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13 de diciembre de 2019

Javier Ortega y Paúl Rivas siguen haciendo periodismo

Javier Ortega y Paúl Rivas de alguna manera siguen escribiendo historias sobre los problemas que seguramente aún enfrenta el Gobierno de Ecuador en aspectos de seguridad y de protección ciudadana. Lo lamentable es que muchos periodistas estamos dejando que esos problemas se "enfríen" en beneficio de quien guarda secretos sobre una crítica situación de orden público.

Lo que va descubriéndose sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, permite ver con más claridad que una "verdad oficial" que enmudeció e hizo llorar a una gran parte de la población, pudo ser un conjunto de declaraciones políticamente oportunas y mediáticas.
Los fertros con los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra luego ser sometidos a la necropcia en Cali Colombia. (Foto de codigovidrio.com)
En un nuevo capítulo de esta crisis de seguridad por la que pasó el Gobierno y que al parecer no supo manejarla, se escribió este jueves 12 de diciembre de 2019 cuando "El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de DD.HH. presentó en Washington su informe final sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de El Comercio. La investigación confirma que los cautivos no fueron ejecutados de forma premeditada por los disidentes de las FARC, lo cual deja sin piso la tesis de la fiscalía colombiana." según el relato de codigovidrio.com.

El portal explica que "Los investigadores del ESE, encabezados por Luz Adriana Camargo, describen descoordinaciones, vacíos y errores recurrentes de procedimientos y protocolos de seguridad a diferente nivel. Empezando por el comité de crisis y el equipo negociador, y pasando por las operaciones de Policía, FF.AA. hasta las investigaciones poco técnicas de las fiscalías. Es una radiografía que muestra fallas estructurales y estrategias en materia de seguridad en los estamentos políticos y de seguridad, incluidos los sistemas de inteligencia. Por la crisis fallecieron diez personas en la frontera, incluidos 4 marinos, el soldado Wilson Ilaquiche, Katty Velasco y Óscar Villacís."

Ricardo Rivas, hermano de Paúl y quien se ha mantenido firme en el seguimiento de la investigaciones y en la búsqueda de conocer con exactitud lo ocurrido, luego de la exposición en Washington, difundió su punto de vista y entre sus argumentos está lo que dejaron de hacer las fiscalías de Colombia y Ecuador:
Y un dato adicional: "En el documento de 103 páginas se explica que los investigadores del ESE entrevistaron a los patólogos, que realizaron las autopsias, así como a un experto en balística. Todos coincidieron en “no haber hallado evidencia de que las víctimas estuvieran sometidas o atadas en el momento de ser asesinadas”, como indicaron disidentes ante la Fiscalía. Tampoco establecieron patrones de una ejecución planificada."

Con estos nuevos datos surgen nuevas dudas sobre la manera en que el Gobierno maneja la información y ponen en evidencia que las declaraciones oficiales sobre transparencia de la información entra en el campo de los condicionamientos, seguramente, para que no afecten la imagen presidencial.

Esta "papa caliente" que tienen los funcionarios, queda clarificada el momento en que en las conclusiones y recomendaciones se plantean las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro?
b) ¿Qué papel cumplió el Comité de crisis?
c) ¿Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse?
d) ¿Cuándo se tomó la decisión de la ruta a seguir?
e) ¿Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico?

En el numeral 336 está plasmada una de las recomendaciones que, desde mi perspectiva, será una de las más complicadas de cumplir, pero que es la piedra angular:
Ante todo este acontecimiento, Fundamedios, la organización de a sociedad civil más fuerte para evidenciar los problemas en el ejercicio periodístico, hace público su política en este caso: "solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas."

Otra de las importantes evaluaciones sobre lo mencionado en el informe, es lo que publica la cuenta en Twitter que da seguimiento permanente al caso:
Para quienes estamos inmersos en el periodismo y aspectos de investigación, es de gran utilidad leer el documento completo, en PDF: SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE INVESTIGAR LOS HECHOS QUE RESULTARON EN EL SECUESTRO Y ASESINATO DE: JAVIER ORTEGA, PAÚL RIVAS Y EFRAÍN SEGARRA (INTEGRANTES DEL EQUIPO PERIODÍSTICO DEL DIARIO “EL COMERCIO”)

No es posible aún escribir el final de esta historia, con lo cual bien podemos contribuir día a día para que este lamentable insuceso, deje lecciones fundamentales, tanto de los hechos como de lo que implica enfrentar al poder del Gobierno cuando quiere mantener ocultos sus desaciertos.

29 de julio de 2018

El periodismo no es sólo libertad de expresión

Si pensamos que con las reformas planeadas a la Ley Orgánica de Comunicación, mejorará el periodismo en Ecuador, realmente estamos equivocados.

Lo que se quiere hacer con ese cuerpo legal es apenas una pequeña parte de todo el engranaje que implica la comunicación social y que está relacionada con los modelos de negocios y de gestión que se usan para la difusión de información.

Hasta ahora no se pone sobre el tapete los costos que implican a las empresas e instituciones públicas la emisión de mensajes hacia los diversos grupos humanos y áreas geográficas, no se ha evidenciado el mercado de la comunicación social ni se ha delimitado el rango de acción de lo público con lo privado y lo comunitario.

Otro gran problema que no analizan las más de 10 propuestas reformas es que existen marcadas diferencias entre medios impresos y medios audio-visuales; cada segmento tiene sus características y funciones diferentes para poner poner al aire los variados productos informativos, así como lo que ocurre con los segmentos y distribución de los medios impresos.

El sistema empresarial de producción y difusión de contenidos informativos no está contemplado en aquellos beneficios y facilidades que reciben otros sectores privados, para mejorar sus procesos así como la actualización de sus equipos y maquinarias.

¿Cuánto le cuesta a una estación televisora ya una radiodifusora mantener las frecuencias concesionadas por el Estado? ¿Cuáles son los costos de compra o importación de papel, tintas y otros insumos para la impresión de diarios y revistas? ¿Cuánto representa la carga laboral por cada tipo de medio de comunicación social así como de los costos administrativos y operativos?

Mientras en las reformas legales no se planteen aspectos financieros, administrativos y operativos diferenciados en las empresas comunicacionales, bien complicado será que la calidad y variedad de los contenidos mejoren en función de la responsabilidad social y el accionar estratégico nacional.

La gran pregunta en definitiva: ¿Cuánto cuesta llevar una nota periodística al público diferenciando si es para radio, prensa o televisión? Lo que conlleva a plantearse otro problema: ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para cubrir esos costos?

El buen periodismo de notas duras o deportivas o del tipo que sean, requiere de sustentos logísticos que deben ser pagados conforme su precio y más por su valor, lo que induce a pensar que la libertad de expresión y la de prensa están sujetas indefectiblemente a los modelos de negocio en los medios de comunicación social.

Si no hay correcciones de políticas empresariales en el sistema legal ecuatoriano, en el corto plazo habremos perdido un recurso estratégico en la saludable marcha de la República del Ecuador como es el periodismo de calidad, además que el espacio queda libre y sin guardia para el perfeccionamiento del Estado de propaganda.

Artículo publicado en la revista La Verdad.

11 de febrero de 2018

Otra realidad de la tenue línea roja electoral en Ecuador

Con los resultados oficiales proclamados, termina la fase de consulta popular y referéndum en Ecuador, se ingresa a la de implementación, a pesar que las cifras parciales consolidadas en los "votos válidos", dejan por fuera al resto de opiniones. ¿Qué nos muestran los datos generales consolidados? ¿Es decisión del "pueblo"?

A esas dos preguntas le sumo una más: ¿Hubo realmente una victoria del Gobierno? y respondo: al parecer no, según los cálculos que hice con base en los reportes oficiales del Consejo Nacional Electoral.

Pero a continuación se encuentran gráficos que resultan de los cálculos con matemáticas electorales,en un primer cuadro se encuentran consolidados los resultados que individualmente difundió el organismo electoral:


Para la toma de decisiones en cuanto a la aplicación legal de los resultados únicamente se consideran los votos por el Sí y por el No, dejando por fuera a los nulos y blancos; en este primer análisis me llamó la atención la anomalía que el ausentismo no es igual en las 7 preguntas ¿Por qué?

En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes diferenciados y que por metodología sumé los votos que no fueron directamente para el Sí, además del ausentismo. El 100 % del universo se consideran las 13'026.598 personas registradas por la autoridad como "electores".

Lo interesante resulta al mirar a los dos lados de la tenue línea roja del 50 %, sin considerar los aspectos legales porque son construcciones políticas para distorsionar la realidad numérica de los votos, por tanto el escenario se muestra distinto a la "oficial", motivo de grandes titulares públicos y privados.


¿Qué hubiese pasado si los votos blancos se asignan al de mayor porcentaje? ¿Qué hubiese pasado en Ecuador político si es que el ausentismo y el No fueren tomados como opinión válida? Por ahora pasemos a revisar pregunta a pregunta y lo que nos muestran los datos generales motivo de este análisis, además para entender el contexto transcribiré las preguntas planteadas por el Ejecutivo.

Aclaración: asumo que quienes dejaron su voto en blanco o lo anularon, opinan que no están apoyando directamente al Sí; además aun hace falta saber las razones del ausentismo.

Pregunta 1 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?

En términos generales esta fue una pregunta ganadora, el 27 % no voto por el Sí y el 19 % no se presentó a votar. El origen de los datos puede ver AQUI (PDF)
Pregunta 2 del referéndum: Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?

Si se sigue la lógica anterior esta es pregunta perdedora, pues no votaron por el Sí el 34 % y no votó el 19 %. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)
Pregunta 3 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?

La segunda pregunta perdedora. El 35 % de votantes no apoyaron directamente al Sí más el ausentismo del 19%. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)
Pregunta 4 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?

Segunda pregunta ganadora, tiene en contra un 27 % con el ausentismo del 19 %.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)
Pregunta 5 del referéndum: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

Cuando se suman los porcentajes que no son Sí resulta 6'548.442 votos, contra los 6'486.181, puede leerse como otra pregunta que pierde el Sí, considerando que porcentualmente es un 50 y 50.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)
Pregunta 1 de la consulta popular (6): - ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”?
Cuarta pregunta perdedora considerando que del universo de votantes el Sí obtuvo el 46%.
El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)
Pregunta 2 de la consulta popular (7): ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
Es posible asegurar que 32 % más el 19 % hacen contrapeso al 49 %, con lo cual tampoco es una pregunta ganadora. El origen de los datos puede ver AQUÍ (PDF)
De cada una de las lecturas realizadas a los números electorales, es posible deducir - además de lo mencionado a inicio- que existe la necesidad de rehacer el sistema electoral desde los conceptos de votos para que tenga una adecuada interpretación en el contexto real democrático como base de un sistema republicano. 

De una u otra forma la votación obligada y con interpretaciones legales obsoletas, es una herramienta para la administración pública, pues deja sentada en las masas de personas la idea que las decisiones que toman los funcionarios están en el marco de lo que el "pueblo quiere".

15 de mayo de 2016

Terremoto en Portoviejo: capítulos de heroísmo o vergüenza

El titular de este post nació a partir de una conversación con la @mmcuesta, luego que yo empezara a subir algunas de las fotos que hice durante un recorrido por los exteriores de la Zona 0 de Portoviejo.


Durante estos 30 días se han publicado miles y miles ¿millones? de historias, desde medios de comunicación hasta las escritas por usuarios en las redes sociales, de ciudadanos y de cuentas institucionales. Cada una con vida propia.

El ímpetu mediático del terremoto decae lentamente porque así lo exigen los actuales cánones comunicacionales: los de masas, los de políticas nacionales y de interés social; pero la desgracia sigue allí… seguirá por mucho tiempo aunque todo parezca normal.


Esta foto la tomé 15 horas después del terremoto. algo
del caos inicial había pasado y aun había shock.
Cuando subo este post habrán pasado 30 días de aquel histórico momento en que el terremoto en Manabí nos sacudió como nación, como sociedad, como familias y como personas.

En esta época no escribí ningún comentario, artículo o “noticia”, me dediqué a publicar en mi cuenta de Twitter una gran cantidad de historias cortas en un promedio de 50 tuits diarios.

Allí están pero no son suficientes, ni nunca lo serán.

Tengo pendiente autorrelatarme públicamente lo que viví aquella noche del 16 de abril del 2016, sin cámara fotográfica ni de vídeo, tuiteando con lo poco de batería que le quedaba a mi teléfono y escuchando la radio del patrullero que se apostó a la entrada del puente Papagayo en Portoviejo, que ya había colapsado y por el que decenas de personas buscaba pasar.

Esa noche fueron 98 tuits que alcancé a publicar, no se sabía a ciencia cierta lo que había pasado, los rostros de incertidumbre y lágrimas se vivieron con los vecinos, todos en las calles sin saber cuál era nuestra realidad de Manabí.

En la radio que logramos sintonizar en los autos, exactamente Caravana, fue la  más datos arrojó en esos momentos, no hubo electricidad para la televisión y en ese escenario uno de mis tuits de aquella noche fue el que más impacto entre mis seguidores:



Luego del amanecer del domingo 17, fui hasta el puente Papagayo, a mirar lo que la noche anterior nos había dejado estaban colapsados los accesos, allí fui uno de los testigos de un acontecimiento que me sorprendió y que luego de hacer las fotos, pensé que nunca publicar una de ellas porque pareció un absurdo; me equivoqué porque supe que allí estaba el mensaje oportuno:


El tiempo pasa, el shock de aquella noche está registrado en millones de memorias, se enfrió la urgencia y el murmullo mediático es, por suerte, aun audible pero que va generando grandes dudas ciudadanas; una de ellas, la mía, la dejé en el micro blog:


El sábado 14, regreso al lugar pude nuevamente ser testigo de lo que allí se podía mirar y mucho pude fotografiar, pero hasta que no llegué a casa y las miré en una pantalla grande no supe lo que captado; una de esas fotos fue la del almendro en la calle Sucre y Rocafuerte, con un añadido que ofrece Google Maps:


En esta captura de pantalla es posible mirar el lugar donde está
el árbol cuando el Google Car recorrió Portoviejo.
Me permito publicar otras tres de mis breves historias posteadas en mi cuenta Twitter pero usando las fotos originales que tomé:

Portoviejo Córdova, mirando hacie el centro de la ciudad.
Esta es otra de mis fotos que lleva como título "Contrastes post terremoto en Portoviejo"
Tomada el sábado 14 de mayo del 2016, 29 días después.


Terremoto en Portoviejo, 29 días después.
Entre hierros retorcidos y escombros siempre hay una señal de vida que viene de los ciudadanos.
Tomada el sábado 14 de mayo del 2016, 29 días después.

Terremoto, 29 días después en Portoviejo
Reconocer la nueva imagen del centro de #Portoviejo solo depende de los letreros sobrevivientes y la memoria.
Tomada el sábado 14 de mayo del 2016, 29 días después.

Pero al final de esta primera crónica que sumo a mi blog, por ahora me queda la incertidumbre y el misterio de aquellas historias de heroísmo ciudadano y los actos que nos avergüenzan como sociedad, plasmado en un mismo escenario.

5 de julio de 2011

En Portoviejo siete grandes problemas no resueltos

Ampliar fotografía para mirar detalles
A simple vista es posible determinar que la ciudad de Portoviejo tiene problemas que los viene arrastrando desde las administraciones municipales anteriores y que la actual, al parecer, no logrará solventarlos y quedarán de “herencia" para la próxima.


Por lo pronto, solo es una vista de tipo urbana, pues sería necesario hacer un recorrido por el resto del cantón Portoviejo para tener una idea aproximada de la problemática y de los procesos para solucionarla; así mismo la exposición de los problemas están puestos en forma aleatoria y resumidos en siete bajo un criterio de impacto social y productivo, que bien pueden ser rebatidos, refutados y hasta cuestionados, por último, desechados.


Parto del criterio que el éxito de una administración pública se basa en la capacidad para resolver problemas, no en aquellas “obras” que son origen para el accionar de las Relaciones Públicas. ¿Cuántos problemas recibió y cuantos solucionó? 


No considero oportuno ampliar en detalles, ya que los problemas son evidentes con la simple observación:


1.- Contaminación del Río Portoviejo
Aunque no es un problema únicamente de Portoviejo, la precaria situación de este río en el cauce que cruza por la ciudad no es posible advertir acciones efectivas y permanentes para evitar que su degradación siga. Es posible mirar una serie de alcantarillas que directamente llegan a las orillas y descargan aguas negras y grises, basura y falta de mantenimiento de sus riveras.


2.- Obras y servicios públicos sin control
Cada una de las obras públicas físicas, tanto del propio gobierno municipal como del gubernamental, que se ejecutan no cuentan con los controles necesarios para que se cumplan acorde las normativas arquitectónicas de seguridad y de cumplimiento de las ordenanzas. Con las construcciones privadas ocurre lo mismo. En cuando a los servicios públicos: no tienen calidad, incluye la seguridad ciudadana tanto para afrontar desastres como para combatir la delincuencia. Es necesario sumar la recolección y disposición final de desechos sólidos; botadero de basura es aun el mayor contaminante urbano.


3.- Caos en la movilidad urbana
La destrucción vial es innegable, la falta de organización y el incumplimiento de las ordenanzas, originan que en la ciudad sea factible la sana convivencia entre vehículos y peatones. Aceras convertidas en almacenes y comedores, tanto en el día como en la noche, están ahí sin que existan evidencias que estén aplicándose acciones de ordenamiento. Choferes de automotores, transportación pública y taxistas, motociclistas, tricicleros y ciclistas sin el mínimo respecto a la ley y a la sana convivencia. 


4.- Vendedores ilegales en la calle Chile
Como quiera que se autodenominen, quienes se han tomado la calle Chile para ejercer alguna actividad por fuera de la ley, han generado desorden, suciedad, inseguridad y una orgia comercial. En este contexto se levanta un “edificio” que trata de ser utilitario. Algunas ideas legislativas tratan de tugurizar esta parte céntrica de la ciudad y además de regalar espacios públicos. 


5.- Anarquía en mercados 1 y 2
Estos dos centros de abastos son totalmente contrarios a normas higiénicas y de seguridad alimentaria. Ausencia de total de acciones de ordenamiento. Basta con ir a dar un “paseo” por estos sitios para percatarse de la realidad.


6.- Legislación local sin evaluación
Tal vez cientos de ordenanzas están publicadas. ¿Cuántas de ellas son oportunas y pertinentes? No existe un proceso para determinar si son válidas, aplicables o son necesarias; se desconoce el costo de su aplicación y sin que tengan visos de estar apegadas a una realidad urbana. ¿Cómo nació cada una de las ordenanzas? ¿Viven aún? ¿Dónde están sistematizadas? ¿Cuántas más están esperando ser publicadas? ¿Dónde están las actas de las sesiones en que fueron analizadas, sociabilizadas, discutidas? Existe un agujero negro de la legislación local. 


7.- Ausencia de transparencia en la gestión pública
No debe confundirse acciones de relaciones públicas con transparencia de la gestión pública, en este caso, municipal. La información sobre el manejo y administración municipal no es pública, es parcial y desactualizada. No es posible localizar libremente el informe de traspaso de administración a administración. Por ejemplo: Las actas de entrega recepción de la administración de Alberto Lara a Patricia Briones y de ella a Humberto Guillem, nos darían pistas de la situación de mejora o empeoramiento de la ciudad. En definitiva. No es de fácil acceso a datos fidedignos (actuales e históricos) de las recaudaciones, de la gestión jurídica, de los pagos, de la contratación, del trabajo de la comisiones, del trabajo de los concejales, del uso de recursos financieros y no financieros, de los informes de los directores departamentales, los informes de auditoría y de Contraloría, rendición de cuentas… de esta administración y de las anteriores. Oscurantismo informativo.



9 de enero de 2011

GAD’s en Manabí incumplen con ley de acceso a la información pública


La democracia no es únicamente el voto o los procesos electorales. La democracia es el conjunto de relaciones existentes entre ciudadanos que controlan al poder político y el poder político en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la sociedad.

En este marco, una de esas relaciones tiene que ver con la información pública de la gestión que ejecuta el poder político en beneficio de los ciudadanos y que es financiada con recursos financieros y no financieros del fisco y que no se refiere exclusivamente a la publicación de boletines de prensa.

La Constitución vigente en Ecuador dispone de una serie de componentes para que la gestión pública cumpla con transparencia, para lo cual existen mecanismos establecidos, entre otros, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, principalmente lo mencionado en el Art. 7 que dispone expresamente el tipo de información que debe estar disponible.

Para efectos de este artículo es necesario plasmar lo dispuesto en el Art. 297 de la Constitución de la República del Ecuador: “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.” “Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.

Además, existe la disposición del Ministerio de Telecomunicaciones y Acceso a la Información para que las instituciones del sector público que utilizan el dominio de Internet gov.ec, realicen las gestiones necesarias para el cambio al dominio de Internet gob.ec, de tal manera que a partir del 1 de enero del 2011 todas las Instituciones Públicas deberán aplicar el dominio gob.ec de sus páginas web institucionales. (Acuerdo No. 64 del Mintel).

Otra de las instancias que regula y controla el acceso a la información pública es la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, misma que en su Artículo 13 establece las que una de las atribuciones en el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.- será el de “Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gestión de los asuntos públicos, la ética en el uso de los bienes, recursos y en el ejercicio de las funciones públicas y el acceso ciudadano a la información pública.” (Lit. 1).

Mientras que del mismo artículo, el literal 3 dispone “Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, que no entreguen la información de interés de la investigación dentro de los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información, serán sancionadas por el organismo de control correspondiente a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

WEB’s municipales
En el marco de lo antes mencionado, el 8 de enero de 2011, entre las 18h00 las 24h00, se procedió a revisar las páginas WEB institucionales de los 22 municipios que conforman la provincia de Manabí y se llegó a la primera conclusión que se llegó es que existe incumplimiento de las disposiciones legales de la información pública correspondiente al año 2010; además, 13 páginas WEB municipales disponen del dominio gob.ec y 9 continuaban con gov.ec.

Conforme el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública son al menos 18 ítems generales de información que deben contener; se revisaron enlaces aleatorios en cada una de las páginas en que decían contener información y el resultado sin calificación pero sí con observaciones estableció que por una mera coincidencia 11 WEB’s municipales no poseen información y 11 disponen de información incompleta y/o desactualizada. Específicamente:

Ord.
Municipio
Dirección WEB
Observaciones
1
24 de Mayo
No posee información
2
Bolívar
Información incompleta
3
Chone
Información incompleta
4
El Carmen
No posee información
5
Flavio Alfaro
Información incompleta
6
Jama
No posee información
7
Jaramijó
No posee información
8
Jipijapa
Información incompleta
9
Junín
No posee información
10
Manta
Información incompleta
11
Montecristi
No posee información
12
Olmedo
Información incompleta
13
Paján
Información incompleta
14
Pedernales
No dispone de información
15
Pichincha
No dispone de información
16
Portoviejo
Información incompleta
17
Puerto López
Información incompleta
18
Rocafuerte
No dispone de información
19
San Vicente
No posee información
20
Santa Ana
Información incompleta
21
Sucre
No dispone de información
22
Tosagua
Información incompleta


Consejo Provincial de Manabí
En este mismo sentido, la página WEB oficial del Consejo Provincial de Manabí http://www.manabi.gob.ec en el enlace /ley-de-transparencia la información pública es incompleta y no actualizada correspondiente al año 2010, sobre todo en el tema de presupuestos, informes de gestión, auditorias y contratos. 

Son parte del Consejo Provincial de Manabí que tiene sus propias páginas WEB: la Agencia de Desarrollo Productivo de Manabí, ADPM; la Agencia de Promoción de Inversión de Manabí, APRIM. En ninguna de ellas existe información relativa a lo dispuesto en el Literal 1 del Artículo 13 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, en cumpliento al Literal 3 del mismo artículo. 

De acuerdo con el  Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -Senplades- , Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador –Concope- Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC –, Consejo Provincial de Manabí y la Agencia de Desarrollo de la Provincia de Manabí, debería existir información pública respecto al desarrollo e implementación de un sistema de información en la provincia de Manabí orientada a la modernización de la gestión por resultados; también sobre el desarrollo e implementación de una metodología para el levantamiento anual de información socio-económica con desagregación a nivel parroquial mediante encuestas. en la WEB del Sistema Provincial de Información - Manabí: http://manabi.sni.gob.ec no existe vínculo a Ley de Transparencia

Juntas Parroquiales
Constitucionalmente las juntas parroquiales son una de las categorías de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Art. 238) y por tanto también están en la obligación de cumplir las disposiciones legales respecto al acceso a la información; en ningún caso la ley hace excepciones.  La provincia de Manabí cuenta con 53 parroquias rurales, reunidas en La Asociación de Juntas Parroquiales y Rurales de Manabí, Asojupar.

Hasta el 8 de enero de 2010, no fue posible localizar ninguna web oficial de las juntas parroquiales de Manabí, ni la de la Asojupar.

Información que debería estar disponible
Para el caso de los GAD’s según el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente las instituciones del sector público o que reciban recursos del Estado deben informar sobre:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;
b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal;
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones;
e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas;
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción;
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos;
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;
i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;
j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución;
k) Planes y programas de la institución en ejecución;
l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés;
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño;
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley;
(…)
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local; y,
(…)