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1 de marzo de 2026

El engaño presidencial sobre la seguridad

Lo dije públicamente: el Presidente Daniel Noboa nos está engañando a los ecuatorianos con el tema seguridad y este ensayo es para sustentar mi afirmación; también para explicar las razones por las que prendí está alerta: Damas y caballeros tengan presente que reducir la inseguridad no es exactamente lo mismo que combatir la criminalidad. 

Y fui más allá: en los medios de comunicación se comete un error de segmentación en las notas de crónica roja: se coloca la palabra Seguridad cuando la información se trata de una muerte violenta, cuando la sección debería ser "Criminalidad". Lo mismo pasa con delincuencia y narcotráfico.

El hecho que ahora viva en Puerto Cayo, Manabí, no significa que estoy alejado del mundo político, de percatarme de los escenarios que de una u otra forma terminan permeando hasta las zonas rurales, lugares en que la ausencia de Estado se siente cada día más y, me atrevo a decir, que en muchos casos. con el apoyo de los gobiernos locales.

Viene al caso afirmar que he dedicado parte de mis blogs a desentrañar las complejidades de la seguridad en Ecuador, un tema que trasciende la mera represión del crimen y se entrelaza con políticas gubernamentales, narcotráfico y la erosión de la democracia. Entiendo también que mi afirmación no puede quedarse en un simple comentario línea, que me es necesario, en lo posible mostrar el paisaje completo.

Así mismo he criticado cómo la seguridad se ha convertido en un instrumento político para legitimar centralismo y suspensiones de derechos, ignorando la equidad rural y la participación ciudadana. Hoy, en este ensayo, abordo lo que considero el gran engaño presidencial: la confusión deliberada o inadvertida entre "seguridad" y "criminalidad", que ha llevado a un populismo punitivo estéril, perpetuando vulnerabilidades en lugar de resolverlas. Este engaño no es nuevo, pero bajo el gobierno de Daniel Noboa, se ha exacerbado, como evidencian sus declaraciones recientes y planes como el "Ataque Total".

Desde mi perspectiva, influida por años de observación en una zona periférica como Manabí y como parte de mi experiencia laboral, la seguridad no es un concepto técnico neutral, sino una política pública moldeada por cálculos electorales y presiones de poder.

He argumentado las decisiones sobre lo qué es una amenaza, qué recursos asignar y qué libertades restringir, lo que responde a escenarios políticos, no a meras estadísticas; sin embargo, el gran engaño radica en reducir la inseguridad a la ausencia de delitos visibles, equiparándola con la criminalidad. Esta sinonimia errónea, como la describe Franz Toledo en su análisis sobre Seguridad Multidominio, ignora que la criminalidad es un fenómeno reactivo y episódico, medible por tasas de homicidios o extorsiones, mientras que la seguridad es una condición sistémica y proactiva, enfocada en la preservación de la libertad y la capacidad de readaptación en un entorno de conflicto.

Como una fotografía de síntesis de este escenario:

Dimensión de análisis

Criminalidad

Seguridad (Visión Multidominio)

Naturaleza

Fenómeno fáctico y reactivo.

Condición sistémica y proactiva.

Objetivo

Castigo y reducción del delito.

Preservación de la libertad y resiliencia.

Gestión

Política criminal y penal.

Gestión integral de riesgos y dominios.

Temporalidad

Basada en el evento (pasado).

Basada en la previsión (futuro).

Alcance

Actos delictivos específicos.

Bienestar humano y estabilidad estructural.

Fuente: Franz Toledo – multidominio360.com

Debo, así mismo destacar cómo esta confusión genera planes estatales errados, priorizando síntomas sobre patologías. Toledo lo resume: la criminalidad mira al pasado (el delito cometido), pero la seguridad debe prever el futuro mediante prevención y predicción, a lo que yo sumo comunicación política honesta más que propaganda oficial y acciones para reducir la impunidad.

En Ecuador, hemos visto un salto exponencial en el crimen organizado pasando del puesto 11 al Top 5 en el Índice Global de Crimen Organizado entre 2023 y 2025, pero no por falta de represión, sino por ignorar causas raíz como la corrupción y la infiltración institucional.

Mis críticas a gobiernos anteriores, a los de Correa, Moreno y Lasso, están centrados en esta miopía: tramitotología abundante, falta de transparencia policial y militar, operativos reactivos que ofrecen alivio temporal e imágenes para los medios, pero perpetúan un ciclo de violencia al no fortalecer la cohesión social ni la equidad territorial.

El populismo punitivo es el pilar de este engaño y Noboa lo encarna con maestría. En mi blog, he mostrado cómo reformas como al COOTAD satanizan gastos locales en cultura o desarrollo rural como "derroche", obligando a los GAD a destinar el 70% a inversión, lo que centraliza decisiones y perpetúa inequidades. Por otro lado, su entrevista del 20 de febrero de 2026 en Radio City, celebra las capturas masivas (140.000) y reducciones puntuales en muertes violentas, pero admite que reformas judiciales profundas son "imposibles" por falta de recursos.

En sus declaraciones y en el contexto más amplio de sus declaraciones, Noboa reitera la necesidad de esa "reforma profunda", pero la califica como inviable en el corto plazo por falta de recursos y autoridad real, mientras critica duramente a quienes defienden la independencia judicial sin "conocer la realidad" del sistema infiltrado por "grupos que tienen tentáculos en la política, en los gobiernos locales y en la función judicial".

Al mismo tiempo, enfatiza que su gobierno "persigue criminales" (no personas o políticos), destaca capturas masivas (85% de cabecillas de bandas, decenas de miles de detenidos) y celebra reducciones puntuales en muertes violentas (como el 26% en Guayaquil tras ciertas capturas). Este enfoque fusiona explícitamente la "seguridad" con la lucha contra la "criminalidad organizada", incluyendo narcotráfico, minería ilegal y corrupción con "fachada política", sin diferenciar claramente entre amenazas al Estado que justificarían medidas de defensa y delitos comunes o procesales que requieren un sistema judicial independiente y robusto.

Esto envía un mensaje implícito de impunidad: ladrones, criminales, corruptos y narcos saben que, aunque caigan presos, el sistema no garantiza consecuencias graves, pues las tasas de impunidad superiores al 90% así lo sustentan.

Verificaciones independientes, como las de Lupa y Ecuador Chequea, sustentan esta crítica. Lupa desmonta la afirmación de Noboa sobre una reducción del 26% en muertes violentas en Guayaquil ligada a la captura del alcalde Aquiles Álvarez, calificándola como inverificable por falta de datos parciales de febrero 2026.

Ecuador Chequea va más allá, revelando que cuatro de cinco afirmaciones clave son inverificables, incluyendo el 85% de cabecillas capturados, debido a la opacidad gubernamental.

En mi blog, he insistido en que esta falta de transparencia erosiona la confianza ciudadana, basándome en la caída al 17% según Latinobarómetro en 2025, convirtiendo la seguridad en un espectáculo electoral y alimento diario para las fuerzas mediáticas gobiernistas, mientras que otros medios lo replican sin mayores detalles o contrastes.

La tenue luz es el conjunto de pocos espacios de creadores de contenidos políticos y periodistas que no se tragan el cuento, también de otros ciudadanos mucho más críticos que exponen sus cuestionamientos en redes sociales.

Ahora, desde una perspectiva personal, viviendo en Manabí donde el narcotráfico financia negocios legales, extorsiones y salva actividades productivas, veo cómo este engaño amplifica riesgos y se convierte en un sistema de mini-gobernanza territorial. La ignorancia conceptual se ha vuelto una amenaza mayor que los Grupos Delictivos Organizados (GDO), facilitando su penetración en instituciones. Toledo lo llama "planificación errónea en un 300%": al enfocarse en represión física, se ignora el dominio cognitivo (corrupción como centro de gravedad) y cibernético (cibercrimen como punto de anclaje).

En mis entradas, critico cómo la militarización, desde el "conflicto armado interno" de 2024, ha generado alertas sobre al menos 237 posibles ejecuciones extrajudiciales en el 2025, normalizando un "orden crimilegal" que debilita la democracia y aún más cuando la Fiscalía avanza lento o casi nada, cuando la fiscalización política es una fantasma legislativo y el Ministro del Interior actúa como juez, fiscal y carcelero.

El plan "Ataque Total" de Noboa, lanzado en enero 2026, ejemplifica este engaño bélico; con gastos que van de entre USD 180 y 280 millones en tecnología y despliegues masivos, se presenta como ofensiva decisiva contra el crimen, pero me recuerda la Operación Urano en Stalingrado: una maniobra militar real de guerra donde la justicia ordinaria no jugó su rol y estuvo subordinada a la victoria táctica; en Ecuador, esto significa priorizar capturas y controles territoriales sobre reformas judiciales, permitiendo que GDO se adapten con extorsiones y secuestros. Mis perspectivas en el blog enfatizan que, sin corresponsabilidad entre niveles de gobierno, estos planes centralistas perpetúan las distorsiones del desarrollo rural, donde la violencia de todo tipo se reproduce por falta de inversión social.

Recuerdo entonces la advertencia que hice sobre sobre lanzarse a una "guerra" sin la debida preparación ni operativa ni logística, peor con suficientes recursos financieros y considerando que los militares debían frenar al poder político de las mafias, teniendo a un Ministro de Defensa con muy poca o casi nada preparación en estos menesteres, igual el Ministro del Interior.

La narrativa oficial en el periodismo

El rol del periodismo en este engaño es cómplice por omisión. En mi blog, he señalado cómo medios amplifican el "shock" de operativos, repitiendo discursos oficiales sin profundizar en orígenes. Las verificaciones de Lupa y Ecuador Chequea, aunque rigurosas, no logran impacto masivo: se limitan a "es falso" o "inverificable", sin explorar cómo esta opacidad fomenta populismo punitivo. Toledo advierte que, en el dominio cognitivo, la narcocultura gana terreno al normalizar la ilegalidad, y el periodismo fallido erosiona la capacidad de reacción social.

Pero existe otra escena en que también el Presidente jala al periodismo a su terreno: la declarasionitis, pues la gran mayoría de medios y cuentas disfrazadas de periodismo, replican las frases, criticas o aseveraciones de Daniel Noboa sin un mínimo de contraste o verificación, automáticamente el Mandatario se vuelve tendencia, "su verdad" se difunde y se posiciona. Cuando llegan los análisis cuestionadores ya es tarde, los algoritmos se convirtieron en su aliado incondicional y sigue gobernando más como un automandante que como un mandatario.

A manera de autocrítica debo asumir mi responsabilidad de mismo error mientras ejercía mi profesión de periodista, pues a pesar de los esfuerzos por no caer en la narrativa gubernamental usando la terminología oficial, no pude evitar el manejo inadecuado de la información policial, judicial, militar, criminal, delincuencial y narco encajonando todo en una sola sección llamada "seguridad"; lo que también intenté sin éxito es que las noticias de corrupción política pasasen a la sección de crónica roja. Me deje arrastrar por la anomalía periodística de la declarasionitis.

Pero me es bueno recordar que quien dio más orientaciones en estos asuntos de las políticas de seguridad fue Walter Barrera, sobre todo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo por casi 40 minutos y en la que explicó las inconsistencias constitucionales, legales y doctrinarios al incorporar a Fuerzas Armadas en asuntos meramente policiales.

Barrera, abogado y exoficial de la FAE, mostró profunda preocupación por la inseguridad ciudadana en Ecuador, argumentando que las medidas actuales no garantizan protección real a la población; como experto en derecho militar, critica duramente el involucramiento de las Fuerzas Armadas en funciones policiales sin un marco legal claro, lo que considera una falla estructural que genera más riesgos constitucionales que soluciones efectivas, y cuestiona la efectividad y legalidad de las políticas de seguridad implementadas.

Refuerza su análisis detallando inconsistencias en las estrategias gubernamentales, en el que incluye referencias a cooperación internacional o uso de militares en seguridad interna, y enfatiza la necesidad de respetar la delimitación constitucional de roles entre instituciones; concluye que, sin reformas profundas y coherentes con el ordenamiento jurídico, la sensación de inseguridad persistirá y las acciones actuales podrían, incluso, agravar el problema en lugar de resolverlo.

Lo anecdótico de esta entrevista es que fue realizada en agosto del 2022 cuando gobernaba Guillermo Lasso y al escucharlo pareciera que se refiere a las decisiones de Daniel Noboa.

De vuelta al engaño

Entonces, creo que este engaño presidencial consolida un modelo donde la seguridad se mide por detenciones, no por justicia efectiva. En mi blog al comentar sobre la deuda estatal y opacidad en compras reservadas (USD 403 millones en 2024), argumento que la falta de rendición de cuentas alimenta la corrupción, diluyendo responsabilidades como en el caso de José Julio Neira con 12 cargos acumulados. Noboa, al criticar la independencia judicial como algo "fácil de decir" desde fuera, envía un mensaje ambiguo que envalentona a narcos, sabiendo que el sistema está infiltrado por "tentáculos" criminales y que no hay manera de resolverlo.

En lo poco que se conoce sobre la política en "Ataque Total", es evidente que se ignora la necesidad de un enfoque multidominio que Toledo propone: integrar los dominios físico (infraestructura crítica), cognitivo (transparencia radical) y cibernético (ciberinteligencia). En mi blog lodijeron está publicado el análisis sobre la necesidad de fortalecer el control social y equidad, similar a modelos como el de Estonia con X-Road para romper silos burocráticos y reducir corrupción.

Ecuador podría aprender de Singapur la "Defensa Total" o de Finlandia la alfabetización mediática, pero el centralismo de Carondelet lo impide.

En este punto, me es necesario entrar en ciertas conceptualizaciones y aunque no soy un experto políticas públicas, basándome en el análisis de la situación actual del país, en los datos y perspectivas disponibles de fuentes académicas, periodísticas y expertas, no solo es posible, sino altamente probable que la dicotomía o más bien la confusión entre "criminalidad" y "seguridad", combinada con el "espectáculo" de operativos reactivos post eventos, actúe como caldo de cultivo para un populismo punitivo que prioriza la apariencia de acción inmediata sin ofrecer soluciones estructurales sostenibles.

Este fenómeno se observa claramente en el contexto ecuatoriano bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el que las políticas de "mano dura" generan una falsa sensación de control, pero perpetúan la inestabilidad al no abordar causas profundas como la corrupción, la pobreza y la infiltración del crimen organizado. A continuación, detallo las razones clave, sustentadas en tres escenas necesariamente articuladas:

La confusión terminológica como base para la securitización y el populismo: al equiparar "seguridad" con la represión de la "criminalidad", el discurso oficial transforma problemas delictivos en amenazas nacionales, justificando medidas extraordinarias como estados de excepción y militarización. Esto facilita un populismo penal que explota el miedo público para ganar apoyo, prometiendo soluciones rápidas sin evidencia de eficacia a largo plazo. Por ejemplo, expertos señalan que esta estrategia genera una "falsa sensación de seguridad" mediante arrestos masivos (casi 80.000 desde 2022), pero ignora reformas integrales en el sistema judicial, social y penitenciario, lo que resulta en un ciclo de violencia recurrente.

Esta dicotomía simplificada permite que el gobierno presente la criminalidad como el único enemigo, obviando factores como la corrupción y la debilidad institucional, lo que alimenta políticas populistas sin profundidad.

El "espectáculo" de operativos post eventos como herramienta mediática: los operativos reactivos como la declaración de "conflicto armado interno" tras la fuga de líderes como 'Fito' en enero de 2024, o las redadas masivas en prisiones y calles, se convierten en espectáculos mediáticos que amplifican la percepción de que "algo se está haciendo". Medios digitales y tradicionales (independientes y oficialistas), al cubrir estos eventos con énfasis en la violencia carcelaria y masacres, refuerzan el populismo punitivo al priorizar narrativas sensacionalistas sobre análisis críticos. Esto crea una ilusión de progreso temporal, pero la violencia rebota al adaptarse las bandas, diversificando actividades como extorsiones y secuestros.

Críticos argumentan que estos "espectáculos" destruyen instituciones, silencian disenso y socavan el Estado de derecho, convirtiendo a jueces en meros ejecutores de políticas represivas sin resolver una impunidad superior al 90%.

La comunicación institucional como un placebo: la información oficial actúa como un mecanismo paliativo que simula avances en seguridad sin sustancia real, administrando dosis de positivismo tóxico para calmar la ansiedad colectiva mientras evade datos claros, precisos y transparentes; ruedas de prensa o entrevistas anecdóticas para sustentar la “mano dura” o boletines publicados en redes sociales de tres tristes párrafos en lo que se anuncian reuniones omitiendo detalles básicos de interés ciudadano y de honestidad política. Esta estrategia, que prioriza mensajes tranquilizadores, con frases de marketing electoral y cifras selectivas a través de canales gubernamentales y aliados mediáticos, busca generar la percepción de "mejora" que suplanta la realidad de una inestabilidad crónica y los graves problemas que orbitan en el ambiente.

La narrativa institucional de Carondelet, replicada en provincias y cantones, silencia disidencias al etiquetar a las críticas como "desestabilizadoras" o de la malintencionada oposición, erosiona el debate público y socava el Estado de derecho al convertir la información en una herramienta de control social en lugar de transparencia.

Consecuencias que están en el ambiente

Populismo sin soluciones reales: este enfoque, inspirado en modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador o del primer ministro húngaro Viktor Orbán, han moldeado la agenda política en Ecuador, donde el crimen organizado influyó en elecciones y políticas; aunque reduce violencia a corto plazo, genera efectos contraproducentes como abusos a derechos humanos, polarización social y erosión de la legitimidad estatal. Análisis indican que el ilusorio noboísmo brinda un "sentido precario de seguridad" en ciudades como Guayaquil o Durán, pero no desmantela redes criminales infiltradas en el Estado, menos en el gobierno central, exacerbando desigualdades y facilitando articulaciones entre instituciones, narcotráfico y violencia.

Por lo tanto, Noboa mide la 'seguridad' por detenciones y no por justicia efectiva, lo que refleja la piedra angular del problema estructural del Ecuador de hoy. Y cuando el periodismo en lugar de cuestionar esta métrica superficial, le sigue la corriente amplificando narrativas de "capturas récord", "golpes a cabecillas" o "reducción temporal de homicidios" o “golpe al narcotráfico” sin profundizar en la impunidad crónica, el ciclo se refuerza de manera peligrosa.

Además, decretos como el 371 de agosto de 2024 al que se le critica por ser respuestas populistas aisladas, sin un enfoque integral que incluya prevención social o cooperación regional, lo que perpetúa la crisis en lugar de resolverlas; en ese Decreto en específico, Noboa ordena la modernización de los manuales operativos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que más pareciera una medida bélica confrontacional que un esfuerzo por recuperar la tranquilidad social.

Y cuando los medios priorizan el "qué se capturó hoy" sobre el "por qué no se condena y el sistema sigue igual", se consolida esa métrica equivocada de seguridad: cantidad de detenciones como sinónimo de seguridad, en lugar de revisar la tasa de resolución de casos, recuperación de territorios, reducción de corrupción judicial o fortalecimiento de la cohesión social, lo que perpetúa vulnerabilidades:

  • para la población: falsa sensación de control que oculta riesgos persistentes (extorsiones, reclutamiento, normalización de violencia).
  • para el Estado: erosión de legitimidad cuando la "mano dura" no entrega justicia real, y el crimen organizado sigue operando con impunidad.
  • para la democracia: normalización de excepciones permanentes (estados de excepción, rol ampliado de FF.AA.) sin debate profundo sobre costos al Estado de derecho.

Y cuando estuve para terminar este ensayo, nuevamente el Presidente ofrece declaraciones en radio Centro Quito para "vitaminizar" el engaño discursivo, pues vincula directamente la "tasa de seguridad" a las importaciones colombianas con una reducción del 33,3% en muertes violentas en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.

La relación planteada por el Mandatario es lógicamente plausible en un nivel superficial, pero no robusta en vista de que carece de evidencia causal, ignora efectos contraproducentes (aumento de contrabando) y parece un argumento populista para defender una medida económica controvertida y esto fortalece el "engaño". 

Noboa confunde seguridad (resiliencia sistémica) con criminalidad (reducción puntual de violencia), usando cifras inverificables para legitimar políticas reactivas. Como parte de su trabajo lupa.com.ec calificó la aseveración como parcialmente cierto; hasta este 27 de febrero ecuadorchequea.com no difundió datos al respecto.

Dos apuntes adicionales sobre las declaraciones presidenciales respecto a la baja de crímenes tanto en la frontera norte como en Guayaquil:

Andrés Vergara @AndresVergara: Primera vez que veo que alguien conecta aranceles con muertes violentas. Siguiendo esa impecable lógica de causalidad, también podríamos afirmar que la baja importación de osos polares está reduciendo la violencia. Claramente hemos ignorado ese factor demasiado tiempo.

Fernando Lippke @FernandoLippke: Parece que no había que sacar militares ni policías a la calle, sólo firmar decretos y perseguir opositores. 

Un epílogo en desarrollo…

Desde Manabí, veo cómo el gran engaño afecta al centro y a las periferias: el narcotráfico financia gran parte de la violencia territorial y la delincuencia ataca sin piedad, pero son las urbes de gran fuerza electoral las que reciben más atención para aparentar que existen acciones de freno a esta tragedia humana. El ejemplo práctico es el comentario en que cuestiono los anuncios de la Gobernación bajo el titular “Seguridad en Manabí ¿Seguridad en Manabí?”.

En las ciudades intermedias y zonas rurales con baja incidencia electoral, con limitaciones mediáticas y más preocupaciones por sobrevivir en el día a día, la seguridad es el necesario e indispensable silencio ciudadano. Este panorama es otro de los músculos que tiene el engaño presidencial.

Por lo pronto, existe la alta probabilidad de que seguiremos en un absurdo "juego infinito" de adaptación criminal y delincuencial, condenados al Autoritarismo del siglo XXI que, de seguro, ahora busca generar votos para la toma de los gobiernos locales.

¿Por cuánto tiempo es sostenible este engaño presidencial?

Advertencia editorial: Este análisis se redactó bajo el criterio editorial de Raúl A. Zavala - (razmo@gmail.com), consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones políticas, por lo que se invita al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

Fuentes y referencias:

zonacero.com - ecomercio.com - radiopichincha.com - swissinfo.ch - radiosucesosec - teleamazonas.com - comunicacion.gob.ec - crisisgroup.org - gijn.org - bbc.com - insightcrime.org - gaceta.unam.mx - agendaestadodederecho.com - amnesty.org - theconversation.com - prometeojournal.com.ar - nytimes.com - lahora.com.ec - eldiario.ec - greenwichtime.com 

Ministerio del Interior / Policía Nacional: cifras de homicidios, capturas (140.000), impunidad (>90%), reducciones puntuales (2024-2026).  

Índice Global de Crimen Organizado (2023-2025): ascenso de Ecuador del puesto 11 al 4.  

Latinobarómetro 2025: confianza en instituciones (17%).  

multidominio360.com (conceptos de Seguridad Multidominio, centro de gravedad en corrupción, dominios físico/cognitivo/cibernético, SGS-MDO)

Análisis de sensibilidad al conflicto en Ecuador - rescue.org

Ecuador y el dilema en la lucha contra el crimen organizado - dplf.org

La crisis de Ecuador, mucho más que seguridad - cidob.org

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Datos sobre el editor de la nota:

Cuenta X: @Zavala_Ra
Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/
Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 

4 de octubre de 2025

Operación quirúrgica para la toma de la Fiscalía

¿Y si el presidente Daniel Noboa, que enfrenta un déficit fiscal proyectado de USD 5.457 millones, le pidió por interno la renuncia al Fiscal General Wilson Toainga por no alinear su gestión con las demandas presupuestarias y de seguridad? Esta especulación cobra fuerza cuando el Consejo de la Judicatura decidió por un nuevo Fiscal subrogante: Leonardo Alarcón Argudo, en un movimiento quirúrgico que podría reflejar la presión política sobre un sistema judicial ineficaz contra delincuentes, narcos y corruptos. Mientras Noboa presume un crecimiento económico del 10% en ventas y 16,6% en exportaciones, la crisis de impunidad y los USD 800-900 millones gastados en justicia sin resultados erosionan las finanzas públicas, un escenario que invita a mirar con el entendimiento, como me guía Juan Salvador Gaviota.


Dato coyuntural. En el blog de Wordpress tengo una sección de Lecciones de supervivencia y una la obtuve de uno de mis libros de cabecera: Juan Salvador Gaviota, del que tomo la frase: “Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar”.

Ahora si entremos en detalles. Los operativos contra la inseguridad y el narcotráfico, iniciados tras la declaración de "conflicto armado interno" en enero de 2024, involucran a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con un presupuesto estimado de USD 1.500 millones en 2025; no obstante, el sistema judicial (cortes, fiscalías, defensores públicos) juega un rol crucial al procesar a los detenidos, emitir sentencias y garantizar el debido proceso, como establece la Constitución de 2008. La corrupción y la ineficacia judicial han sido señaladas como obstáculos, permitiendo que muchos detenidos sean liberados, lo que afecta a los resultados de los operativos.

El gasto en el sistema judicial, estimado en USD 800-900 millones en 2025, con USD 160-270 millones ligados a los operativos, aplica significativamente al esfuerzo contra la delincuencia, el crimen y el narco, representando un 10-18% del presupuesto de seguridad; sin embargo, su ineficacia (baja tasa de condenas, corrupción) multiplica los costos totales y debilita los resultados, convirtiéndolo en un pasivo que Noboa omite. Esto refuerza que su aseveración de una economía saludable no es sustentable, ya que el sistema judicial amplifica el déficit y la deuda sin mejorar la seguridad.

Aliados de la impunidad 

El sistema judicial ecuatoriano, con un presupuesto estimado de USD 800-900 millones anuales, destina entre USD 160-270 millones (10-18% del gasto en seguridad de USD 1.500 millones) a procesar casos de narcotráfico e inseguridad, impulsados por los operativos desde el "conflicto armado interno" de 2024; sin embargo, según la Fiscalía General, solo el 20-30% de los detenidos quedan condenados, dejando al resto en libertad por fallos o corrupción. Este dato, ausente en las cifras de Noboa, duplica los costos de los operativos y mina el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La crisis fiscal se agrava con la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de asignar solo USD 6.7 millones al Consejo de la Judicatura para 2025, frente a los USD 48 millones solicitados, un recorte del 86%. Este ajuste refleja la prioridad de contener el déficit de USD 5.457 millones, pero deja al sistema judicial con recursos insuficientes para enfrentar el backlog de casos y la corrupción; a septiembre de 2025, el Consejo de la Judicatura mantenía un déficit de más de USD 246 millones. Con un presupuesto base estimado de USD 400-500 millones, esta brecha limita la capacidad de procesar los 10,000 sospechosos capturados anualmente.

Mientras el Consejo de la Judicatura enfrenta un recorte drástico, la Fiscalía General del Estado cuenta con un presupuesto de USD 138.27 millones para 2025, aprobado por la Asamblea Nacional en septiembre como parte de la proforma presupuestaria. Este monto, destinado a procesar casos de crimen, narcotráfico y corrupción, resulta insuficiente frente a las bajas tasas de condena (20-30%) y considerando que existen al menos 15,000-20,000 casos, agravando las pérdidas estimadas de USD 100-200 millones por corrupción.

Pero tenemos otro aliciente para mantener la impunidad. La resolución de casos se ve aún más comprometida por la subinversión en investigación forense. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió USD 9,186,002.33 para 2025, según la proforma del Ministerio de Economía y Finanzas, una cifra que apenas cubre USD 918.60 por cada una de las 10,000 capturas anuales, o USD 3,062-4,593 por los 2,000-3,000 casos complejos que requieren análisis. Comparado con los USD 138.27 millones de la Fiscalía, este presupuesto es insuficiente para modernizar equipos o ampliar los 247 técnicos forenses, perpetuando retrasos de 12-18 meses y alimentando la impunidad.

Esta opacidad, criticada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otros informes de transparencia institucional por pérdidas estimadas de USD 100-200 millones anuales por colusión de jueces y fiscales, es un pasivo que no se refleja en los balances oficiales, mientras el sector privado de seguridad crece un 10-15% (USD 550-805 millones) para compensar esta ineficacia, el gasto público sigue creciendo sin resultados.

La impunidad derivada de un sistema judicial ineficaz tiene un precio humano devastador que trasciende las cifras. Familias enteras viven bajo la sombra del miedo en las ciudades y zonas rurales donde la liberación de narcotraficantes y criminales alimenta la violencia cotidiana, con tasas de homicidio que rozan las 70 por 100,000 habitantes. 

La desconfianza en la justicia erosiona el tejido social, empujando a comunidades a buscar protección privada o a resignarse a la extorsión, mientras los niños crecen en entornos donde la ley parece un privilegio inalcanzable. Este desgaste moral y cultural, invisible en los balances de Noboa, genera una crisis de legitimidad que ningún crecimiento económico puede compensar.

Desde un punto de vista económico, la impunidad representa un drenaje silencioso que agrava la fragilidad fiscal. Cada caso desestimado o corrupto implica no solo la pérdida de los USD 160-270 millones asignados a procesar delitos graves, sino también el costo de operativos repetidos y la fuga de inversión extranjera, estimada en cientos de millones anuales por el riesgo país. Empresas que podrían generar empleo y tributos optan por retirarse, mientras el Estado asume gastos indirectos como indemnizaciones por fallos judiciales o refuerzos policiales temporales. Este círculo vicioso, alimentado por la falta de responsabilidad, convierte a la impunidad en un pasivo que multiplica el déficit proyectado de USD 5.457 millones, un lastre que Noboa elude al destacar solo activos superficiales.

Opacidad del Consejo de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, no mantiene un sistema de información financiera que vincule las decisiones judiciales con los costos incurridos; esta falta de transparencia oculta la ineficacia y permite que los USD 800-900 millones se diluyan en el déficit sin rendición de cuentas. Noboa, al enfocarse solo en activos (cifras positivas), ignora este pasivo estructural que agrava las finanzas públicas.

La ausencia de un balance público de capturas, juicios y sentencias para narcotráfico, delitos, crimen y corrupción genera un colapso sistémico. Con un estimado de 10,000 sospechosos capturados en 2025, solo el 20-30% (2,000-3,000) llegan a condena tras 12-18 meses de retrasos, según la Fiscalía; esto sobrecarga al SNAI, porque el 60-70% de los 40,000 internos están en preventiva, costando USD 292-438 millones anuales por hacinamiento, y a la Policía, que gasta USD 10-15 millones custodiando a 5,000-7,000 con prisión domiciliaria. Esta ineficiencia, oculta por la opacidad judicial, amplifica el déficit fiscal.

Parches presidenciales insuficientes

Las bases Homeland Security y la ley de donaciones a las fuerzas del orden (en debate legislativo) buscan aliviar la presión , pero no resuelven la ineficacia judicial ni la corrupción. Sin una reforma que exija balances claros, el déficit y la deuda seguirán creciendo, contradiciendo la "economía saludable" de Noboa.

Aunque existen voces críticas que mencionan los errores metodológicos en el sustento presidencial de que Ecuador ya tiene una economía saludable, el post de Fausto Ortiz D (@faustortizd, 1 de octubre de 2025) revela un déficit fiscal de USD 2,074 millones a septiembre de 2025, proyectado a USD 5.457 millones al cierre del año. Este hueco se financia con una deuda pública que alcanzó USD 85.3 mil millones en diciembre de 2024, creciendo USD 2.5 mil millones por trimestre (CEIC Data). El gasto judicial, parte de los USD 19,794 millones en gastos totales (un aumento del 50.4% desde 2023), contribuye a esta presión.

Noboa destaca reservas de USD 8.602 millones y un aumento de USD 433 millones, pero los datos muestran una caída a USD 8,168.60 millones en agosto (Banco Central), sugiriendo que se usan para tapar el déficit. El ahorro del subsidio al diésel (USD 1.100 millones anuales) no cubre esta brecha, dejando al país en una dependencia insostenible de deuda.

En definitiva...

Un sistema judicial opaco e ineficaz, con un gasto de USD 800-900 millones, agrava el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, mientras la inseguridad persiste. 

La aseveración de Noboa de una economía saludable se desvanece ante un sistema judicial ineficaz, donde los USD 800-900 millones gastados agravan el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, dejando la impunidad abierta a narcos y corruptos. La designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante, respaldada por Mario Godoy —presidente del Consejo de la Judicatura de afinidad gobiernista—, refleja un movimiento calculado de Noboa que podría apuntar a mayor eficiencia judicial o consolidar un control político más profundo.

Y tal como me enseñaron mis viejos maestros del periodismo, el cambio comienza con otra visión de los mis mismo hechos: el Gobierno debe ser más transparente y honesto con sus intereses políticos; mientras que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía deben explicar al país los límites que tienen para convertirse en la punta de lanza para frenar las olas criminales, delincuenciales y de corrupción.

Pero dejo en claro que esto no me desvía de la certeza de que quienes tejen la trama política gubernamental emplean un bisturí robot guiado por algoritmos, tal cual las operaciones de la llamada “década ganada”, donde el brillo económico ocultó fallas profundas y las necesidades personales para tener "una justicia incondicional".

He aquí la importancia de mirar con el entendimiento, una lección que Juan Salvador Gaviota recibió y me transmitió.

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Advertencia: Este análisis lo empecé a escribir a raíz de que el Presidente de Ecuador expusiera unas cuestionadas cifras económicas asociadas a su gestión; sin embargo, los acontecimientos noticiosos presentados a partir de esa fecha (01-10-2025) hicieron que reconsidere la versión original, consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones legales, por lo que invito al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.

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Datos sobre el autor de la carta:

18 de septiembre de 2025

¡¡Cuidado!! es un espejismo constituyente


Señor Presidente – Empresario
Palacio de Carondelet - Quito

En su despacho:

He leído con atención su carta a los "valientes ecuatorianos", una verdadera oda al cambio que resuena como un eco de promesas pasadas, pero que, como en los días de auge en otros gobiernos, se queda en anécdotas grandilocuentes sin aterrizar en la realidad de las calles y hogares, empresas y espacios públicos descuidados.

De entrada me ha llamado la atención que únicamente se dirige a los valientes, sin considerar que entre los votantes ecuatorianos también estamos los ecuatorianos temerosos de caer enfermos, los miedosos ante el avance de ladrones, asesinos y extorsionadores, los timoratos ante la prepotencia de muchos abusivos funcionarios… en fin, no sé si es un vocativo diplomático o una falla de la comunicación política, pero no es lo trascendental de esta misiva.

Tras 4 años, 7 meses y 11 días como funcionario electo –desde el 7 de febrero de 2021 en que se convirtió en asambleísta y luego en Presidente de la República–, cree que es necesario "liberar" al Ecuador del "secuestro institucional" y devolver la soberanía al pueblo usando la Asamblea Constituyente, considerando sus promesas electorales de “refundar” a la nación, que también fueron imprecisas y hasta misteriosas.

Sin embargo, coincido en que el crimen organizado asfixia al Ecuador cuando está enquistado en muchos de los despachos de puertas cerradas donde hay alguien que olvida de cumplir con ley y la ética; pero ¿Quiénes son "los mismos de siempre" que bloquean el cambio? ¿Los ecos de Eloy Alfaro, las élites agroexportadoras, los centralistas, los organismos internacionales? ¿O los indígenas, montubios o amazónicos que luchan por mejorar su calidad de vida? ¿Tal vez los universitarios, científicos, periodistas... ¿o los oportunistas que pululan en todos los gobiernos?

Esta vaguedad, Presidente - Empresario, me hace presumir que es una cortina de humo frente al espejo que opaca a un gran grupo de funcionarios de elección popular –presidentes, asambleístas, prefectos, alcaldes, concejales y vocales parroquiales– que han mezquinado la participación ciudadana, priorizando su poder político y su narrativa personalista.

Su propuesta de Constituyente, según su proclama, suena heroica, pero ignora el golpe duro que nadie ve a pesar de lo expresado en los reclamos ciudadanos: la baja calidad de la gestión municipal, como lastre del desarrollo territorial. Según el MEF e INEC que difunden datos del 2024, entre el 55 y 66% del presupuesto asignado a los gobiernos locales –alrededor de USD 28.000 millones en la Proforma 2024– se quedaron sin ejecutar, dejando al 95% de nuestras poblaciones urbanas y rurales sin agua potable, alcantarillado, espacios públicos seguros, con graves problemas de contaminación, deficiencias en la recolección de basura y peligros por no contar con adecuados planes de gestión de riesgos.

Sin temor a equivocarme, gran parte de los ciudadanos lo vivimos a diario: promesas que no pavimentan calles ni combaten la inseguridad local, mientras el 80% de zonas rurales carece de servicios básicos eficientes ¿No es esto el verdadero "secuestro"? ¿Por qué no enfocar la consulta en reformas puntuales como un mayor control a las municipalidades y transparencia en presupuestos, una intervención del CPCCS en temas participación ciudadana para contrarrestar los “Comité de aplausos” y robustecer a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? 

Señor Mandatario - Inversionista, no piense solo en su gestión política para trascender, nos guste o no, Usted ya tiene asegurado un capítulo en la Historia de Ecuador, pero tal vez en su mente joven y en proceso de adquirir experiencia política, considere oportuno innovar apuntado a otras de las piedras de tope en el desarrollo nacional: la fallida gestión local, pero no con anécdotas constituyentes.

Señor Noboa, desde que ejerce el poder político total se ha preguntado qué alcaldes frenan la participación ciudadana; recuerde: sin claridad podría estar cayendo en el mismo juego de "los de siempre", pues promete cambios sin precisar culpables ni soluciones, mientras tendremos que esperar por proyectos que no llegan y conformarnos con el asistencialismo para videos virales o de obras calificadas como “peor es nada”.

Debo reconocer por sus discursos que es parte del grupo “Mucho texto”; sin embargo, hace ruido la aseveración de que “No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo.” Al no definir a qué parte del pasado se refiere, ni nombra específicamente a los responsables que tienen atrapado al país, pareciera que sus fantasmas mentales no son sinceros con Usted; también se ha convertido en un misterio o tal vez es una confabulación al no precisar qué o quién estuvo en el turno antes que Usted ingresara la función pública, de nosotros los que vivimos el paso de la dictadura a la democracia o de nuestros padres que impulsaron al velasquismo o de los abuelos que vieron la bonanza del Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial; o se refiere los montoneros y los curuchupas… y así podría ir yo desandando el camino para descubrir a esos que estuvieron primero en la fila de las decisiones políticas sin tomar en cuenta a los ecuatorianos.

Permítame, ahora, Excelentísimo Presidente, expresar otra preocupación nacida de mi compromiso para que el Ecuador urbano y rural avance sin tropiezos. La propuesta de una Asamblea Constituyente, aunque ambiciosa, hace que me plantee preguntas prácticas que no podemos ni debemos ignorar. ¿Cómo garantizamos que este proceso, que podría costar millones de dólares y tomar un lustro en la implementación, no nos distraiga de la lucha inmediata contra el crimen, la crisis de la salud y laboral? ¿Cómo evitamos que una nueva Constitución, en lugar de liberar al país, pueda ser capturada por grupos de alta influencia financiera o con desmedidas ambiciones de poder político?

En el pasado los procesos del 2007 y 2008 lograron cambios, pero también generaron polarización y costos que aún estamos pagando. Usted como empresario que siempre ha privilegiado la rentabilidad financiera y la eficiencia corporativa conoce más que yo sobre los efectos negativos de la incertidumbre política en el capital; por lo tanto, una Constituyente que podría costar inicialmente unos 200 millones de dólares –como la de 2007-2008– en su implementación de la primera fase, podría generar mayor intensidad en las confrontaciones ciudadanas.

A pesar de las diferencias financieras y políticas entre Usted y yo, apoyo su intención de devolver el poder al pueblo, pero le pido considere caminos más rápidos y precisos: reformas puntuales a través de la Asamblea Nacional en la que prácticamente se ha convertido en uno de sus brazos ejecutores, insistir en que la Función Judicial disminuya los índices de impunidad y un plan transparente para financiar la seguridad integral sin endeudar más al país.

La consulta popular del 30 de noviembre de 2025, según sus planes en marcha, es una oportunidad para preguntar a los ciudadanos no sobre la Constituyente, sino sobre medidas concretas diferentes, innovadoras, inéditas… sin abrir flancos a la inestabilidad ciudadana y financiera del Ecuador.

Con respeto: la soberanía popular no se construye con odas vagas, sino con acción concreta en cada una de las realidades de nuestras ciudades, campos, montañas, selvas y playas, que Usted como yo, conocemos. Olvidar los cantones es repetir errores: menos excusas institucionales y más inversión local para un Ecuador vigoroso, no de espejismos constituyentes que de seguro sus asesores empresariales le han recomendado más como un plan de Marketing para mejorar su marca personal en lugar de proponerle una política pública para el bienestar de las personas en las ciudades y la ruralidad.

Para finalizar y a sabiendas de su alta capacidad para imponer sus decisiones políticas es pertinente que conozca la alerta activada para los ecuatorianos que ha logrado Usted reclutarlos a favor de sus intenciones: "¡¡Cuidado!! es un espejismo constituyente"

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis debidos agradecimientos.

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Carta presidencial de las intenciones políticas

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Datos sobre el autor de la carta:

14 de junio de 2025

Carondelet Vs. Guayaquil

Mucho me llamó la atención al igual que a cientos de personas la actitud de Zaida Rovira, gobernadora del Guayas, a partir de los ataques con explosivos en la Bahía de Guayaquil y la negativa de articular esfuerzos para reducir la delincuencia en la urbe. Leer el desenlace de la información, el silencio de Carondelet y los "resultados" que anuncia el ministro del Interior de los operativos en la ciudad, me llevó a presentir que algo extraño estaba ocurriendo y empecé a hilar fino hasta que concluí que podía ser parte la guerra mimética gubernamental.

Foto de uber.com

Uno pocos detalles. El alcalde Aquiles Álvarez hizo un llamado público a la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, para coordinar acciones conjuntas que permitan enfrentar de manera integral la creciente amenaza de la delincuencia en el sector de la Bahía, esto a partir de que una explosión que causó daños a seis locales en este sector comercial la noche del martes 3 de junio de 2025. 

Al día siguiente, en declaraciones a NotiMundo, la funcionaria se refirió al tema de las explosiones y señaló que la seguridad es competencia del Municipio y señaló que lo dispuesto por el Alcalde para reparar los locales afectados por la explosión es lo correcto pues esa es su obligación.

"Ni la Gobernadora de Guayas, Zaida Rovira, ni el Intendente de Policía, Daniel Rivadeneira, asistieron este 12 de junio de 2025 a la reunión del Consejo de Seguridad Cantonal, convocada por la Alcaldía de Guayaquil." relató el portal primicias.ec.

Pero en paralelo Rovira en su cuenta de X @zaidarovira publicó: "Volví a la #Bahía. Caminé entre los puestos, conversé con los comerciantes, escuché lo que les preocupa y lo que esperan. Y sí, también aproveché para hacer unas compras. ¡La cuestión es permanecía y no solo presencia!"

En el vídeo que acompaña a lo publicado es posible apreciar que estuvo fuertemente resguardada y hasta me pareció más ver a una candidata que a una funcionaria realizando un recorrido un lugar que es blanco de la delincuencia.

No me sorprendió la ausencia de un informe posterior sobre los resultados de su visita y lo que respondió ante las solicitudes ciudadanas. 

En cuanto al tena central: la guerra mimética, el vídeo y texto me aumentó mi certeza sobre que es parte de una operación para acaparar la atención de las redes sociales. 

Los cuestionamientos aumentaron y como ejemplo, en una cita a una noticia de primicias.ec sobre la reunión del 12 y difundida por María Sol Borja en X @mariasolborja argumentó "Cómo se puede creer en un gobierno que usa la carta de la seguridad cada vez que quiere tomar medidas arbitrarias o abusivas pero cuyos representantes son incapaces de reunirse con el alcalde de una de las ciudades que más sufre la violencia. Los guayaquileños indefensos.", ante una nota sobre la ausencia de representantes del Gobierno ante una convocatoria municipal para revisar temas de inseguridad.

Yo le respondí luego que ya había establecido lo que debía averiguar sobre esta anómala actuación gubernamental: Le aseguro que no es un hecho aislado y que mucho tiene que ver con las intenciones electorales del 2027.

Unos minutos antes de pasar al siguiente escenario de este post se hizo noticia que el juez Renán Andrade descartó los pedidos de nulidad realizados por parte de los 21 procesados en el caso de almacenamiento ilegal de combustibles y dio paso a la acusación fiscal contra Aquiles Álvarez y los demás procesados. (Leer más en vistazo.com)

Despejando mis dudas

Por metodología y para el caso que me ocupa en este post se define como guerra mimética "... en el contexto de la teoría de René Girard, se refiere a una forma de conflicto que surge cuando los individuos imitan o desean lo mismo que otros, generando rivalidad y, a menudo, violencia. Esta rivalidad se intensifica porque la imitación no solo es por el objeto deseado, sino también por la posición del modelo que lo posee." (Fuente: Anabel Muñoz Trejo

Entonces recurrí nuevamente a la fuente más práctica para tamizar lo que en mi mente merodeaba sobre las probables razones de la actuación de la Gobernadora y pregunté a Grok: ¿Por qué la ciudad de Guayaquil es un teatro de operaciones óptimo para que el gobierno de Ecuador decida sostener allí una guerra mimética?

Su conclusión con las respectivas reservas del caso:

Guayaquil es un "teatro de operaciones óptimo" para el gobierno de Ecuador debido a su importancia económica, su rol como centro del crimen organizado, su densidad poblacional y su relevancia histórica y política. Si "guerra mimética" se refiere a una estrategia que combina operaciones de seguridad con tácticas psicológicas o de imitación de modelos exitosos, Guayaquil ofrece un entorno ideal por su visibilidad mediática y su simbolismo. 

Una conclusión genérica que me obligó a buscar algunos detalles para repreguntar, entonces al dar vueltas por mi memoria, además de recabar algunos datos mi planteamiento fue más específico:

¿Cuáles serían razones para que el Presidente de la República siempre busque la confrontación con el alcalde de Guayaquil considerando los los casos de Correa Vs. Nebot, Moreno Vs. Viteri, Lasso Vs. Nebot y Noboa Vs. Álvarez?

Respuesta - La confrontación recurrente entre los presidentes de Ecuador y los alcaldes de Guayaquil, como en los casos de Rafael Correa vs. Jaime Nebot, Lenin Moreno vs. Cynthia Viteri, Guillermo Lasso vs. Nebot, y ahora Daniel Noboa vs. Aquiles Álvarez, no es un fenómeno aislado, sino que responde a una combinación de factores estructurales, políticos y culturales que convierten a Guayaquil en un escenario clave de disputas de poder. 

A continuación, analizo las razones principales que explican por qué esta dinámica de confrontación persiste, integrando el contexto proporcionado y los casos específicos mencionados:

1. Importancia política y electoral de Guayaquil

Guayaquil, como la ciudad más poblada de Ecuador y su principal centro económico, con 1.6 millones de votantes, es un bastión electoral clave. Controlar su narrativa política o influir en su gestión municipal es crucial para cualquier presidente, lo que genera tensiones con alcaldes que representan intereses opuestos:

Correa vs. Nebot (2007-2017): Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, chocó con Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano (PSC), por el control político de Guayaquil. La rivalidad se intensificó tras desacuerdos iniciales, como la ausencia de Correa en la sesión solemne del 25 de julio de 2007 por disputas sobre el horario. 

Nebot organizó marchas masivas, como la de 2008 con más de 100,000 personas, para defender la autonomía municipal frente al centralismo de Correa, quien intentó debilitar al PSC con candidatas como María de los Ángeles Duarte (2009) y Viviana Bonilla (2014), sin éxito.

Moreno vs. Viteri (2017-2021): Lenin Moreno, inicialmente aliado de Correa pero luego distanciado del correísmo, enfrentó a Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil desde 2019 y miembro del PSC. La relación se tensó por diferencias en la gestión de la crisis del COVID-19 en 2020. Viteri implementó medidas locales, como el cierre del aeropuerto de Guayaquil y restricciones de movilidad, que Moreno criticó como descoordinadas con el gobierno central. 

Por ejemplo, Viteri ordenó bloquear la pista del aeropuerto para evitar la llegada de un vuelo de Iberia, lo que generó críticas del gobierno nacional por extralimitarse en sus competencias. Moreno, a su vez, enfrentó críticas de Viteri por la lenta respuesta estatal ante la crisis sanitaria, que dejó imágenes devastadoras de cuerpos en las calles de Guayaquil.

Lasso vs. Nebot (2021-2023): Guillermo Lasso, inicialmente respaldado por el PSC, rompió con Nebot tras desacuerdos sobre el control de órganos estatales. Lasso acusó a Nebot y Correa de conspirar para desestabilizarlo, llamándolos “mellizos de la conspiración”. 

Nebot, aunque ya no era alcalde, seguía siendo una figura influyente en el PSC y en Guayaquil, apoyando a Viteri. Lasso criticó la gestión municipal y la influencia de Nebot, mientras este último cuestionó la incapacidad de Lasso para manejar la inseguridad y la economía.

Noboa vs. Álvarez (2023-actualidad): Daniel Noboa, buscando consolidarse como líder de la derecha, ha confrontado a Aquiles Álvarez, alcalde correísta desde 2023. Noboa acusó al Alcalde de irregularidades en el caso “Triple A” (comercio ilegal de combustibles) y criticó su gestión en temas como basura y agua potable. 

Álvarez respondió acusando a Noboa de revanchismo político y de sabotear proyectos como el Quinto Puente. La derogación por parte de Noboa de decretos de Lasso que otorgaban competencias al municipio, como el control del parque Samanes, intensificó la pugna.

2. Rivalidad ideológica y pugna por el poder

Guayaquil ha sido un bastión del PSC, un partido de derecha que dominó la alcaldía desde 1992 hasta 2023, lo que genera conflictos con presidentes de tendencias opuestas o incluso con aquellos de la misma línea ideológica que buscan neutralizar su influencia:

Correa vs. Nebot: La confrontación fue ideológica (izquierda vs. derecha) y personal. Correa veía a Nebot como un obstáculo para su proyecto de Revolución Ciudadana, mientras Nebot defendía el liberalismo guayaquileño y la autonomía municipal. Disputas sobre el dragado del puerto y la seguridad ciudadana se convirtieron en batallas simbólicas por el control de la ciudad.

Moreno vs. Viteri: Aunque Moreno comenzó como correísta, su ruptura con Correa lo acercó a sectores de derecha, pero no al PSC. Viteri, como sucesora de Nebot, mantuvo la postura de autonomía del PSC. Durante el COVID-19, Viteri acusó al gobierno de Moreno de abandono, señalando la falta de recursos para hospitales y morgues en Guayaquil. Moreno, por su parte, criticó las medidas unilaterales de Viteri, como el cierre del aeropuerto, acusándola de generar caos. Esta tensión reflejó una lucha por el liderazgo en la crisis.

Lasso vs. Nebot: Ambos de derecha, su conflicto fue por el control político. Lasso, al romper con el PSC, perdió el apoyo de Guayaquil, y Nebot aprovechó para criticar su gestión en seguridad, un tema sensible en la ciudad. La campaña de Lasso contra Viteri en las elecciones de 2023, apoyando a candidatos alternativos, agudizó la ruptura.

Noboa vs. Álvarez: Noboa, enfrentado al correísmo, ve a Álvarez como una amenaza electoral futura, especialmente por su potencial como candidato presidencial en 2029. Álvarez, respaldado por la Revolución Ciudadana, ha acusado a Noboa de usar el caso “Triple A” para desprestigiarlo. La polarización se evidenció en las sesiones solemnes paralelas de julio de 2024, donde ambos líderes organizaron eventos separados.

3. Centralismo vs. autonomía municipal

La tensión entre el centralismo del gobierno nacional y la defensa de la autonomía de Guayaquil es un hilo conductor en estas confrontaciones:

Correa vs. Nebot: Nebot abogó por un modelo federal, criticando el centralismo de Correa. Disputas como el dragado del puerto, donde Correa acusó a Nebot de engañar a los guayaquileños, reflejaron esta lucha por competencias y recursos.

Moreno vs. Viteri: Durante la pandemia, Viteri reclamó mayor apoyo del gobierno central, mientras Moreno insistía en que las medidas locales debían coordinarse con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. El cierre del aeropuerto por parte de Viteri fue visto como un desafío a la autoridad central, intensificando la fricción.

Lasso vs. Nebot: Lasso otorgó algunas competencias a la Municipalidad, como el parque Samanes, pero su relación con Nebot se deterioró por acusaciones mutuas de deslealtad política. El PSC, bajo la influencia de Nebot, mantuvo su postura de autonomía.

Noboa vs. Álvarez: Noboa revirtió decretos de Lasso que favorecían al municipio, como el proyecto del Quinto Puente, generando críticas de Álvarez, quien acusó al presidente de centralismo y de ignorar las necesidades de Guayaquil.

4. Personalismo y polarización política

El personalismo y la polarización caracterizan la política ecuatoriana, con líderes como Nebot, Viteri, y Álvarez actuando como figuras centrales en Guayaquil, enfrentándose a presidentes que buscan consolidar su poder:

Correa vs. Nebot: Ambos fueron caudillos que polarizaron el país. Correa llamó a Nebot “emperadorcito”, mientras Nebot acusó al presidente de mentir. Las marchas de Nebot y la creación de la Junta Cívica Popular por Correa fueron estrategias para movilizar a sus bases.

Moreno vs. Viteri: La confrontación se personalizó durante la pandemia. Viteri acusó a Moreno de abandono, mientras Moreno la señaló por tomar decisiones sin coordinación, como el cierre del aeropuerto. La retórica de ambos reflejó una lucha por el liderazgo en una crisis que golpeó duramente a Guayaquil.

Lasso vs. Nebot: Lasso acusó a Nebot de envidia y de actuar como “mafioso” junto a Correa, mientras Nebot negó conspiraciones pero criticó la gestión de Lasso. Esta retórica personalista exacerbó la división.

Noboa vs. Álvarez: Noboa ha adoptado un discurso confrontacional contra el correísmo, con Álvarez como blanco principal en Guayaquil. Álvarez, a su vez, ha acusado a Noboa de soberbia y persecución política, especialmente en el caso “Triple A”.

5. Seguridad como punto de fricción

La inseguridad en Guayaquil, vinculada al crimen organizado, es un tema recurrente que genera choques entre presidentes y alcaldes:

Correa vs. Nebot: Nebot acusó a Correa de liberar delincuentes, mientras Correa criticó la gestión de seguridad municipal. La creación de la Junta Cívica Popular fue un intento de Correa de ganar apoyo en sectores populares de Guayaquil.

Moreno vs. Viteri: La pandemia eclipsó parcialmente el tema de la seguridad, pero la crisis sanitaria expuso la vulnerabilidad de Guayaquil, con Viteri demandando más recursos policiales y Moreno señalando la responsabilidad municipal en la gestión de la crisis.

Lasso vs. Nebot: Lasso prometió mano dura contra el crimen en Guayaquil, pero el PSC, liderado por Nebot, criticó su ineficacia frente al aumento de la violencia.

Noboa vs. Álvarez: Noboa ha excluido a Álvarez del Consejo de Seguridad Pública, acusándolo de no colaborar en la lucha contra el crimen. Álvarez insiste en que la seguridad es competencia del gobierno central, no municipal.

6. Contexto cultural e histórico

Guayaquil, con su tradición de autonomía y liberalismo desde la Revolución de 1820, refuerza la resistencia de sus alcaldes al centralismo. Nebot y Viteri capitalizaron esta identidad para movilizar apoyo, mientras Álvarez, aunque correísta, ha adoptado un discurso de defensa de los intereses guayaquileños frente a Noboa.

Conclusión

La confrontación entre presidentes y alcaldes de Guayaquil responde a la importancia electoral y económica de la ciudad, rivalidades ideológicas, tensiones entre centralismo y autonomía, y el personalismo político. Estas pugnas reflejan la lucha por el poder en una ciudad clave para la gobernabilidad de Ecuador.

Mi epílogo

El nada novedoso Carondelet Vs. Guayaquil. ¿Qué hay en la trastienda? me preguntaba hace algunos días. Si uno revisa la situación con otras ciudades, lo de la gran urbe costeña resalta y lo expuesto por Grok, al ojo humano, no es está muy alejado de lo que realmente estaría ocurriendo, pro hay que afinar los acontecimientos 

Otra duda me ha quedado al revisar este escenario construido por la AI: ¿Es posible que exista confabulación y conspiración? Pues ya me queda otra tarea y para otro momento. 

Por lo pronto tengo la certeza que Guayaquil es un “teatro de operaciones” óptimo para la guerra mimética enfocada en operativos de seguridad, acciones mediáticas contra el crimen organizado y funcionarios que parecieran estar en campaña electoral; aunque bien me es posible deducir que el Presidente Noboa está decidido a cambiar la historia de la ciudad convirtiéndola en una aliada de su proyecto político ¿económico? cualquiera que este sea.

Definitivamente, Guayaquil es un punto de conflicto geopolítico y geoeconómico en los intentos de gobernar al Ecuador, tanto desde el punto de vista democrático como del espacio que el mundo criminal, de una u otra manera, también está reclamando.

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24 de marzo de 2025

Hostilidades y fiascos en el debate presidencial

Ya es parte de la historia del Ecuador, no se si del capítulo "Gestión presidencial" o del "Recorrido electoral". Ya serán los especialistas en historiografía los que decidan, pues en lo que a mi concierne lo colocaré el debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa como una gran fracaso técnicamente preparado por el Consejo Nacional Electoral.


La noche del 23 de marzo de 2025, durante dos horas, me fue posible ver a dos estudiantes defendiendo hostil y sarcásticamente sus trabajos escolares; en ningún momento pude ver en los dos participantes a un candidato presidencial por más que el mundo mediático así los anunciaba. 

El mega error de los consejeros del CNE inició cuando permitieron que un funcionario, en este caso el Presidente Daniel Noboa, se presente al debate en calidad de candidato; la parte legal aún se analiza en la Corte Constitucional, pero en el marco social considero que fue la mayor demostración de inmoralidad.

El siguiente eslabón fue convertir a la periodista Ruth del Salto que su rol únicamente sea una especie de lectora de preguntas y controladora de tiempos, pues en ningún momento actuó como una moderadora frente a los agresivos desvaríos de los dos contendores como parte de sus argumentaciones políticas, si es que se lo puede llamar así a lo que expusieron ante los espectadores.

Largo sería, por ahora, analizar desde mi perspectiva lo que dijeron y lo que no dijeron, así como incluir otras perspectivas de los especialistas, comentaristas y opinadores que vierten sus palabras en el mundo mediático y que, de una u otra forma, son parte de la ilustración pública; ante eso esta primera entrada sobre las primeras pinceladas que le di al paisaje discursivo de la aspirante a la presidencia y del Presidente disfrazado de candidato.

Ya habrá tiempo para la crítica sobre la metodología del debate.

De entrada los dos contendores se mostraron irrespetuosos en sus tratos, tuteándose como si fuesen un par de ciudadanos cualquiera que luego de ser amigos de barrio se convirtieron en enemigos mediáticos.

Viene al caso mi primera conclusión:

Además que cada intervención de cada candidato fue una escaramuza política. Los ciudadanos únicamente servimos como relleno, como carne de cañón. ¿Qué se hace cuando los candidatos no aportan soluciones a los problemas del Ecuador?

Síntesis del eje "Educación" impuesto por el CNE: información relacionada con drogas, desayuno, aspecto laboral y visión micro para la magnitud del sistema escolar. La exclusión y la deserción son los graves problemas estructurales y visibles en Ecuador. La hostilidad de los dos les hizo perder perspectiva. Ninguno de los protagonistas habló la crítica situación Ecuador en lo que respecta a la baja calidad del aprendizaje. Nunca escuché el plan de ninguno, únicamente un listado de aspiraciones.

Salud y Seguridad Social: ¿A qué genio se le ocurrió juntar dos aspectos complejos y trascendentales en un solo tema? La dos son áreas interconectadas pero distintas, con desafíos específicos que a veces se solapan y a veces divergen. Los candidatos divagaron gracias a la hostilidad que la que cada uno hizo gala a su estilo; los candidatos se quedaron en ideas simplistas, evitaron el debate real sobre este doble escenario absurdo dispuesto por la Función Electoral. La hostilidad los volvió a mostrar inoperantes.

Criminalidad y seguridad, el álgido escenario tomó un rumbo más emocional y confrontacional que sustantivo; la mutuas acusaciones sobre quien era más fue la tónica para seguir la línea de la hostilidad; los candidatos lanzaron ideas, de esas que suenan bien en el micrófono, pero se estrellan contra la realidad financiera y operativa de Ecuador. La mutua hostilidad fue un síntoma preocupante en estos delicados temas. 

Nada dijeron del ECU 911, una de las herramientas ciudadanas fundamentales para gestionar la seguridad ciudadana. mencionaron a militares y policías como sinónimo de "seguridad ciudadana". Las hostilidades de los candidatos nos pusieron definitivamente en manos de los delincuentes y criminales. Sus intervenciones fueron un ¡¡Un fiasco!!

Y otro más cuando les tocó el turno de Economía y Empleo. Siguieron en sus intervenciones pendencieras con ciertos momentos de lucidez para contar sus ilusiones personales, no mencionaron los problemas reales y menos soluciones integrales, palabras lanzadas al público para que las conviertan en tendencia mediática o en memes pero siempre con claras intenciones de que se conviertan en virales.

El inmoral Presidente, a pesar de tener la capacidad para mostrar cifras fue incapaz de hacerlo; no vi al mandatario, fue a un simple candidato que esgrimió su actitud beligerante como estrategia para denigrar a su oponente y las intenciones de causar daños morales en sus votantes; pero haciendo ofertas económicas para comprar votantes. 

Cuando llegó el turno de anunciar sus políticas de Gobernabilidad, el eje de cierre del programa, los pugilistas sacaron a relucir su ignorancia e insensibilidad ante la desarticulación del Estado, ante la brecha que separa a la ciudadanía de sus gobernantes y su fortaleza para insultar usando palabras propias de la real política pública. Sobre todo mostraron que las demandas sociales es lo que menos les interesa, que quieren el poder político para saciar su necesidad de erguirse como paladines en la destrucción del equilibrio constitucional.

Dos personas hostiles jamás podrán poner en práctica los conceptos políticos de gobernabilidad y menos de gobernanza. 

En definitiva no vi ni escuché un debate presidencial, fui testigo de un hostil grupo de mutuas acusaciones entre quienes dicen estar preparados para gobernar; también que el CNE le dio al gran público lo que más le gusta en televisión: chisme y farándula confrontacionales, los contertulios no defraudaron a esa parte del electorado. 

Este preocupante paisaje político termina con la famosa y repetitiva pregunta ¿Quién ganó el debate? En lo personal, cualquier respuesta orientada a uno de los pugilista no es más que un apéndice de la campaña de violencia y desprestigio mimetizada como electoral.

Después de este show las páginas de crónica roja tiene mucho por publicar y las de política nada; sin embargo, valió la pena ver y escuchar a la quiere gobernar y al que podría seguir gobernando... en cualquiera de los dos casos ¡Adiós a lo que quedaba de tranquilidad en Ecuador!

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