Desaparecidos ¿Pesquisas de nuestra propia familia?

Un tuit despertó mi curiosidad, traía consigo una carta de una hija a la comunidad por la desaparición de su madre, aquello despertó mi interés por un tema poco analizado: el de las desapariciones. Luego de recabar algunos datos, escribí un artículo que amablemente fue publicado en "La Verdad", edición de abril de 1019.

A continuación se encuentra la transcripción del análisis titulado: Desaparecidos: ¿voluntarios o forzados?

Emilia no ha regresado a su hogar y a sus familiares les dijeron que es una desaparición voluntaria. Su hija escribe un comunicado y lo difunde por redes sociales virtuales, cuenta el drama y cómo fue tratada cuando pidió a la Policía que se la encuentre.

Emilia Males Sarabia ahora consta en la lista oficial en desaparecidosecuador.gob.ec, al igual que decenas de ecuatorianos, sin contar aquellos a los que oficialmente “no hay que buscarlos”.

En el actual mundo hiperconectado recibimos a diario pedidos de ayuda para localizar a un amigo o pariente, los datos se viralizan y de pronto viene el aviso que fue encontrado… y no se sabe más; la persona que envió masívamente el mensaje no cuenta las circunstancias en que la persona desaparecida fue encontrada o regresó. Todo queda en el más oscuro secretismo.

Pero el caso de Emilia tiene otro componente que me llamó la atención: desaparición voluntaria. ¿Cómo funcionan los protocolos para este tipo de conclusiones?

Lo primero indispensable de conocer es que en Ecuador está activada la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), como parte de la estructura de la Policía Nacional.

En otro lado. La Fiscalía General del Estado también está involucrada en estos casos y para ello cuenta con un Protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, pérdidas o extraviadas en el que se establecen “tres etapas de acción: i) recepción de denuncia y recopilación de información relevante, ii) alerta y coordinación con instituciones públicas y privadas; e, iii) indagación a partir del delito.”

En este escenario también actúa la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (ASFADEC) y a la que se suma la Defensoría del Pueblo y otros organismos estatales y privados.

¿Por qué Emilia Males habría querido desaparecer?

Joselyn, su hija asegura en su mensaje: “Los agentes encargados del caso me dijeron que llegaron a la conclusión de que su salida fue voluntaria. Yo sé que no es así. Mi mami, en cualquier ocasión, siempre se comunica conmigo porque quien la conoce más que cualquier otra persona, soy yo. Yo creo, desde mi corazón, que no fue voluntario”.

Nunca había seguido la tramitología obligatoria que deben cumplir los familiares de los desaparecidos para que, primero, la Policía los considere como tales y, segundo, la Fiscalía inicie las indagaciones, siempre tomando en cuenta la clasificación de personas desaparecidas, pérdidas o extraviadas, un aspecto que de seguro muy pocos lo conocemos.

Según un informe de la Fiscalía, hasta diciembre del 2018, estaban en investigación 1.359 casos y, claro. Emilia aún no estaba en esas estadísticas.

Un dato comparativo: en México se estima que 40.000 personas están desaparecidas, más de 1.100 en fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar; esta información me conlleva a otro actor fundamental de las investigaciones en Ecuador: las realizadas por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según el Director de esta dependencia Milton Zárate, actualmente se trabaja en conjunto con otras unidades para cruzar información de los resultados de las investigaciones forenses con los datos que proveen las instancias de búsqueda.

Compliquemos el escenario: desapariciones forzadas, porque este problema no es meramente administrativo.

Amnistía Internacional las define como: “Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional.”

El grave problema de las desapariciones está latente en Ecuador. Los que miramos de cerca, los que deben investigar y completar los trámites burocráticos, los familiares y allegados, conocemos las implicaciones de esta anomalía social; tal vez el Estado aún no se ha percatado, tal vez aún no conoce de cerca la experiencia dolorosa e incertidumbre de su significado, o quizás no tiene la capacidad para responder al reclamo social, al igual que otras tantas complicaciones sin soluciones efectivas.

Emilia no ha regresado a su hogar y su desaparición nos deja como lección que debemos estudiar lo que las dependencias gubernamentales requieren como información para ir a presentar una denuncia, que debemos convertirnos en pesquisas de nuestra propia familia para estar preparados en caso de una desaparición y no debamos esperar días y hasta semanas hasta que “alguien” en algún lado disponga iniciar la búsqueda.

Mientras tanto, tan solo nos queda pedir ayuda en las redes sociales virtuales, tal como lo hizo Joselyn y cientos de personas más, claro… mientras el Estado aún lo permita.