Javier Ortega y Paúl Rivas siguen haciendo periodismo

Javier Ortega y Paúl Rivas de alguna manera siguen escribiendo historias sobre los problemas que seguramente aún enfrenta el Gobierno de Ecuador en aspectos de seguridad y de protección ciudadana. Lo lamentable es que muchos periodistas estamos dejando que esos problemas se "enfríen" en beneficio de quien guarda secretos sobre una crítica situación de orden público.

Lo que va descubriéndose sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, permite ver con más claridad que una "verdad oficial" que enmudeció e hizo llorar a una gran parte de la población, pudo ser un conjunto de declaraciones políticamente oportunas y mediáticas.

Los fertros con los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra luego ser sometidos a la necropcia en Cali Colombia. (Foto de codigovidrio.com)

En un nuevo capítulo de esta crisis de seguridad por la que pasó el Gobierno y que al parecer no supo manejarla, se escribió este jueves 12 de diciembre de 2019 cuando "El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de DD.HH. presentó en Washington su informe final sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de El Comercio. La investigación confirma que los cautivos no fueron ejecutados de forma premeditada por los disidentes de las FARC, lo cual deja sin piso la tesis de la fiscalía colombiana." según el relato de codigovidrio.com.

El portal explica que "Los investigadores del ESE, encabezados por Luz Adriana Camargo, describen descoordinaciones, vacíos y errores recurrentes de procedimientos y protocolos de seguridad a diferente nivel. Empezando por el comité de crisis y el equipo negociador, y pasando por las operaciones de Policía, FF.AA. hasta las investigaciones poco técnicas de las fiscalías. Es una radiografía que muestra fallas estructurales y estrategias en materia de seguridad en los estamentos políticos y de seguridad, incluidos los sistemas de inteligencia. Por la crisis fallecieron diez personas en la frontera, incluidos 4 marinos, el soldado Wilson Ilaquiche, Katty Velasco y Óscar Villacís."

Ricardo Rivas, hermano de Paúl y quien se ha mantenido firme en el seguimiento de la investigaciones y en la búsqueda de conocer con exactitud lo ocurrido, luego de la exposición en Washington, difundió su punto de vista y entre sus argumentos está lo que dejaron de hacer las fiscalías de Colombia y Ecuador:

.@RicardoRivasBr habla sobre el informe del ESE de la @RELE_CIDH presentado hoy, en Washington. Las familias de #PaúlJavierYEfraín esperan que el organismo internacional vele por el cumplimiento de sus recomendaciones. #NosFaltan3 #NoCallamosNoOlvidamos #NadieSeCansa pic.twitter.com/vpqhruyFqd

— Nos Faltan Tres (@nosfaltan3) December 13, 2019

Y un dato adicional: "En el documento de 103 páginas se explica que los investigadores del ESE entrevistaron a los patólogos, que realizaron las autopsias, así como a un experto en balística. Todos coincidieron en “no haber hallado evidencia de que las víctimas estuvieran sometidas o atadas en el momento de ser asesinadas”, como indicaron disidentes ante la Fiscalía. Tampoco establecieron patrones de una ejecución planificada."

Con estos nuevos datos surgen nuevas dudas sobre la manera en que el Gobierno maneja la información y ponen en evidencia que las declaraciones oficiales sobre transparencia de la información entra en el campo de los condicionamientos, seguramente, para que no afecten la imagen presidencial.

Esta "papa caliente" que tienen los funcionarios, queda clarificada el momento en que en las conclusiones y recomendaciones se plantean las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro?
b) ¿Qué papel cumplió el Comité de crisis?
c) ¿Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse?
d) ¿Cuándo se tomó la decisión de la ruta a seguir?
e) ¿Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico?

En el numeral 336 está plasmada una de las recomendaciones que, desde mi perspectiva, será una de las más complicadas de cumplir, pero que es la piedra angular:

Ante todo este acontecimiento, Fundamedios, la organización de a sociedad civil más fuerte para evidenciar los problemas en el ejercicio periodístico, hace público su política en este caso: "solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas."

Otra de las importantes evaluaciones sobre lo mencionado en el informe, es lo que publica la cuenta en Twitter que da seguimiento permanente al caso:

"Édison Lanza, calificó al acto como un crimen transnacional en el que ninguno de los dos países tomó las medidas necesarias para hacer frente a los grupos residuales que dejó la desmovilización de las FARC"#NosFaltan3 #NoCallamosNoOlvidamos #NadieSeCansa https://t.co/pwBEFUhV7G

— Nos Faltan Tres (@nosfaltan3) December 12, 2019

Para quienes estamos inmersos en el periodismo y aspectos de investigación, es de gran utilidad leer el documento completo, en PDF: SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE INVESTIGAR LOS HECHOS QUE RESULTARON EN EL SECUESTRO Y ASESINATO DE: JAVIER ORTEGA, PAÚL RIVAS Y EFRAÍN SEGARRA (INTEGRANTES DEL EQUIPO PERIODÍSTICO DEL DIARIO “EL COMERCIO”)

No es posible aún escribir el final de esta historia, con lo cual bien podemos contribuir día a día para que este lamentable insuceso, deje lecciones fundamentales, tanto de los hechos como de lo que implica enfrentar al poder del Gobierno cuando quiere mantener ocultos sus desaciertos.

Desaparecidos ¿Pesquisas de nuestra propia familia?

Un tuit despertó mi curiosidad, traía consigo una carta de una hija a la comunidad por la desaparición de su madre, aquello despertó mi interés por un tema poco analizado: el de las desapariciones. Luego de recabar algunos datos, escribí un artículo que amablemente fue publicado en "La Verdad", edición de abril de 1019.

A continuación se encuentra la transcripción del análisis titulado: Desaparecidos: ¿voluntarios o forzados?

Emilia no ha regresado a su hogar y a sus familiares les dijeron que es una desaparición voluntaria. Su hija escribe un comunicado y lo difunde por redes sociales virtuales, cuenta el drama y cómo fue tratada cuando pidió a la Policía que se la encuentre.

Emilia Males Sarabia ahora consta en la lista oficial en desaparecidosecuador.gob.ec, al igual que decenas de ecuatorianos, sin contar aquellos a los que oficialmente “no hay que buscarlos”.

En el actual mundo hiperconectado recibimos a diario pedidos de ayuda para localizar a un amigo o pariente, los datos se viralizan y de pronto viene el aviso que fue encontrado… y no se sabe más; la persona que envió masívamente el mensaje no cuenta las circunstancias en que la persona desaparecida fue encontrada o regresó. Todo queda en el más oscuro secretismo.

Pero el caso de Emilia tiene otro componente que me llamó la atención: desaparición voluntaria. ¿Cómo funcionan los protocolos para este tipo de conclusiones?

Lo primero indispensable de conocer es que en Ecuador está activada la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), como parte de la estructura de la Policía Nacional.

En otro lado. La Fiscalía General del Estado también está involucrada en estos casos y para ello cuenta con un Protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, pérdidas o extraviadas en el que se establecen “tres etapas de acción: i) recepción de denuncia y recopilación de información relevante, ii) alerta y coordinación con instituciones públicas y privadas; e, iii) indagación a partir del delito.”

En este escenario también actúa la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (ASFADEC) y a la que se suma la Defensoría del Pueblo y otros organismos estatales y privados.

¿Por qué Emilia Males habría querido desaparecer?

Joselyn, su hija asegura en su mensaje: “Los agentes encargados del caso me dijeron que llegaron a la conclusión de que su salida fue voluntaria. Yo sé que no es así. Mi mami, en cualquier ocasión, siempre se comunica conmigo porque quien la conoce más que cualquier otra persona, soy yo. Yo creo, desde mi corazón, que no fue voluntario”.

Nunca había seguido la tramitología obligatoria que deben cumplir los familiares de los desaparecidos para que, primero, la Policía los considere como tales y, segundo, la Fiscalía inicie las indagaciones, siempre tomando en cuenta la clasificación de personas desaparecidas, pérdidas o extraviadas, un aspecto que de seguro muy pocos lo conocemos.

Según un informe de la Fiscalía, hasta diciembre del 2018, estaban en investigación 1.359 casos y, claro. Emilia aún no estaba en esas estadísticas.

Un dato comparativo: en México se estima que 40.000 personas están desaparecidas, más de 1.100 en fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar; esta información me conlleva a otro actor fundamental de las investigaciones en Ecuador: las realizadas por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según el Director de esta dependencia Milton Zárate, actualmente se trabaja en conjunto con otras unidades para cruzar información de los resultados de las investigaciones forenses con los datos que proveen las instancias de búsqueda.

Compliquemos el escenario: desapariciones forzadas, porque este problema no es meramente administrativo.

Amnistía Internacional las define como: “Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional.”

El grave problema de las desapariciones está latente en Ecuador. Los que miramos de cerca, los que deben investigar y completar los trámites burocráticos, los familiares y allegados, conocemos las implicaciones de esta anomalía social; tal vez el Estado aún no se ha percatado, tal vez aún no conoce de cerca la experiencia dolorosa e incertidumbre de su significado, o quizás no tiene la capacidad para responder al reclamo social, al igual que otras tantas complicaciones sin soluciones efectivas.

Emilia no ha regresado a su hogar y su desaparición nos deja como lección que debemos estudiar lo que las dependencias gubernamentales requieren como información para ir a presentar una denuncia, que debemos convertirnos en pesquisas de nuestra propia familia para estar preparados en caso de una desaparición y no debamos esperar días y hasta semanas hasta que “alguien” en algún lado disponga iniciar la búsqueda.

Mientras tanto, tan solo nos queda pedir ayuda en las redes sociales virtuales, tal como lo hizo Joselyn y cientos de personas más, claro… mientras el Estado aún lo permita.