Publicado originalmente en La Verdad - edición del junio del 2020. Autor: Raúl Zavala Mosquera.
Un día en
Ecuador nos enteramos que tanto la Fiscalía como el Gobierno habían creado una Fuerza
de Tarea Multidisciplinaria, a las pocas horas empezó un operativo nunca antes
visto. Decenas de allanamientos, de personas detenidas; miles de publicaciones
que replicaban lo actuado y los titulares en los medios de comunicación pasaron
de los muertos a los casos de corrupción.
De pronto
ya no fueron importantes las cadenas nacionales, el impacto de la información
sobre la pandemia perdió fuerza, las cifras de contagios, de muertos, de
recuperados… ocuparon un segundo lugar. La Fiscalía le quitó protagonismo al
Covid-19.
El 4 de
junio la noticia fue una mecha de pólvora prendida: se ejecutaron los primeros
37 allanamientos en Quito y Guayaquil, en lo que significó el inicio de una
arremetida contra los funcionarios que habría hecho compras fraudulentas en el
marco de la emergencia sanitaria, a la cabeza el IESS.
Casi a
reglón seguido se viralizó con fuerza la detención de Jean Carlos Benavidez,
uno de los allegados al asambleísta por Manabí Daniel Mendoza; la Fiscalía
siguió las pistas y puso ante un juez al funcionario legislativo a quien lo
acusa de liderar una red criminal en que también actuaba Edmundo Tamayo Silva,
en esa época Director del Servicio de Contratación de Obras.
Este
seguimiento puso al descubierto una trama para lucrar con el contrato del
hospital de Pedernales, un proyecto de la reconstrucción que se arrastra desde
el Gobierno anterior.
La Función
Legislativa entró en una crisis de credibilidad por las sospechas que otros
asambleístas estaban involucrados en el manejo hospitalario y, especialmente,
en el direccionamiento fraudulento de contratos.
La Fiscalía
entró en una normalidad activa en lo judicial y mediático. Siguieron los
allanamientos y los arrestos, la incautación de información, aparentemente las
pesquisas habían decaído; de pronto una información emergente desde Perú
permitió que la mecha no se apague. La avioneta del político Alfredo Adum se
estrelló en Tumbes, el reporte inicial: un fallecido y cuatro heridos. No fue
cualquier siniestro aéreo.
Las
víctimas fueron Jocelyn Mieles Zambrano (exreina de belleza de Manabí), César
Rodríguez Fontecilla, David Muñoz Vélez y uno de los vinculados en la trama de
corrupción de los hospitales: Daniel Salcedo Bonilla. Falleció el piloto Alfredo
Espinosa.
La Fiscalía
y el Gobierno plantearon la hipótesis que intentaban huir, porque hubo
adulteración en la matrícula de la nave, cambios en el plan de vuelo y otras
anomalías detalladas en crónicas periodísticas e informes oficiales.
El caso de
Jocelyn Mieles paso de la noticia delincuencia a temas de farándula, hasta el
punto que la frase de su abogado defensor se hizo tendencia, así como motivo de
memes y burlas: “… ella vive otra realidad.”
Los
allanamientos siguieron y cuando parecía que se agotaban los titulares en los
medios de comunicación y las emociones en redes sociales virtuales, la Fiscalía
nos sorprendió con otro gran episodio: Abdalá Bucaram fue detenido cuando se
investigaba un "presunto peculado en contrato para insumos médicos al
Hospital del Seguro". De su ingreso a la audiencia de formulación de cargos
queda para los memes y la historia el grito: “¡¡Viva la patria!!”
Y entonces…
con un poco de gasolina el fuego de la mecha tomó fuerza y otra vez la Fiscalía
presentó argumentos ante un juez para que el excandidato presidencial Dalo
Bucaram y su hermano menor Michel pudieran ser capturados, la intención era que
encontrar más indicios en su probable involucramiento de compras de insumos
médicos para los hospitales del sistema de salud en conjunto con Daniel Salcedo
Bonilla.
Pero
también este caso tuvo su dosis de farándula. Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo
y también sospechosa para la Fiscalía, en su rol presentadora de televisión, sorprendió
en febrero del 2020 porque anunció que tenía un puesto para vender
hamburguesas. Con su vinculación a la trama de los hospitales, las redes
volvieron a hervir y los memes compitieron con el protagonismo de la Fiscal.
Uno a uno
fueron publicados los resultados de las pericias que alcanzaron a otros
funcionarios como el caso del alcalde de Guamote y reconocido cantante Delfín
Quishpe, así como al prefecto del Guayas, futbolista y presentador de noticias,
Carlos Luis Morales; el brazo de la Fiscalía también alcanzó hasta la Municipalidad
de Quito y el Gobierno Provincial de Pichincha.
Cada suceso
puesto en escena tuvo en el co-protagonismo a ciertas empresas privadas, entre
las que constan vendedoras de hamburguesas, que aparecieron como proveedoras de
insumos médicos y que se fortalecieron con el abastecimiento al sistema
hospitalario de Ecuador.
En todo lo
que está asumiendo la Fiscalía, le vino otra carga bien pesada. La Comisión
Nacional Anticorrupción asegura que 23 contratos por un monto de USD 32’550223,
fueron analizados entre mayo de 2019 y marzo de 2020, de los hospitales de
Quito Enrique Garcés, Hospital General del Sur, Eugenio Espejo, Pablo Arturo
Suárez, San Francisco y Andrade Marín y de Guayaquil al Teodoro Maldonado;
conclusión: evidencia de colusión en la red de salud pública evidenciada por un
engranaje de gente que actúa para que todo aparezca legal, cuando todo es
irregular.
Pero el
final de esta primera temporada de la Fiscalía Vs. las compras públicas en la
emergencia sanitaria y crisis de salud, tiene un epílogo predecible: los
sospechosos serán llevados a una audiencia de formulación de cargos y allí se
definirá el guion para la segunda temporada.
Empiezo,
entonces, a imaginar el tráiler; una mezcla entre las fiestas patrias de
octubre y el bullicio de la compaña electoral, con los jueces y sus
mascarillas, la Fiscal y sus pruebas… melodías de suspenso y una voz en off
preguntando: ¿Podrá la Fiscal probar jurídicamente la existencia del crimen
organizado en el sistema de salud pública?
Pero yo le
completaría con: ¡Próximamente! en sus redes sociales favoritas, seguido de la
imagen de la mecha que llega hasta los explosivos pero que no explotan.
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