Una crisis política en la Municipalidad de Quito – Ecuador, desencadenó que una serie de evidencias sobre las vulneraciones del sistema judicial se hicieran públicas y se concretó al ponerse al descubierto la actuación de María Belén Domínguez quien fuera jueza de la Violencia contra la Niñez y la Familia de Quitumbe.
Las anomalías iniciaron en el 2015 y para noviembre del 2021 la exfuncionaria es acusada por tráfico de influencias.
A manera de antecedente. Jorge Yunda fue destituido el miércoles 3 de junio de 2021 por el Concejo Metropolitano de Quito al considerar que incumplió con sus funciones, para lo cual el funcionario usó los recursos legales que disponía para contrarrestar esta decisión política; el lunes 28 de junio la jueza de la Violencia contra la Niñez y la Familia Belén Domínguez, convertida en jueza constitucional, considera que sí existió una vulneración porque la Comisión de Mesa, conformada por cuatro concejales, no separó a los mismos en la votación del pleno del Concejo Metropolitano. Por ello, decidió aceptar la acción de protección de manera parcial.
Esta decisión judicial despertó las sospechas sobre un posible nexo extrajudicial entre los dos funcionarios, por lo que se buscó algunas pistas que pudiesen verificar o descartar estas presunciones.
Un primer paso fue ir hasta el origen del nombramiento de la funcionaria judicial. Mediante Resolución No. 208-2015 del Consejo de la Judicatura, nombran jueces a nivel nacional, incluida María Belén Domínguez Salazar, con puntaje de 82,18. Pero, en los sustentos de la Resolución Nro. 54-2014 que establece: “Aprobar el informe de recalificación del proceso de evaluación de jueces” no consta en el banco de elegibles el nombre de la mencionada funcionaria.
Este proceso para elegir jueces inició en el 2011 cuando los resultados del referéndum y consulta popular, formalizó la reestructuración funcional del sistema judicial de Ecuador.
En una búsqueda paralela se determina que la mencionada ciudadana registró su título profesional de tercer nivel como abogada el 23 de mayo del 2014, con el número 1040-14-1282034, entregado por la Universidad de las Américas.
Según consta en los archivos electrónicos de la Universidad de Las Américas, en el 2014 presentó su trabajo de titulación “Política criminal preventiva: “desarrollo de medidas de prevención a través de un perfil criminal preexistente” dirigido por Elsa Moreno Orozco.
En su hoja de vida indica que su vinculación con el sistema judicial inició en el 2012 como asistente jurídica en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, luego un cargo similar en el Buró Noboa, Peña, Larrea y Torres Abogados, tiempo después ejerce funciones como ayudante judicial de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Estas evidencias públicas, obligaron a que el Consejo de la Judicatura el 8 de enero del 2021, emitiera un comunicado con el que “insta a quienes hablan de supuestas irregularidades en el concurso público para la Corte Nacional de Justicia a presentar las denuncias y pruebas correspondientes ante las autoridades competentes.”
Pero el 2 de julio de 2021, con otro comunicado, el Consejo de la Judicatura indica que su Presidenta, María del Carmen Maldonado, dispuso a la Dirección Nacional de Transparencia del organismo que abra una investigación sobre posibles irregularidades en el nombramiento de la jueza María Belén Domínguez en el año 2015.
Efectivamente, quien puso y sostuvo la denuncia fue Jéssica Jaramillo, en la que presentó los respectivos documentos; además, a través de su cuenta Twitter @JessyJaramilloY, la abogada increpó a la presidenta del Consejo de la Judicatura, asegurando que el organismo no actuó de oficio, sino que, por el contrario, se tomaron medidas porque se ella cumplió el trámite legal correspondiente.
Y el 8 del mismo mes, el organismo jurisdiccional dispuso medidas preventivas de suspensión y sin remuneración por 90 días a los servidores judiciales implicados en la forma irregular con que se procesaron dos acciones constitucionales solicitadas por Jorge Yunda Machado (entre ellos a la jueza Domínguez) y que inicia acciones legales ante la Fiscalía General del Estado para establecer responsables, autores, cómplices y encubridores en este caso, puesto que se presume la existencia de un modus operandi para direccionar procesos.
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| Jéssica Jaramillo - abogada que localizó las anomalías en el nombramiento de la funcionaria Belén Domínguez |
Sin embargo y ante una disposición del presidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jhayya, el 27 de septiembre se informó que por inasistencia de la exjueza María Belén Domínguez, no se instaló la audiencia de formulación de cargos; pues a pocos minutos antes de la hora de la diligencia, Domínguez ingresó un escrito diciendo que se atiende en el hospital del IESS de Sangolquí por afectación a su salud. El juez le dio 24 horas para que envíe el certificado, caso contrario será sancionada.
El 4 de octubre de 2021, El juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres, destituyó por desacato electoral a dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, multó con 10 mil dólares a la jueza de la Violencia contra la Niñez María Belén Domínguez por “haber dictado sentencias que se superponen en la actuación del Tribunal Contencioso Electoral y facilitar la indebida permanencia del doctor Jorge Yunda Machado, en calidad de Alcalde de Quito.”
Según el dictamen la funcionaria (y otros) es responsable de haber incurrido en la infracción electoral muy grave, tipificada en el artículo 279. 7 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (LOEOPCD), conforme la causa signada con el No. 619-2021-TCE (Acumulada).
La sentencia de Torres también incluye a los jueces de la Corte Provincial de Pichincha Raúl Mariño y Cenia Solanda Vera, que fueron penalizados con la destitución del cargo.
En forma simultánea, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza María Belén Domínguez y a Daniela Andrade Espinoza, ayudante judicial de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer de Quitumbe; pues las dos funcionarias fueron sancionadas por la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial y fueron investigadas por su participación en el sorteo de la acción de protección constitucional presentada por Jorge Yunda.
Y como otro escalón en esta trama, el 9 de noviembre la Fiscalía formuló cargos contra la exjueza y con base en los elementos de convicción, el juez Vladimir Jhayya, dispuso las medidas cautelares establecidas en el artículo 522, numerales 1, 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP); es decir, la procesada tiene prohibición de salida del país, está obligada a usar un grillete de vigilancia electrónica y a presentarse todos los lunes ante Fiscalía. Asimismo, dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas de la acusada.
Según consta en el sitio oficial de la Fiscalía, durante la audiencia se indicó que, en su calidad de jueza, María Belén Domínguez habría dispuesto –por medio de funcionarios judiciales– el ingreso de la acción constitucional al Complejo Judicial Sur de Quitumbe, con la consigna de que la causa debía recaer sobre ella, cuando lo que correspondía era que el proceso se lo tramite en la Unidad de Delitos Flagrantes, pues fue ingresado a las 17:03 del 18 de junio de 2021. Es decir, fuera del horario laboral.
La Fiscalía también sostiene que Domínguez no ingresó el trámite como acción de protección, sino como un caso de violencia.
De acuerdo con el relato expuesto por el fiscal Alberto Santillán Molina, conforme la información oficial, la exjueza habría dispuesto a las exfuncionarias que participaron en el sorteo de la causa que formateen sus teléfonos celulares para que no quede rastro de las conversaciones que mantuvieron el 18 de junio de 2021, fecha en que se ingresó la acción de protección en el Complejo Judicial Sur de Quitumbe.
En cuanto a los argumentos a su favor, la investigada explicó que para su sentencia únicamente aceptó el reclamo por la presunta falta de imparcialidad que Yunda interpuso ante los integrantes de la Comisión de Mesa y aseguró que otros tres pedidos del funcionario municipal fueron rechazados por: 1. la legalidad de la remoción; 2. la proporcionalidad de la sanción; y 3, la falta de motivación de la remoción.
Domínguez insistió en que el proceso de remoción puede volver a empezar, siempre y cuando, los miembros de la Comisión de Mesa principalicen a sus suplentes durante su aprobación.
Según una reseña del portal primicias.ec, estas argumentaciones de la ahora exjueza, se dieron durante la audiencia por la acción extraordinaria de protección, interpuesta por Santiago Guarderas, que se realizó la mañana y tarde del 13 de septiembre de 2021 ante la jueza constitucional Karla Andrade, quien escuchó a las partes involucradas en lo que fue la disputa por la Alcaldía de Quito.
El 9 de febrero de 2022, se completaron los 90 días de instrucción fiscal abierta por el delito de tráfico de influencias con la mencionada exfuncionaria, a quién la Fiscalía la investiga por haberse aprovechado de su “cargo jerárquico superior” para ejercer “influencia e inducir al error a dos subordinadas” y así “cristalizar un sorteo atípico”.
Inicialmente la formulación de cargos fue expuesta ante Vladimir Jhaya, en ese entonces presidente de la Corte de Pichincha, pero ahora el caso los asume Gustavo Osejo, quien fue nombrado como el nuevo titular del organismo provincial de justicia el 14 de enero de 2022.
Queda esperar entonces que el fiscal Alberto Santillán indique oficialmente el cierre de la etapa de instrucción fiscal al presidente de la Corte Provincial de Pichincha y pida que se defina la fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se emitirá la acusación fiscal. Este caso es procesado en la Corte Provincial en vista que María Belén Domínguez tiene fuero de corte.
A modo de apuntes al margen. Dentro de la investigación previa por el delito de asociación ilícita en el que se analizan las supuestas irregularidades en el proceso de sorteo de las dos acciones constitucionales presentadas por Yunda, el miércoles 4 de agosto, Gabriela Beltrán rindió su versión ante la Fiscalía de Pichincha.
Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán, auxiliar de ventanilla en la Unidad de La Mariscal, aseguró que su defendida no ingresó la medida cautelar interpuesta por Yunda a las 08:41 del miércoles 7 de julio en el Complejo Judicial Norte porque estaba en la Unidad de La Mariscal, en donde labora.
Luego que las anomalías en el accionar de la exjueza fueron expuestas públicamente, ella cerro su cuenta en la red Twitter cuyo usuario era @BelenDsal; tampoco ha dado declaraciones públicas comentando sus argumentos.
Ahora bien, el proceso judicial que se le sigue a Belén Domínguez no está visible en el sistema eSATJE, porque se lo tramita como “violencia intrafamiliar” y en este caso existen restricciones de tipo legal.
Por lo pronto queda sin hacerse público aún los resultados de las investigaciones sobre el nombramiento de los jueces realizado por el Consejo de la Judicatura en el 2014.
Sin embargo, otras pistas se encontrarían en el Informe de la Contraloría, sobre la auditoría realizada a los procesos de reclutamiento y selección efectuados por el Consejo Nacional de la Judicatura; y, a la designación realizada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de los Ministros Jueces para las Cortes Superiores y Tribunales Distritales del país en el 2007.
Este informe esta signado con el código DA1-0064-2008 y corresponde al examen realizado desde el 23 de julio de 2007 hasta 24 de abril de 2008, y aprobado un año después.
Y hasta aquí una noticia en desarrollo que ha durado casi seis años, pero que no termina con la sentencia de no inocente o su ratificación de inocencia para María Belén Domínguez; queda aún pendiente conocer cómo ella logró hacerse nombrar jueza y de saber cuáles fueron sus relaciones con Jorge Yunda, aunque no estén en los expedientes judiciales.
Equipo de trabajo del fiscal provincial de Pichincha Alberto Santillán (d). Foto: eluniverso.com
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Nota explicativa:
Este artículo fue presentado como trabajo final del Curso para periodistas Judiciales, dictado por la Universidad Andina Simón Bolívar, al cual se le hicieron correcciones de tipo gramatical y actualización de datos, al 15 de febrero de 2022. Las conferencias fuero impartidas entre el 8 y el 18 de noviembre de 2022. A continuación, se encuentra la calificación otorgada:
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