Sostiene Zavala Ra: Lo ilegal y lo ilegitimo en el mensaje de Ángela Plúa

El escenario político de la Municipalidad de Jipijapa entró en otra fase de alteración con un nuevo intento ciudadano para demostrar uno de los incumplimientos legales de la alcaldesa; el Concejo tomó la decisión de cesar en funciones; Ángela Plúa reaccionó con un discurso. La siguiente perspectiva del mensaje enviado a los ciudadanos la planteo como un ejercicio de comunicación política y un aporte al escenario de la gestión pública local, también como votante y residente en este cantón.

Captura de pantalla del vídeo difundido por Ángela Plúa

Tras la destitución aprobada de forma unánime por el Concejo Cantonal de Jipijapa el 24 de marzo de 2026 (cinco votos a favor, bajo el artículo 333 literal c del COOTAD), la alcaldesa Ángela Plúa difundió un mensaje directo a la ciudadanía y publicado en la página oficial de la Municipalidad, en el que expone su punto vista en una combinación de un tono sereno con una fuerte narrativa de victimización.

Nota: la transcripción del discurso se encuentra al final de este análisis y el vídeo AQUÍ

La funcionaria califica la decisión como "acto ilegítimo sostenido en procedimientos ilegales" y "persecución política", sin detallar los vicios concretos de procedimiento. Afirma: "sigo siendo su alcaldesa" y que la administración continúa; además, desvía la atención de la causal específica (irregularidades en el nombramiento de la Secretaria del Concejo) hacia sus logros en agua potable y ruralidad, presentando la remoción como un castigo por "cambiar las prácticas de siempre, sin informar sustentos de sus aseveraciones.

Es cierto que la destitución no es definitiva porque el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene la última palabra; sin embargo, decir "sigo siendo su alcaldesa" y "la administración continúa" como si nada hubiese cambiado genera confusión legal y administrativa, sobre todo que no acepta la decisión de los concejales que tienen su autoridad legal emanada de las urnas.

Más que una explicación a sus mandantes, el mensaje de Ángela Plúa es una operación de victimización política al transformar un procedimiento administrativo de remoción en lo que ella considera una persecución personal en su contra bajo el argumento que se atrevió a cambiar las prácticas de siempre sin especificarlas y sin entrar a rebatir la causal específica que motivó la decisión unánime del Concejo.

Ante las aseveraciones: "No es una remoción, es una persecución política con vicios legales" - "motivaciones políticas y no jurídicas" hace una interpretación subjetiva, pues la causal invocada es objetiva según el COOTAD: artículo 333 literal c): incumplimiento legal y comprobado de disposiciones legales y de resoluciones del Concejo Municipal, sin causa justificada.

La denunciante (Ana Azucena Mendoza Álvarez) presentó documentación por tanto llamarlo "persecución política" es válido como opinión personal, pero reduce un procedimiento administrativo-jurídico a mera motivación subjetiva sin desmontar jurídicamente los argumentos de la ciudadana. Es una táctica común para polarizar, pero debilita el argumento al no presentar a los ciudadanos pruebas específicas de los "vicios legales".

Afirma: "Me quieren remover por hacer cambios, por mejorar el sistema de agua potable, por trabajar por la ruralidad…" es un desvío del tema, lo que se conoce como red herring, táctica de distracción utilizada para desviar la atención del asunto principal hacia un tema irrelevante para el problema de fondo.

La causal específica del proceso actual es el nombramiento irregular de la Secretaria del Consejo, no la gestión general del agua, ruralidad o desarrollo; atribuir la destitución exclusivamente a su "buen trabajo" y a que "se acabaron las prácticas de siempre" ignora la denuncia concreta y la votación unánime del Concejo.

Este argumento emocional podría ser efectivo para sus bases pero no para la audiencia en general, considerando que no responde a la acusación jurídica que motivó la remoción.

Argumenta: "Hoy no se está juzgando una falta, se está intentando romper la voluntad del pueblo de Jipijapa", lo que puede considerarse una incongruencia democrática. La Alcaldesa fue elegida por voto popular, pero los concejales también lo fueron y el COOTAD prevé mecanismos de control y remoción precisamente para casos de incumplimiento; además, asegurar que es un ataque directo a la "voluntad del pueblo" es ignorar que el Concejo representa también a distintos sectores de la ciudadanía.

Es un encuadre clásico de "ellos contra el pueblo", una técnica de comunicación y psicología que consiste en presentar la información de una manera específica para influir en cómo se interpreta, destacando ciertos aspectos y omitiendo otros para persuadir.

En su discurso dice frases como "...este acto ilegítimo sostenido en procedimientos ilegales" - "No es una remoción, es una persecución política con vicios legales" - "un acto ilegítimo". Las dos palabras (ilegal e ilegitimo) son dos conceptos diferentes en el derecho administrativo ecuatoriano (y en general en el derecho público), aunque a menudo se usan de forma intercambiable en el lenguaje político o periodístico, Ángela Plúa los emplea juntos, lo que genera una redundancia retórica pero también una ambigüedad estratégica.

En derecho contencioso-electoral lo decisivo será probar los vicios de procedimiento o falta de garantías en el proceso; la ilegitimidad por motivación política es más difícil de demostrar y suele considerarse un argumento emocional más que jurídico.

En cuanto a la frase "Esta decisión no es definitiva, sigo siendo su alcaldesa" y "la administración continúa y Jipijapa no se detiene", es parcialmente incongruente con la realidad jurídica porque es cierto que la destitución no es definitiva, pero no hace mención a los cargos que se le imputan; sin embargo, una vez aprobada la remoción por el Concejo, la alcaldesa queda suspendida de facto en el ejercicio inmediato del cargo hasta que el TCE resuelva.

En un proceso similar, el de octubre 2025, cuando se salvó la destitución por un voto, sí seguía siendo Alcaldesa, aquí el resultado fue distinto.

Autoridad Vs. victimización

En este caso, el escenario elegido resulta especialmente revelador ya que transmite el mensaje sentada en lo que parece una oficina, en una silla negra ejecutiva de respaldo alto, flanqueada por la bandera tanto de Jipijapa como de Manabí y la del Ecuador con su escudo visible justamente tras ella. Sobre el escritorio, tres elementos destacan con clara intención simbólica:

Una campana dorada de autoridad (usada tradicionalmente para abrir y cerrar sesiones), colocada a su derecha.
A su izquierda lo que parece ser una agenda.
Un pequeño micrófono inalámbrico en el centro.

Se presenta con ropa blanca y la iluminación es frontal y favorecedora, el encuadre es un plano medio-cercano y postura erguida, usa las manos para gesticular en función de sus palabras. El fondo es pulcro y minimalista.

El contraste es poderoso: mientras verbalmente se presenta como víctima de una persecución política y de procedimientos ilegales, visualmente se muestra como la autoridad legítima que todavía ocupa el sillón del poder. El despacho, las banderas y la campana transmiten continuidad institucional; la agenda más parece un objeto para equilibrar la toma. Es una contradicción deliberada pues la víctima habla desde el trono.

Esta dualidad de victimización en el discurso y proyección de autoridad, es una técnica clásica de comunicación política que busca generar empatía emocional sin perder el aura de poder.

Refuerza esta lectura el hecho de que la página oficial en Facebook de la Municipalidad no haya publicado ni la convocatoria, ni la transmisión, ni un comunicado neutral sobre la sesión del Concejo, pero sí difundiera a las pocas horas el video personal de la Alcaldesa, sin mencionar las anomalías coyunturales como la imposibilidad de que los concejales sesionen en la sala destinada para el efecto y la ausencia del Secretario del Concejo.

El discurso es más de campaña y resistencia política que de defensa jurídica detallada con explicaciones a los ciudadanos, tampoco desmonta la causal invocada, exagera la ilegalidad del procedimiento sin pruebas concretas y genera ambigüedad sobre su estatus actual, de lo que se puede deducirse que el mensaje de Ángela Plúa es efectivo para mantener a su base movilizada, pero políticamente débil y emocionalmente alto.

Transcripción del mensaje de Ángela Plúa

Hoy me dirijo a ustedes, queridos jipijapenses, con claridad, serenidad y firmeza.

Un grupo de concejales sin autoridad de concejo e ilegalmente convocado pretenden destituirme, pero quiero que lo tengan absolutamente claro: esta decisión no es definitiva, sigo siendo su alcaldesa.

Quiero pedirles tranquilidad, sigamos confiando en el trabajo que venimos haciendo juntos porque la administración continúa y Jipijapa no se detiene.

La ley es clara. Este proceso no termina aquí. La última palabra la tiene el Tribunal Contencioso Electoral y será ahí donde este acto ilegítimo tendrá que sostenerse o caer, porque lo que estamos viviendo hoy es un acto ilegítimo sostenido en procedimientos ilegales y motivaciones políticas y no jurídicas.

No es una remoción, es una persecución política con vicios legales.

Y quiero hablarles con total sinceridad, me quieren remover por hacer cambios, por mejorar la problemática de siempre que ha presentado Jipijapa: el sistema de agua potable, por trabajar por nuestros hermanos de la ruralidad, por impulsar el desarrollo y por ordenar la administración municipal.

Porque se acabaron las prácticas de siempre y eso incomoda porque aquí no hay intereses.

Existen gente que quiere que Jipijapa no avance, pero quiero que ustedes lo sepan con total firmeza que nada va a detener la transformación de Jipijapa, ni este acto ilegítimo, ni los procedimientos ilegales, ni las presiones políticas, porque este proyecto no es mío, es de ustedes jipijapenses, de todo un pueblo que clama a avanzar.

Hoy no se está juzgando una falta, se está intentando romper la voluntad del pueblo de Jipijapa. Vamos a defendernos en derecho, pero también con la verdad, porque esto no es una remoción, es una decisión política que tendrá que responderle a la ciudadanía.

Mi compromiso es más fuerte que nunca.

Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo a Jipijapa con responsabilidad, con transparencia, honestidad y con la frente en alto.