Operación quirúrgica para la toma de la Fiscalía

¿Y si el presidente Daniel Noboa, que enfrenta un déficit fiscal proyectado de USD 5.457 millones, le pidió por interno la renuncia al Fiscal General Wilson Toainga por no alinear su gestión con las demandas presupuestarias y de seguridad? Esta especulación cobra fuerza cuando el Consejo de la Judicatura decidió por un nuevo Fiscal subrogante: Leonardo Alarcón Argudo, en un movimiento quirúrgico que podría reflejar la presión política sobre un sistema judicial ineficaz contra delincuentes, narcos y corruptos. Mientras Noboa presume un crecimiento económico del 10% en ventas y 16,6% en exportaciones, la crisis de impunidad y los USD 800-900 millones gastados en justicia sin resultados erosionan las finanzas públicas, un escenario que invita a mirar con el entendimiento, como me guía Juan Salvador Gaviota.

Dato coyuntural. En el blog de Wordpress tengo una sección de Lecciones de supervivencia y una la obtuve de uno de mis libros de cabecera: Juan Salvador Gaviota, del que tomo la frase: “Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar”.

Ahora si entremos en detalles. Los operativos contra la inseguridad y el narcotráfico, iniciados tras la declaración de "conflicto armado interno" en enero de 2024, involucran a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con un presupuesto estimado de USD 1.500 millones en 2025; no obstante, el sistema judicial (cortes, fiscalías, defensores públicos) juega un rol crucial al procesar a los detenidos, emitir sentencias y garantizar el debido proceso, como establece la Constitución de 2008. La corrupción y la ineficacia judicial han sido señaladas como obstáculos, permitiendo que muchos detenidos sean liberados, lo que afecta a los resultados de los operativos.

El gasto en el sistema judicial, estimado en USD 800-900 millones en 2025, con USD 160-270 millones ligados a los operativos, aplica significativamente al esfuerzo contra la delincuencia, el crimen y el narco, representando un 10-18% del presupuesto de seguridad; sin embargo, su ineficacia (baja tasa de condenas, corrupción) multiplica los costos totales y debilita los resultados, convirtiéndolo en un pasivo que Noboa omite. Esto refuerza que su aseveración de una economía saludable no es sustentable, ya que el sistema judicial amplifica el déficit y la deuda sin mejorar la seguridad.

Aliados de la impunidad 

El sistema judicial ecuatoriano, con un presupuesto estimado de USD 800-900 millones anuales, destina entre USD 160-270 millones (10-18% del gasto en seguridad de USD 1.500 millones) a procesar casos de narcotráfico e inseguridad, impulsados por los operativos desde el "conflicto armado interno" de 2024; sin embargo, según la Fiscalía General, solo el 20-30% de los detenidos quedan condenados, dejando al resto en libertad por fallos o corrupción. Este dato, ausente en las cifras de Noboa, duplica los costos de los operativos y mina el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La crisis fiscal se agrava con la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de asignar solo USD 6.7 millones al Consejo de la Judicatura para 2025, frente a los USD 48 millones solicitados, un recorte del 86%. Este ajuste refleja la prioridad de contener el déficit de USD 5.457 millones, pero deja al sistema judicial con recursos insuficientes para enfrentar el backlog de casos y la corrupción; a septiembre de 2025, el Consejo de la Judicatura mantenía un déficit de más de USD 246 millones. Con un presupuesto base estimado de USD 400-500 millones, esta brecha limita la capacidad de procesar los 10,000 sospechosos capturados anualmente.

Mientras el Consejo de la Judicatura enfrenta un recorte drástico, la Fiscalía General del Estado cuenta con un presupuesto de USD 138.27 millones para 2025, aprobado por la Asamblea Nacional en septiembre como parte de la proforma presupuestaria. Este monto, destinado a procesar casos de crimen, narcotráfico y corrupción, resulta insuficiente frente a las bajas tasas de condena (20-30%) y considerando que existen al menos 15,000-20,000 casos, agravando las pérdidas estimadas de USD 100-200 millones por corrupción.

Pero tenemos otro aliciente para mantener la impunidad. La resolución de casos se ve aún más comprometida por la subinversión en investigación forense. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió USD 9,186,002.33 para 2025, según la proforma del Ministerio de Economía y Finanzas, una cifra que apenas cubre USD 918.60 por cada una de las 10,000 capturas anuales, o USD 3,062-4,593 por los 2,000-3,000 casos complejos que requieren análisis. Comparado con los USD 138.27 millones de la Fiscalía, este presupuesto es insuficiente para modernizar equipos o ampliar los 247 técnicos forenses, perpetuando retrasos de 12-18 meses y alimentando la impunidad.

Esta opacidad, criticada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otros informes de transparencia institucional por pérdidas estimadas de USD 100-200 millones anuales por colusión de jueces y fiscales, es un pasivo que no se refleja en los balances oficiales, mientras el sector privado de seguridad crece un 10-15% (USD 550-805 millones) para compensar esta ineficacia, el gasto público sigue creciendo sin resultados.

La impunidad derivada de un sistema judicial ineficaz tiene un precio humano devastador que trasciende las cifras. Familias enteras viven bajo la sombra del miedo en las ciudades y zonas rurales donde la liberación de narcotraficantes y criminales alimenta la violencia cotidiana, con tasas de homicidio que rozan las 70 por 100,000 habitantes. 

La desconfianza en la justicia erosiona el tejido social, empujando a comunidades a buscar protección privada o a resignarse a la extorsión, mientras los niños crecen en entornos donde la ley parece un privilegio inalcanzable. Este desgaste moral y cultural, invisible en los balances de Noboa, genera una crisis de legitimidad que ningún crecimiento económico puede compensar.

Desde un punto de vista económico, la impunidad representa un drenaje silencioso que agrava la fragilidad fiscal. Cada caso desestimado o corrupto implica no solo la pérdida de los USD 160-270 millones asignados a procesar delitos graves, sino también el costo de operativos repetidos y la fuga de inversión extranjera, estimada en cientos de millones anuales por el riesgo país. Empresas que podrían generar empleo y tributos optan por retirarse, mientras el Estado asume gastos indirectos como indemnizaciones por fallos judiciales o refuerzos policiales temporales. Este círculo vicioso, alimentado por la falta de responsabilidad, convierte a la impunidad en un pasivo que multiplica el déficit proyectado de USD 5.457 millones, un lastre que Noboa elude al destacar solo activos superficiales.

Opacidad del Consejo de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, no mantiene un sistema de información financiera que vincule las decisiones judiciales con los costos incurridos; esta falta de transparencia oculta la ineficacia y permite que los USD 800-900 millones se diluyan en el déficit sin rendición de cuentas. Noboa, al enfocarse solo en activos (cifras positivas), ignora este pasivo estructural que agrava las finanzas públicas.

La ausencia de un balance público de capturas, juicios y sentencias para narcotráfico, delitos, crimen y corrupción genera un colapso sistémico. Con un estimado de 10,000 sospechosos capturados en 2025, solo el 20-30% (2,000-3,000) llegan a condena tras 12-18 meses de retrasos, según la Fiscalía; esto sobrecarga al SNAI, porque el 60-70% de los 40,000 internos están en preventiva, costando USD 292-438 millones anuales por hacinamiento, y a la Policía, que gasta USD 10-15 millones custodiando a 5,000-7,000 con prisión domiciliaria. Esta ineficiencia, oculta por la opacidad judicial, amplifica el déficit fiscal.

Parches presidenciales insuficientes

Las bases Homeland Security y la ley de donaciones a las fuerzas del orden (en debate legislativo) buscan aliviar la presión , pero no resuelven la ineficacia judicial ni la corrupción. Sin una reforma que exija balances claros, el déficit y la deuda seguirán creciendo, contradiciendo la "economía saludable" de Noboa.

Aunque existen voces críticas que mencionan los errores metodológicos en el sustento presidencial de que Ecuador ya tiene una economía saludable, el post de Fausto Ortiz D (@faustortizd, 1 de octubre de 2025) revela un déficit fiscal de USD 2,074 millones a septiembre de 2025, proyectado a USD 5.457 millones al cierre del año. Este hueco se financia con una deuda pública que alcanzó USD 85.3 mil millones en diciembre de 2024, creciendo USD 2.5 mil millones por trimestre (CEIC Data). El gasto judicial, parte de los USD 19,794 millones en gastos totales (un aumento del 50.4% desde 2023), contribuye a esta presión.

Noboa destaca reservas de USD 8.602 millones y un aumento de USD 433 millones, pero los datos muestran una caída a USD 8,168.60 millones en agosto (Banco Central), sugiriendo que se usan para tapar el déficit. El ahorro del subsidio al diésel (USD 1.100 millones anuales) no cubre esta brecha, dejando al país en una dependencia insostenible de deuda.

En definitiva...

Un sistema judicial opaco e ineficaz, con un gasto de USD 800-900 millones, agrava el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, mientras la inseguridad persiste. 

La aseveración de Noboa de una economía saludable se desvanece ante un sistema judicial ineficaz, donde los USD 800-900 millones gastados agravan el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, dejando la impunidad abierta a narcos y corruptos. La designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante, respaldada por Mario Godoy —presidente del Consejo de la Judicatura de afinidad gobiernista—, refleja un movimiento calculado de Noboa que podría apuntar a mayor eficiencia judicial o consolidar un control político más profundo.

Y tal como me enseñaron mis viejos maestros del periodismo, el cambio comienza con otra visión de los mis mismo hechos: el Gobierno debe ser más transparente y honesto con sus intereses políticos; mientras que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía deben explicar al país los límites que tienen para convertirse en la punta de lanza para frenar las olas criminales, delincuenciales y de corrupción.

Pero dejo en claro que esto no me desvía de la certeza de que quienes tejen la trama política gubernamental emplean un bisturí robot guiado por algoritmos, tal cual las operaciones de la llamada “década ganada”, donde el brillo económico ocultó fallas profundas y las necesidades personales para tener "una justicia incondicional".

He aquí la importancia de mirar con el entendimiento, una lección que Juan Salvador Gaviota recibió y me transmitió.

------

Advertencia: Este análisis lo empecé a escribir a raíz de que el Presidente de Ecuador expusiera unas cuestionadas cifras económicas asociadas a su gestión; sin embargo, los acontecimientos noticiosos presentados a partir de esa fecha (01-10-2025) hicieron que reconsidere la versión original, consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones legales, por lo que invito al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

------------

Datos sobre el autor de la carta:

Cuenta X: @Zavala_Ra

Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/

Blog de Puerto Cayo: https://raulzavala.wordpress.com/puerto-cayo-manabi/

Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala

Los militares frente al poder político de las mafias

La mega operación militar que se ejecuta en Ecuador ha puesto en evidencia las fortalezas de los grupos delincuenciales en zonas urbanas y rurales; políticamente se habla se un trabajo del llamado "Bloque de Seguridad" en el que participa también la Policía Nacional. Bien puede decirse que existe un antes y después a partir de la última semana de diciembre de 2023, sin embargo se hace indispensable pensar en la reorganización criminal. 

Las unidades militares no están exentas de que
algunos de sus miembros tengan vínculos delincuenciales y narcos.

En este escenario existen hechos que no debe pasar inadvertidos: el domingo 7 de enero del 2024 autoridades informaron que Adolfo Macías, también conocido como 'Fito' y líder de la peligrosa pandilla 'Los Choneros', se había fugado de la cárcel regional de Guayaquil; dos días después 13 sujetos armados ingresaron al estudio del canal TC Televisión en Guayaquil, retuvo al personal mediante el uso de la fuerza pero finalmente la Policía intervino y logró detenerlos sin mayores inconvenientes.

La reacción presidencial fue inmediata. El 9 de enero de 2024, con el Decreto Ejecutivo No. 111 declara un conflicto armado no internacional, es decir, interno, identificando a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Una decisión inédita en Ecuador que llevó a la ejecución de un operativo militar también inédito.

Las consecuencias de esta decisión presidencial finalmente puso al descubierto una dura realidad operativa -en las calles ya se la sabía- de quienes tenían montada una transnacional de robos, asaltos, crímenes, lavados de activos, narcotráfico y otros delitos: el poder político que había captado. Sustentar esto es un camino paso a paso.

El plato fuerte es la incursión integral de los militares en las prisiones. Con el pasar de las semanas las informaciones difundidas por los propios militares dan cuenta de aquello que muchos sabíamos de lo que allá adentro estaba pasando con los presos y la implementación de sistemas de negocios ilegales con la comida, con las comunicaciones, con las armas, con las drogas, con las prebendas, las extorciones; claro también de las confabulaciones con funcionarios penitenciarios.

En pocas palabras y a modo de síntesis: militares evidenciaron el lujo del narcopoder carcelario. Pero las incursiones... mejor dicho, el contraataque militar, no fue únicamente contra los campamentos enquistados en las cárceles, fue en búsqueda y localización de las estructuras que convirtieron a barrios y calles en zonas de asentamientos delincuenciales. Aunque no se lo ha dicho públicamente, este trabajo anticrimen también evidencia la falta de control territorial municipal. 

Entonces se hace pública otra noticia: 19 de febrero, en un boletín sin muchos detalles pero altamente difundido, el Ministerio de Defensa asegura que miembros de las fuerzas de seguridad han decomisado más de 900 millones de dólares como resultados (aunque es más un indicador) de su trabajo. Como otro hito, el 20 del mismo mes la Presidencia de la República hace público el balance en el que se anuncia que son cerca de 9.000 arrestos de los cuales unos 241 están acusados de "terrorismo", además de que se logró decomisar más de 62 toneladas de drogas. Por acaso son datos parciales porque las operaciones siguen.

Ante estos datos, la Fiscalía no ha emitido informaciones sobre el seguimiento a estos casos, es presumible la carga de trabajo que tiene y tendrá la institución, con el agravante que existe una especie de régimen underground de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración y sobornos del narcotráfico, según las declaraciones que hizo la fiscal Diana Salazar ante la Asamblea Nacional el 25 de enero de 2023.

Al margen de esto pero que está conectado es el trabajo que lleva adelante la Fiscalía con el llamado "Caso Metástasis" en que se ha descubierto una serie de lazos entre funcionarios de los distintos niveles de gobierno y de las funciones del Estado con las mafias penitenciarias, las del narcotráfico y de lavados de activos.

Siguiente escenario

Empiezan a encenderse ciertas alarmas. La población se preocupa por la probabilidad que los militares entreguen el manejo carcelario a la SNAI (institución encargada por ley de la administración penitenciaria); el 20 de febrero se instala la cuarta sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Tras finalizar la reunión, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jaime Vela, expuso una de las decisiones de este cuerpo colegiado: “las FF.AA. permanecerán en el control de dichos centros hasta que sea necesario".

Pero también se descubren a miembros de la Policía involucrados en casos de narcotráfico y otros delitos; de igual manera la reacción ciudadana reclama por la depuración militar. Las calles siguen "calientes" con los ataques de los delincuentes y en paralelo la fuerza militar empieza recobrar las zonas urbanas tomadas el crimen organizado, pero en las informaciones no se anuncia el trabajo municipal para apoyar estas gestiones de seguridad.

Otra noticia que aumenta el riesgo de la operación. El ministro de Telecomunicaciones César Martín, asevera que "no es fácil desconectar una prisión sin desconectar a la población que vive alrededor"; este dato es parte de las negociaciones con las telefónicas en que se incluye el rubro seguridad. Las requisas en los centros carcelarios demuestran que la telefonía celular es de alto valor para los internos y los militares, por estrategia, saben que es necesario cortar las comunicaciones del enemigo como puntal para ganar batallas. Aunque también es interceptarlas.

Entonces, conociendo un poco de cómo funciona el narco y las mafias, es complicado no pensar en que puede venir una contraofensiva, porque las perdidas y los daños ocasionados por las incursiones militares no son menores, no creo que hayan estado en las previsiones de estos grupos; seguramente lo más complicado les será recuperar el poder político que les permitía ejecutar sus operaciones con "normalidad" y a sabiendas que están protegidos.

Coyuntura estatal

Ecuador pasa por momentos complicados en cuanto a la gestión pública, desde lo administrativo y lo financiero. Las cinco funciones de Estado han mostrado sus debilidades y los gobiernos locales enfrentan los reclamos ciudadanos, todo con un velo de incertidumbre y sin certezas políticas.

El tiempo es corto para el Ejecutivo, prácticamente está por acabarse este periodo de transición, el Presidente le apuesta a los proyectos económicos urgentes a mismo tiempo que batalla con las mafias legales e ilegales: la Asamblea da paso sin mayores inconvenientes a los pedidos gubernamentales pero se entrampa en sus propios procesos.

La Función Electoral está activada para cumplir la inspiración presidencial de la consulta popular; la de Control Social también está entrampada en sus problemas internos con una serie de procesos para selección de autoridades mediante concursos.

La Judicial entro en un espiral confrontacional y atomización de sus dos organismos: Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. La caída de Wilman Terán fue el inicio de una compleja situación penal y luego en un asunto de reemplazo de Iván Saquicela, pusieron dosis adicionales de inseguridad jurídica. Una compleja "novela" jurisdiccional que hasta tiene párrafos de confabulación.

El trabajo militar

De lo que se sabe, miembros del Ejército, la Marina y la Aviación no fueron preparados para confrontar a los narcos, mafiosos y delincuentes, pero así funciona el sistema y fueron a las calles, aunque no se esperaba que se tomarán las cárceles como una punta de la lanza en un complicado y complejo campo de batalla fortificado. Pero lo hicieron. Lo están haciendo aún sin saber las consecuencias. O tal vez sí lo saben.

Como aliciente el Presidente firma el Decreto Ejecutivo 177 con fecha 23 de febrero del 2024 con el se les otorga a los militares un beneficio en el caso que hayan sido heridos o mueran en el marco de su trabajo, pero siempre y cuando pase el filtro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se trata de una compensación financiera de 460 dólares y se entregará por una sola vez.

Pero no se conoce sobre otro tipo de apoyos más allá de los establecidos en las regulaciones normales para Fuerzas Armadas; no se sabe si es que el personal tienen asesoría legal en caso de situaciones en que se vean comprometidos en temas penales o relacionados con acusaciones por haber actuado en contra de los Derechos Humanos. Una guerra militar no es una intervención en que prevalece la doctrina policial.

Pero también parece que no hay otro blindaje contra los mismos grupos a los que están combatiendo. Tal como he narrado brevemente, el mundo de las mafias le han dado la vuelta a un viejo refrán: si no puedes vencerlos, contrátalos. 

Fuerzas Armadas es (era talvez) una de las instituciones que a la imagen pública se la considera como la de menos filtración de las distintas mafias; por tanto se podría esperar que estos grupos catalogados como "terroristas" se estén reorganizando y en el proceso seguramente estén buscando los mandos débiles y las tropas timoratas para reclutarlos, pero creo que también podría ser que quieran montar una red de espionaje en los distintos repartos militares, sean operativas o administrativas, tal vez hasta en las unidades de Inteligencia.

Nada de lo que aquí cuento puede considerase secreto, cada una de las líneas están estructuradas con base en las experiencias de otros teatros de operación, estudios e investigaciones sobre seguridad, notas periodísticas completas y hasta relatos históricos; consecuentemente, de una u otra forma estamos frente al probable escenario de la crimilegalidad; es decir cuando la brecha entre legalidad e ilegalidad se vuelve confusa. También puedo asumir que ya lo estamos viviendo y que se mantiene.

Un paso en el presente

Por tanto nos queda pensar en los actuales momentos que podrían durar unos meses más. No existe un panorama claro en esta guerra, el esfuerzo comunicacional tanto de Fuerzas Armadas como del Presidente da la impresión que todo va por buen camino porque no es información contrastada, porque el ruido en redes y la velocidad mediática no dan tregua a la sociedad civil para pensar lo que está ocurriendo, para tratar de ver más allá de las espeluznantes escenas de lo encontrado en las cárceles, de los sujetos capturados y catalogados como de alto valor estratégico.

Los medios de comunicación y los periodistas están del lado político, los pocos destellos de las falencias informativas de la institucionalidad pasan inadvertidos en el gran público; en este punto considero que las expresiones como 'soberanía' y 'orgullo' no deberían ser el eje del esfuerzo periodístico, sino pasar a buscar datos que puedan revelar la protección a los militares para que sus esfuerzos no se dispersen con el paso del tiempo y las decisiones judiciales.

¿Por que de este relato? Por que guste o no y a pesar tanto de las fallas como de los errores militares, hoy por hoy son la última reserva moral de la nación, no obstante están en medio del fuego cruzado entre el poder político legal y el poder político ilegal. 

Como van las pérdidas de estos grupos no sería extraño que se consolide la crimilegalidad y la institución pierda su imagen pública, con lo cual Ecuador dejaría de ser una república para ser reconocido como un narco Estado. 

La propaganda de guerra busca al periodismo

Datos sobre el autor de la nota:

Cuenta Twitter: @Zavala_Ra

Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/

Blog de Puerto Cayo: https://raulzavala.wordpress.com/puerto-cayo-manabi/

Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala

Primera temporada de Fiscalía Vs. compras públicas

Publicado originalmente en La Verdad - edición del junio del 2020. Autor: Raúl Zavala Mosquera.

Un día en Ecuador nos enteramos que tanto la Fiscalía como el Gobierno habían creado una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, a las pocas horas empezó un operativo nunca antes visto. Decenas de allanamientos, de personas detenidas; miles de publicaciones que replicaban lo actuado y los titulares en los medios de comunicación pasaron de los muertos a los casos de corrupción.

De pronto ya no fueron importantes las cadenas nacionales, el impacto de la información sobre la pandemia perdió fuerza, las cifras de contagios, de muertos, de recuperados… ocuparon un segundo lugar. La Fiscalía le quitó protagonismo al Covid-19.

El 4 de junio la noticia fue una mecha de pólvora prendida: se ejecutaron los primeros 37 allanamientos en Quito y Guayaquil, en lo que significó el inicio de una arremetida contra los funcionarios que habría hecho compras fraudulentas en el marco de la emergencia sanitaria, a la cabeza el IESS.

Casi a reglón seguido se viralizó con fuerza la detención de Jean Carlos Benavidez, uno de los allegados al asambleísta por Manabí Daniel Mendoza; la Fiscalía siguió las pistas y puso ante un juez al funcionario legislativo a quien lo acusa de liderar una red criminal en que también actuaba Edmundo Tamayo Silva, en esa época Director del Servicio de Contratación de Obras.

Este seguimiento puso al descubierto una trama para lucrar con el contrato del hospital de Pedernales, un proyecto de la reconstrucción que se arrastra desde el Gobierno anterior.

La Función Legislativa entró en una crisis de credibilidad por las sospechas que otros asambleístas estaban involucrados en el manejo hospitalario y, especialmente, en el direccionamiento fraudulento de contratos.

La Fiscalía entró en una normalidad activa en lo judicial y mediático. Siguieron los allanamientos y los arrestos, la incautación de información, aparentemente las pesquisas habían decaído; de pronto una información emergente desde Perú permitió que la mecha no se apague. La avioneta del político Alfredo Adum se estrelló en Tumbes, el reporte inicial: un fallecido y cuatro heridos. No fue cualquier siniestro aéreo.

Las víctimas fueron Jocelyn Mieles Zambrano (exreina de belleza de Manabí), César Rodríguez Fontecilla, David Muñoz Vélez y uno de los vinculados en la trama de corrupción de los hospitales: Daniel Salcedo Bonilla. Falleció el piloto Alfredo Espinosa.

La Fiscalía y el Gobierno plantearon la hipótesis que intentaban huir, porque hubo adulteración en la matrícula de la nave, cambios en el plan de vuelo y otras anomalías detalladas en crónicas periodísticas e informes oficiales.

El caso de Jocelyn Mieles paso de la noticia delincuencia a temas de farándula, hasta el punto que la frase de su abogado defensor se hizo tendencia, así como motivo de memes y burlas: “… ella vive otra realidad.”

Los allanamientos siguieron y cuando parecía que se agotaban los titulares en los medios de comunicación y las emociones en redes sociales virtuales, la Fiscalía nos sorprendió con otro gran episodio: Abdalá Bucaram fue detenido cuando se investigaba un "presunto peculado en contrato para insumos médicos al Hospital del Seguro". De su ingreso a la audiencia de formulación de cargos queda para los memes y la historia el grito: “¡¡Viva la patria!!”

Y entonces… con un poco de gasolina el fuego de la mecha tomó fuerza y otra vez la Fiscalía presentó argumentos ante un juez para que el excandidato presidencial Dalo Bucaram y su hermano menor Michel pudieran ser capturados, la intención era que encontrar más indicios en su probable involucramiento de compras de insumos médicos para los hospitales del sistema de salud en conjunto con Daniel Salcedo Bonilla.

Pero también este caso tuvo su dosis de farándula. Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo y también sospechosa para la Fiscalía, en su rol presentadora de televisión, sorprendió en febrero del 2020 porque anunció que tenía un puesto para vender hamburguesas. Con su vinculación a la trama de los hospitales, las redes volvieron a hervir y los memes compitieron con el protagonismo de la Fiscal.

Uno a uno fueron publicados los resultados de las pericias que alcanzaron a otros funcionarios como el caso del alcalde de Guamote y reconocido cantante Delfín Quishpe, así como al prefecto del Guayas, futbolista y presentador de noticias, Carlos Luis Morales; el brazo de la Fiscalía también alcanzó hasta la Municipalidad de Quito y el Gobierno Provincial de Pichincha.

Cada suceso puesto en escena tuvo en el co-protagonismo a ciertas empresas privadas, entre las que constan vendedoras de hamburguesas, que aparecieron como proveedoras de insumos médicos y que se fortalecieron con el abastecimiento al sistema hospitalario de Ecuador.

En todo lo que está asumiendo la Fiscalía, le vino otra carga bien pesada. La Comisión Nacional Anticorrupción asegura que 23 contratos por un monto de USD 32’550223, fueron analizados entre mayo de 2019 y marzo de 2020, de los hospitales de Quito Enrique Garcés, Hospital General del Sur, Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez, San Francisco y Andrade Marín y de Guayaquil al Teodoro Maldonado; conclusión: evidencia de colusión en la red de salud pública evidenciada por un engranaje de gente que actúa para que todo aparezca legal, cuando todo es irregular.

Pero el final de esta primera temporada de la Fiscalía Vs. las compras públicas en la emergencia sanitaria y crisis de salud, tiene un epílogo predecible: los sospechosos serán llevados a una audiencia de formulación de cargos y allí se definirá el guion para la segunda temporada.

Empiezo, entonces, a imaginar el tráiler; una mezcla entre las fiestas patrias de octubre y el bullicio de la compaña electoral, con los jueces y sus mascarillas, la Fiscal y sus pruebas… melodías de suspenso y una voz en off preguntando: ¿Podrá la Fiscal probar jurídicamente la existencia del crimen organizado en el sistema de salud pública?

Pero yo le completaría con: ¡Próximamente! en sus redes sociales favoritas, seguido de la imagen de la mecha que llega hasta los explosivos pero que no explotan.

Lección de Alfonso Zambrano Pasquel en el caso Alexandra Mantilla

En el mundo de periodismo existen distintas aristas desde las cuales se puede enfocar una "noticia" que bien puede ser desde la inmediatez con la reportería o desde el análisis como una opción para los medios impresos, pasando por la radio y la televisión, con el uso o no de las alternativas que dan las redes sociales virtuales.

Esta reflexión viene al caso cuando a la distancia sigo lo que ocurre con el juzgamiento a los exfuncionarios gubernamentales de Alianza PAIS involucrados en lo que originalmente se conoció como "Arroz Verde" y la importancia política -electoral que ha tomado en el 2020 ante las inminentes elecciones presidenciales y las evidencias de corrupción que maneja la Fsicalía.

De las tantas escenas que componen este juicio, hubo una que me llamó la atención desde el lado de la construcción periodística por necesidad urgente de publicación y la omisión obligada de algunas verificaciones, pero también la preocupante "fe" que podríamos tener algunos periodistas en las fuentes oficiales. La noticia que impulsó este artículo fue "Perito confirma estructura criminal liderada por Correa".

Foto tomada de: Entrevista a Alexandra Mantilla, Directora Instituto Superior "Libertad"

Pues bien, la última semana de febrero fue noticia de portada y de gran actividad virtual, la conclusión a la que llegó Mantilla de su investigación: existió “una estructura criminal corporativa” encabezada por Rafael Correa.

Alexandra Mantilla, que según la Fiscalía es perita en perfilación criminal, expuso sus argumentos durante el sexto día de juzgamiento a exfuncionarios de Gobierno en el caso Sobornos 2012-2016; ella determinó que la víctima de esta estructura es el Estado.

Es indudable que el caso, además de judicial es mediático, pues las partes procesales han establecido una serie de acciones informativas con fuerza a través de redes sociales virtuales, lo que es más visibles desde el lado de la Fiscalía.


El segundo nivel mediático ocurrió cuando la profesional mantuvo "un duelo verbal con el ex presidente Rafael Correa, quien, al parecer, está convencido de que su informe, presentado al tribunal que analiza el caso Sobornos, le perjudica. El ex presidente cuestiona la formación académica y competencia profesional de la mujer, mientras ésta denunció que ha recibido amenazas que le atribuye al correísmo." El relato lo publica Plan V bajo el titular ¿Quien es Alexandra Mantilla y por qué está en la mira del correísmo?

La reacción de la Fiscalía en redes sociales fue en apoyo de su testigo:

#CasoSobornos 2012-2016 | #FiscalíaEc y los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura desempeñan un trabajo técnico y probo, que busca esclarecer hechos en pro de la justicia y en contra de la impunidad (infórmate por canales oficiales) ⬇ pic.twitter.com/jsa0TcQjvt

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 1, 2020

A renglón seguido, se hizo público la parte de un vídeo de la entrevista que tuvo Alexandra Mantilla con Alexis Mera, uno de los procesados, que según se conoció fue grabado por él mismo:

Solo vean esto y saquen sus propias conclusiones! https://t.co/B554y5tqn0 pic.twitter.com/m3AWDZxpY0

— Giovanni López Jr. (@PiojoLopezEc) March 2, 2020

El asunto es que en Ecuador se levantó una polvareda por la situación jurídica, mediática y profesional de la perito; el escenario se volvió confuso. Pero, en lo personal, se me aclaró cuando puede acceder a una publicación tipo ensayo elaborada por el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, especialista en delincuencia organizada y asociación Ilícita, entre otras relacionadas con aspectos penales.

Alfonso Zambrano Pasquel

En su artículo "La perita Mantilla" el jurisconsulto deja claro: "Los comentarios que aquí presento están únicamente basados en la información que pude obtener a través del Internet..." pero incluye aristas explícitas comparativas con lo que se establece en la normativa nacional e internacional.

En el escrito se abordan los siguiente temas:
1. La experiencia de la perita
2. Falta de imparcialidad de la perita
3. La perita se excedió en sus funciones realizando tareas que competen exclusivamente a los jueces
4. Los cuadernos de Pamela
5. El derecho de los acusados a contar con los medios adecuados para preparar su defensa
6. Derecho a la privacidad de los acusados

En uno de los párrafos, por ejemplo, asegura: 'La perita Mantilla, entonces, no tiene realmente un doctorado. No tiene un doctorado formal. Llamar “doctora” a la perita es por lo tanto incorrecto. Quizá por este motivo su título de “doctora” no aparece registrado en la SENECYT.'

Otro aspecto que resulta fundamental para entender el caso de la perita: Conforme al Artículo 18 del Reglamento del Sistema Pericial, la obligación de la perito es “única e integral y comprende las siguientes actividades: cumplir con la designación dispuesta por la autoridad judicial competente, la presentación del informe verbal y/o escrito, la presentación de aclaraciones, ampliaciones u observaciones al informe, la defensa y/o exposición del informe en audiencias orales, de prueba o de juicio; así como cualquier otra actividad necesaria dispuesta por autoridad judicial competente”.

Y así hay un sinnúmero de aseveraciones comparativas que permiten conocer el perfil académico de Alexandra Mantilla, pero también los contextos de sus intervenciones mediáticas luego de exponer ante los jueces sus argumentos periciales.

El 2 de marzo de 2020 Alexandra Mantilla, ingresó al Programa de Protección de Víctimas y Testigos luego de que recibiera amenazas de muerte ella y su familia, informó la Fiscalía.

El ensayo que tiene apariencia jurídica lo puede leer en la "Red de publicación y opinión profesional" y merece una especial atención para quienes ejercemos el periodismo, pues una de las advertencias que hace el Dr. Zambrano Pasquel es que la información la obtuvo de manera virtual en distintas páginas Web.

Como unas reflexiones preliminares yo manejo la idea que la reinvención de los medios impresos ante la irreversible incursión de lo virtual a través del Internet, está en regresar a los ensayos periodísticos (distinto a la crónica) con los cuales se fundaron en América Latina muchos periódicos a finales del Siglo XVIII e inicios del XIX.

 Esta sugerencia la expresé públicamente en mi cuenta Twitter:

Este trabajo del Dr. Zambrano Pasquel es un buen ejemplo de ensayo periodístico. Si yo tuviese poder para publicar entero este análisis en un diario, no lo pensaría dos veces. https://t.co/E4ZLlfcTPa

— Raul Zavala (@Zavala_Ra) March 3, 2020

Misterios sin resolver de la Fiscalía

Las perspectivas ciudadanas con respecto a la Fiscalía General del Ecuador son altas, sobre todo porque existe un ambiente político en que las denuncias sobre corrupción en el sector público gubernamental es multifacética.

La edición 364 de la revista La Verdad publica mi artículo relacionado con la Fiscalía General de la Nación, en que muestro el escenario en que le toca presentarse ante público. Las pistas sobre su accionar podrían ser claras, pero el rastro que deja generan dudas que parte desde su capacidad instituicional.

Cuando publico esta entrada es noticia que la entidad pidió se fijen fecha y hora para realizar una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de concusión contra la exvicepresidente María Alejandra Vicuña.

El titular: Misterios sin resolver de la Fiscalía y a continuación el texto publicado: