Me sorprendió enterarme que el mando militar había tomado una decisión política respecto a las relaciones con periodistas y medios de comunicación, no tengo evidencias pero seguramente aupada por el Ministro de Defensa y el Presidente de la República. El asunto es que se reactivo la censura militar y mientras escribía la nota para mi otro blog, recordé una de las materias que fue base de mi instrucción militar: "La debida obediencia" y creo que es necesaria ponerla en contexto de lo que está pasando en Ecuador.
En un contexto donde las democracias latinoamericanas enfrentan crecientes tensiones entre seguridad nacional y libertades fundamentales, el 10 de enero de 2026 las Fuerzas Armadas de Ecuador han reactivado oficialmente las restricciones explícitas a la cobertura periodística, un movimiento que evoca sombras autoritarias del pasado. Este episodio no es aislado: refleja una securitización regional que legitima la militarización y la suspensión de derechos, financiada con impuestos públicos, pero exenta de escrutinio real.
Esta reactivación de censuras discrecionales, antes aplicadas de forma velada, favoreciendo a medios complacientes, plantea una pregunta incómoda: ¿Hasta dónde llega la "debida obediencia" en una institución estatal? En Ecuador, donde la Constitución garantiza la libertad de expresión y el acceso a la información, órdenes como estas podrían obligar a oficiales y soldados a implementar exclusiones que violan derechos humanos; aquí es donde las lecciones de los Juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, adquieren una relevancia perturbadora.
Aquellos procesos, impulsados por los aliados victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, no solo juzgaron a líderes nazis por crímenes contra la humanidad, sino que desmantelaron el escudo de la obediencia ciega a órdenes superiores. En un mundo aún humeante por los horrores del Holocausto y las atrocidades bélicas, Nuremberg estableció un principio ético y jurídico inquebrantable: la "debida obediencia" no exonera de responsabilidad individual cuando se cometen actos ilícitos.
Para entender esta lección, retrocedamos al núcleo de los juicios. En el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (Alemania), acusados como el general Alfred Jodl o el almirante Karl Dönitz invocaron la defensa de Befehl ist Befehl ("una orden es una orden"), argumentando que actuaban bajo mandatos jerárquicos inevitables; sin embargo, los jueces, representando a Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, rechazaron categóricamente esta excusa. El veredicto fue claro: "Los individuos tienen deberes internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de obediencia impuestas por el Estado individual".
Este fallo, incorporado al Derecho Internacional Humanitario y reflejado en estatutos como el de la Corte Penal Internacional, subraya que la obediencia debe ser "debida", es decir, limitada por la legalidad y la moral. Ordenes manifiestamente ilícitas como genocidios, torturas o, en contextos modernos, supresiones sistemáticas de la libertad de prensa, no pueden ser acatadas sin consecuencias personales.
Críticamente, esta doctrina de Nuremberg no es un relicto histórico, sino un antídoto contra el abuso de poder que persiste en regímenes autoritarios o en democracias frágiles. En el caso ecuatoriano, las restricciones militares no solo atentan contra el artículo 18 de la Constitución, que consagra el derecho a la información veraz y oportuna, sino que recuerdan precedentes como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Usón Ramírez vs. Venezuela (2009), citado en el informe, donde se estableció que las fuerzas armadas, como entes estatales, no poseen "derecho a la honra" que justifique censurar críticas.
¿Qué pasa, entonces, con los oficiales que ejecutan estas órdenes? Si un comandante excluye a un periodista por investigar corrupción, ¿Está ejerciendo "debida obediencia" o convirtiéndose en cómplice de un acto inconstitucional? Nuremberg nos enseña que la jerarquía no absuelve: el soldado o el funcionario debe discernir, y si no lo hace, asume la culpa moral y legal.
Esta crítica se extiende a un patrón global. En América Latina, donde golpes de Estado y dictaduras militares han marcado el siglo XX, la "debida obediencia" ha sido invocada para justificar masacres como la de El Mozote en El Salvador (1981) o desapariciones en Argentina durante la dictadura (1976-1983). En aquellos casos, leyes de obediencia debida (Argentina de 1987) intentaron amnistiar a subordinados, pero fueron derogadas por su incompatibilidad con el derecho internacional.
En el presente la práctica va por la securitización que se ha convertido en un lenguaje de poder y que decir de Camila Jiménez "consiste en nombrar ciertos problemas —delitos, migración, protestas sociales, drogas— como amenazas existenciales, para legitimar políticas extraordinarias: militarización, suspensión de derechos y reformas que concentran poder. Bajo esta lógica, los Estados poderosos —tanto externos como regionales— moldean agendas y jerarquías, mientras los países más frágiles quedan atrapados entre la inseguridad real y la dependencia política."
Hoy, en Ecuador, bajo un gobierno que ha declarado un "conflicto armado interno" contra el narcotráfico, la militarización podría tentarnos a aceptar obediencia ciega como mal necesario; pero Nuremberg advierte del peligro: cuando la obediencia se convierte en dogma, se pavimenta el camino hacia el totalitarismo.
Las FF.AA. no son un ente autónomo; se deben al pueblo, no a sus propios intereses institucionales. Censurar la prensa no protege la seguridad nacional, sino que oculta ineficiencias y posibles abusos, erosionando la confianza que pretenden salvaguardar.
En última instancia, los Juicios de Nuremberg no solo condenaron a criminales de guerra, sino que forjaron un marco ético para la humanidad: la responsabilidad individual es el baluarte contra la barbarie colectiva.
En Ecuador, donde la reactivación de restricciones periodísticas evoca un control informativo que huele a autoritarismo, urge recordar esta lección. Periodistas que no se han convertido en ecos del poder político no son "perjudiciales", son guardianes de la democracia. Si los militares obedecen órdenes que silencian voces críticas, no solo fallan a su juramento constitucional, sino que repiten errores que Nuremberg juró erradicar. La verdadera "debida obediencia" es al derecho y la justicia, no a la opacidad.
"También se securitiza la protesta social. En momentos de crisis económica, el descontento ciudadano se rotula como “enemigo interno”. Se aprueban leyes antiterroristas ambiguas, se vigila a activistas y se criminaliza la movilización. En nombre del orden, se vacía el espacio democrático. Esta tendencia favorece a élites que buscan estabilidad sin redistribución y a socios externos interesados en negocios extractivos con pocas restricciones ambientales o laborales. La seguridad, entonces, deja de proteger a la población para blindar proyectos de poder." Camila Jiménez
El frente judicial ante el mando militar
En su momento yo mencioné que los militares ecuatorianos no están ni capacitados ni preparados para cumplir labores policiales, como eran los deseos del Presidente y que muy agenciosamente el Ministro de Defensa cumplió ese deseo; los escenarios en la guerra no son los mismos que enfrentan los policías en las calles. En otro de mis comentarios en este mismo blog (Riesgos de la "Ofensiva Total" sin respaldo judicial) aclaré que lo militar es para ganar un guerra y lo policial para reprimir al delito.
Por más que el Presidente, en su desconocimiento sobre asuntos de seguridad, haya dispuesto que los militares salgan a las calles ante el clamor ciudadano, su responsabilidad era haber consultado con los mandos militares sobre si las tropas están preparadas en el marco de la Constitución y demás leyes. Pero no, al parecer el mando no fue consultado y si se lo hizo, simplemente acataron bajo el criterio de "una orden es una orden" y la promesa política, más que jurídica, de que nadie toparía a los uniformados.
También para tener presente: el Presidente de la República no es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pues el no tiene atribuciones legales y constitucionales para ejercer el mando militar.
Pues ahora resulta que los militares están enfrentado hechos que los tienen sentados en el banquillo de los acusados y el Ministro de Defensa inmune ante el control político.
Durante el periodo de declaración de conflicto armado interno iniciado en enero de 2024 se han documentado casos de corrupción involucrando a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Entre ellos destaca la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad, como el arresto de un subteniente del ejército en mayo de 2025 por filtrar información sobre una operación contra el tráfico de armas, lo que permitió que la red criminal evadiera capturas.
Otro ejemplo es el gasto de 403 millones de dólares en compras reservadas por el Ministerio de Defensa entre enero y abril de 2024, sin transparencia adecuada, lo que ha generado sospechas de irregularidades en contratos millonarios, incluyendo adquisiciones de equipo militar que no se han utilizado efectivamente.
Además, denuncias en redes sociales y medios han señalado posibles corruptelas en contratos de las Fuerzas Armadas, como aquellos relacionados con radares antinarcóticos abandonados en el extranjero, exacerbando la erosión de la confianza pública en un contexto de militarización financiada con fondos estatales.
En cuanto a acciones contra los derechos humanos, las Fuerzas Armadas han sido implicadas en graves violaciones durante el conflicto armado interno, con reportes de al menos 237 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policías en 2025, incluyendo torturas y desapariciones forzadas.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado ejecuciones extrajudiciales, como la de Carlos Javier Vega en marzo de 2024, detenciones arbitrarias y torturas en cárceles controladas por militares, criticando que la declaración de conflicto armado ha facilitado estos actos sin rendición de cuentas efectiva.
Además aún está pendiente el asesinato de Efraín Fuerez, comunero kichwa, que murió por el impacto de una bala supuestamente militar y que existe la evidencia de cómo maltrataron los uniformados a la víctima, en el marco de las protestas indígenas en septiembre 2025.
Un caso emblemático es la desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil en diciembre de 2024, por la cual 17 militares fueron llamados a juicio en octubre de 2025, tras ser detenidos arbitrariamente y encontrados muertos, lo que evidencia un patrón de abusos bajo la estrategia de seguridad militarizada.
Y justamente por este y otros casos, la evidente inmunidad efectiva del Ministro de Defensa frente al control político de la Asamblea Nacional es de otra peligros señal; aunque la Constitución de la República no otorga inmunidad absoluta a los ministros de Estado, estos pueden ser sometidos a juicio político por incumplimiento de funciones, conforme al artículo 131 numeral 9 y al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la práctica, el actual titular del Ministerio de Defensa Gian Carlo Loffredo, ha logrado evadir este mecanismo de rendición de cuentas gracias al respaldo mayoritario del oficialismo en comisiones clave.
En junio de 2025, la Comisión de Fiscalización y Control Político rechazó calificar solicitudes de juicio político en su contra, con seis votos en contra y cuatro a favor, impulsados principalmente por la oposición, relacionadas con irregularidades en la gestión de seguridad, el caso de la desaparición de los cuatro menores en Las Malvinas y posibles omisiones en el control de las Fuerzas Armadas.
Similar desenlace se repitió en octubre de 2025, cuando otra petición no prosperó, evidenciando cómo la mayoría parlamentaria aliada al Gobierno actúa como escudo institucional, convirtiendo el control político en un simulacro que protege la opacidad en lugar de exigir responsabilidades.
Esta dinámica no solo debilita la separación de poderes y el principio de trasparencia y control, sino que refuerza un patrón de impunidad en el sector defensa, donde el Ministro, nombrado directamente por el Presidente y sin formación militar tradicional, opera con amplio margen de maniobra ante graves acusaciones.
En un escenario de conflicto armado interno declarado desde 2024, esta falta de supervisión efectiva por parte de la Asamblea Nacional permite que decisiones sobre compras reservadas, operaciones militares y manejo de violaciones a los derechos humanos queden exentas de escrutinio real, perpetuando la erosión de la confianza ciudadana y recordando precedentes históricos donde la ausencia de control político facilitó abusos institucionales.
Sin un juicio político viable, el Ministro de Defensa se posiciona como un funcionario prácticamente intocable, lo que contradice el mandato constitucional de que todo servidor público rinda cuentas y somete al Ejecutivo a un riesgo de concentración de poder sin contrapesos efectivos.
Impacto mediático
Horas antes de terminar este ensayo, el mando militar intentó bajar las tensiones sociales emitiendo una aclaración de la noticia, con tono defensivo pero conciliador, enmarcando la disposición original como una medida administrativa interna, no como una política de censura; sin embargo, no revoca explícitamente los criterios subjetivos (como evaluar el "tratamiento informativo histórico" o "postura institucional"), lo que deja abierta la puerta a interpretaciones críticas. (Leer el comunicado AQUÍ)
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas intenta desmarcarse de acusaciones de censura, alineándose con estándares internacionales como el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión sin censura previa, afirmar que las medidas son "preventivas y seguras"; también afirma su respeto a la Constitución, pero no aborda si los lineamientos exceden su ámbito: las FF.AA. están para defender la soberanía, no para administrar acreditaciones mediáticas con criterios subjetivos, lo que podría violar el Art. 165 referente a que las restricciones deben ser limitadas en estados de excepción.
Una de las interpretaciones la hace María Sol Borja (@mariasolborja): "Para demostrar ese respeto que dicen que tienen a los medios de comunicación hacen falta hechos. Mientras siga vigente el documento que hizo público Ecuavisa (con el que incluso pretenden evaluar “la conducta profesional” de los periodistas), quedan clarísimas las intenciones de censura. Ni 200 comunicados lo van a desmentir. Se desmentirá con hechos cuando den de baja el documento totalmente contrario a los principios mínimos y estándares internacionales, de libertad de prensa y expresión."
A manera de reflexión
Los ciudadanos enfrentamos un momento crítico que exige vigilancia activa y movilización colectiva. La reactivación de restricciones a la cobertura periodística por parte de las Fuerzas Armadas, un mecanismo de censura disfrazado de "gestión estratégica" no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de erosión democrática: la militarización sin contrapesos efectivos, la impunidad ante corrupción y la acumulación de violaciones graves a los Derechos Humanos.
Hoy, la verdadera "debida obediencia" nos corresponde a los ciudadanos: exigir transparencia, demandar investigaciones independientes tanto de abusos como de corrupción, y presionar por el restablecimiento de controles democráticos sobre el sector defensa.
Si no actuamos ahora, el silencio impuesto y la impunidad institucionalizada podrían consolidar un retroceso autoritario irreversible. La democracia ecuatoriana no se defiende sola; depende de la alerta, la denuncia y la acción colectiva de cada uno de nosotros los que valoramos la libertad, la justicia y el Estado de derecho, a pesar de la comunicado militar reactivo.
Finalmente, a los funcionarios civiles, militares y policiales de Ecuador: su silencio o acatamiento ciego a órdenes ilícitas como censuras periodísticas, corrupciones encubiertas o violaciones a derechos humanos en el conflicto armado interno y otros actos del poder político, los convierte en cómplices activos de la erosión democrática.
Nuremberg lo dejó claro: la "debida obediencia" exige discernir entre lo legal y lo inmoral; ignorarlo no exonera, sino que perpetúa autoritarismos. Actúen con integridad o enfrenten la historia como colaboradores del retroceso.
Advertencia editorial: Este ensayo puede contener sesgos o imprecisiones políticas o militares, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.
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Datos sobre el autor:
Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala
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