Desde la mirada de ciudadano no puedo ni debo mantenerme neutral ante el caso de Ángela Plúa, porque cuando se trata de asuntos públicos graves como este, termina funcionando como una validación; guardar silencio o mirar hacia otro lado solo contribuye a que estas prácticas escabrosas se normalicen y yo pase a engrosar, sin querer, las filas del ya famoso "Comité de aplausos" que solo aparece para celebrar y nunca para exigir cuentas. Tengo el derecho y la obligación de opinar, sin que eso signifique un punto de vista del proceso judicial.
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| Concejo Cantonal cuando Edison Quimís se posesionó como vicealcalde. Mayo de 2025. Fuente: Municipalidad de Jipijapa |
El caso de la Alcaldesa de Jipijapa va más allá de los expedientes judiciales, porque es otro boquete en la expectativa legítima de que por fin alguien llegue a la alcaldía con un discurso creíble, demostrable, de honestidad, transparencia y cambio real.
No se trata solo de presunción de inocencia o del proceso en curso, para la sociedad civil la imagen ya está instalada: la autoridad electa está señalada como cabecilla de irregularidades en trámites vehiculares. Eso genera un cansancio profundo. Otro desengaño que alimenta el "todos son lo mismo". Cuando quien prometía transparencia termina envuelta en cuestionamientos de corrupción, la fe pública se resquebraja y esa fe no se recupera con comunicados ni con obras aisladas, se recupera con coherencia, con rendición de cuentas visible y con una gestión que demuestre, día a día, que el poder público no es un botín personal ni de grupo.
Ahora la responsabilidad más pesada recae sobre el alcalde encargado Edison Quimís y el Concejo Cantonal; su mayor reto no es, paradójicamente, ejecutar obras (aunque sean necesarias). El gran desafío es político y moral: tiene poco tiempo para reflotar la credibilidad institucional en un cantón donde la desconfianza ya cala hondo. Deben demostrar que la institución municipal está por encima de cualquier persona.
Si fallan en esta tarea, si se limitan a continuar la rutina administrativa sin abordar frontalmente la crisis de legitimidad, el daño será mayor, pues una autoridad institucional y moral debilitada termina mermando todo el sistema: los controles se aflojan, la ciudadanía se desentiende, la cooperación vecinal cae y la capacidad de gobernar el territorio se erosiona. Un alcalde o un concejo percibido como débil o continuador no solo pierde apoyo popular; pierde capacidad real de gestión.
Muchos ciudadanos de Jipijapa no pedimos perfección, pedimos coherencia, que el discurso de transparencia deje de ser una frase bonita y se convierta en práctica cotidiana. Pedimos que esta crisis no sea solo un escándalo más que se olvide en unos meses, sino el punto de quiebre que obligue a una regeneración real de la vida pública cantonal.
La pelota está en la cancha del Concejo y del alcalde encargado. Tienen la oportunidad histórica de demostrar que, a pesar de todo, las instituciones pueden autocorregirse y recuperar la confianza; si no lo logran, el verdadero perdedor no será solo un nombre propio: será la fe de toda una ciudadanía que, una vez más, ve cómo la necesidad de un mejor gobierno se diluye entre irregularidades y titulares judiciales.
Los jipijapenses merecemos más, sobre todo recuperar la certeza de que la Municipalidad nos pertenece y no a intereses particulares; y como un ejemplo: en medio de toda esta crisis la última publicación informativa en la página jipijapa.gob.ec fue el 24 de junio de 2026, y hasta el domingo 28 en horas de la tarde no se había publicado ningún boletín de la crisis, como si nada hubiese pasado. El perfil oficial en Facebook, que es mucho más activo, tiene como última actualización la transmisión en vivo de la Sesión Solemne por los 202 años de cantonización.
Pero existe otra arista necesaria de ser expuesta, el asunto de Ángela Plúa no debe reducirse a un problema personal ni a una persecución contra su figura, ya que las sospechas de ilícitos se enmarcan directamente en su gestión como Alcaldesa y en el cumplimiento o incumplimiento de sus funciones públicas; se trata del uso o mal uso que hizo del poder político y de los recursos municipales durante su periodo de gobierno, especialmente en un área tan sensible como los trámites vehiculares. Por eso trasciende de lo personal: se cuestiona el cómo se ejerció la autoridad conforme las reglas constitucionales.
Por tanto, aunque jurídicamente sea sospechosa y tenga derecho a defenderse, social y éticamente el daño a la fe pública ya está hecho; gran parte de la ciudadanía procesa estos casos más con las emociones y la memoria que con el Código Orgánico Integral Penal.
Reitero. El escenario penal es uno, pero el ciudadano es otro: el poder político es un recurso público; consecuentemente, el del poder político legal, que se ejerce en nombre del interés público y que está vinculado a la soberanía popular, lo convierte en un recurso que, en teoría, pertenece a la comunidad y no a los individuos que detentan ese poder político temporalmente.
Finalmente, me queda la duda razonable de si este caso pudo ser advertido por los concejales en el ejercicio de la fiscalización que están obligados a realizar; si durante estos años existieron indicios de irregularidades en la Agencia de Tránsito o en ServiCorp, ¿fueron detectados en las comisiones respectivas? Y si fueron detectados, ¿por qué no se presentaron evidencias concretas más allá de las habituales declaraciones públicas? Los concejales tienen la responsabilidad de controlar y fiscalizar; la ciudadanía tiene derecho a conocer si cumplieron esa función con rigor o si este caso les sorprendió tanto como al resto de los ciudadanos.
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