La pandemia hizo público lo que los ciudadanos siempre lo supimos y el Gobierno levantaba cortinas de humo: las graves ineficiencias del sistema de salud pública.
Largas discusiones, defensa y ataque de posiciones, se desataron cuando el Presidente de la República prácticamente desechó el proyecto legislativo llamado Código Orgánico de la Salud, pero fueron en casos puntuales y no en cada uno de los componentes de este inmenso cuerpo legal.
Pero esta vez, desde mi lado más como un ciudadano e involucrado como periodista en estos aspectos médicos, plantearé algunas de mis inquietudes sobre una de las aristas en el ser humano: la salud mental. ¿Existe descuido en este tema?
El cuestionamiento me sobrevino cuando se analizó el envenenamiento de un padre a sus dos hijos y me pregunté ¿Por qué no se puedo evitar? y luego como una de las secuelas que me dejó el terremoto del 2016 en lo emocional y psicológico.
Reconocí que tenía un problema y traté de controlarlo, pero también me dediqué a preguntar si es que el personal policial y de bomberos recibieron atención psicológica luego de lo que vivieron en esas negras horas post terremoto con el rescate de las víctimas. Obtuve muchas respuestas negativas.
Entonces sobrevino la crisis por la pandemia, en el frente de batalla estuvo todo el personal sanitario, que también debió enfrentar complejos momentos para tratar de salvar vidas en un ambiente totalmente adverso, tanto por la falta de equipamiento como de insumos de protección y otras situaciones colaterales, fue cuando expuse públicamente ¿héroes o mártires?
Por ejemplo, pienso en el esfuerzo emocional y agotamiento físico de médicos y enfermeras por el cuidado emergente a los pacientes contagiados con grave estado de salud, o en la preocupación por infectar a sus familiares con el virus. ¿Les habrán prestado atención psicológica a estos profesionales?
Y en el seguimiento noticioso también fue evidente el trabajo y esfuerzo desplegado por un sinnúmero de trabajadores del sector privado que estuvieron en primera línea, sobre todo en la parte logística y de producción. ¿Estarán los problemas mentales, en estos casos, considerados como parte de la salud ocupacional?
Es comprobable que los funcionarios de nivel operacional durante la cuarentena debieron trasladar las oficinas a sus casas y emprender con grandes esfuerzos el llamado teletrabajo; conocí de cientos de casos de este personal que debió enfrentar múltiples escenarios que fueron desde sus actividades personales y familiares, hasta extensas jornadas laborales de alta presión, pero en el encierro. ¿Qué diagnóstico médico existe sobre los impactos en este grupo de personas por estas anomalías?
También están presentes otros problemas que empiezan a develarse, pero siguen sin tener un impacto en las políticas púbicas: suicidios, violencia intrafamiliar y social. Obligada pregunta: ¿Hay suficientes institutos de neurociencias púbicos y privados en Ecuador para atender estos casos?
Y con esa duda me saltan otras: ¿En qué momento un acto de violencia intrafamiliar pasa de ser un caso de salud mental a uno de tipo penal y quién lo decide?
Cuando consideré que estaba cubriendo los 360 grados de este panorama, descubro otro más: las adicciones y drogadicción son también un problema de salud pública y mental. ¿Las acciones gubernamentales son suficientes para enfrentar con eficacia este daño social?
Con todo lo descrito en estos párrafos, voy a la parte pertinente de lo que es el vetado Código Orgánico de la Salud y son tres artículos (207, 208 y 209) los que se ocupan de esta parte del sistema nacional y son extremadamente genéricos. ¿Fueron irresponsables los asambleístas al legislar sobre este problema?
Llego al final de este artículo con más dudas que certezas y con un epílogo preocupante: ¿Cuál es destino de la sociedad sin diagnósticos sobre los impactos de las enfermedades mentales?
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