Como residente de Puerto Cayo, en la provincia de Manabí, donde la gestión local es prácticamente nula en la atención de playas y ríos así como de otros servicios públicos, he seguido con creciente preocupación el avance del proyecto de ley económica urgente presentado por el presidente Daniel Noboa el 28 de enero de 2026; una iniciativa que se vende bajo el membrete de "bienestar para los ciudadanos"; sí, pero para los que viven en las ciudades, los de la zona rural deberemos esperar las migajas, nuevamente.
Esta reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) busca obligar a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, con un escalonamiento progresivo (60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029). Si no se cumple, se reducen las transferencias estatales (del 21% de ingresos permanentes y 10% no permanentes del Presupuesto General del Estado).
La intención parece noble: corregir que solo el 39% de los recursos GAD vaya a inversión real, mientras el gasto corriente crece hasta el 34-70% en algunos casos; pero, como he analizado el escenario, esta propuesta nace con lagunas que ahora, en su trámite hacia el segundo debate, revelan anomalías, irregularidades e inmoralidades que cuestionan su viabilidad y equidad.
Antes de entrar en detalles, quiero advertir al lector que este ensayo no pretende ser una defensa incondicional del trabajo de alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales en Ecuador; como ciudadano, he vivido de cerca cómo la gestión deficiente de muchos de estos funcionarios locales ha contribuido de una u otra manera a la inseguridad integral, así como a la ausencia de expectativas ciudadanas reales, donde las promesas de obras y servicios se evaporan en corrupción o ineficiencia o ignorancia u olvido.
Pero también se reforzaría la famosa muletilla de "no hay presupuesto" para responder a las exigencias ciudadanas.
La desconfianza ciudadana
Encuestas como Latinobarómetro muestran que la confianza en el gobierno ha caído drásticamente, casi a la mitad entre 2009 y 2018, con la corrupción percibida como uno de los principales desafíos que erosiona la credibilidad de las instituciones, incluidas las locales. Reportes de la OCDE y el BID confirman esta tendencia regional, con solo el 17% de confianza en instituciones públicas en América Latina y el Caribe para 2025, un declive atribuible a capacidades estatales menguantes y percepciones de autoritarismo en la toma de decisiones.
Más allá de lo financiero que es el foco principal de la propuesta de Noboa, los verdaderos escenarios a cambiar radican en la baja o casi nula participación ciudadana real, la falta de transparencia que permite gastos opacos, el autoritarismo que silencia críticas comunitarias y la baja calidad legislativa en muchos GAD.
Investigaciones como el informe de la OCDE sobre integridad pública en Ecuador destacan cómo estos factores socavan la credibilidad, con iniciativas fragmentadas y poco supervisadas que no revierten la desconfianza ciudadana; por eso, cualquier reforma debería priorizar no solo porcentajes presupuestarios, sino mecanismos genuinos de rendición de cuentas, inclusión y mejora institucional que reconstruyan la fe en los funcionarios locales, en lugar de perpetuar un ciclo de promesas incumplidas que alimentan la frustración diaria en zonas como la mía.
Esta reflexión inició con tropiezos notorios. El 1 de febrero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificó y remitió a la Comisión de Desarrollo Económico, con un plazo de 30 días para el informe; a pesar de un intento fallido de archivo por parte de los críticos políticos y otros especialistas en gestión local, con 70 votos negativos al archivo y 7 abstenciones, el Pleno analizó el primer debate el 10 de febrero y aprobó el informe para segundo debate el 17 de febrero de 2026; sin embargo, emergen irregularidades: discusiones a puerta cerrada y virtuales, sin consulta amplia con la ciudadanía o territorios afectados, con alertas públicas de “inconstitucional” por vulnerar la autonomía financiera (Art. 238 Constitución) y generar desigualdades territoriales.
Una anomalía flagrante radica en la actuación de la asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien no recibió únicamente a la presidenta de AME Yuri Colorado, desconociendo a otros ciudadanos para que aporten al documento, pese a solicitudes explícitas. Centeno limitó la participación a los nueve integrantes de la mesa, sin dar la palabra a asambleístas de oposición como Diego Salas o Mabel Méndez de Revolución Ciudadana, quienes criticaron la ausencia de debate plural y la exclusión de comparecencias, calificando el proceso de "castigo" que impone una “camisa de fuerza” a los GAD sin considerar realidades territoriales.
Esto evidencia una falta de proceso democrático para la socialización del proyecto, con sesiones cerradas que ignoran voces clave, perpetuando un trámite opaco y centralista que socava la esencia participativa de la descentralización.
El oficialismo ha montado una narrativa falaz para justificar la reforma, estigmatizando el gasto corriente de los GAD como un derroche en “farras y entretenimiento” que supuestamente alcanza hasta USD 36 millones anuales en municipios, ignorando que estos rubros forman parte integral de las industrias culturales y creativas reconocidas como motores de desarrollo económico y social en Ecuador; esta simplificación excesiva representa una falacia de falsa dicotomía, oponiendo "obras reales" a supuestos excesos festivos, sin reconocer que entre los objetivos nacionales está la primera Política Nacional de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas de 2025, que promueven el entretenimiento (cine, música, eventos locales) para generar empleo, diversificar la matriz productiva y fomentar ciudades más seguras e inclusivas, alineadas con derechos constitucionales a la cultura (Art. 377 Constitución).
También han puesto en el debate social mitos como el de que las fiestas son puro despilfarro perpetúan prejuicios contra la autonomía local, asumiendo ineficiencia generalizada en GAD rurales o pequeños sin diferenciar rigideces presupuestarias, deudas estatales pendientes o beneficios transversales como cohesión comunitaria y turismo; en realidad, estos gastos contribuyen al desarrollo personal y económico, no como un fin aislado sino como herramienta para resolver problemas públicos, y cualquier reforma que los “satanice” sin evidencia diferenciada revela un prejuicio centralista que socava la descentralización equitativa.
Los absurdos gubernamentales
El gasto corriente no es derroche, sino el pilar de la sostenibilidad y de gran importancia en las zonas rurales: cubre salarios para personal en mantenimiento de espacios públicos, inspecciones técnicas de comisarios , protección de playas y ríos (como los 38 km de Puerto Cayo, sin plan de manejo integral pese al PDYOT 2023-2027), transparencia (LOTAIP, con costos en personal y TI), formación continua (LOSEP obliga perfeccionamiento) y hasta protección de algunos (¿todos?) alcaldes y prefectos en zonas violentas (escoltas policiales con viáticos pagados por GAD).
Forzar el 70% en inversión reduce esto al 30%, arriesgando despidos, tercerizaciones precarias y caída en calidad de servicios. En Puerto Cayo, con altas deficiencias municipales y sin considerar la complejidad territorial, sin gasto corriente para operaciones diarias serían casi impensables las obras como reparaciones post-aguajes o inundaciones.
La opción que de seguramente usarán este tipo de gobierno local sería el de gestionar nuevas ordenanzas para recaudar tasas con cualquier pretexto lo generarían ingresos propios, pero intensificarían demandas ciudadanas si servicios no mejoran no se transparentan los adecuados usos de esos recursos, como sucede con la tasa de seguridad o, en el caso de Jipijapa, la llamada "fondo colinas".
Entonces, a pesar que Yuri Colorado respalda la eficiencia exige ajustes: no “satanizar” gastos necesarios, flexibilizar para 41 municipios incapaces de cumplir el 60% inicial, y resolver deudas estatales antes de condicionar transferencias.
De su parte el prefecto de El Oro y presidente del Congope Clemente Bravo alerta sobre debilitamiento de programas sociales y vialidad rural. En esta línea, Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, con más experiencia en asuntos de finanzas públicas ha expresado una posición firme y crítica frente al proyecto de ley reformatoria al COOTAD, calificándolo de regresivo y gravemente preocupante para la autonomía y la descentralización, al afectar el desarrollo territorial y la inclusión social de los grupos más vulnerables.
En su comunicado destaca que desde su concepción el proyecto excluyó a los representantes de los gobiernos subnacionales en la construcción de una norma que incide decisivamente en la planificación y gestión local, lo que representa una violación a los principios de corresponsabilidad y participación.
Sus propuestas, presentadas por escrito ante la Comisión de Desarrollo Económico y extendidas ahora a todos los asambleístas para el segundo debate, se sustentan en pilares clave: fortalecer la eficiencia del gasto subnacional mediante un modelo de corresponsabilidad entre el Gobierno Central y los GAD, basado en principios de solidaridad y subsidiariedad.
Este paisaje de anormalidades se suman: el informe de minoría propone archivo, pero ADN defiende “reorganizar” sin retrocesos; además, sin conocerse una razón que justifique, el Presidente de la Asamblea Nacional (ADN) decidió que el Pleno sesionará para el segundo debate el próximo viernes 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec, en Samborondón.
¿Epitafio para la zona rural?
Valentina Centeno, electa por Manabí, actuó con total ignorancia en el tratamiento de este proyecto y no es la primera vez que lo afirmo, se lo he dicho en mis intervenciones en respuesta a sus aseveraciones mediáticas.
La funcionaria seguramente cree que la zona rural es solamente pesca, agricultura, ganadería y turismo, como actividades secundarias a la vida de las ciudades; lo que no sabe, al igual que el Presidente y cada uno de sus coidearios, es que en este otro Ecuador, las personas pagamos el precio de la inacción y del centralismo disfrazado.
Como ciudadano radicado en la zona rural veo inmoralidad en legislar sin diálogo: ignora rigideces laborales, costos legislativos, deudas con concejos provinciales (USD 660 millones) y equidad territorial; un escenario que también ocurre muy frecuentemente en las municipalidades... bueno, no en todas.
En Manabí, donde playas como la nuestra sufren abandono, donde la obra pública llega como caridad y se romantizas las tragedias humanas, esta reforma podría perpetuar inequidades, priorizando a urbes mediáticas y con mayor número de votantes sobre periferias olvidadas. La descentralización debe gestar mayor democracia y control social, no recentralizar la toma de decisiones en Carondelet y los ministerios.
Pago tasas, quizás como muchas otras personas, esperando resultados tangibles: playas limpias, barrios seguros, servicios básicos e información de calidad; si esta ley pasa con sus anomalías e ignorancias, el “espuelazo final” podría ser un retroceso para zonas rurales como la mía, donde la realidad diaria clama por equilibrio, no por métricas de escritorio.
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