La mega operación militar que se ejecuta en Ecuador ha puesto en evidencia las fortalezas de los grupos delincuenciales en zonas urbanas y rurales; políticamente se habla se un trabajo del llamado "Bloque de Seguridad" en el que participa también la Policía Nacional. Bien puede decirse que existe un antes y después a partir de la última semana de diciembre de 2023, sin embargo se hace indispensable pensar en la reorganización criminal.
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| Las unidades militares no están exentas de que algunos de sus miembros tengan vínculos delincuenciales y narcos. |
En este escenario existen hechos que no debe pasar inadvertidos: el domingo 7 de enero del 2024 autoridades informaron que Adolfo Macías, también conocido como 'Fito' y líder de la peligrosa pandilla 'Los Choneros', se había fugado de la cárcel regional de Guayaquil; dos días después 13 sujetos armados ingresaron al estudio del canal TC Televisión en Guayaquil, retuvo al personal mediante el uso de la fuerza pero finalmente la Policía intervino y logró detenerlos sin mayores inconvenientes.
La reacción presidencial fue inmediata. El 9 de enero de 2024, con el Decreto Ejecutivo No. 111 declara un conflicto armado no internacional, es decir, interno, identificando a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Una decisión inédita en Ecuador que llevó a la ejecución de un operativo militar también inédito.
Las consecuencias de esta decisión presidencial finalmente puso al descubierto una dura realidad operativa -en las calles ya se la sabía- de quienes tenían montada una transnacional de robos, asaltos, crímenes, lavados de activos, narcotráfico y otros delitos: el poder político que había captado. Sustentar esto es un camino paso a paso.
El plato fuerte es la incursión integral de los militares en las prisiones. Con el pasar de las semanas las informaciones difundidas por los propios militares dan cuenta de aquello que muchos sabíamos de lo que allá adentro estaba pasando con los presos y la implementación de sistemas de negocios ilegales con la comida, con las comunicaciones, con las armas, con las drogas, con las prebendas, las extorciones; claro también de las confabulaciones con funcionarios penitenciarios.
En pocas palabras y a modo de síntesis: militares evidenciaron el lujo del narcopoder carcelario. Pero las incursiones... mejor dicho, el contraataque militar, no fue únicamente contra los campamentos enquistados en las cárceles, fue en búsqueda y localización de las estructuras que convirtieron a barrios y calles en zonas de asentamientos delincuenciales. Aunque no se lo ha dicho públicamente, este trabajo anticrimen también evidencia la falta de control territorial municipal.
Entonces se hace pública otra noticia: 19 de febrero, en un boletín sin muchos detalles pero altamente difundido, el Ministerio de Defensa asegura que miembros de las fuerzas de seguridad han decomisado más de 900 millones de dólares como resultados (aunque es más un indicador) de su trabajo. Como otro hito, el 20 del mismo mes la Presidencia de la República hace público el balance en el que se anuncia que son cerca de 9.000 arrestos de los cuales unos 241 están acusados de "terrorismo", además de que se logró decomisar más de 62 toneladas de drogas. Por acaso son datos parciales porque las operaciones siguen.
Ante estos datos, la Fiscalía no ha emitido informaciones sobre el seguimiento a estos casos, es presumible la carga de trabajo que tiene y tendrá la institución, con el agravante que existe una especie de régimen underground de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración y sobornos del narcotráfico, según las declaraciones que hizo la fiscal Diana Salazar ante la Asamblea Nacional el 25 de enero de 2023.
Al margen de esto pero que está conectado es el trabajo que lleva adelante la Fiscalía con el llamado "Caso Metástasis" en que se ha descubierto una serie de lazos entre funcionarios de los distintos niveles de gobierno y de las funciones del Estado con las mafias penitenciarias, las del narcotráfico y de lavados de activos.
Siguiente escenario
Empiezan a encenderse ciertas alarmas. La población se preocupa por la probabilidad que los militares entreguen el manejo carcelario a la SNAI (institución encargada por ley de la administración penitenciaria); el 20 de febrero se instala la cuarta sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Tras finalizar la reunión, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jaime Vela, expuso una de las decisiones de este cuerpo colegiado: “las FF.AA. permanecerán en el control de dichos centros hasta que sea necesario".
Pero también se descubren a miembros de la Policía involucrados en casos de narcotráfico y otros delitos; de igual manera la reacción ciudadana reclama por la depuración militar. Las calles siguen "calientes" con los ataques de los delincuentes y en paralelo la fuerza militar empieza recobrar las zonas urbanas tomadas el crimen organizado, pero en las informaciones no se anuncia el trabajo municipal para apoyar estas gestiones de seguridad.
Otra noticia que aumenta el riesgo de la operación. El ministro de Telecomunicaciones César Martín, asevera que "no es fácil desconectar una prisión sin desconectar a la población que vive alrededor"; este dato es parte de las negociaciones con las telefónicas en que se incluye el rubro seguridad. Las requisas en los centros carcelarios demuestran que la telefonía celular es de alto valor para los internos y los militares, por estrategia, saben que es necesario cortar las comunicaciones del enemigo como puntal para ganar batallas. Aunque también es interceptarlas.
Entonces, conociendo un poco de cómo funciona el narco y las mafias, es complicado no pensar en que puede venir una contraofensiva, porque las perdidas y los daños ocasionados por las incursiones militares no son menores, no creo que hayan estado en las previsiones de estos grupos; seguramente lo más complicado les será recuperar el poder político que les permitía ejecutar sus operaciones con "normalidad" y a sabiendas que están protegidos.
Coyuntura estatal
Ecuador pasa por momentos complicados en cuanto a la gestión pública, desde lo administrativo y lo financiero. Las cinco funciones de Estado han mostrado sus debilidades y los gobiernos locales enfrentan los reclamos ciudadanos, todo con un velo de incertidumbre y sin certezas políticas.
El tiempo es corto para el Ejecutivo, prácticamente está por acabarse este periodo de transición, el Presidente le apuesta a los proyectos económicos urgentes a mismo tiempo que batalla con las mafias legales e ilegales: la Asamblea da paso sin mayores inconvenientes a los pedidos gubernamentales pero se entrampa en sus propios procesos.
La Función Electoral está activada para cumplir la inspiración presidencial de la consulta popular; la de Control Social también está entrampada en sus problemas internos con una serie de procesos para selección de autoridades mediante concursos.
La Judicial entro en un espiral confrontacional y atomización de sus dos organismos: Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. La caída de Wilman Terán fue el inicio de una compleja situación penal y luego en un asunto de reemplazo de Iván Saquicela, pusieron dosis adicionales de inseguridad jurídica. Una compleja "novela" jurisdiccional que hasta tiene párrafos de confabulación.
El trabajo militar
De lo que se sabe, miembros del Ejército, la Marina y la Aviación no fueron preparados para confrontar a los narcos, mafiosos y delincuentes, pero así funciona el sistema y fueron a las calles, aunque no se esperaba que se tomarán las cárceles como una punta de la lanza en un complicado y complejo campo de batalla fortificado. Pero lo hicieron. Lo están haciendo aún sin saber las consecuencias. O tal vez sí lo saben.
Como aliciente el Presidente firma el Decreto Ejecutivo 177 con fecha 23 de febrero del 2024 con el se les otorga a los militares un beneficio en el caso que hayan sido heridos o mueran en el marco de su trabajo, pero siempre y cuando pase el filtro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se trata de una compensación financiera de 460 dólares y se entregará por una sola vez.
Pero no se conoce sobre otro tipo de apoyos más allá de los establecidos en las regulaciones normales para Fuerzas Armadas; no se sabe si es que el personal tienen asesoría legal en caso de situaciones en que se vean comprometidos en temas penales o relacionados con acusaciones por haber actuado en contra de los Derechos Humanos. Una guerra militar no es una intervención en que prevalece la doctrina policial.
Pero también parece que no hay otro blindaje contra los mismos grupos a los que están combatiendo. Tal como he narrado brevemente, el mundo de las mafias le han dado la vuelta a un viejo refrán: si no puedes vencerlos, contrátalos.
Fuerzas Armadas es (era talvez) una de las instituciones que a la imagen pública se la considera como la de menos filtración de las distintas mafias; por tanto se podría esperar que estos grupos catalogados como "terroristas" se estén reorganizando y en el proceso seguramente estén buscando los mandos débiles y las tropas timoratas para reclutarlos, pero creo que también podría ser que quieran montar una red de espionaje en los distintos repartos militares, sean operativas o administrativas, tal vez hasta en las unidades de Inteligencia.
Nada de lo que aquí cuento puede considerase secreto, cada una de las líneas están estructuradas con base en las experiencias de otros teatros de operación, estudios e investigaciones sobre seguridad, notas periodísticas completas y hasta relatos históricos; consecuentemente, de una u otra forma estamos frente al probable escenario de la crimilegalidad; es decir cuando la brecha entre legalidad e ilegalidad se vuelve confusa. También puedo asumir que ya lo estamos viviendo y que se mantiene.
Un paso en el presente
Por tanto nos queda pensar en los actuales momentos que podrían durar unos meses más. No existe un panorama claro en esta guerra, el esfuerzo comunicacional tanto de Fuerzas Armadas como del Presidente da la impresión que todo va por buen camino porque no es información contrastada, porque el ruido en redes y la velocidad mediática no dan tregua a la sociedad civil para pensar lo que está ocurriendo, para tratar de ver más allá de las espeluznantes escenas de lo encontrado en las cárceles, de los sujetos capturados y catalogados como de alto valor estratégico.
Los medios de comunicación y los periodistas están del lado político, los pocos destellos de las falencias informativas de la institucionalidad pasan inadvertidos en el gran público; en este punto considero que las expresiones como 'soberanía' y 'orgullo' no deberían ser el eje del esfuerzo periodístico, sino pasar a buscar datos que puedan revelar la protección a los militares para que sus esfuerzos no se dispersen con el paso del tiempo y las decisiones judiciales.
¿Por que de este relato? Por que guste o no y a pesar tanto de las fallas como de los errores militares, hoy por hoy son la última reserva moral de la nación, no obstante están en medio del fuego cruzado entre el poder político legal y el poder político ilegal.
Como van las pérdidas de estos grupos no sería extraño que se consolide la crimilegalidad y la institución pierda su imagen pública, con lo cual Ecuador dejaría de ser una república para ser reconocido como un narco Estado.
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| La propaganda de guerra busca al periodismo |
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