En muchas de las calles de Ecuador, donde el eco de las demandas indígenas resuena desde hace casi un mes, muchas voces no alienadas al Gobierno se ha convertido en un blanco invisible pero constante; en medio del caos, periodistas, reporteros ciudadanos y medios de comunicación han enfrentado una oleada de agresiones que cuestiona el compromiso estatal con la libertad de expresión.
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| Jorge Cano, de Wambra Ec, mientras era requisado por un militar a pesar de haberse identificado |
Hace apenas tres meses, en julio de 2025, la Policía Nacional firmó un "Documento de Acuerdos" con gremios periodísticos para garantizar la seguridad de la prensa en protestas sociales, un pacto que hoy parece evaporarse en el fragor de las manifestaciones.
Las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel, el aumento del IVA y proyectos mineros como Loma Larga han paralizado carreteras, generado enfrentamientos y un saldo de al menos un fallecido, más de 100 detenidos y pérdidas económicas superiores a los 42 millones de dólares.
El paro nacional, iniciado el 15 de septiembre y extendido indefinidamente, ha sido un polvorín para la información. Según la Fundación Andina de Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), hasta el 12 de octubre se han registrado 36 agresiones contra periodistas y medios, incluyendo 21 casos de violencia física y restricciones a la libertad de expresión.
Estas cifras no distinguen entre agresores: tanto la Policía Nacional como manifestantes han sido señalados. En Quito, el 5 de octubre, una marcha pacífica contra las medidas económicas del Gobierno de Daniel Noboa terminó en represión policial. Comunicadores de Ecuador Chequea denunciaron que agentes lanzaron al suelo teléfonos y empujaron a reporteros mientras grababan los incidentes, en un claro intento de censurar la evidencia visual.
Videos difundidos en redes sociales capturaron el momento: gases lacrimógenos envolviendo a equipos periodísticos, obligándolos a huir mientras intentaban documentar detenciones arbitrarias.
En las provincias del norte, como Imbabura –epicentro de las movilizaciones–, la violencia ha escalado. El 1 de octubre, en Cotacachi, manifestantes y fuerzas de seguridad chocaron tras un ataque a un convoy humanitario presidencial, dejando 17 militares secuestrados temporalmente y un indígena fallecido por disparos en la espalda. En ese contexto, periodistas independientes reportaron insultos, piedras y palos lanzados por grupos de manifestantes, mientras la Policía desplegaba gases y balas de goma sin distinción, afectando a reporteros que cubrían los hechos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que monitorea abusos desde 2019, documentó detenciones arbitrarias de comunicadores y la destrucción de equipos fotográficos, sumando al menos 24 casos en una semana.
Los reporteros ciudadanos no han escapado al fuego cruzado. En Guayaquil, el 7 de octubre, Camila Martínez, comunicadora del departamento de medios de la CONAIE, fue arrestada mientras transmitía en vivo los bloqueos viales. Condenada a cinco días de prisión por "infringir contra la autoridad", su caso ilustra cómo incluso los narradores internos de las protestas son silenciados.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha calificado estas acciones como un "deterioro alarmante" de la protección a la prensa, exigiendo al Gobierno investigar excesos policiales y garantizar accesos seguros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación similar, recordando que Ecuador acumula más de 30 denuncias de agresiones a reporteros gráficos en apenas dos semanas, con presiones para borrar evidencias de represión.
La Conaie, por su parte, ha intentado mitigar el caos interno emitiendo "salvoconductos" para periodistas que cubran sus movilizaciones, alegando la presencia de "infiltrados" –incluidos supuestos militares disfrazados de reporteros– que provocan disturbios.
Sin embargo, estos pases no han evitado incidentes: el 3 de octubre, en Pastaza, una marcha multitudinaria por la vida y el territorio vio cómo equipos de Teleamazonas eran agredidos con objetos contundentes por manifestantes exaltados.
La reportera de radio Olímpica, Leyda Ángulo y Geovanny Astudillo, corresponsal de TV Cisne fueron detenidos a las 20:00 del 4 de octubre en la avenida Quito, al centro de la amazónica ciudad de Nueva Loja. Los periodistas estuvieron más de 12 horas detenidos junto a otros ciudadanos y estuvieron retenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos; fueron liberados la tarde del 6 de octubre sin acusación particular.
La vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, insistió en que "ningún acto violento está relacionado con el movimiento indígena", pero las denuncias persisten.
El 8 de octubre la periodista María Sol Borja cuestiona el proceder de funcionarios a propósito del ataque a los vehículos oficiales: “…ayer los voceros oficiales hablaron de balas en el vehículo presidencial y de intento de magnicidio. Hoy, ese relato ha quedado desmontado (al menos de forma preliminar) por el trabajo de varios periodistas y medios. Eso nos recuerda por qué no hay que dar por cierta la versión oficial. En periodismo, el gobierno es una fuente, como muchas otras. Y, al igual que las demás, es parte interesada. Sumarse al relato sin dudar no es hacer periodismo.”
Santiago Gil, periodista y operador de dron de Ecuavisa, denunció haber sido agredido por la fuerza pública, mientras cubría la movilización del domingo, 12 de octubre, en el centro norte de Quito; además de él también reportaron agresiones Jorge Cano (Wambra), retenido y requisado por un militar armado, pese a portar chaleco y credencial de prensa. Gabriela Mena (Telesur), agentes policiales destruyeron su teléfono celular mientras grababa la represión.
A ellos se suma: el periodista gráfico David Díaz de @LaPeriodicanet, Marcelo Negrete (Red Kapari), retenido por efectivos de la fuerza pública. Pamela Ledesma (BN Periodismo), agredida por policías mientras intentaba registrar la detención de dos manifestantes.
El caso más reciente, ocurrido la mañana del 13 de octubre en Quito, ilustra la tensión que trasciende las calles y llega a las instituciones. El periodista Enrique Alcívar, conocido por sus intervenciones incisivas en ruedas de prensa gubernamentales, fue restringido de ingresar al Palacio de Carondelet para cubrir el conversatorio semanal de la vocera presidencial Carolina Jaramillo. Alcívar, quien ha cuestionado repetidamente al Ejecutivo sobre temas sensibles, denunció en redes sociales que un militar lo intimidó en los exteriores, prohibiéndole grabar un video del incidente.
"Ahora sí denuncio que fui impedido de ingresar al Palacio de Gobierno", escribió, adjuntando footage que muestra el forcejeo; ante lo cual el periodista Fabricio Vela reaccionó: "Conflicto absolutamente innecesario e inexplicable. Condeno públicamente la censura dirigida a Enrique Alcívar. ¡Solidaridad!"
Ya en la convocatoria de la funcionaria afirmó que el Bloque de Seguridad actúa dentro de sus competencias durante el paro nacional y que la prensa no está exenta de controles ni revisiones. La declaración surge tras denuncias de presuntas agresiones a periodistas que cubren las movilizaciones en varias provincias del país; además, sobre la marcha del domingo indicó que "el número de personas que se manifestaron ayer fue un número marginal frente al total de ciudadanos que habitamos esta ciudad".
Este suceso, ocurrido en el día 29 del paro, ha sido calificado por gremios como un "obstáculo directo a la libertad de prensa" y un eco de las exclusiones vividas en las protestas.
Amnistía Internacional y otras 50 organizaciones regionales han condenado el "uso excesivo de la fuerza" y la persecución a líderes sociales y comunicadores, advirtiendo un "deterioro en la protección de derechos humanos".
Mientras el Gobierno ofrece compensaciones económicas –como 300 millones de dólares en maquinaria agrícola y bonos– y renueva estados de excepción en 10 provincias, el diálogo con la Conaie permanece estancado.
Noboa ha calificado las protestas como "actos terroristas disfrazados", pero la realidad en las calles y otros escenarios, incluidos los de las redes sociales, habla de un país dividido, donde informar se ha vuelto un riesgo calculado.
En este contexto, el acuerdo de julio –que obliga a la Policía a proteger a la prensa incluso en escenas de uso de fuerza– resuena como una promesa incumplida. ¿Cuántas voces más deberán silenciarse antes de que Ecuador recupere el pulso de una democracia donde hacer periodismo no sea un delito? Las protestas continúan, y con ellas, la lucha de muchos periodistas fieles a su oficio por narrarlas sin miedo y a pesar de las limitaciones de un entorno adverso.
Fuentes: ecuavisa.com, prensa-latina.cu, france24.com, tvc.com.ec, rsf.org, oas.org eluniverso.com, resumenlatinoamericano.org, expreso.ec, @losdelmedioec, amnesty.org lupa.com.ec, @LaPosta.
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Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala
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