18 de agosto de 2021

El poder político y mediático de la felicidad

Considero que cada uno de los seres humanos que estamos sobre el planeta Tierra, de una u otra forma, llevamos en nuestra mente el alcanzar la felicidad, porque la necesitamos para dar más sentido a nuestros objetivos. Pero lo que la mayoría desconocemos es que alguien ya se apropió de esa intención.

Cuando se analizan los aspectos de nuestra felicidad, casi es una regla que los pensamientos se vayan a la nueva la literatura de autoayuda, a los discursos del coaching y el neo-positivismo, a las recetas que cientos de personas nos venden en videos y charlas motivacionales; del otro lado, muy pocos tapamos esa luz frontal que nos ciega y descubrimos que es un elemento en la discusión política y de las ofertas gubernamentales.

Como un acuerdo previo de este artículo: la felicidad es una suma de sensaciones positivas que fueron cosificadas y por tanto está en el nivel privado, para que pensemos que el sufrimiento es un asunto personal.

Y no me voy a detener para revisar los aspectos de “coaching” porque mi objetivo es exponer el uso político para generar simpatías emocionales en la administración de pública; diría que es llegar a la antesala del populismo y puerta de entrada a la apropiación de la libertad individual.

Parto de ciertas preguntas que están en los estudios preliminares del Marketing y la comunicación gubernamental: ¿Las políticas públicas son para generar la felicidad de los ciudadanos? además ¿Los gobiernos (nacionales/locales) tienen la obligación o deben dar felicidad a la sociedad? y la tercera para triangular: ¿Qué herramientas debe proporcionar el Estado para que los ciudadanos decidamos lo que nos da felicidad?

Mi primer punto de apoyo: “…el Estado es en sí mismo invisible e inaudible que debe hacerse ver y escuchar a cualquier precio…” Una de las argumentaciones en el libro El Estado Seductor, escrito por Regis Debray; consecuentemente tiene la necesidad de visibilizarse, de usar todos los recursos, lícitos y cuestionables, para decirle a los ciudadanos: ¡¡Existo!!

Para ello sirven las encuestas de opinión pública, para medir la satisfacción que tienen los grupos objetivos y el estado de ánimo de los ciudadanos, pero que se expone como la “aceptación y popularidad” del gobernante para, sobre eso, construir el discurso de la felicidad.

Entonces, los análisis de ese discurso es multiarístico, desde lo que parecería banal como la ropa, pasando por los gestos hasta llegar a entender la real dimensión del mensaje en su integralidad y se toman el recurso literario de la verosimilitud, para generar un lenguaje que se vuelca a la creación de un mundo feliz, de tal que se muestra discursivamente el camino a la felicidad, que pueda ser vivido y recorrido por el ciudadano en general.

Por tanto, percibo que el entramado de la política, lo político y la felicidad está relacionado con la comunicación social. ¿Cómo se lo aplica en las altas esferas gubernamentales para crear imaginarios sociales y personales? 

Para seguir me apoyo en lo expresado por Mateo Aguado en “Sobre felicidad, política y desarrollo” pues “… sería lógico pensar, entonces, que el objetivo último de la economía y de la política de cualquier país decente debería ser el trabajar en pro de la felicidad de sus habitantes… Para cualquier gobierno que se considere a sí mismo íntegro y honesto, preocuparse por su pueblo debería ser sinónimo de comprometerse por la felicidad de su gente.”

Pero ¡¡Oh!! Sorpresa: “El impulso autoritario ilustrado en nuestra historia busca imponer una versión particular de la felicidad en una gran variedad de personas. No tiene en cuenta el hecho de que la felicidad significa cosas diferentes para diferentes personas.” (Renew Democracy Initiative - rdi.org)

Y claro, los gobernantes en su inmensa sabiduría, deciden que el objetivo de su trabajo es dar felicidad pero que, al ser complicado lograrlo, recurren a estrategias para evitar el dolor en los problemas que tenemos los ciudadanos y, al mismo tiempo, les sirve de escudo para la algofia que padecen.

¡¡Eureka!! La fórmula es muy simple e imagino una disposición en las reuniones ministeriales: de ahora en adelante, todo lo que hagamos como gobierno será para expulsar el dolor de los ciudadanos y así no interrumpimos la comunicación que nos permite ser visibles y amados. 

Por tanto, a través de la comunicación institucional, se edifica una sociedad sin verdades que puedan causar sufrimiento y, si eso ocurre, explicar detalladamente quién fue el culpable. 

Pues bien, el poder político gubernamental tiene una punta de lanza impresionante: la fuerza mediática instaurada en las redes sociales virtuales, que supera a los medios de comunicación que hacen periodismo on line y off line, hasta el punto de expatriar a quien causa dolor social por publicar las verdades de la gestión pública.

Entonces, cuando las autoridades nos hacen creer que trabajan para hacernos felices, lo que en realidad están intentado es imponernos su visión de felicidad y eso es, desde cualquier punto de vista, una manera de quitarnos la libertad de decidir sobre nosotros mismos.

Amable lector ¿Se ha puesto a pensar en las herramientas que necesita para construir en libertad su propia felicidad sin influencia del poder mediático o si alguien de su entorno le impone lo que a Usted le debe hacer feliz?

Publicado originalmente en La Verdad 
Edición No. 396 de julio - 2021

22 de julio de 2021

Burócratas en el paredón ¿culpables o inocentes?

En algún momento alguien nos hizo creer que la burocracia era unos de los grandes males nacionales en Ecuador, pero pocos hemos reflexionado sobre el proceso de administración de los recursos públicos, así como la gestión de personal y de relaciones laborales.

Un día se pusieron de moda las muy cacareadas “reingeniería de personal” en que los procesos bien podrían definirse como altamente técnicos y totalmente inhumanos. Empezamos a odiar a los burócratas y al mismo tiempo les exigimos una mayor responsabilidad.

Vamos, entonces, en un breve recorrido por esta forma de trabajo que lleva un estigma sobre sus hombros y que, en el marco de las actuales circunstancias, la sociedad ha creado mitos políticos convertidos en políticas públicas.

Y un primer punto de análisis esta en conocer cuál es la magnitud de este panorama altamente complejo, cito pocos ejemplos: el Gobierno de Ecuador debe administrar cerca de 32’000.000.000 dólares en un año (32 mil millones), está en la obligación de mantener operativos y regularizados cerca de 16.000 vehículos y maquinaria pesada, así como miles y miles de equipos tecnológicos, también custodiar cientos de edificios y otras infraestructuras estratégicas.

Se complica más el asunto por la obligación legal de la tramitología en unos casos necesaria y en otras incomprensible; por la dispersión y atomización de los recursos en todo el territorio nacional y en otros países donde están las distintas delegaciones diplomáticas y comerciales.

Segundo punto: definición. “El término burocracia es esencial en el estudio de la Administración pública. Se trata de un concepto polémico y nada pacífico que posee dos significados totalmente contrapuestos.” Lo asegura Carles Ramió en el portal administracionpublica.com.

A un lado el “sentido positivo vinculado a lograr la neutralidad, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas que es atribuible a Max Weber. Por otra parte, una visión negativa y con connotaciones peyorativas tanto anteriores como posteriores a las aportaciones de Weber.” Y Ramio suma una cualificación: “Los inicios de este concepto tienen una connotación negativa tanto a nivel intelectual como popular”

Tras este planteamiento existe todo un mundo de análisis de insignes pensadores, por lo que para avanzar es necesario cruzar el puente entre lo teórico y la práctica diaria, de quienes de una u otra manera debemos convivir con los burócratas, bien sea por asuntos laborales, tramitológicos o familiares (casi todos tenemos un pariente cercano que está en ese mundo).

Otro planteamiento es el de David F. Camargo Hernández en su publicación “Funcionarios públicos: evolución y prospectiva” y la voy a usar causalmente en este comentario: “Por burocracia se entiende un sistema de gestión y administración racionalizado y de máxima eficiencia técnica.”

Por lo tanto, al mencionar sistema lo puedo estratificar en quienes toman las decisiones, en el personal que hace fluir la tramitología y aquellos que están en la parte operativa, bajo una perspectiva política cambiante y de gestión permanente; concluye en una instancia que en la administración pública no todos son burócratas.

Son operativos los choferes y comunicadores, los médicos y enfermeras, los profesores y guardias, los barrenderos y los inspectores, los albañiles y mecánicos, los conserjes y encargados de mantenimiento tecnológico, personal de ventanillas y atención a los ciudadanos, militares y policías, bomberos; son aquellos que (suena feo decirlo, pero necesario) simplemente cumplen órdenes.

Muy pocos trámites se cumplirían sin el trabajo de secretarias, planificadores, auditores, asistentes administrativos, contadores, asesores, jefes departamentales, abogados…  

Y están los burócratas de las instancias de quienes toman decisiones políticas: desde los presidentes de las cinco funciones del Estado, ministros y cargos de libre remoción, alcaldes y prefectos, presidentes de las juntas parroquiales, gerentes de las empresas públicas. Llegan a sus cargos por la tiranía del voto, una cuota de poder bien de manera ética o bien por una práctica de “favores políticos”.

Pero es necesario ir hasta una parte de la historia del Ecuador en cuanto a estudios de la burocracia y una es la que narra Cecilia Durán C. en su libro “Irrupción del sector burócrata en el Estado ecuatoriano: 1925 – 1944” con el que deja sentadas las bases de otro modelo de contratación de funcionarios, más de la perspectiva de compaginación ideológica que por características profesionales. Un mal que al parecer se ha heredado a través de la sucesión presidencial y de cambios en los gobiernos locales.

Hago un alto para una reflexión. Por tanto, desde la doctrina moral del utilitarismo, así como desde el sistema filosófico del objetivismo, me pregunto ¿Para qué sirve la burocracia?

Mi primera respuesta viene de Mateo Melgarejo, aquel mítico personaje interpretado por Cantinflas en la película “El ministro y yo”, cuando en una de las escenas lanza su discurso; para este caso es indispensable transcribir una parte:

“Sí señor, ustedes, tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. Saben de donde proviene esa palabrita, buro del francés bureau, que en español quiere decir, escritorio y cracia del griego cratos que significa, poder. En otras palabras, es decir, ustedes, ejercen el poder desde los escritorios.”

“Pero no toda la culpa es de ustedes, no, si ustedes son buenas gentes. La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como Usted y de muchos como Usted que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos, el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra, porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia.” 

“¿Saben lo que es la democracia? el poder del pueblo por el pueblo y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están ahí afuera, de los que esperan, de los que hacen cola como éstos, que también son pueblo; y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes. Sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos.”

Mi segunda respuesta está en lo que es mi vida diaria personal, cuando reviso las obligaciones para con mi vehículo, con los daños de casa, con el hacer cálculos para que no me falte el dinero, con los daños en mi vivienda, pagar mis deudas, comprar comida, hasta lo que es la limpieza general y ahorrar para imprevistos; aunque sean actividades rutinarias me percato que necesito mucho tiempo y dar seguimiento. 

Si eso me ocurre a mí, que manejo un presupuesto mensual de aproximadamente mil dólares y con limitados bienes, sin un mega marco regulatorio, y lo extrapolo a la administración pública con miles de vehículos, de computadoras, de trabajadores con relación de dependencia directa y ciento de millones de dólares de presupuesto, veo a decenas de personas trabajando en escritorios registrando cada uno de los movimientos de esos recursos físicos, tecnológicos, financieros y de administración de personal, porque la ley así lo dispone.

También miro la inmensurable cantidad de problemas que se generan en la prestación de servicios públicos, que exigen a la institucionalidad responder a miles de solicitudes por escrito, a reclamos verbales, a inconvenientes judiciales, a las regulaciones privadas, a las reacciones del control ciudadano, a la elaboración de informes sobre solución de inconvenientes, a la transparencia de la gestión… que no todo se cumpla es pauta para entrar en el campo de la corrupción.

La gestión pública se convirtió en sinónimo de ilegalidades, lo que abona a que el rechazo social a los funcionarios de todo nivel sea casi un juzgamiento para que desaparezca la base de la institucionalidad con la consigna de “súper obeso e inútil tamaño del Estado”, confundiendo Estado con Gobierno. 

Añado a este conjunto de pre-juicios sociales la expresión “sueldos dorados” y el valor en el mercado de los servicios que prestan los profesionales en cada una de las ramas profesionales, artesanales y del nivel de responsabilidades en el sector privado. Los funcionarios no son patriotas.

Pero este mundo ideal se rompe cuando irrumpe el crimen organizado, el narco, las insanas ambiciones en muchos de los burócratas y las propias fallas de un sistema ideado por humanos imperfectos apoyados por la inhumana tecnología; claro, también por el usufructo inmoral del mal llamado poder político.

E irremediablemente me viene a la memoria la realidad humana de la pelea moral entre el bien y el mal, con la ilustración que nos hace Oscar Wilde en “El retrato de Dorian Gray” con el que deja claro que en una misma persona cohabitan lo legal y lo ilegal, que la prevalencia de estos valores dependen de las ambiciones y las tendencias que tenemos hacia el crimen. 

De allí voy a la explicación más clara de este escenario la plantea Thomas J. DiLorenzo en su libro “Crimen organizado. El Estado: la verdad sin maquillaje” y en el que explica el cómo las fuerzas de los sindicatos, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil (legales e ilegales), se convierten en extorsionadoras del gobierno y éste a su vez pasa de victima a victimario usando su inmensa capacidad propagandística para levantar cortinas de humo ante los graves problemas de corrupción.

También de la literatura traigo otro punto de análisis: 

“No me gustan los delincuentes que quebrantan las leyes –dije.

- ¿De qué otra clase puede haberlos?

- De los que hacen las leyes.

(Tomado de la novela “Gris de campaña” de Philip Kerr, que narra el trabajo del detective privado Bernhard "Bernie" Gunther)

Y así puede irse destrabando los nudos que existen en la evaluación de la burocracia y de cada uno podríamos hilvanar fino sobre la utilidad del trabajo de los funcionarios, lo cual nos llevaría a un interminable número de párrafos; pero en este punto se hace necesario dejar expuestas mis conclusiones y lo hago de una manera poco convencional:

1. ¿Cuál es el tamaño óptimo de la burocracia en cada una de las instituciones para que la administración de los bienes públicos sea eficiente?

2. ¿En qué momento el honrado funcionario se convierte en un delincuente o ya llega así al servicio público?

3. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta si es que desde la legislación se está abonando a la voluminosidad ineficiente de la burocracia en el sector público?

4. ¿Pueden los gobernantes cumplir con sus responsabilidades sin el apoyo de funcionarios de escritorio?

5. ¿Del total de funcionarios que tiene toda la institucionalidad cuáles son funcionarios útiles? ¿Cuáles tiene la cualidad de parásitos, cuáles también prestan servicios al crimen organizado?

6. ¿Existen cambios de personalidad cuando se es contratado por un gobierno?

7. ¿Cómo evidenciar a los burócratas que moral, legal y éticamente se mantiene limpios en la administración de los bienes y recursos públicos?

Y quedan pendientes las preguntas 8 y 9 relacionadas con la psiquis de los burócratas ante los estigmas sociales y el dilema moral en su trabajo cuando es invisible testigo de la corrupción.

Publicado originalmente en la 
edición impresa de "La Verdad"
No. 395 - junio de 2021

Otros artículos y ensayos publicados por el autor puede leer en "Sostiene Zavala Ra"







29 de junio de 2021

En lo privado también es importante la transparencia

Publicado originalmente en La Vardad
Edición No. 394 de mayo del 2021
Autor: Raúl Zavala Mosquera
Título original: Asuntos Públicos y transparencia

Seguimos en una espiral que nos lleva a seguir desconfiando del accionar en el sector público, en cada una de las funciones del Estado y en cada uno de los niveles de gobierno. Muchos casos sin resolver y en otros aún en investigaciones. La incredulidad ciudadana prevalece.

Por lo poco que se conoce públicamente, separando la paja del trigo, es poco lo que se hace para arrinconar a los ilícitos contratos en la ejecución de las obras públicas y la prestación de servicios privados a la institucionalidad estatal. 


Con este antecedente es conveniente incorporar en este panorama a los actores no-estatales del escenario público, tales como corporaciones empresariales, sector bancario, universidades, ONG´s de distintas índoles, sindicatos, cámaras y otras asociaciones de la sociedad civil, que ejercen un impacto en las instituciones y en las políticas públicas.

Abro el telón, entonces, para dar paso a otras actividades que se cumplen para la generación de políticas públicas y la elaboración de proyectos: el lobby, la gestión de la influencia y los asuntos públicos. Ninguna de estas herramientas lícitas en las relaciones público – privadas son transparentes, a lo sumo se difunde un boletín de prensa con la respectiva foto con personajes sonrientes.

Tal vez el crimen organizado y el narcotráfico apelan a estas gestiones, un tema que por ahora es mejor dejarlo en el tintero.

Una primera conclusión: los actores no-gubernamentales tienen un rol crucial en la lucha contra la corrupción, pero que no se evidencia con claridad en la práctica. ¿Trabajamos en la prevención de conflictos de intereses?

Revisemos un ejemplo. El caso Odebrecht lo hemos visto únicamente desde la esfera de lo público, pero casi nada sabemos sobre sus prácticas insanas que condujeron a uno de los grandes escándalos de corrupción en todo el continente americano. 

Con las noticias de esta era, también otra muestra, viene preguntarnos el tipo de gestiones privadas que han realizado las farmacéuticas para abastecer al sistema de salud público. ¿Qué tipo de lobby hacen y que estructura tienen para “Asuntos Públicos” para emprender negocios con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador?

Para entender la magnitud del negocio. En el estudio publicado por ICEX España, se asegura que “… para el 2020, se asignaron 3.888 millones de dólares para el sector salud, lo que supone aproximadamente el 12% del Presupuesto General del Estado.”

Según ese documento gubernamental, “El sector se divide en tres grandes grupos: medicamentos, productos de protección personal y equipos médicos y suministros médicos. De ellos, el que tiene un mayor peso sobre la economía ecuatoriana es el mercado farmacéutico, que obtuvo unas ventas de 1.571 millones de dólares en 2019, lo que significó un incremento del 7,8% con respecto a 2018. Se estima que este mercado siga aumentando en esta misma proporción, con una tasa de crecimiento anual alrededor de 7,5% durante el periodo 2018-2023, con la que se proyectan unas ventas de 2.097 millones para el año 2023.”

A esto sumamos las grandes redes de farmacias privadas que también están en este gran mercado para abarcar a los casi 17 millones de personas que constantemente necesitan comprar medicinas y otros insumos médicos.

Además, si empezamos a desglosar, tendríamos cifras bastantes altas destinadas al equipamiento, a la alimentación de pacientes, al mantenimiento de instalaciones en todo el territorio nacional. A eso sumemos los presupuestos del IESS, ISFFA, ISSPOL y Solca.

Luego de estos ejemplos vale aclarar.  En esta época, las empresas y organizaciones privadas políticamente fuertes asignan mucho más tiempo y dinero para el lobby ante funcionarios en temas como el comercio, los tipos de interés, los impuestos, la transportación, la seguridad, la vivienda, la puesta en marcha de grandes proyectos y otros asuntos relacionados con la demanda ciudadana.

Pero estos grupos tienen la preocupación constante por tener buenas relaciones con la sociedad civil, por lo que también gastan mucho dinero en acciones de apoyo de manera directa o a través de terceros. 

Aunque pensamos en Relaciones Públicas, el tema pasa también por “Asuntos Públicos”, que es la división u oficina privada que ejecuta acciones dirigidas hacia la gestión pública, para la adecuación del marco legal en concordancia con sus fines económicos, gremiales o empresariales.

David Córdova, consultor de asuntos públicos, explica que “el nuevo management es consciente que dada la influencia que las decisiones políticas y regulatorias tienen sobre el valor de su negocio, establecen relaciones estables, se anticipan ante los potenciales cambios jurídicos, participan en los canales de participación que se abren en los procesos de decisión pública y fijan posicionamientos sobre políticas que les afecta.”

Aunque esta intervención es, reitero, lícita, el problema se presenta cuando no existe la transparencia necesaria y estas negociaciones de actores de la política pública se convierte en reuniones para la extorsión, el soborno o el contubernio, que muy pocas veces sale a luz pública.

Un panorama similar se vive en los consejos provinciales, municipalidades y juntas parroquiales.

Los grandes negocios públicos ilícitos son cada vez complejos de ser detectados por la Fiscalía y puedan ser llevados hasta las cortes; lo mismo ocurre en el Legislativo cuando se debate una ley en las comisiones y luego pasa al plenario, tampoco se conoce mucho lo que ocurre con el lobby en la instancia del veto presidencial.

Los comentarios sobre las ilegales negociaciones, en cambio, sí están en el debate público, en las conversaciones de los corredores y una mínima parte se puede publicar en los medios de comunicación social. Aquí es donde empiezan a trabajar las marcas para minimizar los impactos en la credibilidad empresarial, las Relaciones Públicas inician campañas y los funcionarios desaparecen de la escena.

Nos queda entonces un camino para evitar que los recursos del erario nacional se despilfarren: localizar y dar seguimiento a los beneficiarios directos de las leyes y de los contratos, porque en el sector privado también es importante la transparencia de sus Asuntos Públicos.






El humor político, complejo sistema de crítica

Desde que se tiene recuerdos históricos de la humanidad, el humor político ha pasado por un sinnúmero de etapas, que ha provocado la ira de los gobernantes pero también la diversión social y la reflexión ciudadana.

Sin embargo, en mis análisis me fui hacia el lado de la oferta, es decir hacia quienes tiene el trabajo de divertir a las personas, a los humoristas, por lo que tuve una nueva oportunidad de entrevistar a Daniel Machado; el vídeo lo había guardado como archivo de mis estudios, per luego decidí ponerlo sobre el debate público.


Con las nuevas TIC y redes sociales virtuales así como de mensajería instantánea, esta forma de crítica ha tomado otras características, con iguales consecuencias que desde sus inicios. 

Se pregunta la investigadora periodística Ana Maria Acosta-Marín ¿Es el humor político un discurso que fomenta el control democrático de la gestión pública a través de la discusión y opinión? Sus respuestas van desde un análisis en el marco de la politología y sociología, para concluir en que es discurso para fomentar control democrático.

En esta conversación, Daniel cuenta algunos entretelones de los riesgos de hacer humor político, pero también comenta la parte de prepararse para que este tipo de expresividad artística no caiga en lo burdo, lo grotesco e insultante.

A consideración esta amena plática:


La primera entrevista que hice a Daniel, fue publicada en La Verdad bajo el título de "El humor sapiens de El Jack" 

¿Tu trabajo es solo hacer reír a la gente o también reflexionar?

Bueno a mi encanta ambas, porque siento la necesidad de comunicar algo que sale del corazón o algo que tú piensas que puede tener algo de valor para alguien. Cuando estamos en el escenario tenemos un poder que no nos damos cuenta, que es el poder de la palabra, el poder de la atención de la gente, entonces una vez que tienes esa “arma” que viene a ser el micrófono que puedes usarlo para –podría sonar trillado- cumplir los sueños, de no abandonar ese niño que vive dentro de nosotros, que a veces en la inmediatez vivimos al apuro y siempre pensando en el siguiente paso. SEGUIR LEYENDO...

8 de mayo de 2021

Los desastres del desastre - crónica del post terremoto

Publicado originalmente en La Verdad, edición abril del 2021 No. 393

Para unos fue segundos y para otros una eternidad. Cientos y miles de páginas podrían escribirse sobre lo que ocurrió desde 16 de abril de 2016 a las 18H58 hasta este primer trimestre del 2021, con historias de tragedias, inoperancias, destrucción, sobrevivientes, heroísmo, sacrificio, mentiras y propaganda.


El impacto del terremoto en Ecuador fue devastador y no únicamente por las casi 7.000 víctimas registradas por el Gobierno o los 80.000 desplazados, tampoco por los 676.5 millones de dólares en pérdidas materiales en el sector productivo que bien pudieron alcanzar los 1.032 millones, además del colapso de las infraestructuras públicas.

El desastre merece ser escrito desde la falta de preparación a pesar que estuvo previsto, las falencias gubernamentales para reaccionar y los misterios que existen alrededor del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, creado como instancia tanto articuladora de los esfuerzos como de los recursos disponibles para “regresar a la normalidad”.

Pero si de instituciones se trata, uno de los capítulos que aún no están relatados es el de la evaluación del trabajo de prevención, mitigación, reparación, alerta y respuesta del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Se encontraba como titular de ese organismo el vicealmirante (SP) Luis Jaramillo Arias.

El caótico escenario post 16-A no pudo ser solventado por la descoordinación institucional, a tal punto que 10 días después de los sismos, el entonces Presidente de la República Rafael Correa se vio en necesidad de crear un mando unificado y encargó al Ministerio de Defensa la gestión de la crisis, movilizó a la totalidad de las Fuerzas Armadas a las zonas afectadas para hacerse cargo de la seguridad, para continuar con los trabajos de rescate y poner orden en los albergues.

Recordemos nombres: ministro de Defensa Nacional Ricardo Patiño, ministro Coordinador de Seguridad César Navas y secretario de Gestión de Riesgos Luis Jaramillo.

Y otro dato fundamental: en cada área del desastre se designó a un coordinador: el vicepresidente Jorge Glas en Manta, el secretario del Agua Carlos Bernal en Portoviejo, el ministro del Interior José Serrano en Pedernales y la secretaria de la Gestión de la Política Paola Pabón en Jama y Canoa.

Puedo asegurar que el desastre empezaba a fraguarse en medio del dolor, la incertidumbre y el desconcierto institucional y más cuando Luis Jaramillo anunció la noche del lunes 2 de mayo de 2016 que renunciaba a su cargo, en momentos en que las noticias daban cuenta que la remoción de escombros podría estar originando más muertos.

¿Quién es Carlos Bernal?

En su reemplazo se designa a Susana Dueñas de la Torre, quien hasta el momento fungía como Gobernadora de Manabí y del análisis de su hoja de vida a esa época, se desprende que no tenía experiencia de ningún tipo en Gestión de Riesgos y peor manejo de crisis en desastres.

Nunca hubo un informe oficial sobre la violación los protocolos internacionales para casos de terremoto a pesar de los testimonios de los “Cascos Blancos” y los “topos” mexicanos. Tampoco se han hecho públicos los antecedentes sobre las extrañas situaciones en que muchos funcionarios actuaron más como promotores propagandísticos del Gobierno que como gestionadores de la ayuda humanitaria.

Y más capítulos no escritos podrían ser parte de un mega expediente sobre lo ocurrido en cada operación de rescate, de evacuación, de abastecimiento, de los saqueos, de las víctimas que murieron semanas después y de las personas mutiladas.

Pues bien, pasado el tiempo había que planificar la recuperación del golpe y se creyó que las palabras “reconstrucción” y “reactivación” eran las palabras más adecuadas, pero el tiempo demostró que fue otra equivocación. En todo caso, aparece en escena otra instancia gubernamental: la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades. 

El capítulo lo protagoniza Sandra Naranjo, cuando el 1 de junio del 2016 asegura que se requerirán USD 3.344 millones de dólares para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y de este total, 2.253 millones serían asumidos por el sector público y 1.091 millones por el privado; además, que se habían perdido 21.823 puestos de trabajo. 

Según la información oficial este proceso de evaluación estuvo a cargo de especialistas de Senplades, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y los equipos técnicos de los distintos ministerios; no hay nombres de quienes conformaron ese equipo de trabajo. También se asegura que una misión multidisciplinaria de más de 45 expertos del sistema de la Organización de Naciones Unidas liderados por el equipo técnico de CEPAL, acompañó este proceso. ¿Dónde estarán esas memorias de las reuniones?

En todo caso, el asunto del financiamiento para la reconstrucción y reactivación productiva, lo que se podría decir que se abrió otra puerta para un entramado de misterios en la gestión pública en todos los niveles de gobierno para el uso de 2.253 millones de dólares: 1.000 millones por la Ley de Solidaridad y 660 millones por líneas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF; además, del Fondo Monetario Internacional se obtendrían otros 400 millones y del Presupuesto General del Estado unos 193 millones. 

A la par del trabajo de cientos de voluntarios, de militares, policías y bomberos, para reestablecer el orden, la propaganda gubernamental empezaba a gestar una campaña informativa para intentar demostrar que “ya todo estaba bajo control”. Otro caso de estudio especial en la comunicación social.

Entonces, llegó la hora de empezar a recaudar dinero. 12 de mayo de 2016: la Función Legislativa aprobó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para obtener liquidez, contemplaba un alza temporal de impuestos, la venta de activos productivos gubernamentales que incluía una central hidroeléctrica, un banco y medios de comunicación, un día de sueldo de los funcionarios, fijaba un impuesto al patrimonio personal que supere un millón de dólares y otro de un 3 por ciento a la utilidad de las empresas por única vez. 

Estaba como presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira y los registros datan que existía una mayoría gobiernista en que finalmente impuso el proyecto presidencial a pesar de las objeciones de asambleístas que expusieron sus desacuerdos por la falta de análisis de impactos financieros. Otra larga historia sin evaluar, aún.

Siguiente actor en escena: Leonardo Orlando. EL Servicio de Rentas Internas fue el encargado de recaudar los tributos establecidos en la ley y el mencionado funcionario tenía el cargo de Director General del SRI.

Un año después se informa se habían recaudado más 1.555 millones de dólares, logró que implicó un gran despliegue de funcionarios por todo el territorio nacional y un sistema de control al detalle que también permitió obtener 11 millones extras por multas. Estas y otras contribuciones habrían alcanzado los 3.000 millones de dólares. Un valor que merece otro extenso capítulo explicativo.

Portoviejo: calle Pedro Gual y García Moreno.

Lo cierto es que los recursos recaudados por la Ley Solidaria no se incluyeron en la auditoría que realizó la Contraloría, sobre las acciones realizadas durante los tres meses que duró la etapa de emergencia del terremoto y examinó el uso de 45,59 millones de dólares que transfirió el Ministerio de Finanzas a otras seis carteras de Estado, entre el 16 de abril y el 21 de julio del 2016. Amables lectores, esta es otra novela de misterio.

Voy a dar un salto hacia el organismo que lo considero más oscuro que contribuyó al desastre. Con Decreto Ejecutivo 1.004 del 26 de abril del 2016, emitido por el Presidente Rafael Correa, se dispuso la creación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas azotadas por el terremoto, con él apareció la Secretaria de este comité y el primer funcionario que estuvo a cargo fue: Carlos Bernal; como presidente fue nombrado el vicepresidente de esa época Jorge Glas.

En esta narrativa post terremoto y origen del desastre, bien podría tenerse un acápite especial para detallar le perfil de ese funcionario tanto desde el ejercicio de su cargo como del inmenso poder político que adquirió durante su trabajo, quien además, durante el proceso electoral del 2017 cumplió, al mismo tiempo, las funciones de Gerente de la campaña electoral de Alianza PAIS, distrito sur de Manabí.

Lo cierto es que la tarde del viernes 12 de enero de 2018, el rumor circuló con velocidad pero solo eso, pasadas las 19h30 se hizo oficial: Carlos Bernal Alvarado ya no era el Secretario del comité de la reconstrucción. ¿Por qué renunció? No se conoce con certeza, pero se cree que fue por una disputa con el Ministro de Finanzas, también existe la presunción que habría estado motivado por las investigaciones de la Fiscalía a sus cuentas bancarias y de su esposa, en las que se habrían detectado valores no justificados.

La sorpresa también pudo ser para los 11 asambleístas de Manabí, dos nacionales y nueve provinciales, uno de ellos Daniel Mendoza, que durante la campaña juraron ante “su” pueblo que fiscalizarían las gestiones y recursos de la reconstrucción; de lo que se sabe y difundió apenas llegaron a la instancia de pedir información. 

Llegó y se fue Vicente Véliz, rector de la Universidad Técnica de Manabí. Apareció y se hizo cargo de la presidencia de esa Secretaría María Alejandra Vicuña en su calidad de Vicepresidenta de la República y en una de sus declaraciones aseguró: “Se cometieron barbaridades en los contratos de la reconstrucción” y de allí nada más. Públicamente nunca se conocieron las acciones para transparentar “esas barbaridades”.

Se presume que María Alejandra Vicuña se llevó muchos secretos del uso de los recursos financieros destinados solventar las secuelas del terremoto y abono a la profundización del desastre.

También fue parte de esa escena el responsable de dar seguimiento al pedido de auditorías a la Contraloría: el secretario José Herrera, quien además en esa época fue Director Provincial de Alianza PAIS de Manabí; el viernes 29 de marzo de 2019 pasadas las 18h00 se conoció sorpresiva y oficialmente que el funcionario había renunciado a su cargo. Se desconoce si hubo o no un informe final de su gestión y los trabajos pendientes.

El turno es para José Agusto Briones y Guillermo Sierra Béjar, en un debut y despedida. Se dio paso para que la excandidata a la alcaldía de Chone por Alianza PAIS Elizabeth Molina Álvarez ocupase el puesto de Presidenta del Comité y con ella a Marilin Veintimilla Chávez como Secretaria Técnica.

El sábado 9 de mayo de 2020 se deroga el Decreto Ejecutivo 1004, con la que se creó el Comité y la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, y se le retiran las funciones de presidenta del Comité a Elizabeth Molina. Tampoco existe una evaluación de su gestión para transparentar el uso de los recursos. 

La otra novedad es que hasta ahora se desconoce el lugar en que se encuentran los archivos de esta instancia, los informes, las actas, de la fiscalización, de los gastos administrativos y otros tantos documentos que son parte de la historia de Manabí y el Ecuador. Personalmente solicité a Elizabeth Molina que me mostrase los archivos y me supo decir que eran documentos reservados. 

Para redondear este listado de nombres que aportaron al desastre y que bien podrían quedar para otro extenso capítulo: Mariano Zambrano y Agustín Casanova, como miembros del Comité.

Pero conozco a una persona que tiene claro el panorama del desastre de la reconstrucción: Francisco Bravo, quien también merece un capítulo para aclarar algunos de los acontecimientos por la gran cantidad de datos que ha logrado recabar.

Quisiera poner punto final a este corto relato, pero no es lo adecuado; existen misterios, tramas, secretos, investigaciones y auditorias en curso, reclamos ciudadanos, hasta confabulaciones políticas que ahondaron este desastre de la reconstrucción. 

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