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15 de octubre de 2025

Parrales y Guale frente la Independencia de Jipijapa

El titular de esta entrada es un puente perfecto entre dos momentos clave en la historia de Jipijapa: la lucha autonomista de Manuel Inocencio Parrales y Guale en 1780 y la adhesión a la Independencia de Guayaquil en 1820; Sin embargo, al poner estos episodios en diálogo, surge una crítica necesaria sobre cómo la memoria colectiva de esta ciudad ha priorizado ciertos relatos heroicos mientras relega otros, más profundos, a las sombras. Este es un comentario crítico  no una reseña histórica.

Empiezo… centrar la memoria de Manuel Inocencio Parrales y Guale en el 2 de agosto de 1780, el día en que Carlos III firmó la Cédula Real que reconoció las tierras indígenas de Jipijapa y sus alrededores, pone el foco en el corazón de su gesta; este hito, junto con la adhesión de Jipijapa a la Independencia de Guayaquil el 15 de octubre de 1820, teje una narrativa compleja sobre la identidad manabita. Sin embargo, la forma en que se ha priorizado el segundo evento sobre el primero revela un sesgo en la memoria colectiva que merece una mirada crítica. ¿Por qué el grito libertario de 1820 resuena más fuerte que la victoria silenciosa, pero transformadora, de 1780? 

El 2 de agosto de 1780 no es solo una fecha; es el clímax de la resistencia de Parrales y Guale, un cacique mestizo-indígena que, armado de memoriales y tenacidad, cruzó el océano tres veces para enfrentar al poder colonial en España. La Cédula Real, conocida como el “Mandato de Madrid”, ordenó titular unas 5.900 hectáreas a las comunidades indígenas de lo que actualmente son los cantones Jipijapa, Paján, 24 de Mayo y Puerto López, protegiéndolas del despojo de encomenderos y estancieros. 

Este logro no fue un simple trámite: fue un desafío estructural al sistema colonial, un acto de autonomismo indígena que aseguró la soberanía territorial y sentó un precedente para la justicia agraria en América. Parrales y Guale, declarado en el 2011 por la Asamblea Nacional como “precursor de la reforma agraria” y defensor de los indígenas, no necesitó espadas para cambiar la historia; su arma fue la inteligencia legal y la visión colectiva para vivir mejor.

El rumbo de un defensor astuto y tenaz

Manuel Inocencio Parrales y Guale (1745-1806), cacique gobernador del Común de Indios de Jipijapa, no fue un rebelde armado, sino un defensor astuto y tenaz de los derechos indígenas en el corazón de la colonia española. Nacido en San Lorenzo de Jipijapa del mestizo Inocencio Parrales y una noble indígena Manuela Guale; de linaje de antiguos caciques, Parrales creció en un contexto de despojos sistemáticos: las tierras comunales, ocupadas "inmemorialmente" por los pueblos indígenas de la región, eran codiciadas por encomenderos y estancieros que imponían cultivos forzados como el tabaco, en suelos áridos que solo agotaban a los nativos.

Frustrado por la indiferencia de las autoridades locales en Portoviejo y Quito, Parrales , "indio ladino" educado en lectura, escritura y contabilidad por el cura Francisco Javier Ruiz-Cano, emprende una odisea diplomática; viaja tres veces a España (1777, 1779 y 1781), exponiendo memoriales ante la Corte de Madrid. Su persistencia rinde frutos: el 2 de agosto de 1780, el rey Carlos III expide una Cédula Real que autoriza a los fiscales de las audiencias a reconocer y titular las tierras indígenas ocupadas de forma continua, protegiéndolas de ventas o herencias a particulares. Esta cédula, conocida como "Mandato de Madrid", llega a Quito a fines de ese año y culmina en 1805 con la sentencia de la Real Audiencia, confirmando unas 5.900 hectáreas para el Común de Jipijapa.

La gesta octubrina

Cuatro décadas después, el fuego independentista de Guayaquil, el "Grito del 9 de Octubre" de 1820, liderado por próceres liderados José Joaquin Olmedo se propaga como un vendaval por la costa; Jipijapa, ya fortalecida por el legado de Parrales y Guale, cuyas tierras comunales aseguraban cohesión social, responde con celeridad. 

El 15 de octubre de 1820, apenas seis días después, el pueblo declara su adhesión inmediata a la Provincia Libre de Guayaquil, convirtiéndose en el primer territorio de Manabí en sumarse a la emancipación. 

Impulsados por mensajeros como José Antonio de Vallego (en ruta a Portoviejo), los campesinos, artesanos y líderes locales jipijapenses proclaman la independencia en una asamblea popular, jurando lealtad a la nueva república naciente. Este acto no fue aislado: formaba parte de una ola que incluyó a Samborondón (10 de octubre), Daule (11) y otros, consolidando la Provincia Libre. 

Comparaciones históricas coyunbturales

En contraste, el 15 de octubre de 1820, cuando Jipijapa juró lealtad a la Provincia Libre de Guayaquil, es un hito cívico que resuena con orgullo en desfiles, actos cívicos y ferias. Seis días después del 9 de Octubre, el pueblo jipijapense, se unió al proyecto independentista guayaquileño, aunque no hubo batallas documentadas, este acto requirió audacia: desafiar a la corona en un contexto de incertidumbre, con Portoviejo y Quito aún bajo control español, era un riesgo político; sin embargo, su celebración como fecha cívica ha eclipsado la gesta del insigne cacique y aquí radica la primera crítica: la narrativa independentista, centrada en la épica criolla de Guayaquil, ha relegado el 2 de agosto de 1780 a un segundo plano, pese a que la cohesión territorial lograda por el Cacique fue la base que permitió a Jipijapa responder con tal rapidez en 1820.

Este sesgo refleja una tendencia histórica en el Ecuador republicano: glorificar los momentos de ruptura política, como la adhesión de 1820, mientras se subvaloran las luchas estructurales, como la de Parrales y Guale. La Cédula Real no solo devolvió tierras, fortaleció la identidad y economía de comunidades indígenas, dando a Jipijapa la capacidad política para sumarse al proyecto libertario. 

La “lealtad a Guayaquil” es un hito visible, pero efímero en su impacto comparado con la transformación agraria y cultural de 1780. La memoria colectiva, al priorizar grandes celebraciones por el 15 de octubre parece olvidar que, sin las tierras del sur de Manabí, la Sultana del Café no habría tenido la fuerza social para ser la primera en la provincia en abrazar la independencia.

Una segunda crítica apunta a la narrativa cívica actual. La conmemoración del 15 de octubre, con su pompa y color, refuerza un orgullo local que simplifica la historia jipijapense a un acto de alineación con Guayaquil. Esta visión, heredada de la historiografía criolla del siglo XIX, invisibiliza las raíces indígenas que Parrales y Guale defendió. El 2 de agosto de 1780 debería ser un faro cívico: es un recordatorio de que la soberanía comienza en la tierra, un principio que resuena en el Ecuador 

La gesta de Manuel Inocencio, al usar las leyes coloniales contra el colonizador, es un modelo de resistencia creativa que merece más que un reconocimiento académico; debería ser un pilar de la identidad manabita.

Estos episodios, separados por 40 años, revelan la evolución de la resistencia manabita: del reformismo indígena colonial al republicanismo criollo-liberal. Parrales representa la autonomía "desde abajo" (indígena, legalista, territorial), un precursor sutil que genera pertinencia en comunidades sin derramar sangre, pero cuestionando el yugo español en su raíz económica: la tierra. En cambio, 1820 es la independencia "desde arriba", inspirada en la Ilustración y las revoluciones atlánticas, colectivas y armadas, que une a criollos, mestizos e indígenas en un proyecto nacional.

Como base a la tercera crítica, este es un necesario cuadro comparativo:

Aspecto

Episodio de 1780 (Parrales y Guale)

Episodio de 1820 (Adhesión de Jipijapa)

Naturaleza

Reformista y autonomista: reclamo legal por tierras ancestrales dentro del sistema colonial.

Independentista radical: ruptura total con España, adhesión a la república guayaquileña.

Protagonistas

Líder indígena (cacique) y comunidad nativa; viajes a Madrid.

Pueblo entero (campesinos, artesanos); impulsado por mensajeros guayaquileños.

Impacto Inmediato

Títulos de propiedad para 5.900 ha. en Jipijapa y regiones aledañas (Paján, etc.); protección contra despojos.

Primer cantón manabita libre de españa; base para provincialización de Manabí en 1824.

Legado en la Memoria

Reconocido en 2011 como precursor agrario; natalicio (17 junio) conmemorado localmente.

Fecha cívica oficial (15 octubre); desfiles anuales, turismo y orgullo patrio.

Conexión

Sembró cohesión territorial que facilitó la adhesión de 1820.

Culmina ideales de Parrales en soberanía plena.

En esencia, Parrales y Guale es el "padre fundador" de la autonomía regional, mientras que 1820 es su "hijo rebelde" que la universaliza. El mayor énfasis en lo segundo obedece a la narrativa nacional independentista, pero el primero gana relevancia hoy en debates sobre derechos y política agraria; juntos, muestran que la historia de Manabí no es lineal, sino un tapiz de muchos hechos y, en este caso: la de Parrales y Guale aseguró la tierra para que en 1820 el pueblo pudiera tener libertad política alejada de las decisiones de la Corona.

Finalmente, una crítica al presente: Jipijapa, y Manabí en general, podrían revitalizar el 2 de agosto como una fecha que conecte el pasado con los retos actuales, pues la la victoria de Cacique Manuel Inocencio Parrales y Guale es un llamado a defender los recursos y la identidad local, pues la memoria de Parrales no compite con la de 1820; la sustenta. Jipijapa no debe elegir entre sus héroes, pero sí reequilibrar su relato para que el Cacique brille tanto como la bandera de la gesta del 9 de Octubre.

Nota final: 

Este análisis se redactó revisando textos disponibles en la red, consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones históricas, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

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Datos sobre el autor:

13 de octubre de 2025

Sombras sobre el derecho a informar

En muchas de las calles de Ecuador, donde el eco de las demandas indígenas resuena desde hace casi un mes, muchas voces no alienadas al Gobierno se ha convertido en un blanco invisible pero constante; en medio del caos, periodistas, reporteros ciudadanos y medios de comunicación han enfrentado una oleada de agresiones que cuestiona el compromiso estatal con la libertad de expresión.

 Jorge Cano, de Wambra Ec, mientras era requisado
por un militar a pesar de haberse identificado

Hace apenas tres meses, en julio de 2025, la Policía Nacional firmó un "Documento de Acuerdos" con gremios periodísticos para garantizar la seguridad de la prensa en protestas sociales, un pacto que hoy parece evaporarse en el fragor de las manifestaciones. 

Las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel, el aumento del IVA y proyectos mineros como Loma Larga han paralizado carreteras, generado enfrentamientos y un saldo de al menos un fallecido, más de 100 detenidos y pérdidas económicas superiores a los 42 millones de dólares.

El paro nacional, iniciado el 15 de septiembre y extendido indefinidamente, ha sido un polvorín para la información. Según la Fundación Andina de Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), hasta el 12 de octubre se han registrado 36 agresiones contra periodistas y medios, incluyendo 21 casos de violencia física y restricciones a la libertad de expresión. 

Estas cifras no distinguen entre agresores: tanto la Policía Nacional como manifestantes han sido señalados. En Quito, el 5 de octubre, una marcha pacífica contra las medidas económicas del Gobierno de Daniel Noboa terminó en represión policial. Comunicadores de Ecuador Chequea denunciaron que agentes lanzaron al suelo teléfonos y empujaron a reporteros mientras grababan los incidentes, en un claro intento de censurar la evidencia visual. 

Videos difundidos en redes sociales capturaron el momento: gases lacrimógenos envolviendo a equipos periodísticos, obligándolos a huir mientras intentaban documentar detenciones arbitrarias.

En las provincias del norte, como Imbabura –epicentro de las movilizaciones–, la violencia ha escalado. El 1 de octubre, en Cotacachi, manifestantes y fuerzas de seguridad chocaron tras un ataque a un convoy humanitario presidencial, dejando 17 militares secuestrados temporalmente y un indígena fallecido por disparos en la espalda. En ese contexto, periodistas independientes reportaron insultos, piedras y palos lanzados por grupos de manifestantes, mientras la Policía desplegaba gases y balas de goma sin distinción, afectando a reporteros que cubrían los hechos. 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que monitorea abusos desde 2019, documentó detenciones arbitrarias de comunicadores y la destrucción de equipos fotográficos, sumando al menos 24 casos en una semana.

Los reporteros ciudadanos no han escapado al fuego cruzado. En Guayaquil, el 7 de octubre, Camila Martínez, comunicadora del departamento de medios de la CONAIE, fue arrestada mientras transmitía en vivo los bloqueos viales. Condenada a cinco días de prisión por "infringir contra la autoridad", su caso ilustra cómo incluso los narradores internos de las protestas son silenciados.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha calificado estas acciones como un "deterioro alarmante" de la protección a la prensa, exigiendo al Gobierno investigar excesos policiales y garantizar accesos seguros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación similar, recordando que Ecuador acumula más de 30 denuncias de agresiones a reporteros gráficos en apenas dos semanas, con presiones para borrar evidencias de represión.

La Conaie, por su parte, ha intentado mitigar el caos interno emitiendo "salvoconductos" para periodistas que cubran sus movilizaciones, alegando la presencia de "infiltrados" –incluidos supuestos militares disfrazados de reporteros– que provocan disturbios.

Sin embargo, estos pases no han evitado incidentes: el 3 de octubre, en Pastaza, una marcha multitudinaria por la vida y el territorio vio cómo equipos de Teleamazonas eran agredidos con objetos contundentes por manifestantes exaltados.

La reportera de radio Olímpica, Leyda Ángulo y Geovanny Astudillo, corresponsal de TV Cisne fueron detenidos a las 20:00 del 4 de octubre en la avenida Quito, al centro de la amazónica ciudad de Nueva Loja. Los periodistas estuvieron más de 12 horas detenidos junto a otros ciudadanos y estuvieron retenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos; fueron liberados la tarde del 6 de octubre sin acusación particular.

La vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, insistió en que "ningún acto violento está relacionado con el movimiento indígena", pero las denuncias persisten.

El 8 de octubre la periodista María Sol Borja cuestiona el proceder de funcionarios a propósito del ataque a los vehículos oficiales: “…ayer los voceros oficiales hablaron de balas en el vehículo presidencial y de intento de magnicidio. Hoy, ese relato ha quedado desmontado (al menos de forma preliminar) por el trabajo de varios periodistas y medios. Eso nos recuerda por qué no hay que dar por cierta la versión oficial. En periodismo, el gobierno es una fuente, como muchas otras. Y, al igual que las demás, es parte interesada. Sumarse al relato sin dudar no es hacer periodismo.”

Santiago Gil, periodista y operador de dron de Ecuavisa, denunció haber sido agredido por la fuerza pública, mientras cubría la movilización del domingo, 12 de octubre, en el centro norte de Quito; además de él también reportaron agresiones Jorge Cano (Wambra), retenido y requisado por un militar armado, pese a portar chaleco y credencial de prensa. Gabriela Mena (Telesur), agentes policiales destruyeron su teléfono celular mientras grababa la represión. 

A ellos se suma: el periodista gráfico David Díaz de @LaPeriodicanet, Marcelo Negrete (Red Kapari), retenido por efectivos de la fuerza pública. Pamela Ledesma (BN Periodismo), agredida por policías mientras intentaba registrar la detención de dos manifestantes.

El caso más reciente, ocurrido la mañana del 13 de octubre en Quito, ilustra la tensión que trasciende las calles y llega a las instituciones. El periodista Enrique Alcívar, conocido por sus intervenciones incisivas en ruedas de prensa gubernamentales, fue restringido de ingresar al Palacio de Carondelet para cubrir el conversatorio semanal de la vocera presidencial Carolina Jaramillo. Alcívar, quien ha cuestionado repetidamente al Ejecutivo sobre temas sensibles, denunció en redes sociales que un militar lo intimidó en los exteriores, prohibiéndole grabar un video del incidente. 

"Ahora sí denuncio que fui impedido de ingresar al Palacio de Gobierno", escribió, adjuntando footage que muestra el forcejeo; ante lo cual el periodista Fabricio Vela reaccionó: "Conflicto absolutamente innecesario e inexplicable. Condeno públicamente la censura dirigida a Enrique Alcívar. ¡Solidaridad!"

Ya en la convocatoria de la funcionaria afirmó que el Bloque de Seguridad actúa dentro de sus competencias durante el paro nacional y que la prensa no está exenta de controles ni revisiones. La declaración surge tras denuncias de presuntas agresiones a periodistas que cubren las movilizaciones en varias provincias del país; además, sobre la marcha del domingo indicó que "el número de personas que se manifestaron ayer fue un número marginal frente al total de ciudadanos que habitamos esta ciudad".

Este suceso, ocurrido en el día 29 del paro, ha sido calificado por gremios como un "obstáculo directo a la libertad de prensa" y un eco de las exclusiones vividas en las protestas. 

Amnistía Internacional y otras 50 organizaciones regionales han condenado el "uso excesivo de la fuerza" y la persecución a líderes sociales y comunicadores, advirtiendo un "deterioro en la protección de derechos humanos".

Mientras el Gobierno ofrece compensaciones económicas –como 300 millones de dólares en maquinaria agrícola y bonos– y renueva estados de excepción en 10 provincias, el diálogo con la Conaie permanece estancado. 

Noboa ha calificado las protestas como "actos terroristas disfrazados", pero la realidad en las calles y otros escenarios, incluidos los de las redes sociales, habla de un país dividido, donde informar se ha vuelto un riesgo calculado.

En este contexto, el acuerdo de julio –que obliga a la Policía a proteger a la prensa incluso en escenas de uso de fuerza– resuena como una promesa incumplida. ¿Cuántas voces más deberán silenciarse antes de que Ecuador recupere el pulso de una democracia donde hacer periodismo no sea un delito? Las protestas continúan, y con ellas, la lucha de muchos periodistas fieles a su oficio por narrarlas sin miedo y a pesar de las limitaciones de un entorno adverso.

Fuentes: ecuavisa.com, prensa-latina.cu, france24.com, tvc.com.ec, rsf.org, oas.org eluniverso.com, resumenlatinoamericano.org, expreso.ec, @losdelmedioec, amnesty.org lupa.com.ec, @LaPosta.

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Datos sobre el autor:

Cuenta X: @Zavala_Ra
Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/
Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 


10 de octubre de 2025

Conexión precios - diésel en los productos agrícolas

De entre todas las confrontaciones que han surgido en X por las implicaciones financieras por el incremento del precio del diésel, me llamó mucho la atención la que se armó por dos estudios promovidos por las universidades Central y San Francisco de Quito; hice una lecturas bajo mis perspectivas periodísticas y apelé a la "Santa Duda" para identificar alguna falencia y claro que apareció: criterios de logística como ciencia aplicada, pero en especial para el transporte de productos agrícolas bajo las características de Ecuador.

Con base en los criterios que hace algún tiempo me ofreció Juan Carlos Cassinelli y mis conocimientos básicos de abastecimiento militar, empecé a caminar para ampliar mi visión sobre este escenario, que lo sumaría a otro que hice respecto al impacto en la recolección de basura y obras viales sobre todo en los gobiernos locales (puede leerlo AQUÍ

Pero mi ánimo aumentó cuando leí la queja del catedrático de la USFQ Luis Espinosa Goded @luisesgo el 6 octubre de 2025: "Parece que la noticia sobre este estudio está causando mucho revuelo. Hay muchos insultos y ataques ad hominem… Lo que no he leído ha sido ni una refutación." en referencia a los resultados del análisis de impacto por el incremento del precio para el diésel.

Y una segunda duda: ¿Puedo yo, un periodista medianamente informado y con escasos conocimientos sobre economía, refutar esa investigación? Lo supe cuando llegué al final de algunas lecturas y consultas, fue cuando decidí armar y publicar esta entrada a mi blog. Obviamente lo hice acompañado por mi padre, quien entre sus experiencias de vida fue marinero mercante, me dejó evidencias de la importancia del viejo refrán popular "Barco varado no gana flete".

Los estudios académicos

En concreto. El fin del subsidio al diésel en Ecuador abrió un debate sobre qué tan duro o suave será el impacto en los gastos de las familias. Dos estudios universitarios presentan resultados bastante diferentes. 

Por un lado, la USFQ plantea que el impacto en los precios de los alimentos básicos será muy pequeño y que aumentarían solo unos pocos centavos por producto, como leche, arroz, papa y banano, y en total, la diferencia en la canasta básica sería de unos USD 2 a 3 al mes; además, establece que los aumentos ya observados no vienen tanto por quitar el subsidio, sino por bloqueos, desabastecimiento y especulación por parte de algunos intermediarios.  

Mientras que la Universidad Central del Ecuador (UCE) pinta un cuadro mucho más fuerte. Su análisis estima que las familias podrían necesitar unos USD 103 más al mes para comprar todo lo que necesitan cuando el precio del diésel llegue a niveles internacionales en 2026; eso sería un aumento del 12,7% en comparación con el costo de la canasta familiar en agosto de 2025, que consideran en USD 813. Esta alza se debe a que todo en la cadena de producción se encarece.

Con apoyo externo pude armar esta matriz comparativa, lo que me ha permitido ver el paisaje con mas claridad:

Aspecto

Estudio USFQ (2019, actualizado 2025)

Estudio UCE (Observatorio de Conflictos, 2025)

Impacto estimado en CBF

+USD 2-3/mes (mínimo, solo alimentos básicos)

+USD 103/mes (12,7%, total CBF en 2026)

Productos analizados

Enfoque en 4 básicos: papa, arroz, banano, leche

Toda la CBF (primarios + secundarios, ~60 items)

Cálculo de flete/transporte

Solo traslado (ida) + producción; diésel ~1-2% del costo total por kg (ej. papa: +USD 0,01-0,02/kg)

Flete completo (ida/vuelta, cadena producción-distribución); diésel ~10-15% de costos logísticos

Factores externos

Énfasis en especulación, bloqueos y desabastecimiento como causas principales de alzas actuales

Enfoque en encarecimiento sistémico (transporte, agro, industria); ignora mitigantes como compensaciones

Proyección temporal

Inmediata (2025); impacto diluido por eficiencia logística

2026, asumiendo diésel a precio internacional pleno (~USD 3,50/galón)

Críticas comunes

Subestima retorno vacío y márgenes de flete; basado en datos pre-2025

Sobreestima al no prorratear contrapesos (ej. subsidios focalizados al transporte pesado)

Para completar el paisaje planteo otros detalles para bajar mi carga subjetiva y evitar al máximo dejarme llevar por algún espejismo.

USFQ: Liderado por Pablo Vega, usa un modelo micro (consumo diésel por kg de producto). Para papas, por ejemplo, calcula que el diésel en producción/transporte es bajo (tractor + camión: ~0,05-0,1 gal/ton-km), por lo que el alza suma solo centavos. Actualizado por Mónica Rojas, atribuye alzas recientes (ej. +5,89% en CBF septiembre 2025) más a bloqueos del paro que al subsidio. Esto alinea con cálculos de "traslado puro" pero omite retorno vacío, que podría duplicar el costo logístico en rutas agrícolas unidireccionales.

UCE: Del Observatorio del Trabajo, modela macro (impacto en IPC entero) asume que el diésel propaga alzas en ~14% del IPC (transporte + alimentos), sumando USD 103 al mes. Incluye flete completo (con retorno y especulación), lo que explica por qué es más alto: para papas, considera no solo el viaje finca-mercado, sino la cadena entera (cosecha, almacenamiento, distribución), donde el retorno vacío amplifica el golpe en ~40-50%.

Frente a estos dos aspectos yo me planteo que el costo de los fletes es un punto clave porque representa un eslabón directo en la cadena de distribución (transporte de bienes, alimentos, etc.), considerando que en Ecuador, donde el diésel y la gasolina son insumos críticos para el sector logístico, entender cómo se calculan estos costos ayuda a proyectar por qué un alza en combustibles no siempre "sube todo" de forma inmediata, pero sí presiona los fletes, sobre todo los terrestres y respecto a las cargas de productos agrícolas que funcionan con otras dinámicas para este caso.

Por tanto se justifica el hecho de que yo haya percibido como debate interesante que la USFQ minimiza asumiendo eficiencia (vehículos propios optimizados), mientras UCE alerta por ineficiencias reales (retorno vacío común en agro, 80% de rutas agrícolas).

Cuando el flete marca la diferencia

Una de las características es que para la transportación de productos agrícolas se dan dos aspectos básicos: uso de vehículos propios o contratados; entonces, los contrastes muestran por qué algunos análisis "omiten" el flete: la USFQ lo trata como variable marginal (traslado directo), mientras la UCE lo ve como multiplicador sistémico, que me da pauta para ampliar mis perspectivas.

¿Cómo funciona el sistema de fletes de ida y vuelta para este caso? De lo que he podido observar y hacer algunas consultas los camiones que llevan productos agrícolas desde los centros de acopio hasta los mercados normalmente tienden a regresar vacíos; por tanto, existiría un costo adicional si es con vehículo propio o contratado.

Otras consideraciones. En el transporte agrícola, los vehículos (especialmente propios) suelen llevar los productos desde zonas rurales a mercados urbanos, pero regresan vacíos porque no hay carga disponible de retorno; por ejemplo, Quito no envía bienes agrícolas de vuelta a Carchi. Los dos escenarios posibles:

Vehículo propio: el dueño asume el costo total (ida + vuelta). Si no se calcula el retorno, el costo real se subestima en ~40-50% (combustible y mantenimiento son los mayores componentes variables).

Vehículo contratado: los transportistas suelen incluir el retorno vacío en el precio del flete (explícita o implícitamente), cobrando más para cubrirlo;  ejemplo: un flete Ambato-Quito puede ser USD 300-400, aunque el traslado directo cueste USD 200.

Así que lo mejor, pensé, es armar otros ejemplo práctico para fletes terrestres en Ecuador, basado en la contratación de un camión de 10 toneladas, ruta Quito-Guayaquil que tiene aproximadamente 400 km, tomando datos de las encuestas logísticas y fórmulas estándar. 

Componente

Cálculo aproximado (USD)

Explicación

Combustible (variable)

0.15-0.25 USD/km × 400 km = 60-100

~30-40% del total; usa diésel/gasolina. Con alza 2025, subió ~20-30%.

Mantenimiento y neumáticos (variable)

0.05 USD/km × 400 km = 20

Incluye revisiones; prorrateado.

Salarios del conductor (fijo/variable)

20-30 por viaje

Salario base + horas extras.

Depreciación del vehículo (fijo)

0.10 USD/km × 400 km = 40

Amortización del camión (vida útil ~5-7 años).

Seguros y administrativos (fijo)

10-15

Cobertura de carga y RC.

Peajes y permisos (variable)

15-25

Ruta-specific (ej. peajes en la Panamericana).

Subtotal costos operativos

165-230

~0.41-0.58 USD/km.

Margen de ganancia

+20% = 33-46

Para rentabilidad (meta: 15-25%).

Recargos extras (opcional)

+10-20 (manipulación, carga/descarga)

Si aplica.

IVA (12%)

+20-33

Impuesto final.

Total flete

USD 228-329

Por viaje; ~0.57-0.82 USD/km.

Este total de USD 228-329 se negocia con el cliente, pero muchas empresas (44%) lo fijan por precios de mercado no por costos reales, lo que genera volatilidad.

Conexión papas - subsidios - inflación - paro

Subsidios al diésel: la eliminación del subsidio al diésel (de USD 1.80 a 2.80/galón) elevó el costo del combustible en 55%, impactando directamente los costos variables del traslado (30-40% del total). Para papas, esto sube el costo por km en ~USD 0.05-0.10. Si las investigaciones no incluyen retorno vacío, subestiman este impacto.

Inflación: los fletes agrícolas (como papas) influyen en el precio final de alimentos (~15-20% del IPC). En 2024, el alza de gasolina no disparó la inflación (0.53%), pero el diésel 2025 podría sumar 0.5-1% al IPC si los costos de flete no se mitigan (ej. vía subsidios focalizados).

Paro: Los paros por alzas de combustibles suelen exigir mantener subsidios para evitar alzas en fletes, que encarecen productos básicos como papas. Si los cálculos omiten el retorno vacío, los transportistas igual trasladan el costo real al precio, alimentando protestas.

Veamos ahora la perspectiva del subsidio:

Componente

Con subsidio (USD 1,80/gal)

Sin subsidio (USD 2,80/gal)

Diferencia

Combustible (ida)

90

140

+50

Combustible (vuelta vacía)

90

140

+50

Otros (salarios, peajes)

50

50

0

Subtotal traslado

230

330

+100

Flete completo (+margen/IVA)

280 (contratado)

400

+120

Por kg (1 ton=1000 kg)

0,28

0,40

+0,12

Esto podría ser una explicación del por qué se ha desencadenado una ola de reclamos por alzas de combustibles: el retorno vacío amplifica el impacto del diésel.

Como una primera conclusión es posible aseverar que es un error no incluir el concepto de flete completo ni el retorno vacío en cálculos de transporte de papas. Esto subestima el costo logístico real en ~40-50% (por retorno) y no refleja el precio de mercado (flete contratado). 

Pero qué pasa con otros productos cuyo tratamiento en el transporte es diferente y esos datos los evaluamos con los estudios que provocaron este planteamiento:

Producto

Precio base (USD/kg o litro)

Alza traslado puro (+0.0050)

Alza flete completo (+0.0118)

% Alza (Traslado)

% Alza (Flete)

Papa

0.40

+0.0050

+0.0118

1.25%

2.95%

Arroz

0.80

+0.0050

+0.0118

0.63%

1.48%

Banano

0.20

+0.0050

+0.0118

2.50%

5.90%

Leche

0.90

+0.0050

+0.0118

0.56%

1.31%

USFQ subestima: su enfoque (~1-2% alza) refleja solo costos directos de traslado, omitiendo retorno vacío (crítico en agrícolas, ~40-50% del costo logístico) y márgenes de flete. Esto explica su proyección baja (USD 2-3/mes en CBF).

UCE exagera pero capta realidad: su ~3-6% por producto (sumando a USD 103/mes en Canasta Básica Familiar) incluye flete completo, que es más realista para productos agrícolas donde el retorno vacío es la norma. Sin embargo, no prorratea mitigantes como bonos al transporte (USD 385 millones en 2025).

Características especiales reflejadas:

  • Retorno vacío: Duplica costos variables, elevando impacto en ~0.01 USD/kg.
  • Rutas agrícolas: Largas y unidireccionales, sensibles al diésel (30-40% de costos).
  • Perecederos: Banano/leche tienen alzas relativas mayores (5.9%/1.3%) por peso bajo o refrigeración.

Impacto en familias para una CBF con ~10 kg papa, 5 kg arroz, 10 kg banano, 10 L leche:

Traslado puro: +USD 0.20-0.30/mes (USFQ).

Flete completo: +USD 0.50-0.70/mes (UCE, solo en estos 4 productos). Escala a ~USD 20-40/mes para toda la CBF, no USD 103.

Segunda conclusión

El cuadro muestra que omitir el flete completo (retorno vacío, márgenes, IVA) subestima el impacto del diésel en ~50%, validando mi percepción inicial sobre cálculos incompletos en investigaciones agrícolas.

La realidad podría estar entre ambos estudios: no USD 2-3 (muy optimista), pero tampoco USD 103 (exagerado). Un análisis realista, considerando características agrícolas (retorno vacío, rutas largas), podría sugerir ~USD 20-40/mes extra en la CBF.

Este tipo de ejercicios son constructivos para conocer más a fondo la parte fundamental en todo proceso productivo: la logística, que depende de la simbiosis y justo equilibrio de las facilidades que implemente el Estado en todos sus niveles y la capacidad operativa del sector privado. 

Pero no debe quedarse allí, pues siempre serán necesarios los estudios de este tipo para cada producto y cada ruta de abastecimiento de productos agrícolas a los mercados consumidores, que permitiría mejorar criterios de costos y de incrementar la calidad del producto o establecer que los planes, programas o proyectos para estos fines tenga siempre criterios logísticos basados en las matemáticas.

Epílogo a contratiempo 

Mientras pulía este artículo, el presidente Daniel Noboa firmaba el Decreto Ejecutivo 180 (9 de octubre 2025), implementando compensaciones directas para vehículos de carga pesada (USD 200-300/mes), liviana (USD 150-170), mixto y escolar/institucional. Temporal (3 meses, extensible), este bono —financiado por los USD 1.100 millones ahorrados del subsidio al diésel— mitiga justo las ineficiencias logísticas que se desglosaron en los párrafos anteriores.

En resumen la decisión presidencial eventual enmarca los siguiente parámetros para las compensaciones:

Categoría de Vehículos

Duración

Monto Estimado Mensual (por vehículo)

Detalles

Carga Pesada (camiones >10 ton, clave para agrícolas como papa/arroz)

3 meses (extensible)

USD 200-300

Cubre ~30-40% del costo extra en combustible; prioriza rutas largas con retorno vacío.

Carga Liviana (camiones <10 ton)

3 meses

USD 150-170

Para distribución urbana/rural; mitiga alzas en fletes ~10-15%.

Transporte Mixto (carga + pasajeros)

3 meses

USD 150-170

Incluye vehículos multifuncionales; excluye empresarial.

Escolar e Institucional (buses escolares, ambulancias)

3 meses (extensible a 8 para público)

USD 180-250

Mayor para institucional; protege impacto en familias (transporte ~14% IPC).

Exclusiones: no cubre transporte empresarial privado ni pasajeros interprovinciales (ya compensados por Decreto 125 de septiembre).

Implementación: registro vía app del Ministerio de Transporte (desde 1 octubre); pagos directos a cuentas. Total inversión: ~USD 30-50 millones para transporte comercial.

A manera de conclusión emergente:

Se espera que tenga un impacto positivo bajo los criterios de que reduce el "golpe" en fletes agrícolas en ~20-30% (ej. para papa, baja la alza de USD 0.012/kg a ~0.008-0.010/kg en flete con ineficiencia) y se deduce que apoya la visión USFQ (impacto mínimo) al focalizar, pero confirma la UCE al admitir necesidad de subsidios selectivos.

Aunque esta medida no resuelve todo (excluye empresarial y no toca especulación), confirma que el debate no es únicamente en lo académico y lo político: es sobre redirigir subsidios a lo real no con base en percepciones o intereses electorales.

Nota final: 

Este análisis se redactó bajo el criterio editorial de Raúl A. Zavala Mosquera con asistencia generativa, consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones metodológicas, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

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