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28 de enero de 2021

Intrincada desconexión legislativa en Ecuador

Comentario publicado originalmente en La Verdad, 
edición correspondiente a noviembre de 2020.
Autor: Raúl Zavala Mosquera

Cientos de personas quieren ser asambleístas, como si ese trabajo fuese únicamente llegar y sentarse en una curul, sin darse cuenta que existe un eslabón roto en la representación ciudadana. Mi expresión se sustenta en la baja credibilidad que tiene la ciudadanía en la Función Legislativa.

Evaluar las causas de este descrédito sería una tarea extensa, pero viene al caso enlistar algunas: corrupción, ausencia de transparencia, baja calidad del trabajo y síntomas de ineficiencia; al igual que en todo grupo humano existen excepciones, pocas pero existen, y se ven opacadas por una mayoría.

El gran malestar es que muchos ciudadanos no nos sentimos representados en la Asamblea. Tal vez no sea necesario o no hace falta o no queremos. Quizás ya no nos importa.

Pero es conveniente recordar que los distritos electorales en Ecuador fueron creados para “acercar” a los funcionarios electos con la ciudadanía, pero en estos años no es posible evidenciar que tenga resultados positivos.

Entonces ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia de este “divorcio” entre asambleístas y ciudadanos?

Nuestro sistema republicano está en riesgo. Y con este escenario nos vamos a las elecciones legislativas con muchos candidatos que no reúnen requisitos para ejercer las funciones de legislar y fiscalizar, que son parte de la crítica situación del multipartidismo y apartidismo que, de alguna manera, repercute sobre la conducta del electorado.

El adecuado y eficiente funcionamiento del Estado no es posible sin la existencia de una legislatura que sea capaz de entender y poner en agenda las demandas ciudadanas para evaluarlas y generar un marco jurídico alejado de los privilegios y los claros intereses del crimen organizado así como del narco.

Sin miedo a equivocarme aseguro que la desconexión entre las llamadas organizaciones políticas y el electorado es un círculo vicioso, en el cual los desencantados electores otorgamos nuestro voto al mejor postor y que buena parte de la población parece no entrar en conflicto alguno frente a lo que será el nuevo periodo legislativo.

Lo explicado me lleva a preguntarme: ¿Cómo caracterizar la relación entre asambleístas y los ciudadanos? Ya habrá especio para desarrollar la respuesta cuando tengamos los resultados de la conformación de la Asamblea en mayo del 2021.

Anotemos otro motivo para la desconexión legislativa: nadie evalúa los resultados de los trabajos, poco conocemos sobre sus aportes en las distintas comisiones, no se cuenta la foto con un incipiente texto en redes sociales. Las explicaciones de los asambleístas en medios de comunicación son una oda a su perfección y la crítica a los otros; esta última es un llamado de atención a quienes hacemos periodismo para que cambiemos las preguntas.

Puedo en este punto establecer otra de las anomalías electorales que provocan daños legislativos: inexistencia de una evaluación de aptitudes, actitudes y psiquiátricas para desempeñar el cargo de asambleísta. Lo que dicta la norma es que deben cumplirse ciertos requisitos de índole tramitológico y partidista; en otras palabras, los mismos asambleístas se hicieron una ley para que esté ausente la prevalencia de la calidad de conocimientos.

Por otro lado está nuestra incapacidad ciudadana para hacer control social a los asambleístas porque tampoco sus mecanismos de transparencia son herramientas útiles para verificar la calidad en el cumplimiento de sus funciones. Ejemplos: pedir información no es fiscalización, no justifican sus errores de fondo y forma en los proyectos de ley que presentan individualmente.

La gran ola de anomalías en la administración pública tanto en el Gobierno central como en las prefecturas, municipalidades y juntas parroquiales, está a la vista con la aprobación de 34 informes que contienen indicios de Responsabilidad Penal por infracciones legales encontradas, en al menos 287 acciones de control ejecutadas en el marco de la emergencia sanitaria; otros procesos se cumplen en el sector de la seguridad y de las compras públicas.

El caso emblemático en el 2020 es el de la “repartición de hospitales” que aún está en el limbo jurídico, pero que tuvo su clímax con la sentencia a Daniel Mendoza por liderar una banda de delincuentes que se apropiaron de los recursos para la construcción del hospital para Pedernales.

Para salir al paso de esta incredulidad ciudadana, en la Asamblea se crea un Comité de Ética encargado de investigar las denuncias contra los legisladores. Otro tema que implicaría profundos análisis pero por ahora ¿Qué hubiese pasado si los asambleístas cumplían eficientemente su labor de fiscalizar? Con estos antecedentes 38 de ellos buscan la reelección.

La fiscalización será el desafío más difícil que tendrán quienes conformen la próxima Asamblea si es que no caen las redes de la corrupción administrativa y política. También tendrán en sus manos la urgente necesidad de reformar leyes que se volvieron un problema social, tal vez no mucho el “hacer” nuevas; incluye evaluar el cumplimiento de otros cuerpos legales.

Los recientes escenarios sociales obligarán a que dichos funcionarios encuentren el justo equilibrio en la fragmentación de las identidades, pero también enfrentar las alteraciones y crisis en la comunicación política, además de vigilar el espacio público virtual desde donde se promociona a ministros con el disfraz de información institucional y a emitir información pública sin sustento.

Los candidatos o buenos o malos ya están inscritos y 137 serán electos como asambleístas principales y con sus alternos. Entonces desde ese momento debería empezar la gestión ciudadana para controlarlos, para no dejar que su ego se eleve al punto de sentirse semidioses intocables.

Debemos ser nosotros, los votantes, quienes estamos en la obligación de contrarrestar la desconexión legislativa pero no para sentirnos representados, sino para evitar que los funcionarios corrompan más a la institucionalidad e impedir que la República del Ecuador siga en manos del crimen organizado y el narco.



 

 

 

 

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