En el campo cuando te roban la cosecha, el ganado o las herramientas de trabajo, el delito no ocurre en una calle iluminada con cámaras, sucede en una parcela oscura, en un camino de tierra o en un caserío sin señal. Ahí empieza la diferencia entre la “justicia urbana” y la “justicia rural”.
Denunciar ya es un calvario: hay que viajar hasta la cabecera cantonal, muchas veces perdiendo un día entero de trabajo; luego vienen los trámites interminables, las citas que se postergan, los fiscales que no llegan al lugar de los hechos y las investigaciones que avanzan con lentitud desesperante.
Mientras en la ciudad una denuncia se puede hacer en línea o en una unidad judicial cercana, en lo rural el proceso se vuelve caro, cansado y muchas veces inútil. Esta brecha genera una sensación profunda de desprotección. El agricultor, el pescador, el activista o el jubilado sabe que, así denuncie, es probable que nunca recupere lo robado, ni reciba protección ni vea sancionado al responsable. Esa impunidad alimenta a más delitos, a más amenazas y al desánimo.
No se trata solo de más policías. Se necesita justicia cercana con unidades judiciales móviles, fiscales que realmente investiguen en territorio, simplificación de trámites y un sistema que entienda la realidad del campo; porque hoy existe una doble justicia: una relativamente accesible para la ciudad y otra lejana, lenta y casi inalcanzable para quienes vivimos en la ruralidad.
¿Y de lo rural qué? No podemos seguir aceptando que la distancia geográfica también sea una distancia a los derechos, urge entonces que el Consejo de la Judicatura cierren esta brecha, porque el acceso a la justicia no puede ser un privilegio urbano.
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