Sombras sobre el derecho a informar

En muchas de las calles de Ecuador, donde el eco de las demandas indígenas resuena desde hace casi un mes, muchas voces no alienadas al Gobierno se ha convertido en un blanco invisible pero constante; en medio del caos, periodistas, reporteros ciudadanos y medios de comunicación han enfrentado una oleada de agresiones que cuestiona el compromiso estatal con la libertad de expresión.

 Jorge Cano, de Wambra Ec, mientras era requisado
por un militar a pesar de haberse identificado

Hace apenas tres meses, en julio de 2025, la Policía Nacional firmó un "Documento de Acuerdos" con gremios periodísticos para garantizar la seguridad de la prensa en protestas sociales, un pacto que hoy parece evaporarse en el fragor de las manifestaciones. 

Las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel, el aumento del IVA y proyectos mineros como Loma Larga han paralizado carreteras, generado enfrentamientos y un saldo de al menos un fallecido, más de 100 detenidos y pérdidas económicas superiores a los 42 millones de dólares.

El paro nacional, iniciado el 15 de septiembre y extendido indefinidamente, ha sido un polvorín para la información. Según la Fundación Andina de Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), hasta el 12 de octubre se han registrado 36 agresiones contra periodistas y medios, incluyendo 21 casos de violencia física y restricciones a la libertad de expresión. 

Estas cifras no distinguen entre agresores: tanto la Policía Nacional como manifestantes han sido señalados. En Quito, el 5 de octubre, una marcha pacífica contra las medidas económicas del Gobierno de Daniel Noboa terminó en represión policial. Comunicadores de Ecuador Chequea denunciaron que agentes lanzaron al suelo teléfonos y empujaron a reporteros mientras grababan los incidentes, en un claro intento de censurar la evidencia visual. 

Videos difundidos en redes sociales capturaron el momento: gases lacrimógenos envolviendo a equipos periodísticos, obligándolos a huir mientras intentaban documentar detenciones arbitrarias.

En las provincias del norte, como Imbabura –epicentro de las movilizaciones–, la violencia ha escalado. El 1 de octubre, en Cotacachi, manifestantes y fuerzas de seguridad chocaron tras un ataque a un convoy humanitario presidencial, dejando 17 militares secuestrados temporalmente y un indígena fallecido por disparos en la espalda. En ese contexto, periodistas independientes reportaron insultos, piedras y palos lanzados por grupos de manifestantes, mientras la Policía desplegaba gases y balas de goma sin distinción, afectando a reporteros que cubrían los hechos. 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que monitorea abusos desde 2019, documentó detenciones arbitrarias de comunicadores y la destrucción de equipos fotográficos, sumando al menos 24 casos en una semana.

Los reporteros ciudadanos no han escapado al fuego cruzado. En Guayaquil, el 7 de octubre, Camila Martínez, comunicadora del departamento de medios de la CONAIE, fue arrestada mientras transmitía en vivo los bloqueos viales. Condenada a cinco días de prisión por "infringir contra la autoridad", su caso ilustra cómo incluso los narradores internos de las protestas son silenciados.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha calificado estas acciones como un "deterioro alarmante" de la protección a la prensa, exigiendo al Gobierno investigar excesos policiales y garantizar accesos seguros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación similar, recordando que Ecuador acumula más de 30 denuncias de agresiones a reporteros gráficos en apenas dos semanas, con presiones para borrar evidencias de represión.

La Conaie, por su parte, ha intentado mitigar el caos interno emitiendo "salvoconductos" para periodistas que cubran sus movilizaciones, alegando la presencia de "infiltrados" –incluidos supuestos militares disfrazados de reporteros– que provocan disturbios.

Sin embargo, estos pases no han evitado incidentes: el 3 de octubre, en Pastaza, una marcha multitudinaria por la vida y el territorio vio cómo equipos de Teleamazonas eran agredidos con objetos contundentes por manifestantes exaltados.

La reportera de radio Olímpica, Leyda Ángulo y Geovanny Astudillo, corresponsal de TV Cisne fueron detenidos a las 20:00 del 4 de octubre en la avenida Quito, al centro de la amazónica ciudad de Nueva Loja. Los periodistas estuvieron más de 12 horas detenidos junto a otros ciudadanos y estuvieron retenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos; fueron liberados la tarde del 6 de octubre sin acusación particular.

La vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, insistió en que "ningún acto violento está relacionado con el movimiento indígena", pero las denuncias persisten.

El 8 de octubre la periodista María Sol Borja cuestiona el proceder de funcionarios a propósito del ataque a los vehículos oficiales: “…ayer los voceros oficiales hablaron de balas en el vehículo presidencial y de intento de magnicidio. Hoy, ese relato ha quedado desmontado (al menos de forma preliminar) por el trabajo de varios periodistas y medios. Eso nos recuerda por qué no hay que dar por cierta la versión oficial. En periodismo, el gobierno es una fuente, como muchas otras. Y, al igual que las demás, es parte interesada. Sumarse al relato sin dudar no es hacer periodismo.”

Santiago Gil, periodista y operador de dron de Ecuavisa, denunció haber sido agredido por la fuerza pública, mientras cubría la movilización del domingo, 12 de octubre, en el centro norte de Quito; además de él también reportaron agresiones Jorge Cano (Wambra), retenido y requisado por un militar armado, pese a portar chaleco y credencial de prensa. Gabriela Mena (Telesur), agentes policiales destruyeron su teléfono celular mientras grababa la represión. 

A ellos se suma: el periodista gráfico David Díaz de @LaPeriodicanet, Marcelo Negrete (Red Kapari), retenido por efectivos de la fuerza pública. Pamela Ledesma (BN Periodismo), agredida por policías mientras intentaba registrar la detención de dos manifestantes.

El caso más reciente, ocurrido la mañana del 13 de octubre en Quito, ilustra la tensión que trasciende las calles y llega a las instituciones. El periodista Enrique Alcívar, conocido por sus intervenciones incisivas en ruedas de prensa gubernamentales, fue restringido de ingresar al Palacio de Carondelet para cubrir el conversatorio semanal de la vocera presidencial Carolina Jaramillo. Alcívar, quien ha cuestionado repetidamente al Ejecutivo sobre temas sensibles, denunció en redes sociales que un militar lo intimidó en los exteriores, prohibiéndole grabar un video del incidente. 

"Ahora sí denuncio que fui impedido de ingresar al Palacio de Gobierno", escribió, adjuntando footage que muestra el forcejeo; ante lo cual el periodista Fabricio Vela reaccionó: "Conflicto absolutamente innecesario e inexplicable. Condeno públicamente la censura dirigida a Enrique Alcívar. ¡Solidaridad!"

Ya en la convocatoria de la funcionaria afirmó que el Bloque de Seguridad actúa dentro de sus competencias durante el paro nacional y que la prensa no está exenta de controles ni revisiones. La declaración surge tras denuncias de presuntas agresiones a periodistas que cubren las movilizaciones en varias provincias del país; además, sobre la marcha del domingo indicó que "el número de personas que se manifestaron ayer fue un número marginal frente al total de ciudadanos que habitamos esta ciudad".

Este suceso, ocurrido en el día 29 del paro, ha sido calificado por gremios como un "obstáculo directo a la libertad de prensa" y un eco de las exclusiones vividas en las protestas. 

Amnistía Internacional y otras 50 organizaciones regionales han condenado el "uso excesivo de la fuerza" y la persecución a líderes sociales y comunicadores, advirtiendo un "deterioro en la protección de derechos humanos".

Mientras el Gobierno ofrece compensaciones económicas –como 300 millones de dólares en maquinaria agrícola y bonos– y renueva estados de excepción en 10 provincias, el diálogo con la Conaie permanece estancado. 

Noboa ha calificado las protestas como "actos terroristas disfrazados", pero la realidad en las calles y otros escenarios, incluidos los de las redes sociales, habla de un país dividido, donde informar se ha vuelto un riesgo calculado.

En este contexto, el acuerdo de julio –que obliga a la Policía a proteger a la prensa incluso en escenas de uso de fuerza– resuena como una promesa incumplida. ¿Cuántas voces más deberán silenciarse antes de que Ecuador recupere el pulso de una democracia donde hacer periodismo no sea un delito? Las protestas continúan, y con ellas, la lucha de muchos periodistas fieles a su oficio por narrarlas sin miedo y a pesar de las limitaciones de un entorno adverso.

Fuentes: ecuavisa.com, prensa-latina.cu, france24.com, tvc.com.ec, rsf.org, oas.org eluniverso.com, resumenlatinoamericano.org, expreso.ec, @losdelmedioec, amnesty.org lupa.com.ec, @LaPosta.

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La difusa frontera entre la violencia y la política

Publicado originalmente en La Verdad 

Edición No. 408 de julio de 2022

Es bien complicado establecer la frontera entre la violencia delincuencial y la política en las que vive Ecuador, pero no únicamente por lo ocurrido en los 18 días del llamado paro nacional, protagonizado por organizaciones indígenas junto a otras afines a sus objetivos.

Ni bien el Gobierno había estabilizado la crisis penitenciaria que provocaron decenas de muertos, debió abrir de manera urgente otro frente para combatir a la delincuencia que se tomó las calles y a la organizada que tuvo al narco como un enemigo emblemático.

La convulsión política se convirtió en un carrusel para dos de las funciones del Estado: la Legislativa y la Judicial ante la excarcelación del exvicepresidente Jorge Glas. La Electoral se mantuvo al margen, mientras en la de Control Social se “cocinaban” los concursos para la selección de 95 autoridades.

Anunciado estuvo lo que pasaría el 13 de junio de 2022. Las organizaciones indígenas se levantaron en protestas, marchas, cierre de carreteras. Fue una acción política para exigir el cumplimiento de 10 demandas expuestas por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

En paralelo las redes sociales virtuales se convirtieron en otro teatro de guerra, en que las cuentas oficiales hicieron su trabajo; los medios de comunicación, de lado y lado, mostraron escenas del rompecabezas; los analistas, abogados, economistas, especialistas, comentaristas y demás relataron sus verdades; los ciudadanos se enfrentaron entre sí y con las cuentas fantasmas. 18 días y más de intensas escaramuzas mediáticas.

Las carreteras fueron cerradas y la madrugada del martes 14 de junio de 2022 fue detenido Leonidas Iza, por los supuestos delitos de rebelión y de paralización de servicio público, como parte de las protestas. 

La audiencia de formulación de cargos se hizo vía telemática. A nombre de la Fiscalía actúo Marisela Núñez y como abogado defensor Lenin Sarzosa; al inicio del miércoles 15 de julio la Jueza Paola Bedón formula cargos en contra del dirigente como presunto autor mediato del delito de paralización de un servicio público y establece que el proceso se tramite en procedimiento directo, para lo cual convoca a la audiencia de juicio el 4 de julio de 2022; además dicta medidas alternativas a la prisión preventiva y dispuso su liberación.

Se supuso que el paro llegaba a su fin, pero a la iniciativa de paralización se sumaron estudiante y Quito se convirtió nuevamente en el centro del extremo vandalismo. El gobierno de Guillermo Lasso tomó decisiones, emitió un polémico Decreto Ejecutivo signado con el número 455 que puso en alerta a la Asamblea Nacional y en una jugada política lo dejó sin vigencia con otro: el 459.

El Mandatario ratificó las decisiones en respuesta que no satisfizo a la dirigencia indígena: la declaración de emergencia en el sistema de salud, duplicar el presupuesto en educación intercultural, aumentar el bono de desarrollo humano, condonar de deudas, reforzar créditos para el agro, subsidiar la urea, entre otras.

Un paréntesis. En el país dejamos de mirar a profundidad los cambios en la geopolítica y geoeconomía mundial provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como el accionar de Vanguard Group y BlackRock en el manejo de las grandes transnacionales; así como la fluctuación del oro, del petróleo, del paladio y otros minerales, pero también del mercado del silicio. 

Regresamos a Ecuador. Para esto, los reportes de vandalismo y otro tipo de acciones delincuencias empezaron a inundar los espacios informativos, también que el paso de todo tipo de vehículos se había suspendido, incluidos los de transporte de personas, alimentos, combustibles y hasta ambulancias.

Fue evidente que se cumplió la amenaza de Iza cuando termino su audiencia de flagrancia: radicalizar las medidas de hecho. La línea discursiva en el enfrentamiento se mantuvo difusa; el problema alcanzó otras dimensiones en el escenario público cuando el ministro de Defensa Luis Lara, advierte que la democracia “está en serio riesgo” debido a las violentas protestas y el paro nacional y dijo que el “único objetivo” de quienes protestan es crear el pánico, agredir y extorsionar a las empresas, a las instituciones y a las autoridades, y subrayó que las Fuerzas Armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social”.

Para esto, las fuerzas del orden impidieron que los dos bastiones administrativos de la Conaie fueran nuevamente tomados: el ágora de la Casa de la Casa de la Cultura y el parque de El Arbolito; finalmente la Universidad Central fue tomada y se sumó a otros centros de educación superior a los que se les denomino “centros de paz”. 

En Guayaquil, desde la Municipalidad y ante las amenazas que las marchas indígenas podrían llegar hasta la ciudad, desde el miércoles 15 de junio de 2022 se ejecuta el Plan de Protección en su primera fase, de un total de cinco. También reacciona ante el riesgo de quedarse desabastecida de energía eléctrica cuando comuneros se tomaron la subestación de Tisaleo.

Otro ataque grave ataque contra la población fue en Ambato, primero con la contaminación del sistema de agua potable usando aceite quemado; segundo con la toma de las antenas repetidoras en el cerro Pilishurco, con lo cual los medios de comunicación se quedaron sin señal

¿Negociación o extorsión?

En otro intento por encontrar puntos de solución para la violencia y el desabastecimiento de alimentos, el Presidente Lasso acepta las condiciones para mantener un diálogo con la dirigencia del paro, entre ellas que se permitiera el uso del ágora y del parque.

Las carreteras se mantuvieron cerradas, Quito en asedio y sitiado, intentos por destruir la Fiscalía, circularon vídeos de ataques perpetrados por grupos de indígenas a comerciantes y a empresas privadas, también de acciones muy similares a la guerrilla urbana. Extorsión: delito en el cual una o más personas ejercen presión sobre otra para que realice un acto en contra de su voluntad y obtener un beneficio económico o material.

Y aun así se cumplió ese primer acercamiento Gobierno – Conaie. En la mesa de las negociaciones cumplida el 27 de junio, entre los convocantes estuvo Virgilio Saquicela presidente de la legislatura; también representantes de otras funciones del Estado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y miembros de organizaciones que aseguraban ser defensoras de los Derechos Humanos.

Por el lado gubernamental asistieron: Francisco Jiménez, ministro de Gobierno e Iván Correa, secretario general de la administración, acompañados por Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia. El “diálogo” terminó sin acuerdos mientras que en las redes sociales y espacios periodísticos los cuestionamientos hicieron entrever que la crisis estaba alejada de solventarse.

Pero otro complejo escenario político se puso en marcha y nuevamente fue en la Asamblea Nacional, por un pedido de destitución presentado bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna” y que 46 asambleístas correítas de UNES lo firmaron, una movida basada en el artículo 130 de la Constitución del país.

Este tema puso en evidencia que el plan del movimiento indígena tuvo un soporte de los cuestionados miembros leales al expresidente Rafael Correa y sus intenciones de volver a gobernar, más cuando se barajó la inédita opción constitucional de la “muerte cruzada”.

En el otro lado y ante las complicaciones de las negociaciones, el máximo dirigente de la Conaie había comentado la posibilidad de introducir el recurso para revocar el mandato presidencial.

Guillermo Lasso reacciona: “Esto nos deja claro que él (Iza), nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido”; dispone que las fuerzas de seguridad tengan un accionar más contundente.

Conato de la destitución

Cuatro días duró la batalla virtual del artículo 130 en la Asamblea Nacional. La moción para la destitución del Presidente la presentó Fernando Cedeño de UNES que en su conclusión tuvo como argumento que el Mandatario “no ha podido probar la inexistencia de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, evidenciada por la real ocurrencia de los acontecimientos que atentan gravemente en contra de la seguridad, la institucionalidad, el ejercicio de una convivencia normal de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos constitucionales”.

Miles de ciudadanos fueron testigos, pero también duros críticos de los argumentos legislativos, hasta que llegó la hora de la votación y el resultado final fue: 80 votos a favor, 48 en contra, 9 abstenciones; con ello la propuesta del bloque correísta no logró los 92 votos necesarios. 

Dos aspectos que llamaron la atención: Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, votó a favor de la destitución, a pesar que conformaba la mesa de negociación; y, la existencia sin explicaciones de anomalías en el sistema de votación. Las redes sociales ardieron.

La violencia de las bases indígenas se hizo más profunda al igual que la reacción de la fuerza pública. Los impactos fueron cada vez más evidentes, sobre todo en el sistema económico y las finanzas de miles de negocios. Según el gerente del Banco Central Guillermo Avellán, el paro dejó pérdidas valoradas en 1.000 millones de dólares y que el sector privado del turismo, avícola y ganadera, fueron los más perjudicados, mientras que en lo público fue el área petrolera. 

Las intenciones de distintas organizaciones para retomar las conversaciones dieron fruto cuando el Gobierno anunció el miércoles 18 que reanudaba el proceso con el movimiento indígena gracias que aceptó la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

30 de junio de 2022. Nuevamente ante miles de ciudadanos el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron poner fin a las violentas protestas. Muchas de las exigencias fueron aceptadas y otras entraron a una segunda fase de negociación. Guillermo Lasso no estuvo presente en estas negociaciones que concluyó en un “acuerdo de paz”.

El acta fue firmada por los dirigentes de la Conaie, la Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador). Al final el ministro Francisco Jiménez aseguró: "El Gobierno ha sacado lecciones de estos 18 días de paro".

Entre otros aspectos el Gobierno se comprometió y cumplió con la derogatoria del estado de excepción en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Policías y militares dejaron de estar en alerta, los indígenas y otros protestantes abandonaron sus trincheras dejando destrucción y suciedad. Las redes sociales volvieron a hervir por haber alcanzado “la paz”

El fruto de la violencia política

Las confrontaciones, además de las pérdidas financieras, dejaron seis personas muertas y otras 500 con heridas, entre civiles, militares y policías. También la evidencia de un mayor resquebrajamiento social por las insalvables diferencias ideológicas y del racismo invocado por los distintos grupos sociales. 

Pero también logró la reducción en 15 centavos por galón en el precio del diésel, extra y ecopaís en un total de 15 centavos por galón; pero también para que se implementen las políticas de focalización de subsidios. Las demás obligaciones se pusieron en una lista:

- Derogar del Decreto Ejecutivo No. 95 en materia de hidrocarburos.

- Elaborar un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos.

- Reformar el Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en: Áreas protegidas y territorios ancestrales, Zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica y se garantizará la consulta previa, libre, e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas.

- Firmar decretos ejecutivos para intensificar operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos y sostener la declaratoria de emergencia del sistema de salud.

- Plantear políticas públicas compensatorias para el sector rural y urbano, como el aumento del bono de desarrollo humano a 55 dólares, o el incremento del presupuesto a la educación intercultural bilingüe.

- Condonar deudas vencidas de hasta 3.000 dólares a familias campesinas, así como reducir los intereses de los créditos vigentes.

- Subsidiar hasta en 50 % el costo de la urea que usan los agricultores para las siembras.

- Trabajar en una mesa de diálogo para tratar temas pendientes en la agenda de diez pedidos de la Conaie con una duración de 90 días. 

- También en una primera respuesta a la Conaie el Ejecutivo aseguró que “no realizará, ni promoverá procesos de privatización de activos del Estado en sectores estratégicos ni en servicios públicos”; así como sostener la lucha contra la inseguridad.

A lo interno el Presidente realiza cambios en los ministerios. La audiencia para formulación de cargos contra Leónidas Iza fue declarada fallida y convocada para agosto. La Fiscalía tiene al menos 200 investigaciones que van desde homicidio hasta destrucción de bienes públicos. La “guardia indígena” está en la mira de la Policía y lo mismo con grupos que mostraron habilidades especiales en combate urbano.

Cesaron las hostilidades políticas y empezó un trabajo para recuperar Quito e intentar construir la confianza ciudadana. Las carreteras fueron habilitadas y la logística se activó lentamente; poco a poco nuevamente circularon los vídeos de robos, asaltos, asesinatos, secuestros, del amotinamiento en la cárcel Loja… el crimen no es parte del acuerdo de paz.

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Octubre Negro en América Latina

El siguiente artículo de mi autoría fue publicado originalmente en la edición No. 376 de "La Verdad" correspondiente a noviembre de 2019, con el titular: Retrospectiva de un mes fatídico. 

El presente dio un brusco giro que puede quedar marcado en los libros de la historia como “Octubre Negro”, independiente de la perspectiva política o ideológica que cada lector tenga o de las razones por las que la sociedad convulsiona en cada uno de los países de Sudamérica a finales de esta segunda década del Siglo XXI.

¿Cuándo empezó ese Octubre Negro? No existe una fecha ni acontecimiento que pueda decirse fue el detonante, pero mirar únicamente los clímax de los acontecimientos es quedarse disfrutando de la espuma de la cerveza; por tanto, se hace indispensable poner sobre esta mesa y como piedras angulares algunos de los acontecimientos no violentos:

1.- Pasó inadvertido y parecía un simple grupo de políticos de izquierda, pero en las últimas semanas empezó a tomar fuerza y a ocupar las portadas: el 14 de julio de 2019 nos enteramos de la existencia del Grupo de Puebla, que se auto definió como “…un espacio de reflexión y de intercambio político en Latinoamérica.”

2.- Nicolás Maduro fue entrevistado por Rafael Correa, el programa se difundió el 18 de septiembre de 2019 por el canal gubernamental Russia Today, que tuvo repercusiones en redes sociales, pero muy pocos análisis de las perspectivas, además sin datos entre líneas que pudiésemos haber extraídos de aquella “conversación” entre amigos.

3.- Un hecho que sorprendió la víspera del 1 de octubre y al que América regreso a mirar: “He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias anticipadas…” fue el mensaje que dio el presidente del Perú Martín Vizcarra cuando se agudizaron los enfrentamientos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que inició hace tres años.

4.- Bajo presiones por el terrorismo que azotó principalmente Quito, el 14 de octubre el presidente de Ecuador deroga el polémico Decreto 883 que entró en vigencia el 1 de ese mes y que se había emitido siguiendo los compromisos ante el FMI, lo que le permitió al Gobierno acceder a créditos para enfrentar un déficit fiscal bastante complejo.

5.- La violencia se había desatado en las calles de Ecuador y Chile, el mandatario venezolano dio una voz de alerta cuando el 20 de octubre aseguró: “El plan va perfecto, ustedes me entienden. Todas las metas que nos hemos puesto en el Foro de Sao Paulo se han realizado. Así debemos seguir.”

6.- El 20 de octubre los ciudadanos bolivianos llegaron a una controversial votación en que Evo Morales, miembro del Foro de Sao Paulo, buscaba la reelección presidencial que finalmente no ocurrió porque se vio obligado a renunciar y asilarse en México; el 27, los argentinos permitieron vía elecciones al kirchnerismo volver al poder, también parte de las izquierdas latinas.

7.- Con las violentas novedades registradas en algunos países hasta el 31 de octubre, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, convoca desde La Habana a la defensa de América Latina como “una zona de paz” y lo hizo en una reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, en la que puso de relevancia la importancia de articular la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda en la región.

8.- Una revelación periodística puso contra la pared a la justicia brasileña, cuando en junio del 2019 se difundieron unos audios de conversaciones relacionadas con la Operación Lava Jato (desencadenante de la trama Odebrecht) y que culminó con el controversial fallo de la Corte Suprema al determinar que ninguna persona debe cumplir sentencia mientras esté en curso una apelación: el beneficiario fue el expresidente Luis Ignacio “Lula” da Silva. El 8 de noviembre el expresidente salió de la cárcel, sin que signifique estar libre del veredicto de culpabilidad.

9.- Aún sin posesionarse, Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, tuvo un encuentro con las izquierdas en la segunda semana de noviembre, y entre los acuerdos logrados está la puesta en marcha de un think tank, con la creación del “Centro Marco Aurelio García, como un espacio de reflexión y elaboración de propuestas progresistas de política pública del Grupo de Puebla.”

10. El otro país que empieza a evidenciar problemas sociales y que de alguna manera parecía al margen de este “Octubre Negro” es Colombia, más cuando una encuesta registra que la desaprobación del presidente Iván Duque llegó al 69 % después de un año y tres meses de asumir el cargo, considerando que está en juego el futuro del proceso de paz firmado hace tres años con las FARC y el escándalo por el ocultamiento de la muerte de niños en un bombardeo contra un campamento de este grupo guerrilleo asociado al narcotráfico. Las convocatorias a un paro nacional tienen como base la cifra del desempleo que lleva ocho meses por encima del 10%.

11. El caso Uruguay. En medio de las crisis políticas de América Latina la excepcionalidad de este país es evidente, hasta ahora.

Mientras esto ocurre en el lado de las izquierdas, en la otra orilla el Fondo Monetario Internacional expuso su perspectiva respecto a la economía latinoamericana para este último trimestre y en la que concluye que la desaceleración global lastra la economía de la región, cuya recuperación para el 2020 dependerá de China y Estados Unidos; además, asegura que la actividad económica se desaceleró de forma notable al arrancar el 2019, hasta el punto de que la previsión para diciembre es que se estanque en un 0,2%.

Pero también está el mayor bloque comercial: la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México) de la que aún no se conoce si sufrirá golpes por los acontecimientos políticos. Tomar en cuenta que Ecuador trabaja para que se le incluya en esta estructura de alto nivel en cuanto a lo comercial.

Las consecuencias financieras y sociales de “Octubre Negro” por ahora son impredecibles, considerando que por metodología he dejado al margen de este análisis, la no menos importante injerencia de la economía narco.