Sostiene Zavala Ra: Reflexiones sobre el pedido de "un Bukele para Ecuador"

Este comentario es parte de mis reflexiones sobre la aspiración de muchos ecuatorianos para "tener un Bukele" en el Ecuador ante la escalada de la violencia delincuencial y criminal.

Primeras aclaraciones:

1.- No es para contradecir o aprobar esas aspiraciones porque cada persona es dueña y responsable de sus opiniones estén o no equivocadas;

2.- No es para profundizar en quién es el presidente salvadoreño, porque importa el accionar estatal frente a los más de 20 años de ataques de las pandillas y lo que hicieron con la población civil; y,

3.- Existe una gran diferencia entre el entorno criminal de El Salvador y el de Ecuador.

Dicho esto, debemos reconocer las graves fallas y errores de las cinco funciones del Estado y de los gobiernos locales del país andino, tanto en prevención como en acciones disuasivas frente a la delincuencia común y el crimen organizado, incluye los delitos financieros en el sector público.

Es imprescindible conocer como surgieron las pandillas en el país centroamericano, justamente como un resultado de una guerra civil que dejó un saldo de más de 75.000 muertos, unos 12.000 desaparecidos y más de medio millón que emigraron especialmente a Estados Unidos; allí se formaron estas organizaciones irregulares, muchos fueron deportados, pero se mantuvieron unidos y se fortalecieron hasta convertirse en una amenaza social.

También es necesario entender desde lo democrático el método usado por el mandatario salvadoreño para implementar su actual sistema de guerra contra las pandillas, que ya tiene bajo arresto a casi el 2% de su población adulta al sospecharse que es o ha sido integrante de estos grupos violentos. Poco se conoce sobre los procesos judiciales.

Se calcula que son aproximadamente 70.000 individuos los pertenecientes a las pandillas; además que el país perdió cada año 6 mil millones de dólares por los efectos delictivos derivados de las pandillas, un equivalente al 20 % del Producto Interno Bruto; además, de tener sometida integralmente a la población urbana y rural.

Paso a Ecuador. Son incipientes los datos sobre los efectos en la economía nacional y familiar por el accionar la delincuencia común y el crimen organizado. Las estadísticas que difunde la Fiscalía y la Policía son extremadamente lineales. Seguimos contando muertos a diestra y siniestra, viralizando los vídeos de robos y asaltos, con una población civil que cada día desconfía más de la seguridad que ofrece el Estado.

La narrativa gubernamental está más sustentada en la operación narco y puesta en escena la actividad de ciertas bandas. Creo que hay mucho por estudiar sobre la delincuencia y la criminalidad en el país.

Otra de las aristas: las consecuencias del descontrolado uso de la violencia legítima. Dicho en otras palabras, el trabajo de policías y militares que están autorizados por ley para actuar con violencia como medida para contrarrestar los ataques delincuenciales y criminales.

¿Hemos pensado en la fuerza política latente que tiene la Policía?

Pero eso es una parte del proceso. La siguiente fase es la gestión de la Fiscalía para llevar a los sospechosos ante la justicia y allí hay otro nudo crítico, pero es parte del sistema democrático que aún tenemos en Ecuador, aunque esté maltratado.

Pero aquí hago un alto para una abstracción: pedir justicia no tiene que ser sinónimo de venganza.

Me topo entonces con otros de los temas polémicos: el de los Derechos Humanos.

Primera aclaración: el Estado tiene el compromiso legal y moral de reconocer, respetar y hacer efectivos los Derechos Humanos, que es un conjunto de reglas para protegernos de la violencia propia de los estados e intentar una equilibrada convivencia entre el poder político y la sociedad civil.

Mi criterio es que no todos los defensores de los derechos son lo que dicen ser y quizás allí uno de los orígenes del problema; el otro es la negativa de los estados para aceptar sus errores y fallas en el cumplimiento de sus obligaciones para con los ciudadanos.

Es obvio y por regla general que tanto el delincuente como el criminal son propensos a infringir las leyes y el Estado se ve imposibilitado de impedirlo; por tanto, le es conveniente culparlos por atentar contra los Derechos Humanos de las víctimas y la indefensión de estas ante el sistema judicial.

El irrespeto a la propiedad privada y pública, que incluye a la vida, es una norma de actuación en los distintos estratos sociales y económicos.

Esto me lleva a lo que se conoce como Estado de Derecho; es decir, simplemente el respeto al ordenamiento jurídico establecido en la Constitución, resaltando uno de los principios básicos: ante una sospecha del cometimiento de un delito, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y esto se lo deberá hacer en un justo juicio.

Pero doy un salto hasta Singapur, una ciudad - estado hiperdesarrollado bajo un régimen autoritario. Aquí vale conocer al Presidente que tuvo por 31 años el poder político: Lee Kuan Yew, que transformó a una sociedad en que mascar chicle o tenerlo es un delito. Allí los corruptos son sentenciados por el gobierno sin pasar por un juicio, las penas incluyen latigazos, la libertad de expresión está altamente restringida, la indisciplina también está penada.

Hoy gobierna bajo los mismos parámetros la abogada Halimah Yacob, proclamada para el cargo sin proceso electoral en el 2017, que administra la sociedad bajo lo que se ha denominado "autoritarismo suave" y "tecno-totalitarismo".

Ahora bien, la represión legalmente brutal del presidente salvadoreño a los pandilleros ha dado tranquilidad al resto de la población y esto ha desatado una tendencia en América Latina para creer que para abordar problemas delincuenciales complejos y violentos es necesario suspender los derechos de los ciudadanos. Pero no se trata de igual manera a la corrupción que es otra forma de acto delincuencial.

Habría que pensar en la sostenibilidad del proceso con Bukele en el poder o sin él.

Y aquí es posible establecer una contradicción: las restricciones a libertad es el precio que debe pagarse para vivir en una sociedad sin delincuencia.

Pero la tendencia política en la región también le apunta a una variable paradójica, a la de una democracia totalitaria, aquella en la que ya no hay sociedad, solo individuos preocupados por sus propios intereses. Todo está atomizado, es impersonal y con dispersión jurídica, infoxicado y sin transparencia informativa.

Ecuador no escapa de esa realidad.

En el país este escenario se evidencia o con el contubernio entre las funciones del Estado o sus confrontaciones para prevalecer como el “el primer poder del Estado”; con la baja calidad de los servicios públicos y los cuestionados privilegios para los distintos estratos socio-económicos.

Completa el panorama la percepción real o ficticia sobre la calidad y cualidad de los servicios judiciales, con una Fiscalía debilitada y la imagen de jueces que parecería representan a una tendencia política, con indicios de negociaciones ilegales o inmorales.

¿Está preparado cada uno de los ecuatorianos que pide un Bukele para vivir bajo un régimen autoritario nacional y local en toda la extensión de la expresión? Si la respuesta es SÍ, está bien y nada más puedo argumentar. Si la respuesta es NO, entonces ¿Qué hacemos?

Tampoco tengo la respuesta concreta, pero sí estoy seguro que es necesario, que necesito, trabajar en función de la organización vecinal como una táctica contra todo tipo de delincuencia y aprender cómo usar la legítima defensa ante la amenaza que represan ladrones, asaltantes, tumbapuertas, arrancheros, sacapintas y otras modalidades de la delincuencia común.

Tal vez sea una respuesta muy simplista a una incontrolable violencia que nos tiene de rodillas pidiendo piedad y subyugando nuestro libre albedrío.

Reconozco que el brillo del oropel de la majestuosidad presidencial ciega y da paso a una fe política en que una sola persona que, en uso de la violencia legítima, es dueña de nuestro presente y futuro, de nuestra seguridad.

Esa fe ciega en el funcionario es lo que nos ha permitido transitar de la democracia participativa a la totalitaria y es seguro que de seguro terminará en otra patología política que podría llamarse democracia dinástica, en la que el líder político hereda a uno de sus seguidores el poder político, bien de manera directa como el caso Nicolás Maduro, o a través de las urnas sin opciones políticas como lo que está ocurriendo en Nicaragua.

Concluyo. ¿A quién le vamos a vender los ecuatorianos nuestra seguridad pública y a qué precio?

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A manera de referencias:

Primer antecedente. Es visible que el sistema gubernamental tiene limitaciones para enfrentar a este hecho social: policías y ladrones.

Segundo antecedente: Los delincuentes comunes nos han acorralado, han vencido a la Policía y burlado del Ministerio de Gobierno. La Fiscalía mira desde de la platea las escenas de inseguridad… La delincuencia común gobierna.

Tercer antecedente: Considero que son irreparables los daños ocasionados cuando un delincuente mata a sus víctimas, pero esta vez me he propuesto argumentar sobre un proceso para armar nuestra defensa barrial. Frente de batalla contra los delincuentes.

Actualización del 13 de agosto de 2023. "O las democracias se dan cuenta de que no les alcanza con existir y mostrar su magnífico perfil heleno, o los Bukeles de este mundo se van a quedar con casi todo." - "No nos gusta saberlo, mucho menos decirlo: siempre hay un momento en que los pueblos aman a sus dictadores." Martín Caparros @martin_caparros

Análisis de la política pública parte I y II: