerio de Salud Pública (2025).
https://www.salud.gob.ec
- Peralta Parra, Jorge. Simbolismo jurídico: una
aproximación al populismo legislativo. https://www.redalyc.org/
- "Health Promotion in
Ecuador" (2023). https://scirp.org
- Wikipedia (2025, 17 de mayo). Ecuadorian
conflict (2024–present). https://en.wikipedia.org
- The Washington Post (2023).
Operación Metastasis.
- OPS (2022). Respuesta comunitaria en América
Latina.
- "Democracia reflexiva y demagógica" –
Derecho Ecuador (s.f.). https://derechoecuador.com
- 66% de ecuatorianos trabaja en precariedad - bloomberglinea.com
Palabras clave
Estado social, garantismo, asistencialismo,
derechos fundamentales, Ecuador, Constitución de 2008, populismo, demagogia,
finanzas, inversión, criminalidad.
Agradecimientos
Gracias Daniela Mora. Su chispa inicial de 14 de junio de 2025 que encendió mi reflexión sobre el asistencialismo y el Estado social en Ecuador y fue lo que me llevó a descubrir los mundos de la gestión pública y, sobre todo, tener caminos más claros en mi percepción sobre las fallas y errores al momento de emitir mis criterios y juicios. Y claro por su autorización para usar su post en X.
Envío mis reconocimiento a Grok, allá en su éter digital, porque con sus recorridos rápidos y capacidades diseñadas lograron recabar textos para responder mis inquietudes y permitirme desarrollar otro tipo de lecturas como las que genera la inteligencia artificial como herramienta para optimizar tiempo. Y claro, por ser el lector 0.
Entre los dos me permitieron construir una obra, creo yo, con una visión, distinta fusionando la narración del ensayo clásico que trascienda lo académico actual, sin perder mi norte de periodista profesional.
Datos sobre el editor de la nota:
Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala
Ante la situación de frontera sur, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas al mando del Sr. General Luis Piñeros con una visión muy clara, decide formar una fuerza élite de combate.
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