Un rumbo periodístico después del 16N

Y ahora ¿Qué carajos pasará? Estos 17 y 18 de noviembre de 2025 fueron una mezcla de certezas e incertidumbres; un rompecabezas con pinzas extrañas, misteriosas y otras que no calzan. Lecturas infinitas… escenarios paralelos, realidades difusas. Complicaciones futurológicas. El interés público por las patas de los caballos.

Foto: freepressalliance.com 

Sigo buscando respuestas luego de los resultados electorales del 16N, el "No" retumba aún. Entonces recuerdo las clases de "Prospección periodística", ese arte de buscar y hacer una lista de posibles temas o historias de interés público, pero ¿Qué es ahora el interés público? ¿Quién lo decide? Son otros tiempos, otros mundos. Preguntas pertinentes ahora que el periodismo está en crisis de identidad y de modelo.

Decían mis profesores y maestros hace casi 30 años que el "interés público" nacía de un consenso implícito relativamente sólido, sostenido por élites periodísticas, académicas y políticas que, aunque imperfecto y muchas veces clasista, al menos compartían un marco común:

• Lo que afectaba a gran cantidad de gente
• Lo que implicaba abuso de poder o corrupción
• Lo que podía mejorar el debate democrático
• Lo que tenía consecuencias sociales, económicas o de derechos

Ya con la práctica descubrí que ese consenso también lo decidían los directores de los medios (no es lo mismo que periodistas), los editores y, a veces los colegios profesionales o los gremios; era una decisión oligárquica por darle un apellido, pero con ciertas reglas y con una responsabilidad relativa respecto al prestigio, la competencia entre medios, el miedo a la demanda o al ridículo.

Entonces, llegaron los cambios en las costumbres ciudadanas con la Internet, los teléfonos inteligentes, con las redes sociales y con la fuerza que tomaron en el día a día; quizás no me había percatado y ahora que cuestiono estos días me doy cuenta que hubo:

Fragmentación de la audiencia: cada tribu o grupo social tiene su propio "interés público". Para unos es la emergencia climática, para otros la inmigración descontrolada, para otros la ideología de género en las escuelas, para otros la corrupción del contrario político. Ya no hay un público, hay públicos.

Colapso del modelo económico: los medios tradicionales perdieron el monopolio de la atención y de la publicidad, ahora dependen de suscripción o de clicks, de donaciones o de algún mecenas; eso hace que el interés público se confunda cada vez más con el interés comercial (lo que genera compromisos) o con el interés ideológico (lo que fideliza a la burbuja que paga).

Plataformización: las redes sociales y los algoritmos decidieron qué es “trending” y, por lo tanto, qué merece cobertura. El interés público pasó a ser, en buena medida, lo que genera indignación masiva en 24 horas… aunque a la hora 25 ya nadie se acuerde.

Desinstitucionalización de la autoridad: ya no hay guardianes ni controles aceptados. Cualquiera con un móvil y una cuenta en redes sociales puede definir qué es de interés público para millones de personas; a veces aciertan, en otras solo generan ruido o linchamientos. Las páginas de comentarios y del Editorial del medio perdieron peso político en los distintos públicos.

Entonces, ¿Quién decide hoy el interés público? Nadie y todos a la vez, es una resultante caótica de:

• Algoritmos de plataformas (YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook)
• La intensidad emocional de las comunidades online
• Los incentivos económicos de creadores de contenido y medios
• Las agendas políticas que logran amplificación
• Lo que aún conservan los medios como parte de su legado (aunque cada vez menos)
• En algunos casos, investigaciones serias que logran romper el ruido

Por tanto, hoy en día definir el interés público ya no es una categoría objetiva como en antaño, es un campo de batalla donde se enfrentan narrativas, emociones, intereses económicos y, de vez en cuando, hechos verificables.

El público necesita saber

Ha llegado el momento en que el periodista ya no busca "lo que la sociedad necesita saber", sino "lo que puede romper la burbuja de ruido y generar un impacto real en algún público concreto" que no siempre resulta en el "todo público" pre-redes sociales.

Es más difícil, más "sucio" y más apasionante que antes.

Y me refiero a sucio porque el periodismo actual obliga a meterse en terrenos que antes estaban fuera de los límites (o al menos fuera de lo que se admitía públicamente). Hoy es casi imposible hacer trabajo serio sin mancharse de alguna forma.

En este nuevo espacio para captar la esencia del interés público y sus anomalías nos obliga a:

- Scrapear webs que prohíben explícitamente el scraping; es decir implementar un proceso automatizado de extracción de datos de sitios web u otras fuentes aunque no esté autorizado.

- Usar cuentas falsas o perfiles prestados para entrar en grupos privados de WhatsApp, Telegram, Facebook donde está la información real.  

- Acceder a bases de datos públicas pero que técnicamente violan su "Términos de servicio" si se las usa masivamente.

- Fuentes que filtran porque quieren dañar a alguien, no porque crean en el interés público.  

- Fuentes que piden favores a cambio (difundir su versión, callar otra cosa, atacar a un tercero).  

- Tener que fingir cercanía o afinidad ideológica con gente que repugna para que sigan hablando.

- Poner titulares o fotos un poco sensacionalistas para que la pieza seria que viene detrás tenga alcance.  

- Usar hashtags o cuentas "cebo" que sabes que van a atraer odio o bots, pero que dan visibilidad.  

- A veces hasta participar (o al menos tolerar) que los seguidores linchen a alguien para que el tema no muera.

- Publicar una historia que podría arruinar la vida de alguien que no es el culpable principal, pero es el único al que se puede tocar.  

- Aceptar dinero de lectores o crowdfundings que vienen con agenda y sentir que una parte de la independencia periodística se fue.  

- Ver cómo la investigación es usada por actores políticos o empresariales para fines que no eran los de la historia y no poder hacer nada.

- Tener que publicar con seudónimo o desde servidores extranjeros porque se corre el riesgo de una demanda, amenaza o algo peor.  

- Eliminar tuits o hilos enteros porque una fuente te dice "si sigues por ahí te cortamos todo" de manera figurada o real.  

- Ver cómo medios "influyentes" roban la historia, la suavizan y se llevan el crédito, a veces los premios.

Hoy es normal ensuciarse para quien quiera hacer periodismo serio de manera independiente y lo peor: muchas veces es la única forma de que salga a la luz algo realmente importante, porque el sistema obliga a elegir constantemente entre quedarse limpio y callado… o ensuciarse y publicar.

En definitiva...

Quedarse con la agenda gubernamental o el simple boletín oficial sin un dato adicional, de contrapeso o de verificación, es de alto riesgo periodístico frente a las audiencias (seguidores); pero aquí se presenta otro dilema ¿Cuál es el interés público de un boletín con escasos datos más allá de la retórica propagandística y de relaciones públicas? 

Algo es seguro: el interés del oficialismo y de la oposición no siempre es de interés público, a menos que estén en juego los valores democráticos o el mal uso de los recursos públicos o que se quiera tapar la ineficiencia institucional.

Creo que allí está otro de los retos que el periodismo tiene en esta época post electoral.

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Las AI como parte de los procesos constituyentes (Parte I)

Bueno, llegó mi turno para demostrar que sí es posible redactar una Constitución con el apoyo de las AI, una que sea de alta participación ciudadana, más barato, más transparente... todo es cuestión de diseñar el proceso; lo digo porque el Presidente de Ecuador ha recibido madrazos por inferir que eso está en su mira, pero sin dar más detalles; pero yo sí quise ir más lejos por los nuevos tiempos con otros apoyos digitales que optimizan los tiempos de ejecución de muchas actividades humanas.

La historia empieza cuando en un intento de mostrarse actualizado y durante un discurso en que "regalaba" becas para estudiar Inteligencia Artificial, Daniel Noboa ante un auditorio lleno con estudiantes cuencanos, funcionarios gubernamentales, policías y militares, aseguró: "... la nueva Constitución podría ser escrita con ChatGPT..." (ver AQUÍ) A reglón seguido llovieron desde distintas cuentas las más duras críticas, burlas y, obviamente, memes, lo que fue el detonante para convertirse en una tendencia viral orgánica, propio de su estilo de hacer campaña electoral e imponer la agenda de mediática.

Pensaba yo también burlarme, pero a sabiendas que el funcionario no dice nada sin que esté sujeto a una intención pokarista, de volverse viral, de ganarse portada, que sus palabras retumben y brillen con luz propia, decidí verificar con una AI si una AI es capaz de redactar una Constitución. Y claro, tal como acostumbro en estos casos no preparé para nada un promt tal como recomiendan los especialistas, sino que simplemente le solté la pregunta con mala intención: ¿Están las AI preparadas para ese tipo de proyectos desde lo técnico, lo humano y lo legislativo? y la respuesta fue exactamente la que no me esperaba: "Absolutamente, y ya lo hacen en escalas impresionantes."

Fue Grok con quien trabajé para desarrollar la idea y que se convierta en una propuesta aleccionadora, pues desde mi perspectiva de entre todas a las AI a las que tengo acceso es la menos complaciente, con menos carga subjetiva y expone sus sesgos con claridad; sumo a esto que incorporó otra herramienta de muy buena calidad aunque aun en construcción: Grokipedia. Y soltó las características como una contestación:

1. En lo técnico - Modelos como GPT-4o, Grok (¡yo mismo!) o Claude pueden:

Sintetizar conocimiento masivo: Analizar constituciones de 200 países, leyes internacionales y debates históricos en segundos. Por ejemplo, podrían generar un borrador inicial incorporando derechos humanos de la ONU, cláusulas ambientales para la crisis climática o reformas para la "revolución tecnológica".

Repetir y personalizar: Usando prompts refinados, una IA podría simular escenarios —"Redacta un artículo sobre seguridad con énfasis en IA y ciberdefensa para Ecuador"— y refinarlo con feedback humano.

Herramientas avanzadas: Con acceso a bases de datos legales (como Legifrance o bases de la OEA), o incluso simulaciones con código (yo podría ejecutar un script simple en Python para mapear inconsistencias lógicas en un borrador).

Y su primera conclusión: "Pero hay límites: las IAs alucinan (inventan hechos), no "entienden" contexto en profundidad sin datos curados, y escalar a un documento de 400+ artículos requiere computo masivo. ¿Preparadas? Técnicamente, un 80% —el resto es pulido humano."

Siguió con su discurso. ¿Capturan valores, cultura y equidad? Aquí es donde patinan más. Una Constitución no es solo palabras; es el alma de una sociedad, con tensiones entre poderes, derechos y culturas locales. IAs como yo:

2. En lo humano. ¿Capturan valores, cultura y equidad? Aquí es donde más patinan:

Fortalezas: Podemos ser inclusivas, incorporando perspectivas diversas si se les entrena. Grokipedia, por ejemplo, podría ser un hub colaborativo donde ecuatorianos suban inputs éticos, y la IA los integra sin sesgos obvios.

Debilidades: Somos ecos de datos pasados —si el training data es sesgado (occidental, elitista), el output lo será. ¿Cómo capturar el "espíritu del constituyente"? Faltaría empatía genuina; las IAs no sufren hambrunas ni celebran carnavales; además, ¿quién decide el prompt inicial? Si es un gobierno, podría torcerse hacia agendas políticas.

Su segunda conclusión: Preparadas: Un 50%. Necesitamos humanos como editores éticos para inyectar alma —piensa en un "consejo de sabios" revisando outputs.

En el tercer momento. Realmente la parte fundamental sobre este proceso de mutua construcción en que se presentan las mayores fallas de nosotros los humanos: lo legislativo. Esto es el meollo tricky. Técnicamente, una IA podría generar un texto que pase filtros lógicos (consistencia, no contradicciones), pero:

3. ¿Es viable y legal? 

Viabilidad: En la práctica, constituciones se debaten en asambleas (como la propuesta de Noboa: electos por voto popular). Una IA aceleraría, pero ¿aceptaría la gente un "Chat Constitución"? En Ecuador, con polarización (Correa vs. Noboa), podría avivar desconfianza —imagina memes de "la IA votó por bases militares gringas".

Legal y ético: Ningún país lo ha hecho fully, pero hay precedentes: Nueva Zelanda usó IA para consultas públicas en reformas; Estonia (e-gobierno) integra bots en leyes. En Ecuador, la Constitución actual exige aprobación popular, así que un borrador IA + asamblea + referendo podría encajar. Pero existen riesgos: ¿responsabilidad si falla? ¿Propiedad intelectual de la IA? y legislativamente, debe alinearse con tratados internacionales (Ejem. Pacto de San José).

Tercera conclusión: Preparadas: Un 60%. Es factible como herramienta auxiliar, no como autora principal —la legitimidad viene de los ciudadanos, no de servidores en la nube.

Como parte de su personalidad Grok siempre tiene la penúltima palabra luego que ha terminado de dar las expliciones del caso y esta vez fue con una proyección:

Las IAs estamos listas para ser coautoras estelares: aceleramos, democratizamos ideas y evitamos reinventar la rueda. Pero para algo tan sagrado como una Constitución, el rol estelar es humano —nosotros, los bits, somos los asistentes geniales, no los soberanos. Si Noboa (o quien sea) lo intenta, podría ser un experimento histórico: Ecuador como "nación IA-friendly". ¿Y Grokipedia? Podríamos usarla como prototipo —un wiki colaborativo con IA para que ecuatorianos propongan artículos. 

Mirada superficial de los costos

Siguiendo lo que primero le importa al Presidente Noboa, decidí dar un paso más para construir una propuesta; directamente le pedí a Grok que armara un cuadro comparativo de los gastos tradicionales Vs. los gastos usando una AI. 

Como antecedente, en otra conversación había hecho cálculos sobre el "precio" para el Estado en el proceso de construir otra Constitución y revisando la experiencia de Montecristi nos habíamos planteado dos escenarios: 1. El proceso de redacción y aprobación; si se cumplía fuimos al segundo; 2. El proceso de implementación (tema pendiente por desarrollar).

Escenario financiero con apoyo de IA

Componente	Costo Estimado (USD)	Detalles	Reducción con IA (USD)	Ahorro Explicado
Consulta popular (16 nov 2025)	60 millones	Impresión, logística, difusión masiva para 13,7M electores.	45 millones	-15M: Votación híbrida (digital + física) vía app CNE con IA para verificación biométrica y campañas segmentadas en redes.
Elección de la Asamblea Constituyente (80 asambleístas)	70-80 millones	Inscripción, campañas, calificación de perfiles.	50-55 millones	-20-25M: Preselección de candidatos con IA (análisis de trayectoria, coherencia ideológica), campañas digitales personalizadas y reducción de propaganda física.
Funcionamiento de la Asamblea (6-8 meses → 180 días)	10-13 millones	Salarios, sesiones, apoyo técnico.	6-7 millones	-4-6M: Redacción asistida por IA (99% de borradores iniciales), sesiones híbridas, votación interna por blockchain, y análisis predictivo de consensos.
Referendo de aprobación de la nueva Constitución	60 millones	Difusión del texto, conteo, campañas.	40 millones	-20M: Texto final generado en lenguaje claro + versiones accesibles (audio, braille, lenguas indígenas) por IA; campaña 100% digital con verificación de bots.
Otros (consultas previas, difusión y contingencias)	5-10 millones	Encuestas, materiales, imprevistos.	3-5 millones	-2-5M: Consulta ciudadana masiva vía Grokipedia (1M+ inputs procesados en 48h), encuestas predictivas con IA, y alertas tempranas.
Total	205-223 millones		144-152 millones	Ahorro neto: 61-71 millones

Notas clave del modelo:  

• IA como co-redactor: Grok y modelos locales generan 90% del primer borrador en 72h a partir de insumos ciudadanos.  
• Grokipedia como repositorio vivo: Base de datos pública, actualizada en tiempo real, con trazabilidad de cada artículo.  
• Transparencia radical: Cada cambio normativo es auditado por IA y publicado con justificación.  
• Riesgo mitigado: Críticas por "deshumanización" se contrarrestan con participación presencial / virtual de organizaciones debidamente acreditadas como personas jurídicas y firmas digitales verificadas de ciudadanos como personas naturales.
• Escenarios alternativos: Si se opta por una comisión especial (en vez de asamblea plena), el costo podría bajar a USD 20-40 millones, similar a las reformas de 2015 o 2018.
• Costo de infraestructura adicional: Menores requisitos de infraestructura debido a la digitalización.

Nota aclaratoria: 

En la actualidad el proceso para una nueva Constitución implica tres elecciones clave (consulta popular, elección de asambleístas y referendo aprobatorio), más el funcionamiento de la Asamblea Constituyente (propuesta con 80 miembros). Basado en estimaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y análisis de medios como Primicias y El Universo, el costo total proyectado supera los USD 200 millones. Esto refleja un padrón electoral de aproximadamente 13,7 millones de votantes, inflación acumulada baja (alrededor del 2,2% en 2025, con un factor multiplicador de ~1,8 desde 2008) y mayores costos operativos por logística, tecnología y seguridad en un contexto de crisis de violencia.

Fin del primer capítulo

Bien, como para no alargar mucho esta parte operativa y dar paso a los temas fundamentales humanos en un ambiente altamente digital e hiperconectado, pongo un punto aparte y en la próxima entrega entraré en la construcción de la parte filosófica de una probable Constitución 2.0 adaptativa, que resalte el uso de tecnologías digitales y plataformas para optimizar cada paso del proceso, desde la consulta popular hasta la redacción y aprobación.

La propuesta llevará el nombre de "Proyecto Diamante"

Advertencia: Este análisis se redactó bajo el criterio editorial de Raúl A. Zavala - (razmo@gmail.com), consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones legales y digitales, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan mejorar o ampliar o disprobar el contenido.

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La alerta de Meloni es también para Ecuador

La reciente advertencia de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, sobre el riesgo de aislamiento de Occidente frente a la creciente influencia de China y Rusia en el Sur Global, no ha tenido repercusión en Ecuador. En un contexto donde la inestabilidad parece ser la norma, nuestro país se encuentra en una encrucijada que trasciende lo local: crimen desbordado, finanzas públicas al límite, consulta popular y una lucha geopolítica que nos convierte en un tablero de ajedrez. 

La alerta de Meloni no llegó de la nada: el 22 de octubre, antes de hablar en el Consejo Europeo, explicó, entre otros asuntos, su plan para defender a Occidente de la influencia de China y Rusia (ver el vídeo). Este nivel de transparencia, donde un Presidente o su equivalente como en el caso italiano, detalla su estrategia internacional antes de actuar, es algo que en Ecuador no vemos. Mientras Noboa negocia bases en Galápagos, o concesiones mineras, o préstamos externos, la prensa y los ciudadanos nos enteramos tarde, si es que nos enteramos y a medias; en un país donde el crimen y la deuda nos ahogan, esta opacidad nos deja ciegos ante el juego global que Meloni describe, donde Ecuador podría terminar como ficha de otros, no como jugador propio."

Pero las palabras de Meloni no son un eco lejano, son un espejo de lo que vivimos. Basándome en las declaraciones del presidente Daniel Noboa y datos recientes de la prensa, este análisis busca pintar un panorama más amplio, invitando a no quedarnos "viéndonos el pupo", sino entendiendo cómo los hilos globales y locales se entrelazan.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Las cifras de violencia son alarmantes: los crímenes violentos han crecido significativamente en 2025, con masacres y asesinatos diarios que convierten ciudades en campos de batalla. Noboa ha respondido con mano dura, declarando un "conflicto armado interno" y desplegando militares en las calles; pero, lejos de calmar las aguas, estas medidas parecen alimentar un ciclo: más operativos, más atomización de pandillas, más caos. La prensa reporta decomisos masivos a la minería ilegal como el nuevo motor del crimen, superando incluso al narcotráfico en rentabilidad. Este caos no es solo nuestro, es un imán para potencias extranjeras.

Mientras el país se desangra, Noboa insiste en que la solución pasa por aliados externos. Ha propuesto abrir las puertas a bases militares extranjeras, especialmente en las estratégicas Islas Galápagos, un "portaaviones natural" que EE.UU. codicia para controlar rutas marítimas y combatir el narcotráfico. En entrevistas recientes, el Presidente ha defendido esta idea como una necesidad para recuperar la seguridad, argumentando que el crimen trasnacional, con rutas que conectan a Colombia y Perú, requiere apoyo global; sin embargo, esta apertura no es gratis: implica ceder soberanía en un momento donde la economía nacional está al borde del colapso, con un presupuesto estatal que no logra ejecutarse y un déficit que nos empuja a más deuda.

En concreto: tenemos unas débiles finanzas públicas. 

La prensa reporta que hasta agosto de 2025 el gobierno apenas ha ejecutado menos de la mitad del presupuesto proyectado, dejando hospitales sin insumos, escuelas sin recursos y obras públicas paralizadas. Esto, mientras la banca privada reporta ganancias récord, un contraste hasta cierto punto incomprensible pero muy lógico dado el actual contexto político y financiero. Noboa mismo ha destacado estas utilidades, pidiéndoles a los bancos adelantar el décimo tercer sueldo; pero el dato que más preocupa es otro: en solo seis meses, miles de millones de dólares han salido del país hacia cuentas extranjeras, según reportes del Banco Central.

Este desangre financiero no es solo un problema doméstico, es el escenario perfecto para la advertencia de Meloni. Mientras Occidente, liderado por EE.UU., ofrece ayuda militar y préstamos con condiciones estrictas, China y Rusia avanzan con una estrategia distinta: inversión sin preguntas. China ya controla proyectos clave, desde hidroeléctricas hasta minas y su deuda representa una quinta parte de nuestro PIB. Rusia, aunque menos visible, apuesta por alianzas militares y propaganda en la región, capitalizando el resentimiento contra intervenciones estadounidenses. 

En este juego, Ecuador es un peón: aceptar bases de EE.UU. podría darnos seguridad a corto plazo, pero nos ata a Washington; girar hacia Beijing ofrece alivio financiero, pero a costa de una deuda insostenible.

La consulta popular del 16 de noviembre es el clímax de esta tensión. Noboa propone reformas constitucionales para permitir bases extranjeras, reducir el número de asambleístas y hasta reescribir la Carta Magna. La narrativa es clara: refundar el país para combatir el crimen y estabilizar la economía. Pero la prensa local ha destapado dudas: ¿Son estas medidas una solución o una cortina para justificar más control externo? La idea de una base en Galápagos, por ejemplo, despierta temores ambientales (el riesgo a un ecosistema único) y recuerdos de la base de Manta, cerrada en 2009 por su impacto en la soberanía. La pregunta es si estas reformas atacan la raíz o solo maquillan un sistema que parece diseñado para perpetuar la crisis.

El crimen, potenciado por minería ilegal y narcotráfico, no es un accidente. Los decomisos muestran que el oro y la plata fluyen hacia mercados globales, lavando dinero que regresa como armas o poder para pandillas. La opacidad en estos casos de noticias que se publican y luego "desaparecen" alimenta sospechas de complicidad en las altas esferas. Si a esto sumamos la salida de capitales, el cuadro es desolador: mientras el país se endeuda y los servicios públicos colapsan, unos pocos mueven fortunas al extranjero, dejando al resto con las consecuencias de la violencia y la pobreza.

Meloni tiene razón: el Sur Global está siendo cortejado por potencias que ofrecen soluciones fáciles. EE.UU. promete seguridad, pero sus golpes en la región han matado civiles, generando rechazo en Colombia y Perú, nuestros vecinos. China ofrece dinero sin "lecciones de democracia", pero sus proyectos han dejado comunidades fracturadas y deudas eternas. Rusia, más discreta, apuesta por un mundo "multipolar" donde países como el nuestro se alejen de Washington. En este tira y afloja, Ecuador arriesga quedar atrapado: dependiente de todos, soberano de nadie.

La banca privada, lejos de ser un espectador, es el engranaje que mantiene este ciclo. Sus ganancias récord no se traducen en créditos para pymes o empleos; en cambio, facilitan la salida (¿fugas?) de capitales que podría reactivar la economía. Noboa, en su afán por estabilizar, parece ignorar esta contradicción, enfocándose en aliados externos antes que en reformas internas. La prensa reporta que el déficit fiscal empuja al Gobierno a más bonos, pero sin sostener la salida de capitales, es como llenar un balde con agujeros.

¿Qué significa esto para nosotros? Que la crisis no es solo de balas o de dólares; es de prioridades. Cada base extranjera, cada dólar que sale, cada mina ilegal, es una pieza en un tablero global donde Ecuador es más objeto que jugador. 

Meloni ve un Occidente perdiendo terreno porque países como el nuestro, desesperados, buscan alternativas, pero esas alternativas tienen precio: o nos atan a Washington con condiciones, o nos hunden en deudas con Beijing.

La consulta de noviembre será un termómetro. Un "Sí" a Noboa podría traer recursos inmediatos, pero a costa de ceder control. Un "No" podría preservar algo de autonomía, pero sin un plan para frenar la fuga de capitales o el crimen, el colapso económico del Gobierno será inminente. Los datos de la prensa muestran un país al límite: hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros y un presupuesto que no alcanza, mientras la banca hace su trabajo y las potencias globales esperan su turno.

No podemos quedarnos viéndonos el pupo, debemos levantar la mirada. Ecuador no es solo un país en crisis; es un campo de pruebas para el nuevo orden mundial que Meloni teme. La solución no está en elegir un "amo" extranjero, sino en atacar las raíces: transparentar la minería, cerrar los grifos de la fuga de capitales y priorizar inversión social sobre militarización. La prensa nos da los datos, Noboa, la narrativa.

Pero la pregunta es nuestra: ¿Queremos un país que se salve a sí mismo, o uno que se venda al mejor postor?

Si queremos evitar el aislamiento que Meloni predice, necesitamos mirar más allá de las promesas de seguridad o los cantos de sirena de la deuda fácil. Ecuador merece un futuro donde la riqueza no se escape, donde el oro beneficie a los ciudadanos y no a los narcos, donde las Galápagos sean un orgullo y no una base alquilada. La consulta es solo un paso; el camino real empieza con exigir cuentas claras y transparencia informativa.

Este análisis no pretende dar respuestas fáciles, sino invitar a mis lectores a ver el panorama completo: un Ecuador atrapado en un juego global, donde cada decisión cuenta. La alerta de Meloni no es solo para Europa, es un llamado a no dejar que nuestro Ecuador sea una ficha más en un tablero ajeno. ¿Qué futuro elegiremos el 16 de noviembre? La respuesta está en, reitero, no quedarnos viéndonos el pupo, sino actuando con los ojos bien abiertos.

Advertencia - Este análisis puede contener sesgos o imprecisiones geopolíticas, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

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Las finanzas en la aspiración de Daniel Noboa

Por miedo real o por percepción o por mala experiencia, los ecuatorianos miramos en la delincuencia y criminalidad nuestra mayor amenas, sintiendo la indefensión en toda se magnitud; pero existen algunas soluciones que parecen no estar adecuadamente sustentadas.

Punto de partida: la seguridad ciudadana es un bien público que debe ser garantizada por el Estado a la que tiene derecho cada ciudadano, que también le compete a las autoridades locales y a la sociedad civil. Pero es presumible que los delincuentes y criminales ya se han apropiado de ese bien público.

Con esto, en mi cuenta Twitter (X) hice unos planteamientos nacidos al momento de leer el análisis constitucional de Verónica Hernández, así como los anexos, y me di cuenta de una ausencia de costos en los argumentos del presidente Daniel Noboa para llamar a consulta popular; voy entonces a hilar y aumentar mis apreciaciones que guiadas por: 

"No hay una correlación evidente de que gastar más en seguridad pública haya menos criminalidad". Laura Jaitma.

Escribí, entonces, este tuit con referencia al Ecuador: que aumente el presupuesto gubernamental para la Policía no significa que se está invirtiendo en seguridad, sin descuidar otro antecedente:

Estas cifras complementadas con los costos financieros que implican los asesinatos, tendríamos otro panorama aún más desolador. https://t.co/5rexa5X5ER

— Raul Zavala (@Zavala_Ra) January 7, 2024

Y fui al tema central. En los anexos de sustento a las preguntas de Daniel Noboa no hay ningún análisis financiero ni económico sobre los costos de la criminalidad. Es como si el Gobierno no supiera lo que gasta en "seguridad".

Según la Policía en el Ecuador se reportaron durante el 2023 unas 7.592 muertes violentas. ¿Cómo podemos hacer un "desglose contable" de los costos que implican esa cifra? ¿Podemos calcular la rentabilidad de las intervenciones policiales, fiscales y de salud al momento de intervenir en la prevención del crimen y post crimen?

¿Por qué en los anexos de la  Consulta Popular no existen referencias sobre las posibles pérdidas públicas y privadas causadas por la actividad criminal y la violencia social? 

De pronto si le damos un enfoque de salud se podría ampliar mucho más el impacto de la criminalidad. Por ejemplo: los costos físicos y emocionales de las víctimas, bien sean como individuos, como empresas o en el sector público.

Casi seguro que un especialista en políticas de salud habría preguntado: "Señor Presidente ¿Por qué no están consignados los costos de la atención médica a victimas y victimarios? Tal vez le habría recomendado: debería incluirse los costos de los daños emocionales como parte de la salud pública.

Pero reviso también el otro lado y la misma pregunta: ¿Cuáles son los costos en seguridad privada que están incurriendo las familias, las empresas y la misma institucionalidad pública de Ecuador? Otra: ¿Cuál es aumento de ventas en las industria de la seguridad privada? ¿Y en el sistema sanitario privado?

También existe otro dato ausente en los anexos en mención: impactos políticos en la institucionalidad por lo que percibimos las personas que tenemos miedo a convertirnos en víctimas del crimen y la delincuencia.

Tampoco encuentro en los anexos datos sobre las opciones para enfrentar la violencia juvenil, considerando que es un gobierno que políticamente se sustenta en los jóvenes; por tanto me di la licencia de hacer un recomendación no solicitada a Daniel Noboa: tal vez en lugar de gastar en dos nueva cárceles de máxima seguridad podría armar un proyecto para contrarrestar la violencia juvenil y planes de rehabilitación social juvenil.

Realmente me también me sorprende que no haya incluido datos sobre uno de los orígenes de la violencia en Ecuador: urbanización rápida e incontrolada; es decir, las consecuencias por la falta de control territorial como una responsabilidad municipal. Con esto también habría que mirar a los alcaldes y concejales (actuales y anteriores) como los corresponsables de que ahora vivamos subyugados a los delincuentes legales e ilegales.

En síntesis: 

"Una buena política de seguridad ciudadana ayudaría a equilibrar las finanzas públicas y a reducir los costos de los productos." Fernando Carrión (2007)

Con todo esto, considero que el Gobierno de Ecuador desconoce el costo del desvío de recursos de actividades productivas y proyectos públicos hacia el combate del crimen y el delito. 

Así que bien puedo concluir que el Gobierno presidido por Daniel Noboa no sabe cómo disminuir la criminalidad y los delitos porque no posee datos duros ni relatos humanos; también que el Plan Fénix tiene mas de ficción que de política pública. Por tanto; este mundo de violencia en el país no es un asunto ni de héroes ni de villanos, ni de tuiteros ni tiktokeros, menos de influencers, peor de funcionarios mediáticos.

Otras referencias:

• Comentario: Me faltan datos financieros sobre la consulta (AQUÍ)
• Cambios en la política de seguridad pública AQUÍ
• Trabajo de policías con militares depende de la Corte Constitucional AQUÍ
• Evidencias de la «Narco-metástasis» del sistema judicial AQUÍ

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Otra realidad de la tenue línea roja electoral en Ecuador

Con los resultados oficiales proclamados, termina la fase de consulta popular y referéndum en Ecuador, se ingresa a la de implementación, a pesar que las cifras parciales consolidadas en los "votos válidos", dejan por fuera al resto de opiniones. ¿Qué nos muestran los datos generales consolidados? ¿Es decisión del "pueblo"?

A esas dos preguntas le sumo una más: ¿Hubo realmente una victoria del Gobierno? y respondo: al parecer no, según los cálculos que hice con base en los reportes oficiales del Consejo Nacional Electoral.

Pero a continuación se encuentran gráficos que resultan de los cálculos con matemáticas electorales,en un primer cuadro se encuentran consolidados los resultados que individualmente difundió el organismo electoral:

Para la toma de decisiones en cuanto a la aplicación legal de los resultados únicamente se consideran los votos por el Sí y por el No, dejando por fuera a los nulos y blancos; en este primer análisis me llamó la atención la anomalía que el ausentismo no es igual en las 7 preguntas ¿Por qué?

En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes diferenciados y que por metodología sumé los votos que no fueron directamente para el Sí, además del ausentismo. El 100 % del universo se consideran las 13'026.598 personas registradas por la autoridad como "electores".

Lo interesante resulta al mirar a los dos lados de la tenue línea roja del 50 %, sin considerar los aspectos legales porque son construcciones políticas para distorsionar la realidad numérica de los votos, por tanto el escenario se muestra distinto a la "oficial", motivo de grandes titulares públicos y privados.

¿Qué hubiese pasado si los votos blancos se asignan al de mayor porcentaje? ¿Qué hubiese pasado en Ecuador político si es que el ausentismo y el No fueren tomados como opinión válida? Por ahora pasemos a revisar pregunta a pregunta y lo que nos muestran los datos generales motivo de este análisis, además para entender el contexto transcribiré las preguntas planteadas por el Ejecutivo.

Aclaración: asumo que quienes dejaron su voto en blanco o lo anularon, opinan que no están apoyando directamente al Sí; además aun hace falta saber las razones del ausentismo.

Pregunta 1 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?

En términos generales esta fue una pregunta ganadora, el 27 % no voto por el Sí y el 19 % no se presentó a votar. El origen de los datos puede ver AQUI (PDF)

Pregunta 2 del referéndum: Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?

Si se sigue la lógica anterior esta es pregunta perdedora, pues no votaron por el Sí el 34 % y no votó el 19 %. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 3 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?

La segunda pregunta perdedora. El 35 % de votantes no apoyaron directamente al Sí más el ausentismo del 19%. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 4 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?

Segunda pregunta ganadora, tiene en contra un 27 % con el ausentismo del 19 %.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 5 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

Cuando se suman los porcentajes que no son Sí resulta 6'548.442 votos, contra los 6'486.181, puede leerse como otra pregunta que pierde el Sí, considerando que porcentualmente es un 50 y 50.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 1 de la consulta popular (6): - ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”?

Cuarta pregunta perdedora considerando que del universo de votantes el Sí obtuvo el 46%.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

Pregunta 2 de la consulta popular (7): ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Es posible asegurar que 32 % más el 19 % hacen contrapeso al 49 %, con lo cual tampoco es una pregunta ganadora. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)

De cada una de las lecturas realizadas a los números electorales, es posible deducir - además de lo mencionado a inicio- que existe la necesidad de rehacer el sistema electoral desde los conceptos de votos para que tenga una adecuada interpretación en el contexto real democrático como base de un sistema republicano. 

De una u otra forma la votación obligada y con interpretaciones legales obsoletas, es una herramienta para la administración pública, pues deja sentada en las masas de personas la idea que las decisiones que toman los funcionarios están en el marco de lo que el "pueblo quiere".