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8 de mayo de 2021

Los desastres del desastre - crónica del post terremoto

Publicado originalmente en La Verdad, edición abril del 2021 No. 393

Para unos fue segundos y para otros una eternidad. Cientos y miles de páginas podrían escribirse sobre lo que ocurrió desde 16 de abril de 2016 a las 18H58 hasta este primer trimestre del 2021, con historias de tragedias, inoperancias, destrucción, sobrevivientes, heroísmo, sacrificio, mentiras y propaganda.


El impacto del terremoto en Ecuador fue devastador y no únicamente por las casi 7.000 víctimas registradas por el Gobierno o los 80.000 desplazados, tampoco por los 676.5 millones de dólares en pérdidas materiales en el sector productivo que bien pudieron alcanzar los 1.032 millones, además del colapso de las infraestructuras públicas.

El desastre merece ser escrito desde la falta de preparación a pesar que estuvo previsto, las falencias gubernamentales para reaccionar y los misterios que existen alrededor del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, creado como instancia tanto articuladora de los esfuerzos como de los recursos disponibles para “regresar a la normalidad”.

Pero si de instituciones se trata, uno de los capítulos que aún no están relatados es el de la evaluación del trabajo de prevención, mitigación, reparación, alerta y respuesta del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Se encontraba como titular de ese organismo el vicealmirante (SP) Luis Jaramillo Arias.

El caótico escenario post 16-A no pudo ser solventado por la descoordinación institucional, a tal punto que 10 días después de los sismos, el entonces Presidente de la República Rafael Correa se vio en necesidad de crear un mando unificado y encargó al Ministerio de Defensa la gestión de la crisis, movilizó a la totalidad de las Fuerzas Armadas a las zonas afectadas para hacerse cargo de la seguridad, para continuar con los trabajos de rescate y poner orden en los albergues.

Recordemos nombres: ministro de Defensa Nacional Ricardo Patiño, ministro Coordinador de Seguridad César Navas y secretario de Gestión de Riesgos Luis Jaramillo.

Y otro dato fundamental: en cada área del desastre se designó a un coordinador: el vicepresidente Jorge Glas en Manta, el secretario del Agua Carlos Bernal en Portoviejo, el ministro del Interior José Serrano en Pedernales y la secretaria de la Gestión de la Política Paola Pabón en Jama y Canoa.

Puedo asegurar que el desastre empezaba a fraguarse en medio del dolor, la incertidumbre y el desconcierto institucional y más cuando Luis Jaramillo anunció la noche del lunes 2 de mayo de 2016 que renunciaba a su cargo, en momentos en que las noticias daban cuenta que la remoción de escombros podría estar originando más muertos.

¿Quién es Carlos Bernal?

En su reemplazo se designa a Susana Dueñas de la Torre, quien hasta el momento fungía como Gobernadora de Manabí y del análisis de su hoja de vida a esa época, se desprende que no tenía experiencia de ningún tipo en Gestión de Riesgos y peor manejo de crisis en desastres.

Nunca hubo un informe oficial sobre la violación los protocolos internacionales para casos de terremoto a pesar de los testimonios de los “Cascos Blancos” y los “topos” mexicanos. Tampoco se han hecho públicos los antecedentes sobre las extrañas situaciones en que muchos funcionarios actuaron más como promotores propagandísticos del Gobierno que como gestionadores de la ayuda humanitaria.

Y más capítulos no escritos podrían ser parte de un mega expediente sobre lo ocurrido en cada operación de rescate, de evacuación, de abastecimiento, de los saqueos, de las víctimas que murieron semanas después y de las personas mutiladas.

Pues bien, pasado el tiempo había que planificar la recuperación del golpe y se creyó que las palabras “reconstrucción” y “reactivación” eran las palabras más adecuadas, pero el tiempo demostró que fue otra equivocación. En todo caso, aparece en escena otra instancia gubernamental: la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades. 

El capítulo lo protagoniza Sandra Naranjo, cuando el 1 de junio del 2016 asegura que se requerirán USD 3.344 millones de dólares para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y de este total, 2.253 millones serían asumidos por el sector público y 1.091 millones por el privado; además, que se habían perdido 21.823 puestos de trabajo. 

Según la información oficial este proceso de evaluación estuvo a cargo de especialistas de Senplades, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y los equipos técnicos de los distintos ministerios; no hay nombres de quienes conformaron ese equipo de trabajo. También se asegura que una misión multidisciplinaria de más de 45 expertos del sistema de la Organización de Naciones Unidas liderados por el equipo técnico de CEPAL, acompañó este proceso. ¿Dónde estarán esas memorias de las reuniones?

En todo caso, el asunto del financiamiento para la reconstrucción y reactivación productiva, lo que se podría decir que se abrió otra puerta para un entramado de misterios en la gestión pública en todos los niveles de gobierno para el uso de 2.253 millones de dólares: 1.000 millones por la Ley de Solidaridad y 660 millones por líneas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF; además, del Fondo Monetario Internacional se obtendrían otros 400 millones y del Presupuesto General del Estado unos 193 millones. 

A la par del trabajo de cientos de voluntarios, de militares, policías y bomberos, para reestablecer el orden, la propaganda gubernamental empezaba a gestar una campaña informativa para intentar demostrar que “ya todo estaba bajo control”. Otro caso de estudio especial en la comunicación social.

Entonces, llegó la hora de empezar a recaudar dinero. 12 de mayo de 2016: la Función Legislativa aprobó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para obtener liquidez, contemplaba un alza temporal de impuestos, la venta de activos productivos gubernamentales que incluía una central hidroeléctrica, un banco y medios de comunicación, un día de sueldo de los funcionarios, fijaba un impuesto al patrimonio personal que supere un millón de dólares y otro de un 3 por ciento a la utilidad de las empresas por única vez. 

Estaba como presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira y los registros datan que existía una mayoría gobiernista en que finalmente impuso el proyecto presidencial a pesar de las objeciones de asambleístas que expusieron sus desacuerdos por la falta de análisis de impactos financieros. Otra larga historia sin evaluar, aún.

Siguiente actor en escena: Leonardo Orlando. EL Servicio de Rentas Internas fue el encargado de recaudar los tributos establecidos en la ley y el mencionado funcionario tenía el cargo de Director General del SRI.

Un año después se informa se habían recaudado más 1.555 millones de dólares, logró que implicó un gran despliegue de funcionarios por todo el territorio nacional y un sistema de control al detalle que también permitió obtener 11 millones extras por multas. Estas y otras contribuciones habrían alcanzado los 3.000 millones de dólares. Un valor que merece otro extenso capítulo explicativo.

Portoviejo: calle Pedro Gual y García Moreno.

Lo cierto es que los recursos recaudados por la Ley Solidaria no se incluyeron en la auditoría que realizó la Contraloría, sobre las acciones realizadas durante los tres meses que duró la etapa de emergencia del terremoto y examinó el uso de 45,59 millones de dólares que transfirió el Ministerio de Finanzas a otras seis carteras de Estado, entre el 16 de abril y el 21 de julio del 2016. Amables lectores, esta es otra novela de misterio.

Voy a dar un salto hacia el organismo que lo considero más oscuro que contribuyó al desastre. Con Decreto Ejecutivo 1.004 del 26 de abril del 2016, emitido por el Presidente Rafael Correa, se dispuso la creación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas azotadas por el terremoto, con él apareció la Secretaria de este comité y el primer funcionario que estuvo a cargo fue: Carlos Bernal; como presidente fue nombrado el vicepresidente de esa época Jorge Glas.

En esta narrativa post terremoto y origen del desastre, bien podría tenerse un acápite especial para detallar le perfil de ese funcionario tanto desde el ejercicio de su cargo como del inmenso poder político que adquirió durante su trabajo, quien además, durante el proceso electoral del 2017 cumplió, al mismo tiempo, las funciones de Gerente de la campaña electoral de Alianza PAIS, distrito sur de Manabí.

Lo cierto es que la tarde del viernes 12 de enero de 2018, el rumor circuló con velocidad pero solo eso, pasadas las 19h30 se hizo oficial: Carlos Bernal Alvarado ya no era el Secretario del comité de la reconstrucción. ¿Por qué renunció? No se conoce con certeza, pero se cree que fue por una disputa con el Ministro de Finanzas, también existe la presunción que habría estado motivado por las investigaciones de la Fiscalía a sus cuentas bancarias y de su esposa, en las que se habrían detectado valores no justificados.

La sorpresa también pudo ser para los 11 asambleístas de Manabí, dos nacionales y nueve provinciales, uno de ellos Daniel Mendoza, que durante la campaña juraron ante “su” pueblo que fiscalizarían las gestiones y recursos de la reconstrucción; de lo que se sabe y difundió apenas llegaron a la instancia de pedir información. 

Llegó y se fue Vicente Véliz, rector de la Universidad Técnica de Manabí. Apareció y se hizo cargo de la presidencia de esa Secretaría María Alejandra Vicuña en su calidad de Vicepresidenta de la República y en una de sus declaraciones aseguró: “Se cometieron barbaridades en los contratos de la reconstrucción” y de allí nada más. Públicamente nunca se conocieron las acciones para transparentar “esas barbaridades”.

Se presume que María Alejandra Vicuña se llevó muchos secretos del uso de los recursos financieros destinados solventar las secuelas del terremoto y abono a la profundización del desastre.

También fue parte de esa escena el responsable de dar seguimiento al pedido de auditorías a la Contraloría: el secretario José Herrera, quien además en esa época fue Director Provincial de Alianza PAIS de Manabí; el viernes 29 de marzo de 2019 pasadas las 18h00 se conoció sorpresiva y oficialmente que el funcionario había renunciado a su cargo. Se desconoce si hubo o no un informe final de su gestión y los trabajos pendientes.

El turno es para José Agusto Briones y Guillermo Sierra Béjar, en un debut y despedida. Se dio paso para que la excandidata a la alcaldía de Chone por Alianza PAIS Elizabeth Molina Álvarez ocupase el puesto de Presidenta del Comité y con ella a Marilin Veintimilla Chávez como Secretaria Técnica.

El sábado 9 de mayo de 2020 se deroga el Decreto Ejecutivo 1004, con la que se creó el Comité y la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, y se le retiran las funciones de presidenta del Comité a Elizabeth Molina. Tampoco existe una evaluación de su gestión para transparentar el uso de los recursos. 

La otra novedad es que hasta ahora se desconoce el lugar en que se encuentran los archivos de esta instancia, los informes, las actas, de la fiscalización, de los gastos administrativos y otros tantos documentos que son parte de la historia de Manabí y el Ecuador. Personalmente solicité a Elizabeth Molina que me mostrase los archivos y me supo decir que eran documentos reservados. 

Para redondear este listado de nombres que aportaron al desastre y que bien podrían quedar para otro extenso capítulo: Mariano Zambrano y Agustín Casanova, como miembros del Comité.

Pero conozco a una persona que tiene claro el panorama del desastre de la reconstrucción: Francisco Bravo, quien también merece un capítulo para aclarar algunos de los acontecimientos por la gran cantidad de datos que ha logrado recabar.

Quisiera poner punto final a este corto relato, pero no es lo adecuado; existen misterios, tramas, secretos, investigaciones y auditorias en curso, reclamos ciudadanos, hasta confabulaciones políticas que ahondaron este desastre de la reconstrucción. 

Edición impresa de la crónica





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