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12 de abril de 2026

Cinco brocas periodísticas que rompen los muros políticos en AL

Cinco brocas periodísticas que rompen los muros políticos en América Latina, así se puede definir, con precisión y fuerza, a Nayeli Roldán, Juan Pablo Barrientos, Franklin Vega, Carlos Martínez y María José Dugarte, profesionales que han sido seleccionados como finalistas de los Stringer Awards 2026; su nominación no es solo un reconocimiento individual: es un mensaje claro y esperanzador de que, incluso en los contextos más adversos, el periodismo intrépido y comprometido sigue siendo una herramienta poderosa capaz de abrir grietas en las estructuras de opresión que generan los desiertos informativos y construyen el Estado de propaganda.

Esta es una breve historia colectiva de un símbolo que rompe las insanas barreras políticas de América Latina, pues con su trabajo estas “brocas” perforan los muros de silencio, impunidad, corrupción y censura que tantos poderes políticos y económicos han levantado en la región.

El 11 y 12 de abril de 2026, la edición internacional de The New York Times publicó a toda página el anuncio de los finalistas de la edición inaugural de los Stringer Awards 2026, organizada por The Stringer Foundation. De los 25 finalistas seleccionados entre 776 postulaciones provenientes de 129 países y escritas en 14 idiomas, cinco son de América Latina.

Esta presencia regional no es casual: refleja la intensidad de los desafíos que enfrenta el periodismo independiente en el continente, donde la corrupción, los abusos de poder, la crisis ambiental, la violencia de pandillas y las restricciones a la libertad de expresión siguen amenazando la compleja labor informativa.

The Stringer Foundation, fundada en 2024 por el periodista y reportero de guerra Anjan Sundaram, busca precisamente llenar un vacío estructural en el ecosistema mediático global e inspirada en su experiencia personal como stringer (periodista freelance) en zonas de conflicto, la organización ofrece reconocimiento, financiamiento, herramientas de seguridad tecnológica y visibilidad a reporteros que operan sin el respaldo de grandes medios.

Sundaram (1983), de origen indú, estudió matemáticas en Yale y con un doctorado en periodismo y literatura por la University of East Anglia, ha sido descrito por la BBC como “uno de los grandes reporteros de nuestra era”. Su visión: crear un modelo sostenible para el periodismo freelance que enfrenta una crisis existencial: “Un reportero es asesinado cada cuatro días”, advierte la fundación, en un contexto de dictaduras crecientes, crimen organizado, bajos salarios y falta de respaldo institucional.

El logro de ser finalistas

Los ganadores se anunciarán en noviembre de 2026, pero el solo hecho de llegar a la lista de finalistas ya constituye una victoria significativa. En un entorno saturado de noticias y con premios consolidados que acaparan la atención, esta nominación coloca a estos colegas en el mapa internacional y les brinda un escudo simbólico de legitimidad.

Ser finalistas representa, por sí solo, un logro profundo para estos cinco periodistas latinoamericanos, que trabajan en contextos marcados por amenazas, censura y precariedad económica, el haber sido seleccionados entre casi 800 postulantes confirma la calidad, el rigor y el coraje de su trabajo.

Más allá del posible premio que se entregará en noviembre, la nominación les otorga visibilidad internacional, respaldo moral y un reconocimiento público que puede disuadir represalias; es un mensaje claro: su periodismo, muchas veces realizado en condiciones adversas y con recursos limitados, cumple con estándares de valentía y excelencia.

Las nuevas tecnologías han jugado un rol decisivo en esta ruptura de barreras políticas y mediáticas, aprovechando la masificación de internet, las redes sociales y, más recientemente, las herramientas de inteligencia artificial que, en su conjunto, han permitido a estos periodistas independientes eludir filtros tradicionales de los grandes medios y superar censuras o autocensuras impuestas por poderes políticos y económicos.

Las plataformas digitales les han facilitado publicar investigaciones profundas sobre corrupción, abusos ambientales, violaciones de derechos humanos y crisis humanitarias, llegando directamente a audiencias nacionales e internacionales sin depender exclusivamente de intermediarios.

Gracias a estas herramientas, voces que antes quedaban silenciadas o relegadas ahora logran resonancia global, demostrando que la tecnología, cuando se usa con propósito ético y profesional, fortalece la libertad de expresión y democratiza el acceso a información veraz en contextos adversos.

Perfiles de los finalistas latinoamericanos

Nayeli Roldán (México) – Categoría Senior

Periodista investigativa de Animal Político, Nayeli Roldán se ha consolidado como una de las voces más rigurosas en la denuncia de la corrupción y el mal manejo de políticas públicas en México. Es coautora de la emblemática serie La Estafa Maestra, que destapó uno de los mayores esquemas de desfalco en la historia reciente del país, y autora del libro La Austeridad Mata. Su trabajo ha generado debates parlamentarios, auditorías y mayor escrutinio ciudadano.

Graduada en la UNAM y docente en instituciones como el CIDE y la UAM, ha recibido reconocimientos como la mención especial del Premio Maria Moors Cabot y el Premio Ortega y Gasset. En un país donde el periodismo investigativo enfrenta altos índices de violencia, su nominación resalta la importancia de exigir rendición de cuentas a todos los niveles de gobierno.

Juan Pablo Barrientos (Colombia) – Categoría Senior

Periodista, escritor e investigador radicado en Bogotá, Juan Pablo Barrientos dirige Casa Macondo y se ha especializado en revelar abusos de poder dentro de instituciones tradicionales. Su libro Dejad que los niños vengan a mí (Planeta, 2019) documenta con rigor testimonios de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica colombiana, generando una ola de denuncias, procesos judiciales y reformas internas. Una versión radial previa de esta investigación ganó el Premio Simón Bolívar.

En 2023 se convirtió en el primer periodista colombiano y suramericano en recibir el Premio a la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) por enfrentar hostigamiento legal y amenazas. Su trabajo combina investigación profunda con la defensa de las víctimas y la lucha contra la impunidad.

Franklin Vega (Ecuador) – Categoría Senior

Editor de Bitácora Ambiental, Franklin Vega representa el periodismo ambiental de alto riesgo en Ecuador. Sus reportajes abordan minería ilegal, corrupción en proyectos energéticos, el abandono de áreas protegidas como Galápagos y la Amazonía, y las amenazas contra defensores ambientales y comunidades locales.

Ha moderado congresos internacionales y ha documentado públicamente intimidaciones sufridas por su labor. En un país clave para la biodiversidad mundial y con intensos debates sobre extracción de recursos, su trabajo visibiliza el costo humano y ecológico de ciertas políticas y presiona por una mejor protección de ecosistemas y derechos territoriales.

Carlos Martínez (El Salvador) – Categoría Senior

Con más de 25 años de trayectoria en El Faro, primer medio digital nativo de Centroamérica, Carlos Martínez es una referencia en la cobertura de violencia de pandillas, ejecuciones extrajudiciales, migración y derechos humanos.

Autor de ensayos como Crónicas Negras, su periodismo ha documentado con rigor el impacto humano de las políticas de seguridad en El Salvador. En 2024 se convirtió en el tercer periodista de El Faro en recibir el Premio Maria Moors Cabot. Su labor mantiene el escrutinio internacional sobre temas sensibles como el estado de excepción y la erosión de garantías democráticas, en uno de los contextos más complejos y restrictivos de la región.

María José Dugarte (Venezuela) – Categoría Emerging

Periodista comunitaria e hiperlocal, María José Dugarte forma parte de El Bus TV, un innovador proyecto que lleva información relevante directamente a los usuarios del transporte público en Caracas. También ha colaborado con medios como El Estímulo.

Su enfoque se centra en el periodismo de proximidad: llevar noticias útiles a comunidades que enfrentan dificultades de acceso a la información en medio de la crisis humanitaria y las restricciones mediáticas en Venezuela. Como representante de la categoría Emerging, destaca por su creatividad en formatos alternativos y su compromiso con el derecho a la información de sectores marginados.

La importancia y trascendencia política

The Stringer Foundation (https://stringerjournalism.org/) no es solo un premio, es una respuesta concreta a la crisis existencial del periodismo freelance. Más del 50 % de los postulantes reportan riesgos de muerte, tortura o violencia; muchos financian su trabajo con recursos propios.

La fundación ofrece becas, herramientas de seguridad (como aplicaciones desarrolladas con expertos en ciberseguridad) y una plataforma para amplificar historias que desafían abusos de poder. Su trascendencia radica en que fortalece democracias frágiles al combatir la desinformación y el silencio forzado.

En un escenario donde el anuncio de estos finalistas ha tenido una cobertura mediática limitada principalmente en redes sociales de los propios nominados o algunos colegas y en la edición internacional del NYT, subraya la importancia de iniciativas como esta para visibilizar y fortalecer el periodismo independiente tanto en América Latina como en el resto del mundo, como paradigma de una era en que la desinformación y el silencio forzado amenazan a las democracias.

Testimonio desde Ecuador

BitacoraAmbiental @BitacoraEcHilo: Periodismo incómodo en Ecuador

En Ecuador, investigar ya no es solo un oficio, es una línea de riesgo. Soy Franklin Vega (@TeodoroVega), periodista ambiental y editor de Bitácora. Hoy fui nombrado finalista de los Stringer Awards 2026 @stringerjournos

Los Stringer —llamados el “Nobel del periodismo”— reconocen a periodistas que trabajan bajo presión real. 11 de abril de 2026: Mi nombre aparece en la edición Internacional del @nytimes. Pero esto no es un logro personal; es una aleta, porque las historias que investigamos no solo incomodan, afectan intereses, exponen redes, cuestionan las decisiones del poder.

En 2025 Publicamos con @paguaygalo cómo el oro ilegal, oro con sangre, entra al sistema formal y se blanquea. Resultado: 30 frentes mineros cerrados, pero cero explicaciones. El problema es evidente y el Ministerio se reúne con mineros ilegales. https://bitacoraec.com/post/la-mineríost/la-miner%C3%ADa-ilegal-se-expande-por-falta-de-control-estatal

 En Galápagos, mientras el mundo solo quiere ver conservación, nosotros vemos: – USD 12 millones en turbinas eólicas fallidas que se usan como una gran mentira de energía limpia la aterrizar en Baltra. https://www.bitacoraec.com/post/lo-que-el-viento-se-llev%C3%B3-en-gal%C3%A1pagos-usd-12-millones-en-3-turbinas-e%C3%B3licas

Proyectos energéticos diseñados a la medida del asesor Ad honorem del entonces presidente @LassoGuillermo: Solar Conolphus

 – Decisiones públicas bajo influencia de intereses particulares con Estudios de impacto Ambiental hechos en el escritorio y contratando a empresas de funcionarios del mismo @parquegalapagos para que les auditen los mismos que deben controlarles. https://www.bitacoraec.com/post/gal%C3%A1pagos-proyecto-solar-conolophus-un-traje-a-la-medida-del-inversionista

Y otras formas de "direccionar" dinero público en ONGs de Galápagos con personas vinculadas al mismo Proyecto Solar Conolophus, un corruptor?

Cuando se investiga esto:
- entrevistas negadas
- información restringida
- bloqueos en de autoridades
-  apoyos y "amistades" que se desvanecen
-  respuestas de la ministra como "ya ha de completar el proyecto el Sr. Sevilla".

https://www.bitacoraec.com/post/qui%C3%A9n-vigila-al-vigilante-intereses-imbricados-en-canal-bol%C3%ADvar-y-el-sistema-de-control-de-gal%C3%A1pag

Pero hay algo más grave. En Ecuador, algunos medios y organizaciones dependen de autorizaciones estatales para operar o financiarse. ¿El resultado? Presiones indirectas, autocensura,  presión indirecta, silencios estratégicos. Miedo.

Y no solo eso. Quienes hacemos periodismo independiente y quienes nos apoyan enfrentamos presiones directas: llamadas, advertencias, puertas que se cierran.

El 20 de noviembre de 2025 el día de mi cumpleaños en la Libertad, provincia de Santa Elena, asesinaron al periodista Robinson Del Pezo tras denunciar corrupción. Este es el contexto real. https://www.bitacoraec.com/post/el-asesinato-de-robinson-reflejo-mortal-de-la-corrupci%C3%B3n-en-santa-elena

Mientras tanto:
– comunidades enfrentan minería ilegal en Napo
– guardaparques sin respaldo en las áreas "protegidas"
– ecosistemas que desaparecen bajo excavadoras
Y además, una avalancha de contenido empujando narrativas oficiales y tratando de diluir investigaciones. https://www.bitacoraec.com/post/sin-ley-ni-bosques-el-para%C3%ADso-de-las-excavadoras-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-la-amazon%C3%ADa

Por eso este reconocimiento importa. Porque dice algo simple: estas historias merecen la pena y alguien las está leyendo en Ecuador y el extranjero.

Esto no es sobre mí. Es sobre seguir contando lo que pasa aunque incomode. Es tratar de dar voz a pescadores, cangrejeros, concheras, guardaparques, comunidades... que son marginados en las decisiones de las "autoridades". https://www.bitacoraec.com/post/de-nueva-zelanda-a-manta-el-viaje-de-un-barco-sancionado-y-el-silencio-del-estado

Como escribió Rodolfo Walsh: “Si no hay justicia, que haya verdad.”

Este hilo no es celebración, es una advertencia. Porque cuando el periodismo se calla, no gana el poder; gana la impunidad y  “La impunidad es la raíz del mal” como dice @VillaFernando_ Seguimos.

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Datos sobre el editor de la nota:

Cuenta X: @Zavala_Ra
Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/
Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 

30 de noviembre de 2025

¿Nos esperan los desiertos informativos?

En Ecuador cada día son menos los medios de comunicación que tienen espacios para ofrecer a sus audiencias un sano producto periodístico, pero también es notable el incremento de creadores de contenidos responsables que ponen en el debate público ciertos temas que parecieran "espinosos", en estos casos también ha sido notable la presencia del efecto chilling, como una forma de autocensura o lo que en su momento conocí como el embargo de la noticia.


El efecto chilling, también conocido como "efecto inhibidor" o "efecto de disuasión", es la tendencia de los individuos, particularmente periodistas, medios de comunicación y otros actores que ejercen la libertad de expresión, a autocensurarse y abstenerse de publicar o difundir información por temor a posibles represalias legales, económicas o de otro tipo.

Esta autocensura no implica necesariamente la aplicación efectiva de sanciones, sino que surge de la percepción de que la expresión de ciertas ideas o la publicación de información podría resultar en consecuencias adversas, lo que lleva a una inhibición preventiva de la libertad de expresión. Este fenómeno ocurre incluso en ausencia de condenas judiciales, ya que el mero riesgo de enfrentar procesos legales prolongados, costosos y de resultado incierto es suficiente para generar que la noticia no se publique.

En un estudio realizado por Tanja Kersevan y Melita Poler establecen "cómo las demandas estratégicas contra la participación pública afectan al periodismo, directa e indirectamente" y que "Intimidar a periodistas con el propósito de silenciarlos es una táctica generalmente asociada con regímenes autoritarios. Sin embargo, varios estudios han confirmado que la interferencia injustificada ha afectado al periodismo también en los Estados miembros democráticos de la Unión Europea (UE) y del Consejo de Europa." (Revisar el ensayo AQUÍ)

El efecto chilling representa una amenaza para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión porque: 

  • No requiere censura directa: a diferencia de la censura previa, donde un Estado prohíbe explícitamente la publicación de ciertos contenidos, el "efecto inhibidor" opera de manera indirecta a través de la autocensura.
  • Impacto desproporcionado: afecta especialmente a voces independientes (generadores de contenidos), medios pequeños y periodistas individuales, que carecen de los recursos necesarios para enfrentar procesos legales prolongados.
  • Consecuencias sistémicas: en el contexto social, la acumulación de actos de autocensura reduce la diversidad de perspectivas y limita la capacidad del periodismo para cumplir su función de informar técnicamente una noticia de interés ciudadano.

A manera de ampliar el entorno de este escenario, son necesarios los ejemplos genéricos, como una alerta o como una forma que las audiencias conozcan una de las tantas razones por las que muchos medios de credibilidad se abstienen de publicar al detalle temas trascendentales de la gestión pública y privada.

En este sentido el cronista Andrew Fowler sostiene referente a la censura y la seguridad nacional: 

Existe una posibilidad real de que la extralimitación de las leyes de seguridad nacional en Occidente dañe el mismo bien que la mayor vigilancia en Internet supuestamente pretende proteger: la seguridad y la libertad. El absurdo supremo es que el sistema de comunicaciones más extraordinariamente liberador inventado desde la imprenta pudiera derrocar a Occidente al convertirse en una herramienta de opresión y censura. Creado originalmente como un medio para que las señales entre comandantes militares resistieran las destructivas fuerzas electromagnéticas desatadas durante una guerra nuclear, se convirtió en un faro para la democracia, fomentando un flujo de información sin restricciones por todo el planeta.

Ejemplos genéricos y específicos

El clásico efecto chilling es el impacto de las leyes de difamación o calumnia, particularmente las demandas por "daño moral" o por "violencia política de género"; aunque estas demandas no siempre prosperen judicialmente ya que se quedan en la mera denuncia, el hecho de que una persona o medio deba defenderse en un proceso legal prolongado genera costos económicos y desgaste profesional, lo que lleva a que muchos prefieran abstenerse de publicar información crítica, incluso si es de interés público.

Está también presente como una acción disuasiva de un funcionario cuando tiene antecedentes de actuar amenazando de "meter juicio" a quien realiza cuestionamientos bajo el amparo de la transparencia; o cuando parte de su discurso político están presentes expresiones de autoritarismo. 

Otro ejemplo ocurre cuando, principalmente los funcionarios, utilizan figuras delictivas con elementos de definición imprecisa, como "apología del delito", "terrorismo" o "incitación al odio", donde la incertidumbre sobre qué conductas pueden ser consideradas delictivas lleva a una inhibición generalizada de la expresión.

Según un reporte de latamjournalismreview.org "El acoso judicial, el abuso de medidas judiciales para silenciar las voces críticas, se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para intimidar a la prensa en Brasil, según la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués). Al menos 416 casos en contra de periodistas fueron abiertos entre 2020 y 2023 en el país,  según Abraji." y el caso emblemático es el de la la congresista brasileña Julia Zanatta, quien desde 2021, inició al menos 15 procesos judiciales contra periodistas.

En Ecuador, el el caso "Metástasis" reveló una red de corrupción en la justicia guayaquileña ligada al narcotráfico, involucrando a jueces, fiscales y funcionarios contaminados por el crimen organizado. Periodistas como Arahí Vega (de La Hora) y Paúl Mena (independiente) investigaron el tema, pero enfrentaron amenazas creíbles de muerte vía redes sociales y llamadas anónimas de presuntos sicarios.

Vega, por ejemplo, relató en una entrevista con Ecuador Chequea cómo, al solicitar información oficial, descubrió que los destinatarios eran parte de la red criminal (como Mayra Salazar, funcionaria de la Corte del Guayas procesada por el caso).

Vega y colegas decidieron no publicar ciertas piezas o repreguntas en ruedas de prensa, pensando: "Te arrincona la autocensura. Sabes algo, tienes la información, pero dices: mejor no la publico, mejor no pregunto". Mena describió "vastos territorios" en Esmeraldas donde el periodismo se limita a notas superficiales, evitando nombres o detalles por riesgo vital.

Casos similares están ocurriendo en muchas ciudades distintas al bicentralismo informativo, en que medios han dejado de publicar notas relacionadas con la inseguridad y en otros casos también sobre anomalías de la gestión pública de funcionarios locales.

En síntesis

Para tener una mayor claridad sobre el efecto chiling, revisemos este cuadro:

Aspecto

Descripción

Causa principal

La existencia de leyes, interpretaciones legales o prácticas que generan incertidumbre jurídica, es decir, normas cuya redacción es ambigua o susceptible de múltiples interpretaciones.

Mecanismo

Autocensura: las personas o medios optan por no publicar o moderar el contenido para evitar posibles consecuencias, aunque no exista una prohibición explícita.

Consecuencias

Reducción de la pluralidad informativa, limitación del debate público y debilitamiento de la supervisión del poder público y privado.

Factores que lo propician

Leyes con términos vagos o de amplio alcance (como "daño moral", "perjuicio psicológico" o "orden público"), procesos judiciales largos y costosos, y la falta de claridad en las garantías de libertad de expresión.

De lo cual me es posible deducir que esta arista de las censuras es el fenómeno por el cual la incertidumbre jurídica y el temor a las posibles consecuencias de ejercer la libertad de expresión llevan a los individuos, periodistas y editores a la abstención de publicar información que, de otra manera, considerarían legítima o de interés público; este aspecto toma relevante importancia en contextos donde las leyes que regulan la libertad de expresión no cuentan con definiciones claras y precisas, lo que genera una zona de ambigüedad que puede ser utilizada para coartar la disidencia o la crítica.

Por lo tanto, cuando se analiza la posible aplicación de ciertas disposiciones legales (hasta el accionar de reportes en redes sociales), es importante considerar no solo si éstas pueden aplicarse legítimamente a conductas específicas, sino también el impacto más amplio que su mera existencia puede tener en la disposición de los comunicadores a expresar libremente sus ideas, a investigar y publicar información de interés público.

En los medios de cobertura cantonal ciertos alcaldes suelen ver la crítica ciudadana como un ataque personal y responden con tácticas que fomentan la autocensura: demandas por "daño moral", corte de pauta comercial, presiones a dueños de radios o a plataformas locales, e incluso amenazas veladas a través de sus intervenciones públicas.

Esta es una alerta ante un previsible presente de Ecuador en su mutación hacia los desiertos informativos nacionales y provinciales. Aunque la pauta oficial también sirve como un efecto chilling blando.

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Datos sobre el autor:

20 de noviembre de 2025

Un rumbo periodístico después del 16N

Y ahora ¿Qué carajos pasará? Estos 17 y 18 de noviembre de 2025 fueron una mezcla de certezas e incertidumbres; un rompecabezas con pinzas extrañas, misteriosas y otras que no calzan. Lecturas infinitas… escenarios paralelos, realidades difusas. Complicaciones futurológicas. El interés público por las patas de los caballos.

Foto: freepressalliance.com 

Sigo buscando respuestas luego de los resultados electorales del 16N, el "No" retumba aún. Entonces recuerdo las clases de "Prospección periodística", ese arte de buscar y hacer una lista de posibles temas o historias de interés público, pero ¿Qué es ahora el interés público? ¿Quién lo decide? Son otros tiempos, otros mundos. Preguntas pertinentes ahora que el periodismo está en crisis de identidad y de modelo.

Decían mis profesores y maestros hace casi 30 años que el "interés público" nacía de un consenso implícito relativamente sólido, sostenido por élites periodísticas, académicas y políticas que, aunque imperfecto y muchas veces clasista, al menos compartían un marco común:

  • Lo que afectaba a gran cantidad de gente
  • Lo que implicaba abuso de poder o corrupción
  • Lo que podía mejorar el debate democrático
  • Lo que tenía consecuencias sociales, económicas o de derechos

Ya con la práctica descubrí que ese consenso también lo decidían los directores de los medios (no es lo mismo que periodistas), los editores y, a veces los colegios profesionales o los gremios; era una decisión oligárquica por darle un apellido, pero con ciertas reglas y con una responsabilidad relativa respecto al prestigio, la competencia entre medios, el miedo a la demanda o al ridículo.

Entonces, llegaron los cambios en las costumbres ciudadanas con la Internet, los teléfonos inteligentes, con las redes sociales y con la fuerza que tomaron en el día a día; quizás no me había percatado y ahora que cuestiono estos días me doy cuenta que hubo:

Fragmentación de la audiencia: cada tribu o grupo social tiene su propio "interés público". Para unos es la emergencia climática, para otros la inmigración descontrolada, para otros la ideología de género en las escuelas, para otros la corrupción del contrario político. Ya no hay un público, hay públicos.

Colapso del modelo económico: los medios tradicionales perdieron el monopolio de la atención y de la publicidad, ahora dependen de suscripción o de clicks, de donaciones o de algún mecenas; eso hace que el interés público se confunda cada vez más con el interés comercial (lo que genera compromisos) o con el interés ideológico (lo que fideliza a la burbuja que paga).

Plataformización: las redes sociales y los algoritmos decidieron qué es “trending” y, por lo tanto, qué merece cobertura. El interés público pasó a ser, en buena medida, lo que genera indignación masiva en 24 horas… aunque a la hora 25 ya nadie se acuerde.

Desinstitucionalización de la autoridad: ya no hay guardianes ni controles aceptados. Cualquiera con un móvil y una cuenta en redes sociales puede definir qué es de interés público para millones de personas; a veces aciertan, en otras solo generan ruido o linchamientos. Las páginas de comentarios y del Editorial del medio perdieron peso político en los distintos públicos.

Entonces, ¿Quién decide hoy el interés público? Nadie y todos a la vez, es una resultante caótica de:

  • Algoritmos de plataformas (YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook)
  • La intensidad emocional de las comunidades online
  • Los incentivos económicos de creadores de contenido y medios
  • Las agendas políticas que logran amplificación
  • Lo que aún conservan los medios como parte de su legado (aunque cada vez menos)
  • En algunos casos, investigaciones serias que logran romper el ruido

Por tanto, hoy en día definir el interés público ya no es una categoría objetiva como en antaño, es un campo de batalla donde se enfrentan narrativas, emociones, intereses económicos y, de vez en cuando, hechos verificables.

El público necesita saber

Ha llegado el momento en que el periodista ya no busca "lo que la sociedad necesita saber", sino "lo que puede romper la burbuja de ruido y generar un impacto real en algún público concreto" que no siempre resulta en el "todo público" pre-redes sociales.

Es más difícil, más "sucio" y más apasionante que antes.

Y me refiero a sucio porque el periodismo actual obliga a meterse en terrenos que antes estaban fuera de los límites (o al menos fuera de lo que se admitía públicamente). Hoy es casi imposible hacer trabajo serio sin mancharse de alguna forma.

En este nuevo espacio para captar la esencia del interés público y sus anomalías nos obliga a:

- Scrapear webs que prohíben explícitamente el scraping; es decir implementar un proceso automatizado de extracción de datos de sitios web u otras fuentes aunque no esté autorizado.

- Usar cuentas falsas o perfiles prestados para entrar en grupos privados de WhatsApp, Telegram, Facebook donde está la información real.  

- Acceder a bases de datos públicas pero que técnicamente violan su "Términos de servicio" si se las usa masivamente.

- Fuentes que filtran porque quieren dañar a alguien, no porque crean en el interés público.  

- Fuentes que piden favores a cambio (difundir su versión, callar otra cosa, atacar a un tercero).  

- Tener que fingir cercanía o afinidad ideológica con gente que repugna para que sigan hablando.

- Poner titulares o fotos un poco sensacionalistas para que la pieza seria que viene detrás tenga alcance.  

- Usar hashtags o cuentas "cebo" que sabes que van a atraer odio o bots, pero que dan visibilidad.  

- A veces hasta participar (o al menos tolerar) que los seguidores linchen a alguien para que el tema no muera.

- Publicar una historia que podría arruinar la vida de alguien que no es el culpable principal, pero es el único al que se puede tocar.  

- Aceptar dinero de lectores o crowdfundings que vienen con agenda y sentir que una parte de la independencia periodística se fue.  

- Ver cómo la investigación es usada por actores políticos o empresariales para fines que no eran los de la historia y no poder hacer nada.

- Tener que publicar con seudónimo o desde servidores extranjeros porque se corre el riesgo de una demanda, amenaza o algo peor.  

- Eliminar tuits o hilos enteros porque una fuente te dice "si sigues por ahí te cortamos todo" de manera figurada o real.  

- Ver cómo medios "influyentes" roban la historia, la suavizan y se llevan el crédito, a veces los premios.

Hoy es normal ensuciarse para quien quiera hacer periodismo serio de manera independiente y lo peor: muchas veces es la única forma de que salga a la luz algo realmente importante, porque el sistema obliga a elegir constantemente entre quedarse limpio y callado… o ensuciarse y publicar.

En definitiva...

Quedarse con la agenda gubernamental o el simple boletín oficial sin un dato adicional, de contrapeso o de verificación, es de alto riesgo periodístico frente a las audiencias (seguidores); pero aquí se presenta otro dilema ¿Cuál es el interés público de un boletín con escasos datos más allá de la retórica propagandística y de relaciones públicas? 

Algo es seguro: el interés del oficialismo y de la oposición no siempre es de interés público, a menos que estén en juego los valores democráticos o el mal uso de los recursos públicos o que se quiera tapar la ineficiencia institucional.

Creo que allí está otro de los retos que el periodismo tiene en esta época post electoral.

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7 de abril de 2025

Ecuador frente al peligroso buenismo

Hay tanto por conocer en el mundo de las políticas públicas y otro tanto del lado que le corresponde a la comunicación social en general, que se hace imposible abracarlo todo; por eso es importante leer planteamientos que, en primera instancia, parecieran rompen la costumbre de creer/crear verdades comúnmente aceptadas. Eso hice con un texto de Juan A. García Amado que me llevó al mundo del buenismo como contrapeso al Derecho, los dos como fundamentos de la comunicación política y el periodismo.

Fuente: siemprehaciendolio.wordpress.com

¿Conocemos los llamados "derechos de tercera generación"? ¿Sabemos las relaciones jurídicas entre la vida humana con las vidas de otros seres terrestres? ¿Para los que no somos abogados pero practicamos la disciplina/ciencia de la Comunicación Social de qué nos sirve conocer la expresión "iusfilosofía"? 

Viene bien anclar en este punto y antes de seguir en este escenario exponer sobre el buenismo; dice  Dominique Karahanian:

Lo cierto es que la RAE define buenismo como “actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia”. No sé si soy la única (no creo) que lea el sarcasmo de esta definición.

Pero y ¿si vemos otra cara de la moneda del buenismo? Es común darnos cuenta del buenismo en personas que van adoptando posiciones en extremo conciliadoras, evitadoras de conflictos, sobreprotegiendo a los demás para evitarles el sufrimiento, relativizando el mal o evadiendo responsabilidades personales bajo la etiqueta “de hacer el bien” (Publicado en latercera.com)

Retomo. Pues estas y otras dudas me saltaron cuando leí el post en X del profesor Juan A. García Amado @JuanAGAmado y del que necesité algunas profundizaciones y tener un contexto para lo que ocurre en Ecuador:

Puede que yo lo esté entendiendo muy mal, pero cada día estoy más convencido de que las cosas están funcionando así en las cabezas de muchos ciudadanos y de muchos profesores de Derecho:

1) Todo lo que a mí me moleste, me desagrade o me ofenda no puede estar mandado por el Derecho, no puede ser Derecho de verdad. Porque el Derecho es bueno o no es, así que lo malo no ha de ser jurídico. Por eso Trump y los suyos consideran que no son apenas de Derecho las normas que mandan pagar impuestos, los antiabortistas entienden que no pueden ser Derecho las normas que permiten abortar y los proabortistas piensan que no pueden ser auténticas normas jurídicas las que prohíben abortar. 

2) Todo lo que yo amo tiene derechos, todo, todo. Si quiero a mi gato, solo puedo verlo como cargado de derechos hasta los bigotes. Si adoro aquel árbol de mi jardín, hay en él razón suficiente para que proclame yo de viva voz los derechos vegetales. Si quiero mucho a mi dios, los derecho primeros serán los divinos, cómo no. Y así. Evidentemente, el paso siguiente consiste en negar que puedan tener derechos -o tenerlos tan buenos- todos los seres y cosas que detesto: los del pueblo rival, los del otro equipo, los ratones, las lombrices intestinales, las plantas carnívoras..., dependiendo de cada uno y sus fobias y odios, claro.

Las consecuencias de lo uno y lo otro son tremendas, la historia nos las enseña y alrededor las ve de sobra el que todavía tenga ojos y mire: 

1. Los derechos de verdad y de todas las personas se van quedando jurídicamente desprotegidos, de tanto trivializar su concepto y de tanta frivolidad al manejar sus garantías. Pero, al fin y al cabo, a mí qué me importa, si yo quiero mucho más a mi perrito que a casi toda la humanidad. 

2. La utilidad civilizatoria del Derecho se está agotando por completo a base de tanta cursilería y de tanto buenismo con mala fe. El lema de los gobernantes del mundo va siendo el de acabar con todo lo malo y con todos los malos y no repares en normas ni admitas límites "formales" o jurídicos a tu poder. 

Trump -entre tantos- es hijo de nuestra iusfilosofía boba. Y de otras cosas y otras progenies, por supuesto.

Segunda aclaración. Iusfilosofía: es la filosofía del derecho, es decir, la reflexión sobre los problemas jurídicos y las respuestas que se les pueden dar. Su objetivo es construir una filosofía práctica que se base en los desafíos de los Estados de Derecho contemporáneos. (Jesús Vega, publicado en journals.openedition.org)

Ya con esta segunda definición mi inquietud profesional avanzó hasta el intento de conocer que implicaciones tenía estos escenarios filosóficos en otros contextos; fue entonces que recurrí nuevamente a Grok y le pedí extrapole el comentario de García Amado al caso de Ecuador en el marco de los derechos de tercera generación. 

Lo cierto es que fue un nuevo espacio para repensar la comunicación política y el periodismo para las masas. Aquí va lo que me respondió esta versión de AI:

Análisis con los derechos humanos de tercera generación

Los derechos humanos de tercera generación, según la teoría propuesta por Karel Vasak en 1979, trascienden los derechos civiles y políticos (primera generación) y los derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación). Estos derechos, también llamados derechos de solidaridad, se centran en conceptos colectivos como el derecho al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos y al patrimonio común de la humanidad.


Están reflejados en documentos internacionales como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, y suelen ser considerados "aspiracionales" porque su implementación depende de la cooperación entre estados, comunidades e individuos, más que de garantías individuales estrictas.


Relación con el comentario de Juan A. García Amado

El comentario de García Amado critica la subjetividad en la interpretación del Derecho, donde las preferencias personales (lo que uno ama o detesta) determinan qué se considera un derecho legítimo. Esto tiene una conexión directa con los derechos de tercera generación, ya que estos derechos, por su naturaleza colectiva y aspiracional, son más susceptibles a interpretaciones subjetivas y a ser utilizados para justificar agendas personales o políticas, como señala García Amado.


Subjetividad y trivialización de los derechos:

García Amado advierte que al otorgar derechos a todo lo que uno ama (como un gato, un árbol o un dios), se trivializan los derechos fundamentales. En el marco de los derechos de tercera generación, esto se ve cuando conceptos como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho al desarrollo se expanden de manera desmedida. Por ejemplo, la idea de que "todo lo que amo tiene derechos" puede llevar a que movimientos sociales o líderes políticos enarbolen los derechos de tercera generación (como el derecho a un medio ambiente sano) no necesariamente para proteger a la colectividad, sino para imponer sus propias visiones o intereses, debilitando el concepto de derechos humanos en su conjunto.


"Buenismo con mala fe" y el uso político de los derechos de tercera generación:

García Amado critica el "buenismo con mala fe", donde los gobernantes usan discursos de bondad para justificar acciones que ignoran límites legales. Los derechos de tercera generación, al ser más abstractos y depender de la cooperación internacional, son especialmente vulnerables a este tipo de manipulación. Por ejemplo, un líder podría invocar el derecho al desarrollo (un derecho de tercera generación) para justificar proyectos extractivos que benefician a ciertos grupos económicos, mientras se ignoran los derechos de comunidades locales o el impacto ambiental, todo bajo el pretexto de un "bien mayor".


Aplicación al contexto ecuatoriano

Ecuador es un caso paradigmático para analizar los derechos de tercera generación, ya que su Constitución de 2008 incorpora explícitamente algunos de estos derechos, como el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza (Pachamama). Esto lo convierte en un terreno fértil para observar las tensiones que García Amado describe, especialmente en relación con la subjetividad y el uso político de los derechos.


Derechos de la naturaleza como derechos de tercera generación:

La Constitución ecuatoriana de 2008, en su artículo 71, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, un claro ejemplo de un derecho de tercera generación (el derecho a un medio ambiente sano). Casos como el del Bosque Protector Los Cedros (2021), donde la Corte Constitucional prohibió actividades mineras para proteger los derechos de la naturaleza, reflejan cómo estos derechos de solidaridad se priorizan. Sin embargo, esto también ilustra el punto de García Amado: la decisión puede estar influenciada por valores subjetivos (el amor por la naturaleza de ciertos grupos ambientalistas) más que por un análisis jurídico equilibrado que considere, por ejemplo, el derecho al desarrollo económico de las comunidades locales que podrían beneficiarse de la minería.


Esto puede llevar a una trivialización de los derechos humanos, como advierte García Amado, al poner los derechos de la naturaleza por encima de los derechos humanos fundamentales, como el acceso al trabajo o a una vida digna.


El caso Estrellita y la expansión de los derechos de tercera generación:

El caso de Estrellita, la mona lanuda cuyo habeas corpus fue reconocido en 2024, muestra cómo los derechos de tercera generación (como el derecho a un medio ambiente sano, que incluye la protección de la biodiversidad) se extienden a niveles individuales. La decisión de la Corte Constitucional de aplicar los derechos de la naturaleza a un animal específico refleja la crítica de García Amado: el apego emocional de Ana Beatriz Burbano Proaño hacia Estrellita llevó a una interpretación expansiva del Derecho, donde un animal individual adquiere derechos similares a los de un humano.


Esto puede diluir la fuerza de los derechos humanos tradicionales (de primera y segunda generación), como el derecho a la educación o la salud, que quedan relegados frente a interpretaciones más subjetivas y emocionales de los derechos de tercera generación.


Polarización política y uso de los derechos de tercera generación:

En Ecuador, la polarización política, como la que se observa en las protestas indígenas en Quito contra proyectos extractivos, está profundamente vinculada a los derechos de tercera generación. Los movimientos indígenas suelen invocar el derecho a la autodeterminación (otro derecho de tercera generación) y el derecho a un medio ambiente sano para oponerse a actividades como la minería o la explotación petrolera. Sin embargo, el Estado a menudo responde invocando el derecho al desarrollo (también de tercera generación) para justificar estos proyectos, argumentando que benefician a la colectividad.


Esta tensión refleja la advertencia de García Amado sobre el "buenismo con mala fe": ambos lados usan los derechos de tercera generación para justificar sus posturas, pero a menudo lo hacen para avanzar agendas políticas o económicas, más que para proteger los derechos de manera genuina. Esto erosiona la utilidad del Derecho como herramienta civilizatoria, como señala García Amado.


Riesgo de trivialización y pérdida de foco en los derechos fundamentales:

La expansión de los derechos de tercera generación en Ecuador, como el reconocimiento del "buen vivir" (sumak kawsay) como un principio constitucional, puede llevar a la trivialización que García Amado critica. Al otorgar derechos a conceptos abstractos o a entidades no humanas (como la naturaleza o los animales), se corre el riesgo de desviar la atención de los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, mientras se destinan recursos legales y políticos a proteger los derechos de la naturaleza, problemas como la pobreza extrema, la falta de acceso a la salud o la educación (derechos de segunda generación) pueden quedar desatendidos.


Esto coincide con la crítica de García Amado de que "los derechos de verdad y de todas las personas se van quedando jurídicamente desprotegidos" debido a la frivolidad en el manejo de los derechos.


Reflexión final:

Los derechos de tercera generación y la advertencia de García Amado

Los derechos de tercera generación, aunque valiosos para abordar desafíos globales como el cambio climático o la desigualdad, son particularmente susceptibles a las dinámicas que García Amado critica. Su naturaleza colectiva y aspiracional los hace propensos a interpretaciones subjetivas, donde los valores personales (como el amor por la naturaleza o la defensa de una identidad cultural) pueden imponerse sobre un marco jurídico coherente. En el contexto ecuatoriano, esto se ve claramente en la priorización de los derechos de la naturaleza sobre otros derechos humanos, así como en el uso político de estos derechos para justificar decisiones que benefician a ciertos grupos a expensas de otros.


Además, como señala la crítica de la teoría de las tres generaciones (según los resultados web proporcionados), los derechos de tercera generación a menudo no capturan la verdadera naturaleza legal de los derechos humanos y tienden a ser utilizados para agendas políticas que no siempre benefician a la colectividad. En Ecuador, esto se refleja en la forma en que los derechos de tercera generación, como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho al desarrollo, se convierten en herramientas de polarización más que de cohesión social.


En resumen, el análisis de García Amado, aplicado a Ecuador y enriquecido con el concepto de los derechos de tercera generación, pone de manifiesto un desafío clave: mientras los derechos de solidaridad buscan proteger bienes colectivos, su implementación subjetiva y politizada puede debilitar el sistema jurídico y desviar la atención de los derechos humanos fundamentales, tal como García Amado advierte.


Mi conclusión

Para quienes hacen y necesitan Comunicación Política es fundamental conocer los objetivos de esta disciplina/ciencia para no caer en trampas o cometer errores informativos que corrompen o ayudan a corromper a la opinión pública. Para este caso uso "corromper" como un sinónimo de estropear y entorpecer el debate público sobre los temas que son de interés ciudadano.


Revisando más al detalle los argumentos expuestos puedo asegurar que el buenismo es la contraparte política a la tiranía, pero que se usa únicamente como un "anzuelo" político para lograr o aumentar la popularidad del gobernante o para captar votos en el marco de la democracia autoritaria.


Creo que la ventaja del buenismo también va de la mano con una distorsión del comportamiento humano conocido como "positivismo tóxico" en su versión de política pública y eso extrapolado hacia el sistema de justicia basado en los nuevos e ingenuos movimientos sociales que trabajan en la imposición de sus ideales sin respeto a otros criterios.


Seguramente la legislación populista entra también como parte de los efectos del buenismo y que, por ahora, le mantendría con un segundo nombre: "ingenuo".


Con estas aseveraciones trato de sustentar el hecho de que el Periodismo y su variante catalogada de Comunicación Política, necesitan de profesionales que tenga en su mente las amenazas que significa el buenismo en la recopilación de datos como parte de la producción de información; aplica también para incluir este escenario en las políticas de la línea editorial que obligadamente deben tener las "Sala de Redacción" y las direcciones de comunicación del sector público.


Me queda pensar este buenismo en el marco de la Relaciones Públicas y también en aquel grupo de personas que ahora trabajan bajo el nombre de "Influencers".


Un porte fundamental sobre el uso de la Filosofía para ampliar el significado y significante del conocimiento sistemático en la producción de información desde de la Comunicación Política:

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