Justicia urbana Vs. Justicia rural (IV)

Publicado originalmente en El Diario -Manabí

Edición impresa del 15 de junio de 2026

En el campo cuando te roban la cosecha, el ganado o las herramientas de trabajo, el delito no ocurre en una calle iluminada con cámaras, sucede en una parcela oscura, en un camino de tierra o en un caserío sin señal. Ahí empieza la diferencia entre la “justicia urbana” y la “justicia rural”.

Denunciar ya es un calvario: hay que viajar hasta la cabecera cantonal, muchas veces perdiendo un día entero de trabajo; luego vienen los trámites interminables, las citas que se postergan, los fiscales que no llegan al lugar de los hechos y las investigaciones que avanzan con lentitud desesperante. 

Mientras en la ciudad una denuncia se puede hacer en línea o en una unidad judicial cercana, en lo rural el proceso se vuelve caro, cansado y muchas veces inútil. Esta brecha genera una sensación profunda de desprotección. El agricultor, el pescador, el activista o el jubilado sabe que, así denuncie, es probable que nunca recupere lo robado, ni reciba protección ni vea sancionado al responsable. Esa impunidad alimenta a más delitos, a más amenazas y al desánimo.

No se trata solo de más policías. Se necesita justicia cercana con unidades judiciales móviles, fiscales que realmente investiguen en territorio, simplificación de trámites y un sistema que entienda la realidad del campo; porque hoy existe una doble justicia: una relativamente accesible para la ciudad y otra lejana, lenta y casi inalcanzable para quienes vivimos en la ruralidad.

¿Y de lo rural qué? No podemos seguir aceptando que la distancia geográfica también sea una distancia a los derechos, urge entonces que el Consejo de la Judicatura cierren esta brecha, porque el acceso a la justicia no puede ser un privilegio urbano.

Revisar en la edición digital eldiario.ec

--------

Datos sobre el editor de la nota:

Cuenta X: @Zavala_Ra

Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/

Blog de Puerto Cayo: https://raulzavala.wordpress.com/puerto-cayo-manabi/

Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 

Riesgos de la "Ofensiva Total" sin respaldo judicial

La militarización del Ecuador no es un tema menor. El accionar de soldados como imagen policial es prácticamente una reconfiguración política del Estado ajena a la Constitución y si a eso se suma el debilitamiento del Legislativo y Judicial, estamos frente al totalitarismo del Siglo XXI.

Este punto de vista lo expongo a partir de que el Gobierno de Ecuador decidió ejecuta otra gran movilización de tropas bajo la denominación "Operación Ofensiva Total". Al revisar la información pública me cuestiono: ¿Cuál es el apoyo especial que dará la Fiscalía para que los esfuerzos militares no se diluyan? porque caso contrario está exponiendo a los soldados por asuntos políticos mediáticos.

Aunque puede notarse un posible respaldo ciudadano, a los pocos días de implementada esta "Ofensiva Total" puedo percibir que es la misma receta que se implementa desde hace dos y más años: uniformes y fusiles contra la inseguridad en un alarde muy parecido a una parada militar. Igual en el mundo mediático las fotos y vídeos de militares en acción son carne para los clics y los post virales.

Lo sostengo en que debido a las fuerzas que han adquirido los distintos grupos delincuenciales hay solapamientos importantes en la manera de combatirlos, sobre todo contra crimen organizado transnacional, narcoterrorismo o terrorismo, donde las policías usan técnicas casi militares y los militares apoyan en inteligencia contra amenazas internas graves; pero la doctrina de cada una de la instituciones sigue siendo distinto: una está pensada para destruir y neutralizar una amenaza existencial, la otra para investigar, judicializar y prevenir conductas delictivas.

Dichas doctrinas tienen objetivos concretos que, al parecer, tanto el Presidente Noboa Noboa como sus dos ministros: el del Interior John Reimberg junto al de Defensa Gian Carlo Loffredo, parecieran desconocer:

• Inteligencia militar (para ganar una guerra): busca ventaja decisiva en un conflicto armado o de alta intensidad con base en una pregunta clave: ¿Cómo podemos derrotarlos o evitar que nos derroten?

• Inteligencia policial (para reprimir el delito): busca control del delito dentro de una sociedad democrática y bajo un Estado de derecho con base en una pregunta clave: ¿Cómo podemos detener esta actividad criminal y llevar a los responsables ante la justicia?

Con base en esta diferenciación me es posible ampliar mis argumentos a que sin una declaratoria de urgencia de parte del sistema judicial, en especial de la Fiscalía, los resultados de este nuevo empleo de las fuerzas del orden y aportes de la ciudadanía, se diluirán en el mediano y largo plazo.

Pero quiero ampliar el punto de policía y militares en un Estado de derecho, pues existe una diferencia sustancial entre la Inteligencia para ganar una guerra (militares) y la Inteligencia para reprimir el delito (policías) que radica en el objetivo final: el nivel de análisis, el marco legal, el adversario y el horizonte temporal en el que operan, que bien pueden detallarse en el siguiente cuadro:

Aspecto	Inteligencia para ganar una guerra (Militar/Estratégica)	Inteligencia para reprimir el delito (Policial/Criminal)
Objetivo principal	Derrotar o neutralizar una amenaza armada externa o interna (Estado, grupo armado, terrorismo a gran escala)	Prevenir, interrumpir y sancionar actividades delictivas (crimen organizado, narcotráfico, robo, homicidios, etc.)
Adversario típico	Fuerzas armadas extranjeras, insurgencias, grupos terroristas con capacidad militar	Individuos, bandas, organizaciones criminales que operan (mayoritariamente) dentro del marco penal
Nivel predominante	Estratégico y operacional (a veces táctico en combate)	Táctico y operacional (con algo de estratégico en crimen organizado transnacional)
Horizonte temporal	Medio-largo plazo (meses a años). Anticipa guerras, conflictos o amenazas existenciales	Corto-medio plazo. Busca prevenir delitos inmediatos o desarticular redes en meses
Producto principal	Estimaciones de capacidades y intenciones enemigas, vulnerabilidades, escenarios de guerra	Perfiles de organizaciones criminales, flujos de dinero/drogas/armas, identificación de líderes y rutas
Marco legal y límites	Derecho Internacional Humanitario + leyes de guerra. Menos restricciones en conflicto armado	Derecho penal, garantías constitucionales, debido proceso, reglas de evidencia para juicios
Estándar de prueba	Suficientemente creíble para tomar decisiones de vida/muerte o movimientos de tropas	Alto estándar probatorio (más allá de duda razonable) para llevar a juicio
Consecuencia del éxito	Victoria militar, control de territorio, disuasión estratégica	Arrestos, juicios, desmantelamiento de estructuras criminales, reducción de tasas de delito
Consecuencia del fracaso	Derrota militar, pérdida de soberanía o vidas masivas	Aumento de la criminalidad, impunidad, pérdida de confianza en instituciones
Ejemplo clásico	Conocer capacidades de misiles, intenciones de invasión, orden de batalla enemigo	Mapear una red de narcotráfico, identificar lavado de activos, predecir un sicariato

Bajo estas perspectivas me es posible advertir que el Gobierno está aprovechando la crisis del sistema judicial y las falencias de la Fiscalía para una montar una estrategia militar reactiva y ganar tanto legitimidad como control inmediato, usando las fallas judiciales como catalizadores, pero arriesgando que se perpetúe el ciclo de violencia sin atacar las raíces como la corrupción, la pobreza o redes delincuenciales élite.

Entonces, no veo por lo pronto que Daniel Noboa, John Reimberg y Gian Carlo Loffredo estén próximos a tener una "victoria" clara contra el delito, el crimen y el narco, pero están logrando una imagen de seguridad temporal en que no consideran (o no les importa) los riesgos democráticos.

Lectura recomendada: Sesgo de supervivencia y visión multidominio para la seguridad del Estado

----------

Datos sobre el autor:

Cuenta X: @Zavala_Ra

Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/

Blog de Puerto Cayo: https://raulzavala.wordpress.com/puerto-cayo-manabi/

Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala

Operación quirúrgica para la toma de la Fiscalía

¿Y si el presidente Daniel Noboa, que enfrenta un déficit fiscal proyectado de USD 5.457 millones, le pidió por interno la renuncia al Fiscal General Wilson Toainga por no alinear su gestión con las demandas presupuestarias y de seguridad? Esta especulación cobra fuerza cuando el Consejo de la Judicatura decidió por un nuevo Fiscal subrogante: Leonardo Alarcón Argudo, en un movimiento quirúrgico que podría reflejar la presión política sobre un sistema judicial ineficaz contra delincuentes, narcos y corruptos. Mientras Noboa presume un crecimiento económico del 10% en ventas y 16,6% en exportaciones, la crisis de impunidad y los USD 800-900 millones gastados en justicia sin resultados erosionan las finanzas públicas, un escenario que invita a mirar con el entendimiento, como me guía Juan Salvador Gaviota.

Dato coyuntural. En el blog de Wordpress tengo una sección de Lecciones de supervivencia y una la obtuve de uno de mis libros de cabecera: Juan Salvador Gaviota, del que tomo la frase: “Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar”.

Ahora si entremos en detalles. Los operativos contra la inseguridad y el narcotráfico, iniciados tras la declaración de "conflicto armado interno" en enero de 2024, involucran a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con un presupuesto estimado de USD 1.500 millones en 2025; no obstante, el sistema judicial (cortes, fiscalías, defensores públicos) juega un rol crucial al procesar a los detenidos, emitir sentencias y garantizar el debido proceso, como establece la Constitución de 2008. La corrupción y la ineficacia judicial han sido señaladas como obstáculos, permitiendo que muchos detenidos sean liberados, lo que afecta a los resultados de los operativos.

El gasto en el sistema judicial, estimado en USD 800-900 millones en 2025, con USD 160-270 millones ligados a los operativos, aplica significativamente al esfuerzo contra la delincuencia, el crimen y el narco, representando un 10-18% del presupuesto de seguridad; sin embargo, su ineficacia (baja tasa de condenas, corrupción) multiplica los costos totales y debilita los resultados, convirtiéndolo en un pasivo que Noboa omite. Esto refuerza que su aseveración de una economía saludable no es sustentable, ya que el sistema judicial amplifica el déficit y la deuda sin mejorar la seguridad.

Aliados de la impunidad 

El sistema judicial ecuatoriano, con un presupuesto estimado de USD 800-900 millones anuales, destina entre USD 160-270 millones (10-18% del gasto en seguridad de USD 1.500 millones) a procesar casos de narcotráfico e inseguridad, impulsados por los operativos desde el "conflicto armado interno" de 2024; sin embargo, según la Fiscalía General, solo el 20-30% de los detenidos quedan condenados, dejando al resto en libertad por fallos o corrupción. Este dato, ausente en las cifras de Noboa, duplica los costos de los operativos y mina el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La crisis fiscal se agrava con la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de asignar solo USD 6.7 millones al Consejo de la Judicatura para 2025, frente a los USD 48 millones solicitados, un recorte del 86%. Este ajuste refleja la prioridad de contener el déficit de USD 5.457 millones, pero deja al sistema judicial con recursos insuficientes para enfrentar el backlog de casos y la corrupción; a septiembre de 2025, el Consejo de la Judicatura mantenía un déficit de más de USD 246 millones. Con un presupuesto base estimado de USD 400-500 millones, esta brecha limita la capacidad de procesar los 10,000 sospechosos capturados anualmente.

Mientras el Consejo de la Judicatura enfrenta un recorte drástico, la Fiscalía General del Estado cuenta con un presupuesto de USD 138.27 millones para 2025, aprobado por la Asamblea Nacional en septiembre como parte de la proforma presupuestaria. Este monto, destinado a procesar casos de crimen, narcotráfico y corrupción, resulta insuficiente frente a las bajas tasas de condena (20-30%) y considerando que existen al menos 15,000-20,000 casos, agravando las pérdidas estimadas de USD 100-200 millones por corrupción.

Pero tenemos otro aliciente para mantener la impunidad. La resolución de casos se ve aún más comprometida por la subinversión en investigación forense. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió USD 9,186,002.33 para 2025, según la proforma del Ministerio de Economía y Finanzas, una cifra que apenas cubre USD 918.60 por cada una de las 10,000 capturas anuales, o USD 3,062-4,593 por los 2,000-3,000 casos complejos que requieren análisis. Comparado con los USD 138.27 millones de la Fiscalía, este presupuesto es insuficiente para modernizar equipos o ampliar los 247 técnicos forenses, perpetuando retrasos de 12-18 meses y alimentando la impunidad.

Esta opacidad, criticada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otros informes de transparencia institucional por pérdidas estimadas de USD 100-200 millones anuales por colusión de jueces y fiscales, es un pasivo que no se refleja en los balances oficiales, mientras el sector privado de seguridad crece un 10-15% (USD 550-805 millones) para compensar esta ineficacia, el gasto público sigue creciendo sin resultados.

La impunidad derivada de un sistema judicial ineficaz tiene un precio humano devastador que trasciende las cifras. Familias enteras viven bajo la sombra del miedo en las ciudades y zonas rurales donde la liberación de narcotraficantes y criminales alimenta la violencia cotidiana, con tasas de homicidio que rozan las 70 por 100,000 habitantes. 

La desconfianza en la justicia erosiona el tejido social, empujando a comunidades a buscar protección privada o a resignarse a la extorsión, mientras los niños crecen en entornos donde la ley parece un privilegio inalcanzable. Este desgaste moral y cultural, invisible en los balances de Noboa, genera una crisis de legitimidad que ningún crecimiento económico puede compensar.

Desde un punto de vista económico, la impunidad representa un drenaje silencioso que agrava la fragilidad fiscal. Cada caso desestimado o corrupto implica no solo la pérdida de los USD 160-270 millones asignados a procesar delitos graves, sino también el costo de operativos repetidos y la fuga de inversión extranjera, estimada en cientos de millones anuales por el riesgo país. Empresas que podrían generar empleo y tributos optan por retirarse, mientras el Estado asume gastos indirectos como indemnizaciones por fallos judiciales o refuerzos policiales temporales. Este círculo vicioso, alimentado por la falta de responsabilidad, convierte a la impunidad en un pasivo que multiplica el déficit proyectado de USD 5.457 millones, un lastre que Noboa elude al destacar solo activos superficiales.

Opacidad del Consejo de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, no mantiene un sistema de información financiera que vincule las decisiones judiciales con los costos incurridos; esta falta de transparencia oculta la ineficacia y permite que los USD 800-900 millones se diluyan en el déficit sin rendición de cuentas. Noboa, al enfocarse solo en activos (cifras positivas), ignora este pasivo estructural que agrava las finanzas públicas.

La ausencia de un balance público de capturas, juicios y sentencias para narcotráfico, delitos, crimen y corrupción genera un colapso sistémico. Con un estimado de 10,000 sospechosos capturados en 2025, solo el 20-30% (2,000-3,000) llegan a condena tras 12-18 meses de retrasos, según la Fiscalía; esto sobrecarga al SNAI, porque el 60-70% de los 40,000 internos están en preventiva, costando USD 292-438 millones anuales por hacinamiento, y a la Policía, que gasta USD 10-15 millones custodiando a 5,000-7,000 con prisión domiciliaria. Esta ineficiencia, oculta por la opacidad judicial, amplifica el déficit fiscal.

Parches presidenciales insuficientes

Las bases Homeland Security y la ley de donaciones a las fuerzas del orden (en debate legislativo) buscan aliviar la presión , pero no resuelven la ineficacia judicial ni la corrupción. Sin una reforma que exija balances claros, el déficit y la deuda seguirán creciendo, contradiciendo la "economía saludable" de Noboa.

Aunque existen voces críticas que mencionan los errores metodológicos en el sustento presidencial de que Ecuador ya tiene una economía saludable, el post de Fausto Ortiz D (@faustortizd, 1 de octubre de 2025) revela un déficit fiscal de USD 2,074 millones a septiembre de 2025, proyectado a USD 5.457 millones al cierre del año. Este hueco se financia con una deuda pública que alcanzó USD 85.3 mil millones en diciembre de 2024, creciendo USD 2.5 mil millones por trimestre (CEIC Data). El gasto judicial, parte de los USD 19,794 millones en gastos totales (un aumento del 50.4% desde 2023), contribuye a esta presión.

Noboa destaca reservas de USD 8.602 millones y un aumento de USD 433 millones, pero los datos muestran una caída a USD 8,168.60 millones en agosto (Banco Central), sugiriendo que se usan para tapar el déficit. El ahorro del subsidio al diésel (USD 1.100 millones anuales) no cubre esta brecha, dejando al país en una dependencia insostenible de deuda.

En definitiva...

Un sistema judicial opaco e ineficaz, con un gasto de USD 800-900 millones, agrava el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, mientras la inseguridad persiste. 

La aseveración de Noboa de una economía saludable se desvanece ante un sistema judicial ineficaz, donde los USD 800-900 millones gastados agravan el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, dejando la impunidad abierta a narcos y corruptos. La designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante, respaldada por Mario Godoy —presidente del Consejo de la Judicatura de afinidad gobiernista—, refleja un movimiento calculado de Noboa que podría apuntar a mayor eficiencia judicial o consolidar un control político más profundo.

Y tal como me enseñaron mis viejos maestros del periodismo, el cambio comienza con otra visión de los mis mismo hechos: el Gobierno debe ser más transparente y honesto con sus intereses políticos; mientras que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía deben explicar al país los límites que tienen para convertirse en la punta de lanza para frenar las olas criminales, delincuenciales y de corrupción.

Pero dejo en claro que esto no me desvía de la certeza de que quienes tejen la trama política gubernamental emplean un bisturí robot guiado por algoritmos, tal cual las operaciones de la llamada “década ganada”, donde el brillo económico ocultó fallas profundas y las necesidades personales para tener "una justicia incondicional".

He aquí la importancia de mirar con el entendimiento, una lección que Juan Salvador Gaviota recibió y me transmitió.

------

Advertencia: Este análisis lo empecé a escribir a raíz de que el Presidente de Ecuador expusiera unas cuestionadas cifras económicas asociadas a su gestión; sin embargo, los acontecimientos noticiosos presentados a partir de esa fecha (01-10-2025) hicieron que reconsidere la versión original, consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones legales, por lo que invito al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

------------

Datos sobre el autor de la carta:

Cuenta X: @Zavala_Ra

Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/

Blog de Puerto Cayo: https://raulzavala.wordpress.com/puerto-cayo-manabi/

Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala

Necropolítica en el inframundo ecuatoriano

Publicado originalmente en 

La Verdad Edición 407 

Junio del 2022

Este artículo debía empezar de alguna otra manera para intentar explicar un mundo enigmático y al mismo tiempo bastante claro; allá donde viven miles de seres humanos aislados y conectados, unos olvidados, otros que brillan con luz propia. Del lugar que tiene muchos lugares en distintos puntos geográficos; es una posible explicación social de la física cuántica. 

No, este artículo no es de ciencia ficción. Es sobre lo que se vive en el sistema penitenciario de Ecuador, aquel que tiene el nombre oficial de “Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores” comúnmente conocido como SNAI.

Al uno y al otro lado de los altos muros existen personas que entretejen una red para sobrevivir a un sistema gobernado en paralelo por las leyes y las mafias, en una comunión entre lo primitivo con lo tecnológico, con hilos que juntan las ilusiones con lo despiadado.

Desde afuera vemos los muertos, las cifras, las noticias, los escándalos… adentro rige la necropolítica: alguien decide quien vive y quien muere, también en donde. Sabemos que son más de 400 las personas que han sido asesinadas tras los muros de las cárceles desde el 2020 y no solamente en las masacres, pero no sabemos cuántas fueron ejecutadas en las calles por estar asociadas a los secretos penitenciarios.

Pero si pensamos que esos grupos ilegales están formados únicamente por actores que están fuera de la ley, la realidad es que a ellos también están asociados algunos funcionarios que se mueven libremente. 

Uno de los recientes casos es el ocurrido el 20 de mayo del 2022, cuando Carlos Jaramillo, en ese tiempo Director de la Cárcel 4 en Quito, intentó ingresar celulares, accesorios, cigarrillos y sierras, camuflados en una caneca de pintura con doble fondo. Es lo que se descubre y se hace público o por filtraciones o por esqueléticos comunicados.

"En el inframundo penitenciario el día a día es conseguir 
cualquier cosa que sirva para soportar la extrema crueldad"

Este inframundo tiene una explicación oficial: “Las cárceles en donde han ocurrido los hechos violentos de esta crisis carcelaria, están siendo dominadas por grupos del crimen organizado –incluso vinculados con bandas internacionales. Lo anterior, habría derivado en que los centros se rijan en la práctica por sistemas de “autogobierno”, lo que implica que el control intramuros sea ejercido por parte de las propias personas detenidas. En este contexto, los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios. Incluso, las llaves de ingreso a pabellones están en posesión tanto de las autoridades como las personas privadas de libertad.”

El párrafo anterior, es parte de las conclusiones del informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el título: “Personas privadas de libertad en Ecuador 2022”. Allí también se hacen recomendaciones sobre lo que debería ser la actuación del Estado, especialmente del Gobierno, pues es su responsabilidad constitucional. 

Y claro, los costos políticos de las crisis carcelarias necesitan explicaciones y entre ellas lo mejor es buscar culpables. En medio del complejo enfrentamiento ocurrido entre presos en Guayaquil y el intento gubernamental para controlarlo en octubre del 2021, las versiones oficiales apuntaban a que ese derramamiento de sangre está relacionado con una guerra entre bandas de narcotraficantes mexicanas. Se ofrecieron “acciones de limpieza”.

Pero esa sentencia policial de la entonces Comandante Tanya Varela, tuvo que enfrentar con los sistemas de supervivencia implementados por los propios presos ante las limitaciones por alimentos, salud, abandono familiar y judicial, pero también para gestionar recursos que les permita mantener activos sus sistemas mafiosos de autoprotección. 

Se repitió el discurso luego de la masacre con que inicio este 2022, la del Turi en Cuenca, en la que 20 reclusos fueron asesinados, también cuando similar situación vivieron al menos 44 en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, que no podríamos aventurarnos a decir que es la última. El ministro del Interior Patricio Carrillo, un expolicía, sostuvo que ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, la llamada "Los Lobos" que atacaron a un grupo disidente que se hace llamar "R7".

Y esa realidad tiene un contrapeso: los recursos para sostener el sistema penitenciario. Según los datos del Ministerio de Finanzas, el 2021 tuvo un presupuesto codificado de 108,3 millones de dólares para el SNAI y que para el 2022 la entidad recibirá aproximadamente USD 124,4 millones; recursos que será administrados, hasta ahora, por Pablo Ramírez, un policía en servicio activo. Podría ponerse escena los argumentos de la economía política del castigo.

"A veces faltan alimentos, agua, espacios para recibir 
visitas familiares y para realizar actividades deportivas"

Ese rubro tiene al otro de la balanza unos 38 mil reos en 36 centros de detención, pero apenas con una capacidad aproximada de 30.200; los datos aún no son exactos, pues está en proceso el censo penitenciario que lo ejecutan SNAI e INEC, además del movimiento que ocurre por las excarcelaciones producto de los indultos, el cumplimiento de penas, los nuevos sentenciados y los que ingresan a la espera de ser juzgados. 

Pero el Gobierno tiene su “Plan Rescate Ecuador” de final impredecible y que incluye al sistema penitenciario. “No daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme” aseveró el presidente Guillermo Lasso, al referirse a los grupos ilegales y sin considerar que bien podrían existir otros que operan en el marco de las leyes.

Sin embargo, no importa cuando se lea: “Las prisiones de América Latina y el Caribe no sólo hacinan presos en poco espacio, también aglutinan entre sus paredes un microcosmos de todos los desafíos que padece la región. Las cárceles de la región están repletas de presos sin sentencia. No hay divisiones apropiadas entre delincuentes de diferentes niveles de peligrosidad. Muchas están controladas por grupos criminales. A veces faltan alimentos, agua, espacios para recibir visitas familiares y para realizar actividades deportivas. Nuestras prisiones sufren, en general, la escasez de recursos presupuestarios.” 

El párrafo anterior es parte de un análisis publicado en el 2018 bajo el título ¿Quién está viviendo en nuestras cárceles? y alojado en el sitio de blogs Sin Miedos del BID; allí también está información sobre la perspectiva integral de los retos y oportunidades del sistema penitenciario en América Latina y el Caribe. Pero esa es una narrativa del “debería ser…” pero en contraste debería tener aquellas historias del “Está ocurriendo…”

En el inframundo penitenciario ecuatoriano el día a día de hombres y mujeres, adolescentes, adultos y ancianos, es conseguir cualquier cosa que sirva para soportar cada hora de extrema crueldad, venga de donde venga y por las razones que sea, legal o ilegal; una realidad que no es únicamente de los presos, también del personal operativo y administrativo, porque la carga burocrática es inmensa.

Para tener una perspectiva de este escenario, de acuerdo con un informe correspondiente al año 2021 y presentado por Pablo Ramírez, director general del SNAI, existe el programa “Administración Central” que significa solventar las necesidades institucionales para el pago de servicios básicos, pasajes al interior y exterior, viáticos al interior, mantenimientos de vehículos maquinaria y equipos, compra de materiales de oficina, vestuario, materiales de aseo, combustibles y lubricantes, además del pago de remuneraciones del personal administrativo en cada uno de los centros carcelarios en todo el país. En general, la cifra bordea al final del 2021 de una ejecución presupuestaria de 99’644,371.91 dólares. 

Ahora pensemos que tres dólares diarios se destinan para alimentar a cada recluso en Ecuador, que la imaginación sea la que permita deducir lo que implicaría la calidad y cantidad de comida que se distribuye a los presos. ¿Qué pasa con la salud física y mental? Otro gran misterio que invade el entorno de la rehabilitación social.

“Sin embargo, una mirada a las condiciones de vida en prisión proyecta más pistas. En efecto, existen cárceles en las que no hay agua potable, la atención médica es casi inexistente, la alimentación es escasa y de tan mala calidad que es grave fuente de enfermedades (se invierte menos de un dólar diario en cada una de las comidas de los presos), no existen psicólogos ni psiquiatras (hay 95 psicólogos y 5 psiquiatras para atender a los casi 40.000 presos), entre muchas otras carencias.” Carla Álvarez Velasco en su artículo ‘Las cárceles de la muerte en Ecuador’.

Y de cada una de estas escenas, en cada una de las cárceles del Ecuador, se podrían extraer miles de historias para alimentar las razones para la existencia, prevalencia y supremacía de las mafias, las que mueven un sistema económico complejo de descifrarlo, pero que se relaciona muy estrechamente con la pirámide de Maslow; es decir, con la jerarquización de las necesidades, ordenadas con base en el bienestar de cada preso y su familia, de los funcionarios y del sistema judicial.

Este artículo debía terminar de alguna otra manera luego de explicar muy brevemente el enigmático mundo de las cárceles ecuatorianas, donde viven miles de seres humanos en primitivas y mafiosas sociedades, pero no existe manera de escribir un final sin que parezca extraído de las narraciones del libro Los Malditos del periodista Jesús Lemus: "Nosotros los enterramos. Nosotros llegamos como sociedad hasta donde comienza la historia de ellos en la cárcel. Estamos creando centros de exterminio.”

El autor es conocido por ser el ‘corresponsal del infierno’ porque relató lo que vivió en la cárcel mexicana Puente Grande durante tres años junto con capos, secuestradores, violadores, narcos, caníbales y asesinos, hasta que pudo demostrar su inocencia.   

Autor: Raúl A. Zavala Mosquera - Periodista Profesional

Comentario en mi otro blog: La delincuencia común gobierna las calles

No se combate a la delincuencia con tramitología y burocracia

Parece que en Ecuador se convierte en una realidad: la violencia social, la delincuencia común y la organizada han superado a la sociedad de bien. Una de las últimas disposiciones presidenciales indicó que miembros de las Fuerza Armadas volvieran a las calles a tratar de controlar la inseguridad es una muestra de ello. Esto hacia finales de abril de 2012.

Es bueno recordar en este punto que el 13 de marzo de 2012, el Ministerio de Coordinación de Seguridad junto a los Ministerios y Secretarías que integran el Sector Seguridad, presentaron el informe de rendición de cuentas 2011. En realidad a más de los discursos positivos propios de estos acontecimientos, no fue más que un informe contable - financiero. 

Por más de dos semanas me pasé analizando y escuchando criterios a favor y en contra sobre esta reiterativa acción gubernamental para tratar de parar el embate de la violencia social y del crimen, al final me quedaron preguntas: ¿Con entrenamiento militar se frena la violencia social? ¿Cuál es la capacidad real de los militares para estar en las calles combatiendo al crimen organizado? ¿Se ve amenazada la delincuencia común estando los militares en las calles? ¿Acaso el Gobierno quiere enviar algún mensaje oculto a la población al poner militares en las calles?

Por aquellas casualidades de la red me enteré que “el crimen organizado es el peor enemigo de la democracia actual en América Latina” afirmación realizad por el escritor mexicano Enrique Krauze, al presentar su libro “Redentores” en el que analiza el poder en la región durante los siglos 19 y 20, quien participa en la II Feria del Libro en Español de Los Ángeles.

Según el informe de prensa también habría mencionado: “La democracia moderna tiene enemigos pero el más grande es el crimen organizado, que no sólo está conspirando para acabar con las votaciones sino con la libertad de expresión”. 

Otro de los escenarios en que actuarían las Fuerzas Armadas es: el crimen organizado movería casi tres billones de dólares cada año en todo el mundo, equivalentes al 2-5% del Producto Interno Bruto internacional, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional. El incremento exponencial de la violencia, la corrupción pública y la explotación de seres humanos son algunas de las consecuencias más graves de la actividad mafiosa. No se si militares y policías ecuatorianos estén mínimamente blindados contra esta amenaza.

Sobre la delincuencia común, con información que recoge la cadena Ecuavisa obtenida de la Fiscalía, se señala que en el 2011 se reportaron 9.920 casos de robo agravado, es decir con violencia. Eso equivale a más del 20% de las denuncias presentadas y lo ubica como el delito más común. A continuación está el robo simple, con 7.724 casos reportados, más del 17% de las denuncias.

Este tipo de delitos, al parecer, lo ejecutan delincuentillos que seguramente no están inmersos en los estratos superiores del crimen organizado; estos atracos, robos y hurtos son tan comunes que se producen a diario y hora tras hora, en cada ciudad y población del Ecuador. Muchas víctimas se quedan en el silencio, por lo que  no son parte de las frías estadísticas que sirven para la planificación gubernamental.

Está la violencia social. Tal vez los militares no deban afrontar la violencia intrafamiliar o violencia doméstica que se refiere a los actos violentos que se producen en los hogares; tal vez no deban afrontar los crímenes por celos o pasionales; tal vez lo militares no deban controlar las manifestaciones ciudadanas o peleas callejeras.

Antes de contar unas perlas bibliográfica que encontré, pongo a su consideración la conclusión a la que llega Branislav Marelic, en su artículo: “Por qué no debe haber militares en las calles” y dice “… es que si un ciudadano está dispuesto aceptar la intervención militar en el orden público pese a todo lo anterior estamos en un camino irremediable, desproporcionado y complaciente hacía menos libertad y hacia más represión, todo para saciar una petición de seguridad creada por una sensación de inseguridad que no siempre es real.”

Como ya es conocido en el mundo de la política ecuatoriana el rol de Senplades en la planificación integral del Estado tiene características estratégicas en el actual marco ideológico del gobierno nacional; consecuentemente hablar de seguridad sin contar con este argumento sería un absurdo analítico.

Así mismo logré disponer de un resumen del diagnóstico realizado en agosto del 2007 y lo que se pretendía hacer en aquella época por el tema seguridad. Tal vez en otro momento sea bueno evaluar ese plan o bosquejo. Por ahora apenas dejo constancia que sí se consideró el problema.

Otro documento al que accedí fue presentado oficialmente por Gustavo Larrea Cabrera, cuando en el 2008 ejercía las funciones de Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa. En septiembre se divulgó la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa.

En este documento establece que como apoyo al desarrollo nacional y la seguridad interna, una de las acciones de las Fuerzas Armadas es la de apoyar las acciones de la Policía Nacional en actividades de seguridad interna.

También en el 2008 el Ministerio de Defensa divulgó la Agenda Política de la Defensa Nacional, con los respectivos lineamientos para que Fuerzas Armadas respaldaran a la Policía Nacional. Ejercía el cargo de Ministro Javier Ponce.

En este marco, en el 2009, la Fiscalía General del Estado, durante la gestión de Washington Pesántez, se publicó un texto titulado “Bases para la estructuración de la política criminal del Ecuador” que contiene un capítulo de propuestas para reducir el índice de criminalidad.

Sin embargo de ello, mediante Decreto Ejecutivo 082 fechado el 30 de septiembre 2009, se declaró el Estado de Excepción en Quito, Guayaquil y Manta “por los actos delictivos y la violencia registrada en las últimas semanas y autoriza la intervención de Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.” También queda pendiente encontrar información evaluativo de los resultados e impacto de la ejecución del Decreto.

Otro documento clave que muestra los avances en la neorganización de las actividades antidelincuenciales está la reformulación del Plan Estratégico de Modernización y Transformación Integral de Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI, con vigencia del 2010 al 2014.

Así mismo, la Senplades difundió un documento titulado “Los 5 años de revolución Ciudadana” en que únicamente cuantifica brevemente la lucha contra la impunidad, inversión en justicia, sistema de rehabilitación y coloca un cuadro para indicar los organismos responsables de la seguridad y su rol.

Según este organismo gubernamental, en un informe presentado sobre los avances del Plan del Buen vivir hasta el 2011, asegura mediante un boletín de prensa que “Ecuador fue uno de los países con mayor crecimiento económico en la región, aún en un escenario de severa crisis internacional...”

Para el 2011 también se divulgó otro documento que al revisarlo me da la impresión de ser repetitivo en cuanto a su contenido sobre la seguridad. Es la Agenda Política de la Defensa.

 Adelanto, el tema de la explosión delincuencial y la violencia social, no es de este año, sino que viene arrastrándose y de alguna manera se hizo visible a los entes gubernamentales, por ello es que en enero del 2011, presidente de la República anunció que se dividiría al Ecuador en distritos y circuitos, con la idea de poner en cada distrito Unidades de Vigilancia Comunitarias (UVC) que integre todos los servicios públicos que requiera cada sector; as u vez para agosto del 2011, el entonces Ministro de la Seguridad Interna y Externa del Estado Homero Arellano, aseguró que esas unidades responderán a un sistema que fue articulado técnicamente por la Senplades.

No pude localizar el documento, pero según diversas notas de prensa y boletines, este plan consiste en dividir a las provincias y ciudades en distritos, circuitos y subzonas; de cada una de estas divisiones, está a cargo un miembro de la Policía Nacional, quien se convierte en responsable de la seguridad ciudadana en cada sector. Por tanto Senplades habría dividido al Ecuador en 139 distritos y 1.134 circuitos.

Y resulta que cuando avanzo en este trabajo leo una nota de prensa en la que se asegura que el Presidente dijo en su cadena sabatina del sábado 12 de mayo de 2012: “La principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas. No solo que pueden sino que deben hacerlo”; asegura la información que es la reconfirmación de la orden emitida el 25 de abril durante una ceremonia militar.

Puedo concluir que en materia de seguridad ciudadana el Gobierno se ha respaldado en las respectivas y necesarias planificaciones técnicas, basadas en estadísticas, con alto contenido académico; los documentos de referencia en este breve análisis no son nada más que una muestra mínima, que tal vez no sea representativa, pero que sí ofrece pistas.

Se implementó el famoso programa de “Los Más Buscados”, también se han inaugurado instalaciones policiales destinadas a brindar seguridad, así como entrega de equipos y vehículos para combatir el crimen, que ha rendido buenas contribuciones de tipo espectacularidad y un gran efecto mediático.

Las cuentas oficiales, difundidas por todo tipo de medios, aseguran que la inversión pública es mayor en comparación con años anteriores, aun a las de gobiernos precedentes. Aun no he logrado acceder a información evaluativa sobre esas inversiones, tal vez son secretas, tal vez no son públicas, tal vez no se han realizado.

A pesar de todo esto, se acrecienta la inseguridad en que vivimos. ¿Percepción? ¿Falsa idea social? ¿Mito urbano? ¿Estrategia de la oposición? ¿Desprestigio de inducido por algunos de los medios de comunicación privados? ¿Incendios ficticios en las redes sociales? ¡¡No!! Ninguna de las anteriores.

Creo y considero que las políticas implementadas por el Gobierno para la lucha contra la delincuencia en general se atomizaron hacia otras “prioridades” más bien de tipo político-partidista, orientadas a la estructuración de un programa de criminalización de actividades ciudadanas relacionadas con un Estado democrático, a burocratizar la acción policial y a desprenderse de los apoyos externos.

Tal vez otra de las equivocaciones gubernamentales es que se consideró a los delincuentes como entes pasivos sujetos a ser influenciados por la gran maquinaria propagandística que existe en el Ecuador, sin tomar en cuenta que los “capos del crimen” no se “tragan las ruedas de molino” tan fácilmente, que la delincuencia es más proactiva que reactiva, que sus inversiones son cuidadosamente planificadas y no desgastan a sus ejecutores en tramitología altamente burocratizada.

Miro también que al querer asumir el Gobierno central el manejo integral de la lucha contra la inseguridad, dejó de ser una prioridad tangible para los llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados; o sea, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales.

Creo también que no existe una sociedad que esté libre totalmente de la delincuencia, seguramente muchos antropólogos, cientistas sociales, sociólogos, sicólogos sociales y hasta teólogos, podrían asegurar que la delincuencia es innata en los seres humanos, pero que unos logran superar y otros hacen de ella su forma de vida.

Creo que al final de las cuentas, al crimen no se lo combate  tantos documentos “bien bonitos”, con publicaciones bien diseñadas y expuestos en ceremonias, tampoco con planes académicamente elaborados por personas que no conocen la mentalidad y el accionar del delincuente.

Quizás por ello es que como una medida desesperada el Gobierno lanza un alarido de auxilio a las Fuerzas Armadas, grito disfrazado de orden presidencial.

Hipótesis no comprobadas sobre el caso El Universo

Las últimas semanas es el tema del día en cualquier conversación, a cualquier nivel, pues ni los medios de comunicación públicos, gubernamentales y privados, incluyendo las redes sociales, ha dejado de informar y comentar sobre la confirmación de la sentencia a El Universo en el juicio seguido por Rafael Correa.

Es inevitable escribir un artículo en que refleje mi posición sobre este tema, que se sume a los ya miles y miles que existen y se han publicado, tanto a favor como en contra, también hay los de incredulidad; este post lo escribo cuando se conoce que es probable que el Presidente Correa decida ‘perdonar’ a El Universo.

En realidad para saber si es que los jueces que fallaron y que son acusados de pertenecer a una corte_correista, habría que leer todo el proceso, igual para darles la razón si es que efectivamente fueran independientes. Pero no voy a juzgar a los jueces.

Tampoco creo que sea importante lo que Emilio Palacio escribió en la columna y que ‘obligó’ a Rafael Correa iniciar, en su calidad de ciudadano ecuatoriano, una demanda contra él y el medio que lo publicó. Además, que importa que los jueces hayan puesto en vigencia una expresión meramente jurídica de la que muchos nos hemos burlado y tal vez otros ni la entiendan como es la de ‘autor coadyuvante’, ni la velocidad o lentitud del juez Paredes en redactar la sentencia.

Y en este juicio, uno a uno han saltado los argumentos para que la sociedad en general tenga nuevos temas de comentario y poco a poco se olvide del origen del problema; por ejemplo: a quien, como un simple ciudadano, no le habría gustado ganar un juicio a cuatro personas y en ‘combo’ por 40 millones de dólares, en un proceso que duró  desde el 22 de marzo del 2011 al 16 de febrero de 2012, en que se ratifica la sentencia, pero no se la ejecuta.

Comentan y hasta sostienen que 40 millones de dólares es bastante dinero y que no tiene parangón en la vida jurídica en estos casos. Eso no lo puedo justipreciar yo. No soy abogado y nunca he tenido esa cantidad de dinero y creo que como simple ciudadano que no puedo pagar un buen abogado, no lo tendría nunca.

Algo conozco de las interioridades de algunos medios de comunicación. Tal vez muy poco de El Universo, a lo sumo su capacidad de distribución, la calidad de su información (por ahora no la valoro en buena o mala); sobre Emilio Palacio, solo lo que escribía mucho antes que Rafael Correa sea Presidente; por lo que desde mi punto de vista, El Universo es un medio de comunicación social que logró su espacio entre miles de lectores y que perdió a otros también. Mi relación con El Universo ha sido de lector.

Mi interés por el juicio es que luego de haberlo seguido, mirando y leyendo los medios privados, públicos y gubernamentales, con tranquilidad pude plantearme una hipótesis: la sentencia a Emilio Palacio, El Universo y sus directivos, interpuesto por Rafael Correa, es una venganza personal en que para consumarla se pudo haber usado el poder político que la anterior y actual Constitución entrega a quien ejerce las funciones de Presidente de la República del Ecuador.

En qué trato de sustentar esta hipótesis. Si es que no me falla la memoria, fue Emilio Palacio una de las primeras personas que desafío o cuestionó en público a Rafael Correa. Este hecho está registrado en algunas web’s y he logrado conseguir una transcripción: Rafael Correa expulsa a periodista de conferencia.

Tengo la impresión que fue en ese momento que la espina quedó clavada. Puedo reconocer la virtud de quienes están en el poder central y la capacidad de planificar por escenarios, para ello, tal vez dispongan de una muy buena información, así como la fuerza comunicacional para obtener datos estadísticos públicos y privados. Tal vez un primer intento de venganza o tal vez un globo de ensayo ocurrió cuando Emilio Palacio también fue ‘perdonado’ por el caso del artículo “Camilo El matón”.

Y se tuvo la paciencia para estudiar bien el caso y esperar el momento oportuno, o tal vez para ir acomodando el escenario para que la venganza se ejecute con certeza y efectividad. Lo que al parecer sí ocurrió, tal vez logre un día sustento o indicios para este tema.

No, creo que le falta más peso a mis argumentos, con lo cual la comprobación de mi hipótesis queda pendiente, pues no soportaría, por ahora, someterla a la falsación.

Ahora viene la parte del ciudadano que interpuso una demanda y que actuó en función de su actividad laboral en su calidad de funcionario público, con el cargo de Presidente de la República. Al parecer usó bienes y recursos del Estado para difundir su verdad del juicio, claro que este caso definitivamente fue archivado por el actual Fiscal General, también exfuncionario del régimen.

Por demás evidente fue el día en que los nuevos jueces rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa, que estuvo en la audiencia tal vez medio gabinete presidencial acompañando al Mandatario ecuatoriano. Desde lo que pude mirar en la televisión de la transmisión de canales privados, gubernamentales y públicos, el poder político del Ecuador estuvo frente (literal) a los jueces que debían decidir sobre una causa particular.

Entonces si es que no fue la venganza la que motivo a Rafael Correa a demandar a Emilio Palacio y El Universo, pudo –otra hipótesis– haber sido para demostrar que los medios de comunicación que no son afines a las líneas editoriales del gobierno nacional podría sufrir este tipo de demandas, pues no es desconocido que el diario tiene una larga trayectoria y que de alguna manera ha logrado posicionarse en el mercado de la influencia pública, que tal vez sea un espacio que el Gobierno lo quiera.

Creo que no tengo sustento para esta otra hipótesis: Rafael Correa intenta amedrentar a los medios de comunicación no alineados a sus intereses de orden ideológico, de tal manera que abandonen el periodismo para entrar en una fase de relaciones públicas y parte de la propaganda electoral, para que le permita llegar a una nueva reelección.

Por ejemplo, ¿cómo logro demostrar que los periodistas estamos atemorizados cuando se trata de investigar un desliz gubernamental que afecte la imagen del Presidente y su sistema de gobierno? ¿Cómo logro demostrar que muchos medios de comunicación temen difundir información para no perder las canonjías de la publicidad gubernamental?

Por cierto y las otras funciones del Estado Ecuatoriano: la Asamblea Nacional por coincidencia recién terminó su vacancia legislativa y se supone que deberá aprobar la que sería la Ley de Comunicación, no ha se ha pronunciado, me refiero al cuerpo colegiado y no a quien hace de represente; la Función de Transparencia y Control Social creo que no se ha pronunciado y está concentrada en sus concursos; la Función Electoral ya presento un nuevo escenario con base en las, también polémicas, reformas al Código de la Democracia, con lo cual ya tenemos las nuevas fechas para regresar a las urnas, votar y tal vez esperar que ocurra lo mismo a lo que se le ha llamado la fiesta democrática; la Función Judicial creo que ya no existe, pues ahora actúa el Consejo Transitorio de la Judicatura.

Tal vez encuentre nuevos argumentos para sustentar mis hipótesis leyendo, viendo y escuchando exclusivamente las argumentaciones que presenten los productos de relaciones públicas gubernamentales.