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10 de junio de 2026

¿Quién defenderá a Monika Silva?

Me quedé estupefacto... me fue imposible aceptarlo al punto de que cuando leí la noticia reaccioné en voz alta: Que jijuelamadre, me parece increíble... Terrible. Pasadas las horas, revisando los entretelones mediáticos me pregunté ¿Y ahora quién defenderá a Monika Silva? y este post es en su memoria por las lecciones que me dejó.

Monika Silva junto al periodista asesinado Robinson Del Pezo  

Lo ocurrido me enteré por un post de Bitácora Ambiental @BitacoraEc: La iguana está de luto. Nuestra amiga y confidente Monika Silva @mejoresdiasEC fue encontrada muerta hoy en su casa en medio de circunstancias que esperamos se esclarezcan.

Fue la noche del 8 de junio de 2026 que se descubrió sin vida a la dirigente barrial polaco-ecuatoriana Monika Silva Koniuszek, el cuerpo estuvo en su domicilio en el sector El Tigrillo, Montañita (parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena); el suceso generó conmoción, indignación y una ola de preguntas que trascienden el caso individual y se amplio el panorama de mi pregunta inicial ¿Quién defenderá a quienes se atreven a denunciar la corrupción, el tráfico de tierras y los abusos de poder en Ecuador?

Por ahora hay dos versiones sobre el caso de Silva, la que trata de imponer el Gobierno del Ecuador a través del ministro del Interior John Reinberg de que fue un suicidio y la de un crimen cometido por quienes fueron involucrados por ella como sospechosos de corrupción.

Monika Silva ya no puede defenderse por sí misma ante la narrativa oficial. Su voz, que levantó contra la corrupción en defensa de las obras públicas y oscuras negociaciones de funcionarios, ahora depende de otros, porque su muerte deja expuesta la vulnerabilidad de quienes eligen el arriesgado y peligroso camino de la denuncia, sobre todo cuando se trata de personas ligadas al poder político y allí nace la primera sospecha.

Durante una entrevista radial, el funcionario adelantó la hipótesis preliminar se basa en evidencias encontradas dentro de la vivienda y en la versión entregada por la pareja de la activista sobre que Silva atravesaba un cuadro depresivo y que horas antes recibió un mensaje que tenía características de despedida.

Ante esta versión, la abogada Marcela Estrella Bucheli (@marsshmelow) fue drástica en su respuesta al asegurar que "Me perdonan pero hay que ser muy hijo de puta para convertir la muerte de una activista anticorrupción en un ejercicio de especulación pública." y amplió sus argumentos:

Cuando una voz incómoda para el poder aparece sin vida, la obligación del Estado no es burlarse, minimizar ni ensayar hipótesis ante los micrófonos, sino investigar con rigor, prudencia y respeto. Mónika Silva no era un meme ni una estadística. Era una mujer que denunció corrupción y que había advertido amenazas. La empatía institucional también es una forma de justicia. Y la conciencia de un país no debería tolerar que se trate con ligereza la muerte de quienes se atrevieron a incomodar al poder.

Diego Cazar Baquero (@dieguitocazar) respalda la intención especulativa gubernamental: "Un ministro -funcionario político de Gobierno- orienta conclusiones sobre la muerte de Mónika Silva. Adelanta la posibilidad de un suicidio, algo que ella se esforzó por negar, justo para evitar que un posible asesinato suyo quede impune. Curioso, por decir lo menos."

El caso trascendió las fronteras, al punto que de que la Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador pidió una investigación "rápida" e "independiente" para esclarecer la muerte de la activista y exhortó a "las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas", mientras que el defensor de Derechos Humanos en Ecuador Fernando Bastias Robayo (@NandoBastias) dijo que "Más de 60 organizaciones del Ecuador y más de 100 activistas nacionales exigen investigación pronta por la muerte de Monika Silva.

Ante la presión social la Fiscalía abrió una investigación previa por la muerte de la activista e informó que ya se iniciaron las diligencias del caso; de su parte la abogada Lolo Miño sostuvo la necesidad de que la investigación por la misteriosa muerte de Silva se enfoque en su rol de denunciante, como móvil principal, porque así lo exigen los estándares internacionales de DDHH, que son vinculantes para el Ecuador.

Entonces la pregunta del titular no es retórica, es un desafío directo a la sociedad ecuatoriana, pero en medio de las dudas sobre la imparcialidad de la fiscalía y las especulaciones gubernamentales, existe la aspiración ciudadana de de que las autoridades tienen la obligación de investigar con transparencia, sin presiones políticas ni locales. Cualquier intento de cerrar el caso apresuradamente profundizará la desconfianza.

Pero este nuevo episodio no está suelto, pues de alguna manera está ligado al asesinato de Robinson Del Pezo Cañarte, comunicador que denunciaba presuntos hechos de corrupción en Santa Elena, como otro reflejo de lo incómodos que pueden resultar los ciudadanos que a través de la palabra evidencian estos casos, pues tanto Del Pezo en su momento, como otros de sus colegas, están siendo amenazados. (Leer más AQUÍ)

Los que la criticaban o enfrentaban también están bajo escrutinio, pues si su muerte fue un crimen, los beneficiarios de su silencio deben ser los primeros en ser investigados. Y es allí cuando la advertencia de Mónica Luzarraga (@MLuzarragaEc) se convierte en una alarma:

Recuerdo cuando acabaron con Kelvin Jarama. Más de 300 mil seguidores. Miles de mensajes de condolencia. Redes sociales inundadas de tristeza e indignación. Pero el día de su funeral estaban los de siempre... su familia, sus amigos, quienes realmente cargaban con el dolor de perderlo. Una vida más convertida en cifra.

En pocos días comenzará el Mundial y como ocurre con todo, nuevas noticias desplazarán a las anteriores. El caso de Monik correrá el riesgo de quedar atrapado en ese mismo ciclo de olvido que consume cada tragedia. Y así seguimos.

Cada muerte nos conmueve unas horas. Cada injusticia nos indigna unos días. Después volvemos a la rutina de siempre superados por los escándalos, mientras la violencia crece, mientras el miedo avanza y mientras nuestra capacidad de asombro se desvanece.

Me preguntan con frecuencia qué le pasa al país. Por qué la gente no sale a las calles. Por qué no se indigna. Por qué no enfrenta lo que muchos reconocen como una peligrosa deriva autoritaria. Quizás la respuesta es más simple y más dolorosa de lo que creemos.

Nos acostumbramos. Nos acostumbramos a los muertos. A las amenazas. A las denuncias. A los abusos. A ver el sufrimiento ajeno como algo lejano mientras no golpee nuestra propia puerta. Unos por convicción. Otros por miedo. Otros porque creen que todavía tienen margen para permanecer en silencio. Hasta que un día los siguientes somos nosotros.

Y entonces descubrimos que detrás de cada cifra había una vida, una familia, unos hijos, unos padres y unos sueños interrumpidos. Pero para entonces suele ser demasiado tarde. Porque los funerales siempre terminan igual…con los de siempre. Los únicos que realmente pierden.

Lectura recomendada para conocer las gestiones de Monika Silva en contra de la corrupción institucional que afecta al lugar en que ella vivió y seguirá viviendo:

"El patrón de acción denunciado por los activistas ciudadanos de Santa Elena es el siguiente. De entrada, se rastrean predios de propiedad comunitaria, de algún gobierno autónomo descentralizado (GAD) o del Estado (a través de Inmobiliar)."

"Un actor político local mociona que su GAD requiere recursos para obras y somete a consideración del consejo cantonal la puesta en venta de un predio para obtener liquidez. Las justificaciones más comunes: que en esos predios se ejecutarán programas de vivienda social, desarrollo agroturístico o encadenamientos de la economía popular."

"No hay subasta pública y se legisla ex profeso para que la autoridad pueda hacer ventas directas. El metro cuadrado se oferta, sin embargo, en valores irrisorios, incluso por debajo de los montos que constan en los diversos catastros de los GAD de la provincia." (Seguir leyendo en planv.com.ec)

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Datos sobre el editor de la nota:

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 

14 de mayo de 2012

No se combate a la delincuencia con tramitología y burocracia


Parece que en Ecuador se convierte en una realidad: la violencia social, la delincuencia común y la organizada han superado a la sociedad de bien. Una de las últimas disposiciones presidenciales indicó que miembros de las Fuerza Armadas volvieran a las calles a tratar de controlar la inseguridad es una muestra de ello. Esto hacia finales de abril de 2012.

Es bueno recordar en este punto que el 13 de marzo de 2012, el Ministerio de Coordinación de Seguridad junto a los Ministerios y Secretarías que integran el Sector Seguridad, presentaron el informe de rendición de cuentas 2011. En realidad a más de los discursos positivos propios de estos acontecimientos, no fue más que un informe contable - financiero

Por más de dos semanas me pasé analizando y escuchando criterios a favor y en contra sobre esta reiterativa acción gubernamental para tratar de parar el embate de la violencia social y del crimen, al final me quedaron preguntas: ¿Con entrenamiento militar se frena la violencia social? ¿Cuál es la capacidad real de los militares para estar en las calles combatiendo al crimen organizado? ¿Se ve amenazada la delincuencia común estando los militares en las calles? ¿Acaso el Gobierno quiere enviar algún mensaje oculto a la población al poner militares en las calles?

Por aquellas casualidades de la red me enteré que “el crimen organizado es el peor enemigo de la democracia actual en América Latina” afirmación realizad por el escritor mexicano Enrique Krauze, al presentar su libro “Redentores” en el que analiza el poder en la región durante los siglos 19 y 20, quien participa en la II Feria del Libro en Español de Los Ángeles.

Según el informe de prensa también habría mencionado: “La democracia moderna tiene enemigos pero el más grande es el crimen organizado, que no sólo está conspirando para acabar con las votaciones sino con la libertad de expresión”. 

Otro de los escenarios en que actuarían las Fuerzas Armadas es: el crimen organizado movería casi tres billones de dólares cada año en todo el mundo, equivalentes al 2-5% del Producto Interno Bruto internacional, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional. El incremento exponencial de la violencia, la corrupción pública y la explotación de seres humanos son algunas de las consecuencias más graves de la actividad mafiosa. No se si militares y policías ecuatorianos estén mínimamente blindados contra esta amenaza.

Sobre la delincuencia común, con información que recoge la cadena Ecuavisa obtenida de la Fiscalía, se señala que en el 2011 se reportaron 9.920 casos de robo agravado, es decir con violencia. Eso equivale a más del 20% de las denuncias presentadas y lo ubica como el delito más común. A continuación está el robo simple, con 7.724 casos reportados, más del 17% de las denuncias.

Este tipo de delitos, al parecer, lo ejecutan delincuentillos que seguramente no están inmersos en los estratos superiores del crimen organizado; estos atracos, robos y hurtos son tan comunes que se producen a diario y hora tras hora, en cada ciudad y población del Ecuador. Muchas víctimas se quedan en el silencio, por lo que  no son parte de las frías estadísticas que sirven para la planificación gubernamental.

Está la violencia social. Tal vez los militares no deban afrontar la violencia intrafamiliar o violencia doméstica que se refiere a los actos violentos que se producen en los hogares; tal vez no deban afrontar los crímenes por celos o pasionales; tal vez lo militares no deban controlar las manifestaciones ciudadanas o peleas callejeras.

Antes de contar unas perlas bibliográfica que encontré, pongo a su consideración la conclusión a la que llega Branislav Marelic, en su artículo: “Por qué no debe haber militares en las calles” y dice “… es que si un ciudadano está dispuesto aceptar la intervención militar en el orden público pese a todo lo anterior estamos en un camino irremediable, desproporcionado y complaciente hacía menos libertad y hacia más represión, todo para saciar una petición de seguridad creada por una sensación de inseguridad que no siempre es real.”

Como ya es conocido en el mundo de la política ecuatoriana el rol de Senplades en la planificación integral del Estado tiene características estratégicas en el actual marco ideológico del gobierno nacional; consecuentemente hablar de seguridad sin contar con este argumento sería un absurdo analítico.

Así mismo logré disponer de un resumen del diagnóstico realizado en agosto del 2007 y lo que se pretendía hacer en aquella época por el tema seguridad. Tal vez en otro momento sea bueno evaluar ese plan o bosquejo. Por ahora apenas dejo constancia que sí se consideró el problema.

Otro documento al que accedí fue presentado oficialmente por Gustavo Larrea Cabrera, cuando en el 2008 ejercía las funciones de Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa. En septiembre se divulgó la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa.

En este documento establece que como apoyo al desarrollo nacional y la seguridad interna, una de las acciones de las Fuerzas Armadas es la de apoyar las acciones de la Policía Nacional en actividades de seguridad interna.

También en el 2008 el Ministerio de Defensa divulgó la Agenda Política de la Defensa Nacional, con los respectivos lineamientos para que Fuerzas Armadas respaldaran a la Policía Nacional. Ejercía el cargo de Ministro Javier Ponce.

En este marco, en el 2009, la Fiscalía General del Estado, durante la gestión de Washington Pesántez, se publicó un texto titulado “Bases para la estructuración de la política criminal del Ecuador” que contiene un capítulo de propuestas para reducir el índice de criminalidad.

Sin embargo de ello, mediante Decreto Ejecutivo 082 fechado el 30 de septiembre 2009, se declaró el Estado de Excepción en Quito, Guayaquil y Manta “por los actos delictivos y la violencia registrada en las últimas semanas y autoriza la intervención de Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.” También queda pendiente encontrar información evaluativo de los resultados e impacto de la ejecución del Decreto.

Otro documento clave que muestra los avances en la neorganización de las actividades antidelincuenciales está la reformulación del Plan Estratégico de Modernización y Transformación Integral de Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI, con vigencia del 2010 al 2014.

Así mismo, la Senplades difundió un documento titulado “Los 5 años de revolución Ciudadana” en que únicamente cuantifica brevemente la lucha contra la impunidad, inversión en justicia, sistema de rehabilitación y coloca un cuadro para indicar los organismos responsables de la seguridad y su rol.

Según este organismo gubernamental, en un informe presentado sobre los avances del Plan del Buen vivir hasta el 2011, asegura mediante un boletín de prensa que “Ecuador fue uno de los países con mayor crecimiento económico en la región, aún en un escenario de severa crisis internacional...”

Para el 2011 también se divulgó otro documento que al revisarlo me da la impresión de ser repetitivo en cuanto a su contenido sobre la seguridad. Es la Agenda Política de la Defensa.

 Adelanto, el tema de la explosión delincuencial y la violencia social, no es de este año, sino que viene arrastrándose y de alguna manera se hizo visible a los entes gubernamentales, por ello es que en enero del 2011, presidente de la República anunció que se dividiría al Ecuador en distritos y circuitos, con la idea de poner en cada distrito Unidades de Vigilancia Comunitarias (UVC) que integre todos los servicios públicos que requiera cada sector; as u vez para agosto del 2011, el entonces Ministro de la Seguridad Interna y Externa del Estado Homero Arellano, aseguró que esas unidades responderán a un sistema que fue articulado técnicamente por la Senplades.

No pude localizar el documento, pero según diversas notas de prensa y boletines, este plan consiste en dividir a las provincias y ciudades en distritos, circuitos y subzonas; de cada una de estas divisiones, está a cargo un miembro de la Policía Nacional, quien se convierte en responsable de la seguridad ciudadana en cada sector. Por tanto Senplades habría dividido al Ecuador en 139 distritos y 1.134 circuitos.

Y resulta que cuando avanzo en este trabajo leo una nota de prensa en la que se asegura que el Presidente dijo en su cadena sabatina del sábado 12 de mayo de 2012: “La principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas. No solo que pueden sino que deben hacerlo”; asegura la información que es la reconfirmación de la orden emitida el 25 de abril durante una ceremonia militar.

Puedo concluir que en materia de seguridad ciudadana el Gobierno se ha respaldado en las respectivas y necesarias planificaciones técnicas, basadas en estadísticas, con alto contenido académico; los documentos de referencia en este breve análisis no son nada más que una muestra mínima, que tal vez no sea representativa, pero que sí ofrece pistas.

Se implementó el famoso programa de “Los Más Buscados”, también se han inaugurado instalaciones policiales destinadas a brindar seguridad, así como entrega de equipos y vehículos para combatir el crimen, que ha rendido buenas contribuciones de tipo espectacularidad y un gran efecto mediático.

Las cuentas oficiales, difundidas por todo tipo de medios, aseguran que la inversión pública es mayor en comparación con años anteriores, aun a las de gobiernos precedentes. Aun no he logrado acceder a información evaluativa sobre esas inversiones, tal vez son secretas, tal vez no son públicas, tal vez no se han realizado.

A pesar de todo esto, se acrecienta la inseguridad en que vivimos. ¿Percepción? ¿Falsa idea social? ¿Mito urbano? ¿Estrategia de la oposición? ¿Desprestigio de inducido por algunos de los medios de comunicación privados? ¿Incendios ficticios en las redes sociales? ¡¡No!! Ninguna de las anteriores.

Creo y considero que las políticas implementadas por el Gobierno para la lucha contra la delincuencia en general se atomizaron hacia otras “prioridades” más bien de tipo político-partidista, orientadas a la estructuración de un programa de criminalización de actividades ciudadanas relacionadas con un Estado democrático, a burocratizar la acción policial y a desprenderse de los apoyos externos.

Tal vez otra de las equivocaciones gubernamentales es que se consideró a los delincuentes como entes pasivos sujetos a ser influenciados por la gran maquinaria propagandística que existe en el Ecuador, sin tomar en cuenta que los “capos del crimen” no se “tragan las ruedas de molino” tan fácilmente, que la delincuencia es más proactiva que reactiva, que sus inversiones son cuidadosamente planificadas y no desgastan a sus ejecutores en tramitología altamente burocratizada.

Miro también que al querer asumir el Gobierno central el manejo integral de la lucha contra la inseguridad, dejó de ser una prioridad tangible para los llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados; o sea, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales.

Creo también que no existe una sociedad que esté libre totalmente de la delincuencia, seguramente muchos antropólogos, cientistas sociales, sociólogos, sicólogos sociales y hasta teólogos, podrían asegurar que la delincuencia es innata en los seres humanos, pero que unos logran superar y otros hacen de ella su forma de vida.

Creo que al final de las cuentas, al crimen no se lo combate  tantos documentos “bien bonitos”, con publicaciones bien diseñadas y expuestos en ceremonias, tampoco con planes académicamente elaborados por personas que no conocen la mentalidad y el accionar del delincuente.

Quizás por ello es que como una medida desesperada el Gobierno lanza un alarido de auxilio a las Fuerzas Armadas, grito disfrazado de orden presidencial.

9 de septiembre de 2010

Apuntes a #sitomasnomanejes

Existen detonantes sociales que nos hacen reaccionar sobre un mal que siempre estuvo ahí. Es también entendible por qué las autoridades son más reactivas que proactivas. Los vehículos se han convertido en parte de nuestras vidas, al igual que la tv, el celular y la Internet. ¿Por qué estas tres premisas?

Los accidentes de tránsito provocados, en gran parte, por irresponsables conductores, están en aumento y las acciones legales así como las comunicativas no han logrado el efecto esperado.
 
Hace unas semanas en Chone un ebrio al volante embistió a un grupo que salía de una discoteca; muertos, heridos, alteración popular y el vehículo incendiado. Este hecho paso casi inadvertido. Al poco tiempo, en Guayaquil, un conductor que dijo haberse quedado dormido luego de beber 2 vasos de whiskey, atropelló a otro grupo de personas; resultados: muertos, alteración social y un vehículo incendiado.
 
Este último insuceso revivió el malestar a nivel nacional, además generó un interesante intercambio de opiniones entre twiteros de Ecuador, impulsados por Pedro Ortiz Jr. situación que llamó la atención de la edición digital del diario Hoy, HOYonline, y propuso un chat interactivo entre los twitteros y el Mayor de Policía Juan Zapata.
 
Por asuntos técnicos no pude participar, así que luego de mirar la grabación escribo las siguientes observaciones:

  1. Las campañas de educación viales no han logrado tener un impacto estratégico en la población. Se han convertido en indicadores de gestión o en especies de “fiestas de pueblo”: con muchas vacas locas y fuegos artificiales.
  2. Debido a la rigidez de la planificación, las autoridades en aspectos de seguridad vial se han vuelto más reactivas que proactivas. Luego de ocurridos los accidentes entonces recién pueden hacer “algo”.
  3. Se da mucha importancia a las estadísticas que muestren los números de operativos, los detenidos, los accidentes, los sitios y demás datos que corresponden, sin contemplar aspectos cualitativos relacionados con estos accidentes de tránsito. Es decir, respuestas a la pregunta ¿Por qué el conductor no pudo prevenir el accidente que causó? Podría decir que hace falta investigación social en estos aspectos, que hay que inducir a los sociólogos que investiguen más sobre las situaciones que están alrededor de los accidentes. 
  4. Leyes más duras, reformas a las leyes, leguleyadas y artificios legales son parte de la co-existencia  humana; lo peor es que realmente no haya podido influenciar en los conductores y peatones.
  5. Las iniciativas para bajar los índices de accidentes de tránsito llegan disminuidas a las provincias, por lo que no surten el efecto deseado; ocurre esto, además, porque las autoridades locales tampoco tienen la capacidad operativa y administrativa (creo que no les interesa realmente) para comprometerse e involucrarse en las acciones emprendidas por la Policía Nacional.
  6. ¿Cuál es el impacto financiero en la institucionalidad pública por los accidentes de tránsito en las ciudades y zonas rurales?
  7. La fuerza comunicacional de la Policía Nacional, al menos en las provincias, no logra tener el impulso necesario para ejecutar efectivas acciones comunicacionales relacionadas con la prevención de accidentes de tránsito.
  8. ¿Existe un plan comunicacional (no de información) para inducir cambios en las actitudes de los conductores irresponsables?
  9. Se emprenderán jornadas de capacitación para mejorar las cualidades de los conductores y peatones ¿cómo se medirá la efectividad de las capacitaciones?
El Mayor Zapata, durante el chay, dio otras informaciones que de seguro lo recogidas y publicadas por HOY, por lo pronto he decidió que me inscribiré como voluntario cívico para impartir charlas sobre seguridad en la conducción de vehículos.

Finalmente, se puso a disposición de la sociedad la dirección electrónica corazonesazules@gmail.com para remitir ideas, propuestas, quejas, denuncias y/o informaciones respecto a la transportación terrestre.

Para mirar el video chat seguir este enlace: http://bit.ly/bqnj6B

Enlaces orientativos:
http://raulzavala.wordpress.com/2010/09/02/el-efecto-lucifer/

http://raulzavala.wordpress.com/2010/05/07/con-super-poderes/