No se combate a la delincuencia con tramitología y burocracia

Parece que en Ecuador se convierte en una realidad: la violencia social, la delincuencia común y la organizada han superado a la sociedad de bien. Una de las últimas disposiciones presidenciales indicó que miembros de las Fuerza Armadas volvieran a las calles a tratar de controlar la inseguridad es una muestra de ello. Esto hacia finales de abril de 2012.

Es bueno recordar en este punto que el 13 de marzo de 2012, el Ministerio de Coordinación de Seguridad junto a los Ministerios y Secretarías que integran el Sector Seguridad, presentaron el informe de rendición de cuentas 2011. En realidad a más de los discursos positivos propios de estos acontecimientos, no fue más que un informe contable - financiero. 

Por más de dos semanas me pasé analizando y escuchando criterios a favor y en contra sobre esta reiterativa acción gubernamental para tratar de parar el embate de la violencia social y del crimen, al final me quedaron preguntas: ¿Con entrenamiento militar se frena la violencia social? ¿Cuál es la capacidad real de los militares para estar en las calles combatiendo al crimen organizado? ¿Se ve amenazada la delincuencia común estando los militares en las calles? ¿Acaso el Gobierno quiere enviar algún mensaje oculto a la población al poner militares en las calles?

Por aquellas casualidades de la red me enteré que “el crimen organizado es el peor enemigo de la democracia actual en América Latina” afirmación realizad por el escritor mexicano Enrique Krauze, al presentar su libro “Redentores” en el que analiza el poder en la región durante los siglos 19 y 20, quien participa en la II Feria del Libro en Español de Los Ángeles.

Según el informe de prensa también habría mencionado: “La democracia moderna tiene enemigos pero el más grande es el crimen organizado, que no sólo está conspirando para acabar con las votaciones sino con la libertad de expresión”. 

Otro de los escenarios en que actuarían las Fuerzas Armadas es: el crimen organizado movería casi tres billones de dólares cada año en todo el mundo, equivalentes al 2-5% del Producto Interno Bruto internacional, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional. El incremento exponencial de la violencia, la corrupción pública y la explotación de seres humanos son algunas de las consecuencias más graves de la actividad mafiosa. No se si militares y policías ecuatorianos estén mínimamente blindados contra esta amenaza.

Sobre la delincuencia común, con información que recoge la cadena Ecuavisa obtenida de la Fiscalía, se señala que en el 2011 se reportaron 9.920 casos de robo agravado, es decir con violencia. Eso equivale a más del 20% de las denuncias presentadas y lo ubica como el delito más común. A continuación está el robo simple, con 7.724 casos reportados, más del 17% de las denuncias.

Este tipo de delitos, al parecer, lo ejecutan delincuentillos que seguramente no están inmersos en los estratos superiores del crimen organizado; estos atracos, robos y hurtos son tan comunes que se producen a diario y hora tras hora, en cada ciudad y población del Ecuador. Muchas víctimas se quedan en el silencio, por lo que  no son parte de las frías estadísticas que sirven para la planificación gubernamental.

Está la violencia social. Tal vez los militares no deban afrontar la violencia intrafamiliar o violencia doméstica que se refiere a los actos violentos que se producen en los hogares; tal vez no deban afrontar los crímenes por celos o pasionales; tal vez lo militares no deban controlar las manifestaciones ciudadanas o peleas callejeras.

Antes de contar unas perlas bibliográfica que encontré, pongo a su consideración la conclusión a la que llega Branislav Marelic, en su artículo: “Por qué no debe haber militares en las calles” y dice “… es que si un ciudadano está dispuesto aceptar la intervención militar en el orden público pese a todo lo anterior estamos en un camino irremediable, desproporcionado y complaciente hacía menos libertad y hacia más represión, todo para saciar una petición de seguridad creada por una sensación de inseguridad que no siempre es real.”

Como ya es conocido en el mundo de la política ecuatoriana el rol de Senplades en la planificación integral del Estado tiene características estratégicas en el actual marco ideológico del gobierno nacional; consecuentemente hablar de seguridad sin contar con este argumento sería un absurdo analítico.

Así mismo logré disponer de un resumen del diagnóstico realizado en agosto del 2007 y lo que se pretendía hacer en aquella época por el tema seguridad. Tal vez en otro momento sea bueno evaluar ese plan o bosquejo. Por ahora apenas dejo constancia que sí se consideró el problema.

Otro documento al que accedí fue presentado oficialmente por Gustavo Larrea Cabrera, cuando en el 2008 ejercía las funciones de Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa. En septiembre se divulgó la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa.

En este documento establece que como apoyo al desarrollo nacional y la seguridad interna, una de las acciones de las Fuerzas Armadas es la de apoyar las acciones de la Policía Nacional en actividades de seguridad interna.

También en el 2008 el Ministerio de Defensa divulgó la Agenda Política de la Defensa Nacional, con los respectivos lineamientos para que Fuerzas Armadas respaldaran a la Policía Nacional. Ejercía el cargo de Ministro Javier Ponce.

En este marco, en el 2009, la Fiscalía General del Estado, durante la gestión de Washington Pesántez, se publicó un texto titulado “Bases para la estructuración de la política criminal del Ecuador” que contiene un capítulo de propuestas para reducir el índice de criminalidad.

Sin embargo de ello, mediante Decreto Ejecutivo 082 fechado el 30 de septiembre 2009, se declaró el Estado de Excepción en Quito, Guayaquil y Manta “por los actos delictivos y la violencia registrada en las últimas semanas y autoriza la intervención de Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.” También queda pendiente encontrar información evaluativo de los resultados e impacto de la ejecución del Decreto.

Otro documento clave que muestra los avances en la neorganización de las actividades antidelincuenciales está la reformulación del Plan Estratégico de Modernización y Transformación Integral de Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI, con vigencia del 2010 al 2014.

Así mismo, la Senplades difundió un documento titulado “Los 5 años de revolución Ciudadana” en que únicamente cuantifica brevemente la lucha contra la impunidad, inversión en justicia, sistema de rehabilitación y coloca un cuadro para indicar los organismos responsables de la seguridad y su rol.

Según este organismo gubernamental, en un informe presentado sobre los avances del Plan del Buen vivir hasta el 2011, asegura mediante un boletín de prensa que “Ecuador fue uno de los países con mayor crecimiento económico en la región, aún en un escenario de severa crisis internacional...”

Para el 2011 también se divulgó otro documento que al revisarlo me da la impresión de ser repetitivo en cuanto a su contenido sobre la seguridad. Es la Agenda Política de la Defensa.

 Adelanto, el tema de la explosión delincuencial y la violencia social, no es de este año, sino que viene arrastrándose y de alguna manera se hizo visible a los entes gubernamentales, por ello es que en enero del 2011, presidente de la República anunció que se dividiría al Ecuador en distritos y circuitos, con la idea de poner en cada distrito Unidades de Vigilancia Comunitarias (UVC) que integre todos los servicios públicos que requiera cada sector; as u vez para agosto del 2011, el entonces Ministro de la Seguridad Interna y Externa del Estado Homero Arellano, aseguró que esas unidades responderán a un sistema que fue articulado técnicamente por la Senplades.

No pude localizar el documento, pero según diversas notas de prensa y boletines, este plan consiste en dividir a las provincias y ciudades en distritos, circuitos y subzonas; de cada una de estas divisiones, está a cargo un miembro de la Policía Nacional, quien se convierte en responsable de la seguridad ciudadana en cada sector. Por tanto Senplades habría dividido al Ecuador en 139 distritos y 1.134 circuitos.

Y resulta que cuando avanzo en este trabajo leo una nota de prensa en la que se asegura que el Presidente dijo en su cadena sabatina del sábado 12 de mayo de 2012: “La principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas. No solo que pueden sino que deben hacerlo”; asegura la información que es la reconfirmación de la orden emitida el 25 de abril durante una ceremonia militar.

Puedo concluir que en materia de seguridad ciudadana el Gobierno se ha respaldado en las respectivas y necesarias planificaciones técnicas, basadas en estadísticas, con alto contenido académico; los documentos de referencia en este breve análisis no son nada más que una muestra mínima, que tal vez no sea representativa, pero que sí ofrece pistas.

Se implementó el famoso programa de “Los Más Buscados”, también se han inaugurado instalaciones policiales destinadas a brindar seguridad, así como entrega de equipos y vehículos para combatir el crimen, que ha rendido buenas contribuciones de tipo espectacularidad y un gran efecto mediático.

Las cuentas oficiales, difundidas por todo tipo de medios, aseguran que la inversión pública es mayor en comparación con años anteriores, aun a las de gobiernos precedentes. Aun no he logrado acceder a información evaluativa sobre esas inversiones, tal vez son secretas, tal vez no son públicas, tal vez no se han realizado.

A pesar de todo esto, se acrecienta la inseguridad en que vivimos. ¿Percepción? ¿Falsa idea social? ¿Mito urbano? ¿Estrategia de la oposición? ¿Desprestigio de inducido por algunos de los medios de comunicación privados? ¿Incendios ficticios en las redes sociales? ¡¡No!! Ninguna de las anteriores.

Creo y considero que las políticas implementadas por el Gobierno para la lucha contra la delincuencia en general se atomizaron hacia otras “prioridades” más bien de tipo político-partidista, orientadas a la estructuración de un programa de criminalización de actividades ciudadanas relacionadas con un Estado democrático, a burocratizar la acción policial y a desprenderse de los apoyos externos.

Tal vez otra de las equivocaciones gubernamentales es que se consideró a los delincuentes como entes pasivos sujetos a ser influenciados por la gran maquinaria propagandística que existe en el Ecuador, sin tomar en cuenta que los “capos del crimen” no se “tragan las ruedas de molino” tan fácilmente, que la delincuencia es más proactiva que reactiva, que sus inversiones son cuidadosamente planificadas y no desgastan a sus ejecutores en tramitología altamente burocratizada.

Miro también que al querer asumir el Gobierno central el manejo integral de la lucha contra la inseguridad, dejó de ser una prioridad tangible para los llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados; o sea, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales.

Creo también que no existe una sociedad que esté libre totalmente de la delincuencia, seguramente muchos antropólogos, cientistas sociales, sociólogos, sicólogos sociales y hasta teólogos, podrían asegurar que la delincuencia es innata en los seres humanos, pero que unos logran superar y otros hacen de ella su forma de vida.

Creo que al final de las cuentas, al crimen no se lo combate  tantos documentos “bien bonitos”, con publicaciones bien diseñadas y expuestos en ceremonias, tampoco con planes académicamente elaborados por personas que no conocen la mentalidad y el accionar del delincuente.

Quizás por ello es que como una medida desesperada el Gobierno lanza un alarido de auxilio a las Fuerzas Armadas, grito disfrazado de orden presidencial.