Una alerta y preocupación me saltó el sábado por la noche cuando leí una nota periodística en la que se asegura: "El movimiento correísta obtuvo la Prefectura de Manabí, ocho alcaldías, 22 juntas parroquiales y logró presencia en las concejalías de 18 de los 22 cantones."; también por lo que poco que se conoce sobre lo que será la actuación de la nueva alcaldesa Ángela Plúa, auspiciada por Pachakutik.
El primer caso está publicado en primicias.ec y entre los electos está Carlos Orlando quien asumiría el cargo de Presidente de la Junta Parroquial de Puerto Cayo, lugar en que vivo; en el segundo, es por el desconocimiento que tengo sobre el accionar institucional que podría tener la Municipalidad de Jipijapa a partir del 14 de mayo del 2023 y luego de escuchar las primeras declaraciones de la candidata electa cuando asegura que "... los medios la han difamado..."
La situación en Puerto Cayo, población costera rural de Jipijapa, es de alta preocupación ante la ausencia de una efectiva intervención gubernamental y municipal, a pesar de las gestiones realizadas a todo nivel, así como de las constantes publicaciones sobre los problemas no resueltos como es el caso de los ataques delincuenciales, daños en la playas, ausencia de calidad de los servicios públicos, entre ellos los de la salud y gestión de riesgos.
Mi incertidumbre también está alimentada por el entorno político del país y las confrontaciones públicas entre el Gobierno y el correísmo, aspecto que se agrava por una fuerte corriente tanto ciudadana como de cuentas fantasmas que atacan a esta organización política y a quienes son afines; considerando que el Prefecto Leonardo Orlando, también de estas filas políticas, fue reelecto.
Queda entonces preguntarme ¿Las desavenencias políticas generarán mayores daños en la gestión de obras públicas, de control territorial y de servicios? Y me respondo desde otra perspectiva: independiente de mis apreciaciones partidistas y en mi caso como miembro de la organización barrial rural de la Cdla. Antonio de Vallejo, es mi deber y mi obligación ciudadana mantenerme en la crítica a la gestión pública, pero también realizar acciones que sirvan de apoyo para mejorar las calidad de los servicios.
Lo que tengo claro es que los funcionarios de todos los niveles de gobierno y de las Funciones del Estado están obligados por la Constitución y las layes a solucionar problemas en el marco de sus competencias, de manera individual o articulados; también, que en ninguna parte de la normativa legal dispone a los funcionarios tener preferencias por territorios que le son electoralmente o ideológicamente afines.
Conociendo las limitaciones propias de la Junta Parroquial Rural de Puerto Cayo, no me cabe pensar que deba alejarme de las acciones de participación ciudadana en lo que esté a mi alcance y considerando mis capacidades profesionales, porque eso de una u otra forma redunda en mi beneficio y de mi entorno; tampoco implica que olvide mis obligaciones de control social.
Este comentario lo hago mientras espero que llegue el día en que serán posesionados los nuevos funcionarios locales, mientras tanto asumo el trabajo de prepararme mucho más para entender y conocer más a fondo la problemática de Puerto Cayo desde distintos ámbitos de la gestión pública.
El 5 de febrero, antes de ir a votar en una transmisión por mi canal de Youtube aseguré que la preocupación por lo que hagan o dejan de hacer los funcionarios tienen impactos en la población, la obra pública y los servicios:
Finalmente comparto mis apreciaciones pre-electorales realizadas el 11 de enero del 2023 y las hago frente a la Municipalidad de Jipijapa.
A manera de información complementaria, en el siguiente enlace se encuentra un breve análisis que lo titulé "Valor ético de los candidatos en Jipijapa".
Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/
Blog de Puerto Cayo: https://raulzavala.wordpress.com/puerto-cayo-manabi/
Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/
Canal en Youtube https://www.youtube.com/@RaulZavala
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