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24 de julio de 2025

Prohibido estacionarse en el Malecón de Puerto Cayo

Sin consultarlo, de manera unilateral y en secreto la Municipalidad de Jipijapa decidió que únicamente se permiten parquear autos en los 12 estacionamientos del Malecón de Puerto Cayo; la medida incluye a quienes tenemos propiedades a lo largo de toda esta infraestructura. ¿Por qué? Pues porque los bordillos tanto de la caminadera como de las veredas, de principio a fin, fueron pintados de amarillo y la ley es clara respecto a esta señalética vial.

Foto de @Zavala_Ra

La primera explicación. En Ecuador la regulación sobre el significado de los bordillos pintados de amarillo se encuentra en el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; específicamente, el Artículo 179 establece las prohibiciones relacionadas con el estacionamiento, indicando que está prohibido estacionar en sitios donde las señales reglamentarias lo prohíban y el correspondiente manual técnico.

Esta historia inicia en febrero del 2025 cuando repentinamente empezaron los arreglos del Malecón, pero la información oficial fue pública recién el 15 de mayo con la que fue posible conocer de manera resumida los trabajos previstos: pintura de estructuras de madera de seis estaciones, mantenimiento de kioscos y pérgolas, renovación de letras decorativas, colocación de adoquines, mantenimiento de 42 postes metálicos de 7m y de sus luminarias; además de la pintura de los bordillos (Fuente: jipijapa.gob.ec)

Foto: jipijapa.gob.ec

Previo a este dato de la Web institucional, mediante un vídeo publicado el 13 de mayo se conoció que el proyecto “Mantenimiento y adecuación del malecón de Puerto Cayo” está a cargo de la contratista Vicky Villafuerte y que al 10 de mayo de 2025 tenía un avance del 80 % con una inversión proyectada de USD 48.666,00. (Fuente: lodijeron.wordpress.com)

Nota. Hasta la publicación de esta historia no me ha sido posible localizar en la sección Transparencia el contrato ni otra información relacionada con este proyecto.

Entonces, a lo largo del malecón apenas existen 12 espacios permitidos para el parqueó de vehículos, son los que están frente a la plazoleta de las letras, aunque allí también los bordillos están pintados.

Foto: @Zavala_Ra

Empezó la señalización

Cuando me percaté que unos trabajadores arrancaban con este proceso les consulté sobre la razón de usar el amarillo, tal como ocurre en estos casos únicamente supieron indicarme que es lo que había dispuesto la ingeniera, refiriéndose a la contratista. Para esa ocasión aún no conocía quién era, pues no estaban disponibles ni letreros o datos oficiales, tal como se aconseja en estos casos en cuanto a transparencia en la gestión pública.

Los trabajos avanzaron y finalmente los bordillos del Malecón quedaron pintados de amarillo. En un momento pensé que estas restricciones de parqueo vehicular eran momentáneas mientras se ejecutaban las otras obligaciones contractuales. Pasó el tiempo y con el trajín de mis actividades diarias la duda se escondió en mi mente, hasta que un día mientras paseaba por este lugar y miraba los resultados parciales del proyecto, caí en cuenta de mi error.

¿Cómo olvidé el hacer seguimiento al tema de la nueva prohibición vial? Ocurrió recientemente cuando estacionaba el auto frente a mi casa, a esto se sumaron los momentos en que de manera continua miraba algunos vehículos cruzar la plazoleta del Malecón a pesar de la señalética de restricción. En el área urbana de esta parroquia rural no existe autoridad permanente encargada de la gestión para la seguridad vial.

Foto de @Zavala_Ra

Así que la inseguridad vial en Puerto Cayo es una constante y en el Malecón me es más evidente, tanto por el exceso de velocidad de todo tipo de vehículos como por el uso de la caminadera para estacionar motos o usar la plazoleta para el tránsito vehicular. 

En mayo de 2024 y frente a estos problemas, como parte de una gestión realizada por la Junta Parroquial y la Tenencia Política de Puerto Cayo, el entonces gerente de la EP Municipal de Jipijapa Servicorp Daniel Carofilis y Jorge Prado de ATM realizaron inspecciones por las distintas vías del centro de la población para tomar medidas correctivas. (Leer detalles AQUÍ)

Aclaración. En Jipijapa, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Jipijapa - EF es la entidad encargada de ejercer las competencias municipales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esto incluye la planificación, regulación, control y fiscalización del tráfico dentro del cantón, así como la gestión del transporte público. (servicorp.gob.ec)

En vista de que la gestión de mayo no arrojó resultados, en agosto del 2024 otra diligencia se realizó a nivel local y en que los distintos funcionarios representantes de los tres niveles de gobierno decidieron emprender una campaña de concientización. (Leer detalles AQUÍ)

Sustentos y regulaciones

¿Cuál fue el procedimiento administrativo y legal para disponer una restricción de esta magnitud en el Malecón? Ni en la página Web de la Municipalidad ni de Servicorp me ha sido posible localizar o una resolución o una ordenanza o plan en la que se disponga que deben pintarse de amarillo los bordillos.

En específico, tampoco se ha difundido ni está disponible documento alguno en que el Consejo Municipal haya realizado alguna reforma en este sentido a la "Ordenanza que crea la tasa por servicios de gestión y que regula la administración y mantenimiento del malecón de la parroquia Puerto Cayo, con base del modelo de gestión" (puertocayoexpedientes.wordpress.com)

Ahora bien, puedo presumir que la decisión municipal tuvo como argumento fundamental lo estético o que se le dejó al libre albedrio de la contratista. En cualquiera de los dos casos es evidente la ignorancia sobre las regulaciones de señalética vial. Mis otras dudas: ¿Quién es el fiscalizador del contrato para el mantenimiento del Malecón? ¿Por qué durante las inspecciones regulares que se realizan a esta obra no se emitió una alerta al respecto?

En todo caso, si fue una disposición de la máxima autoridad que se la ejecutó a través de la Dirección de Turismo, tal como dispone la Ordenanza ¿Debió intervenir la Dirección de Planificación? Pero existe otras consideraciones.

Aunque el reglamento no menciona explícitamente el color amarillo en los bordillos, el Manual Básico de Señalización Vial y el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 regulan las señales de tránsito en el país. Estos documentos establecen que los bordillos pintados de amarillo indican prohibición de estacionamiento en las zonas urbanas, siguiendo estándares internacionales donde el amarillo significa "no estacionar" o restricciones de estacionamiento.


Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004
"Señalización Vial. Parte 2. Señalización Horizontal". Pág. 26.

No hay que olvidar: las municipalidades tienen competencias para regular el uso del espacio público y la movilidad local, según lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su Art. 55; esto les permite emitir ordenanzas municipales que complementen o detallen las regulaciones nacionales, siempre y cuando no contradigan la ley superior. 

La Municipalidad podría establecer zonas específicas de estacionamiento restringido adicionales o definir horarios para ciertas restricciones, pero no podría declarar que los bordillos pintados de amarillo permitan estacionar, ya que esto contravendría la normativa nacional.

Ahora bien, si un vehículo estaciona en los bordillos pintados de amarillo del Malecón de Puerto Cayo, los conductores incurriríamos en una contravención leve de segunda clase, según el Artículo 142, numeral e) de la Ley de Tránsito; esto conlleva una multa del 10% de la remuneración básica unificada (aproximadamente USD 47) y la reducción de 3 puntos en la licencia de conducir.

Y desde el otro lado, también puede reflexionarse desde la ausencia de mecanismos municipales de transparencia y participación ciudadana. Al final los residentes en el sector del Malecón perdimos el derecho legal a estacionar en la vía pública frente a nuestras viviendas debido a la señalizada con amarillo, ya que la vía pública no es de nuestro uso exclusivo a pesar de las obligaciones que tenemos. En su defecto, deberemos solicitar un permiso especial pero tampoco se lo podemos hacer porque no existe ninguna normativa al respecto.

¿Qué pasará ahora con los visitantes eventuales: turistas, bañistas, proveedores y clientes de los restaurantes?

Puede que esté equivocado así que estoy listo para leer las críticas del caso o las réplicas necesarias.

Datos sobre el editor de la nota:

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14 de julio de 2025

Seguridad en Manabí ¿Seguridad en Manabí?

Con gran expectativa leí un boletín difundido por la Gobernación de Manabí en el que se anunciaba sobre los avances en la provincia "... con compromiso y corresponsabilidad." Pero no fue más que mi destello emocional cuando simplemente me percaté que era una información anecdótica; ninguno de los datos oficiales me dieron certezas y decidí encontrar las falencias que puedan ser públicas.

foto: eldiario.ec

El documento anunciaba que se cumplió una nueva sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana Provincial, presidido por la Gobernadora de Manabí Aurora Valle.

Uno de los datos arrojados da cuenta que "la Prefectura de Manabí y las alcaldías de Portoviejo, Manta, San Vicente, Bolívar, El Carmen, Paján, Rocafuerte, Jama y Bolívar, ya cuentan con su Plan de Seguridad..." y ."que los 13 cantones restantes se encuentran en proceso de formulación de sus respectivos planes, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de los Consejos de Seguridad Ciudadana." 

En definitiva no encontré detalles específicos sobre los acuerdos concretos o planes operativos surgidos en la reunión del 4 de julio de 2025, menos aún medidas específicas; siendo más prolijo en mis observaciones tampoco hace estimaciones financieras y menos diferencia espacios urbanos de rurales, a sabiendas que generalmente en estos casos únicamente se analizan lo que ocurre en las ciudades. (Leer el boletín AQUÍ)

Entorno parroquial

Vivo en la zona rural, específicamente en Puerto Cayo, cantón Jipijapa, y justamente cuando empiezo a redactar esta entrada leo en la web oficial de la Municipalidad que "En una importante reunión en la Alcaldía de Jipijapa, junto con los presidentes parroquiales, se discutieron estrategias para combatir la inseguridad en nuestra ciudad." pero resulta que era toda la información específica porque el segundo párrafo no es nada más que una muletilla comunicacional: 

"Llegamos a un acuerdo para trabajar juntos en busca de soluciones efectivas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos."

Comentario adicional. Es una irresponsabilidad comunicacional el hecho que frente a la criminalidad y delincuencia que se vive en el cantón y siendo un tema de alto interés ciudadano, no haya puntualizaciones; además, un grave error conceptual: si asistieron los presidentes de las juntas parroquiales ¿Por qué se menciona únicamente de "nuestra ciudad"?

El titular apela a la espectacularidad: "¡Unidos por la seguridad de Jipijapa!" (Revisar en jipijapa.gob.ec)

En fin, queda la tarea de recabar información básica sobre este tema; por ejemplo ¿Qué compromisos asumieron las entidades públicas y los presidentes de las juntas parroquiales? o también ¿Habrá un plan de acción conjunto entre la Municipalidad, las parroquias, y otras instituciones? Esto a pesar que en el listado de la Gobernación aún Jipijapa no tiene listo el plan de seguridad.

Nota: El plan de seguridad que tiene la Prefectura de Manabí se titula: “Plan de Convivencia Ciudadana y Prevención de la Violencia” disponible en versión digital AQUÍ y también queda pendiente analizar su contenido. Otra tarea pendiente.

Las debilidades de Manabí

Pues bien, tomando los aportes en el plan de la Prefectura más la asistencia generativa de Grok y mi experiencia profesional/editorial logré construir vacíos de la información pública que deberíamos conocer los ciudadanos en este conflictivo mundo criminal y delincuencial.

Consideré que un primer y básico panorama es hacer un recorrido por algunos de los componentes de Manabí en cuanto a la seguridad ciudadana y sin entrar en detalles:

1.  Ubicación geográfica estratégica para el crimen organizado. La provincia cuenta con una extensa costa de 350 km y puertos clave que son utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, armas, combustible y otras actividades ilícitas; actúa como una "bisagra" para la redistribución de droga hacia otras regiones y mercados internacionales, especialmente Centroamérica y Estados Unidos.

2. Complejidad territorial. La provincia tiene 22 cantones dispersos, una población cercana al millón de habitantes, un parque automotor policial obsoleto, municipalidades con capacidades limitadas para el control territorial, y un sistema vial estatal y rural que dificulta la logística de seguridad; estas características plantean desafíos significativos para implementar un plan integral de seguridad.

3. Desprotección del perfil marino costero. La costa de Manabí, desde Cojimíes hasta Ayampe, carece de suficientes sistemas de monitoreo, como radares costeros, drones marítimos, o patrulleras de la Armada, al igual que facilidades de trabajos preventivos y reactivos que debería realizar la Policía y otros organismos de seguridad. Además, este entorno natural es vulnerable a fenómenos naturales como tsunamis, inundaciones, y erosión costera, exacerbados por el cambio climático y la intervención antrópica, riesgos que dificultan la infraestructura de seguridad y limitan la capacidad de respuesta ante desastres, que se suman a los desafíos para enfrentar la delincuencia. Se exceptúan los operativos especiales en feriados. 

4. Desprotección tierra adentro. La desprotección de las zonas rurales tierra adentro constituye otra debilidad crítica del sistema de seguridad ciudadana en la provincia; la baja densidad poblacional y la dispersión dificultan el despliegue de fuerzas policiales, dejando estas áreas con poca o ninguna vigilancia. Estas áreas, caracterizadas por su dispersión geográfica, infraestructura vial precaria, pobreza estructural, y exposición a riesgos naturales, presentan vulnerabilidades que facilitan la delincuencia, abigeato, la extorsión, el microtráfico, la impunidad, y la percepción de inseguridad, considerando la casi inexistente institucionalidad y baja presencia del Estado de manera permanente.

5. Alta concentración de violencia en distritos específicos. La violencia se concentra en los distritos de Manta (que incluye Jaramijó y Montecristi) y Portoviejo, que juntos representan el 68-70% de las muertes violentas (2024). Esta concentración refleja una incapacidad para controlar la violencia en áreas urbanas clave, donde las disputas entre bandas generan asesinatos, extorsiones y ataques armados o, en su defecto, las acciones de la delincuencia común.

6. Bajo índice de resolución de los delitos. Solo el 6,99% de los crímenes registrados en Manabí en 2024 fueron resueltos, lo que indica una alta impunidad; la falta de resolución de casos fomenta la percepción de inseguridad y debilita la confianza en las instituciones, lo que permite a los grupos criminales y delincuenciales operar con mayor libertad. La impunidad también desincentiva a las víctimas a denunciar delitos como la extorsión, que ha aumentado significativamente.

7. Vulnerabilidad socioeconómica. La pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades económicas en Manabí hacen que las comunidades sean vulnerables al reclutamiento por parte de grupos criminales. La pandemia exacerbó estas condiciones, facilitando la expansión de bandas delincuenciales de todo tipo. En este acápite el plan de la Prefectura tiene líneas de acción específicas.

8. Corrupción y debilidad institucional. La corrupción en las fuerzas públicas y el sistema judicial socava los esfuerzos para combatir la delincuencia. La infiltración del crimen organizado en las instituciones debilita la capacidad del Estado para mantener el control territorial y combatir economías ilícitas; consecuentemente, la percepción de corrupción reduce la confianza ciudadana en la Policía y el sistema judicial, dificultando la cooperación en investigaciones. Además, la falta de protección para jueces y fiscales limita la capacidad de procesar a los delincuentes, considerando que este es un escenario en el contexto nacional.

9. Insuficiencia de recursos y estrategias de seguridad.  A pesar de intervenciones como el Bloque de Seguridad (policías y militares), los recursos tecnológicos son insuficientes en la provincia para enfrentar y frenar la magnitud de las acciones delictivas. La falta de patrullajes constantes y la percepción de desprotección persisten. En estos temas la ausencia de transparencia genera también incredulidad ciudadana. 

10. Personal, infraestructura y equipamiento. Aunque es complicado acceder a datos específicos es observable lo indispensable que es mejorar y ampliar la infraestructura, aumentar los recursos materiales, logísticos y financieros para la seguridad, incluye el fortalecimiento del sistema judicial.  

11. Violencia machista y crímenes contra grupos vulnerables. Manabí enfrenta una alta incidencia de violencia machista, incluyendo femicidios, que se suma a la delincuencia común y organizada. Es necesario considerar que la violencia de género, combinada con el sicariato y el narcotráfico, crea un ambiente de inseguridad generalizada que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes, tanto en espacios públicos como privados; al respecto el plan de la Prefectura también aborda esta debilidad.

12. Falta de enfoque investigativo. Aunque se realizan esfuerzos para desarticular bandas en la provincia, la falta de un enfoque investigativo robusto y de cooperación interinstitucional local limita la capacidad de identificar y capturar a los líderes e integrantes de grupos criminales del crimen organizado y "autónomos". 

13. Dispersión informativa. La institucionalidad pública provincial no dispone de un un plan articulado e integral de comunicación política como herramienta poderosa en las gestiones contra la inseguridad, lo que impide construir un discurso cohesionado en el contexto urbano o rural que involucre a la ciudadanía y fomente la participación en la prevención del delito. Como una debilidad es posible afirmar que dificulta realizar evaluaciones periódicas para la retroalimentación de la ciudadanía para ajustar, mejorar la efectividad de los mensajes así como de los planes operativos y la impunidad.

 A manera de epílogo

Tal vez sea necesario aumentar otros componentes o disgregar algunos de los ya expuestos pero eso ya requeriría de un equipo técnico multidisciplinario, lo que como ciudadano considero es que hace falta más trabajo informativo sobre la realidad que enfrenta la provincia y lo que hasta aquí expuesto es, de una u otra manera, la información que le hizo falta difundir a la Gobernación en este complejo escenario.

Amplió entonces. Es indudable que la reunión del Consejo de Seguridad Provincial celebrada el 4 de julio de 2025 en la Gobernación de Manabí y según el boletín representa un esfuerzo necesario para abordar la grave crisis de inseguridad en esta provincia azotada la persistente amenaza del crimen organizados, la delincuencia común y la impunidad; sin embargo, desde la perspectiva de la transparencia, el manejo y comunicación de este evento ha evidenciando deficiencias que limitan la confianza ciudadana y la efectividad de las medidas propuestas.

Los párrafos se limitan a declaraciones generales sobre “resolver problemáticas sociales” y “articular instituciones”, sin especificar metas concretas, plazos, o asignaciones presupuestarias; tampoco se difunde un informe accesible que detalle los compromisos asumidos, los recursos asignados, o los indicadores de éxito a lo que considero una falla comunicacional crítica.

Otra falla ¿error? que observo es que está centrado en destacar la realización del evento, destacar las palabras de la Gobernadora y del delegado del Ministerio de Gobierno, el resto da la impresión que son personas anónimas relegadas a segundo plano; pero no incluyen canales para retroalimentación ciudadana ni explican cómo se involucrará a la población en las estrategias de seguridad; igualmente, la ausencia de referencias a otros actores locales, como las municipalidades o la Prefectura u otros funcionarios provinciales, sugiere una comunicación centralizada que no refleja la necesaria coordinación interinstitucional. 

Sin datos públicos sobre el presupuesto ejecutado, el número de agentes desplegados con las restricciones del caso o los avances en la resolución de crímenes u otros delitos, la ciudadanía queda a ciegas sobre la efectividad de las medidas implementadas. 

La transparencia no solo es un acto de comunicación, sino una práctica que requiere publicar métricas verificables, más aún en asuntos en que de por medio está la credibilidad ciudadana, de personas que está afrontando temores y que constantemente son víctima directa o colateral del accionar delincuencial.

Y me voy a permitir una recomendación a quienes corresponda: ¡No se enojen!

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24 de junio de 2025

La trampa política del asistencialismo

Uno de los cientos de post que pasan por mi TL en X llamó mi la atención por la temática y el significante. Fue como caminar por una concurrida calle, con mucho ruido y ofertas variadas, hasta que un "algo" llamó mi atención aunque no era para mi, un presentimiento que me llevó a tomar una decisión. Los 246 caracteres se convirtieron en un ensayo de pobreza, oportunismo e irracional optimismo.

Fuente: diario Extra de Costa Rica

Todo empezó con Daniela Mora @DaniMSantacruz cuando publicó: 

"Un paper que explique el absurdo que los lleva a preferir el asistencialismo/caridad/pedir plata/hacer honrados solidarios/rifar lo que les estorba en la casa para tener acceso a derechos (salud, educación, seguridad, alimentación, etc) en lugar de apostar por un estado que lo garantice."

Al momento de leerlo traté de tener una respuesta mental pero me fue imposible. Mis ideas conformaban un paisaje complejo de describir, historias humanas incluidas de ciudadanos y funcionarios como si lo uno no fuese parte de lo otro, tal vez cientos o miles de investigaciones, incontables noticias que quizás no han sobrevivido y otras que son parte de la historia viral de Ecuador; también un infinito número de inconsistencias morales e ilegales en el mundo de la institucionalidad pública.

Únicamente tenía un camino práctico para empezar.

Mutación de los 246 caracteres en 2.377 

El ensayo explora las razones por las que un grupo de ecuatorianos podrían preferir soluciones asistenciales o caritativas, como donaciones, rifas o solidaridad comunitaria, frente a un Estado diseñado para garantizar derechos fundamentales como salud, educación, seguridad y alimentación. Partiendo del post de Daniela Mora el 14 de junio de 2025 y el accionar de la AI Grok 3, se analiza el marco constitucional de 2008, el rol de organizaciones de hecho y de derecho de la sociedad civil, las limitaciones del sistema público, así como los efectos del populismo legislativo junto a la demagogia municipal. Se incorpora un enfoque financiero de la inversión pública y el costo oportunidad del asistencialismo, haciendo hincapié en el control social.

1. Advertencia al lector

El asistencialismo en Ecuador muestra patrones distintos entre zonas urbanas y rurales, reflejando las desigualdades estructurales del país. En las áreas rurales, asistencialismo se manifiesta principalmente a través de iniciativas comunitarias, religiosas y organizaciones no gubernamentales, que responden tanto a la dispersión geográfica como a la limitada presencia estatal.

Mientras el asistencialismo rural depende de la solidaridad local, el urbano (centralista) se convierte en una herramienta política, destacando la necesidad de analizar estas dinámicas por separado para diseñar políticas efectivas.

Según el INEC (2025), el 52% de la población rural vive en pobreza, servicios básicos deficientes y centralismo cantonal, lo que incrementa la dependencia de donaciones solidarias.

Esta práctica política rural tiende a ser reactiva, abordando emergencias como la crisis de salud o seguridad o frente a desastres, pero carece de sostenibilidad debido a la falta de infraestructura básica y capacidades institucionales.

El mundo urbano, por su parte, aprovecha la concentración de la institucionalidad y de medios de comunicación que tienen la capacidad de realizar coberturas permanentes, así como acceder a las fuentes oficiales de manera más rápida y continua, para amplificar el “trabajo humanitario” del funcionario. 

Por tanto, en el desarrollo de este ensayo se plantean escenarios genéricos porque cada caso debe tratarse por separado. Una de las consecuencias de la situación descrita conduce a no plantear conclusiones que podrían distorsionar el paisaje real del asistencialismo.

Como metodología de trabajo se usaron los datos aportados por Grok (AI) con base en las directrices que en el proceso les fui planteando y realicé los ajustes editoriales; consecuentemente, es pertinente que el lector lo lea con las reservas del caso y, de creerlo conveniente, realice aportes o críticas o contrastes que pueda ampliar más al detalle los inconvenientes del asistencialismo en Ecuador.

Guste o no a muchos es necesario que dejé planteado los lineamientos constitucionales, pues de ellos se desprende la política pública que orienta el accionar legal y permite hacer el contraste indispensable con lo que ciertos hechos han sido reportados en cuanto a las gestiones que ejecuta el sector público pero que no parece redundar en el bienestar colectivo.

2. El Estado Social y de Derechos en la Constitución de 2008

La Constitución de 2008 define a Ecuador como un "Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico" (Art. 1). Este marco se alinea con el garantismo, que obliga al Estado a proteger activamente los derechos ciudadanos (La Teoría Garantista – Derecho Ecuador, s.f.). Artículos como el 32 (salud como derecho), el 57 (derechos indígenas) y el 11 (desarrollo progresivo de derechos) refuerzan esta obligación, pero la implementación ha sido inconsistente, alimentando la desconfianza ciudadana.

3. El rol del asistencialismo y la caridad en Ecuador

Caso de estudio. Organizaciones como Cáritas Ecuador han llenado vacíos estatales, distribuyendo ayuda en áreas remotas durante emergencias (Cáritas Ecuador, 2024); sin embargo, esta dependencia perpetúa el asistencialismo.

El Ministerio de Salud enfrenta limitaciones que agravan esta tendencia, con un 27% de la población evitando atención médica por accesibilidad en 2006, según datos ajustados (scirp.org, 2023). La rapidez de las soluciones caritativas contrasta con la burocracia pública, consolidando esta preferencia.

4. Populismo Legislativo

El populismo legislativo se refiere a la práctica de los asambleístas de aprobar leyes que, aunque populares y atractivas para el electorado, pueden ser ineficaces, perjudiciales o incluso contrarias al Estado de derecho y la estabilidad institucional. En esencia, implica priorizar la obtención de apoyo popular a través de medidas legislativas, a menudo a expensas de la solidez y la coherencia de las leyes y el sistema legal. (Jorge Peralta Parra – 2020)

Esta práctica ha jugado un papel clave en erosionar la confianza en el Estado como garante de derechos. Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), la Asamblea Constituyente de 2008, dominada por Alianza PAIS, impulsó una Constitución que amplió las facultades estatales, pero también introdujo un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como un "cuarto poder" controlado por el Ejecutivo (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Para el caso que se ocupa en este trabajo, la función principal del Consejo de Participación Ciudadana es garantizar que las instituciones públicas cumplan con su rol de proteger derechos, incluyendo los sociales como salud y educación (Art. 1 y 32). Sin embargo, su diseño y operación han estado influenciados por dinámicas políticas, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cuando se alineó con el ejecutivo para legitimar políticas asistenciales.

La ausencia de un control social eficiente y efectivo por parte del CPCCS se evidencia en su incapacidad para prevenir y sancionar actos de corrupción que erosionan la confianza ciudadana. A pesar de su mandato constitucional de supervisar la transparencia y la participación ciudadana (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 207), el CPCCS ha mostrado una gestión sesgada, influenciada por designaciones políticas que priorizan intereses gubernamentales sobre el bienestar colectivo, dejando sin freno iniciativas asistenciales propagandísticas. Esta deficiencia estructural perpetúa la percepción de un Estado ineficaz, impulsando a la población a recurrir a soluciones caritativas en lugar de exigir un cumplimiento garantista de sus derechos.

Por tanto, es posible asumir que el CPCCS, en lugar de fortalecer la rendición de cuentas, se ha percibido como una herramienta populista y de apoyo para coaptar otras instancias como la Contraloría, la Fiscalía, además de las distintas superintendencias, que prioriza intereses políticos sobre los derechos ciudadanos, empujando a la población a buscar soluciones caritativas como alternativa.

La estructura, diseñada para legitimar políticas populares, a menudo prioriza medidas asistenciales —como subsidios temporales— sobre reformas estructurales. Según el artículo "Democracia reflexiva y demagógica" (Derecho Ecuador, s.f.), esta práctica refleja un patrón regional donde líderes como Perón en Argentina o Correa en Ecuador usaron promesas populistas para ganar apoyo, ofreciendo soluciones inmediatas que desvían la atención de un sistema garantista sostenible.

La falta de cultura cívica, agravada por estas tácticas, ha llevado a los ciudadanos a esperar resultados rápidos de la caridad antes que del Estado.

5. Demagogia municipal

A nivel municipal, la demagogia ha logrado amplificar el asistencialismo al convertir las administraciones locales en plataformas de promesas vacías; los alcaldes han recurrido tanto a la autogestión con la empresa privada en reemplazo al cumplimiento de sus competencias como a rifas de bienes o eventos solidarios para ganar popularidad, en lugar de fortalecer servicios públicos.

El artículo de Derecho Ecuador (s.f.) señala que esta demagogia, similar a la de caudillos históricos, se nutre de las angustias populares, presentando a los líderes como "mesías" que resuelven problemas con gestos simbólicos. Por ejemplo, durante la crisis de violencia de 2023, algunas municipalidades organizaron colectas comunitarias en lugar de coordinar con el gobierno central para mejorar la seguridad.

Esta fragmentación refuerza la percepción de que el Estado central y local no pueden cumplir su rol garantista, empujando a la población hacia soluciones caritativas locales.

6. Contexto socio-político reciente

La crisis de seguridad de 2023-2024, tras la fuga de José Adolfo Macías y los ataques de bandas como Los Choneros, elevó la tasa de homicidios a 46 por 100,000 habitantes (Wikipedia, 2025). El estado de emergencia declarado por Daniel Noboa y la Operación Metástasis, que reveló corrupción en 2023 (The Washington Post, 2023), han debilitado la confianza en las instituciones, incrementando el recurso a la caridad como respuesta inmediata a lo que se suma la incapacidad de reprimir los delitos comunes.

7. Precariedad laboral

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2021, el 66% de los ecuatorianos que trabajan lo hacen en condiciones precarias, ganando menos del salario básico y sin beneficios legales, con un empleo adecuado que cayó al 33,9% desde 38,8% en 2019 (Bloomberg Línea, 2022). En 2023, el Índice Global de los Derechos de la CSI clasificó a Ecuador entre los peores 10 países para trabajadores, destacando alta informalidad (50,6% del mercado laboral) y subempleo (Revista Gestión, 2023). 

7.1. Impacto en la preferencia por asistencialismo: La precariedad limita el acceso a derechos como salud y educación, empujando a los trabajadores informales a depender de caridad o iniciativas comunitarias, especialmente en sectores vulnerables (Recio Cáceres, 2010). 

7.2. Contexto de género: Las mujeres enfrentan tasas de empleo no remunerado 2,8 veces superiores a las de los hombres (17% vs. 6%), con ingresos promedio de US$ 368,5 frente a US$ 455,6 de los hombres en 2021, agravando la necesidad de soluciones asistenciales (Bloomberg Línea, 2022). 

7.3. Relación con el Estado: La falta de políticas públicas efectivas para combatir la informalidad, como se señala en "La política laboral pisa el terreno de la precariedad" (Expreso, 2020), refuerza la percepción de un Estado incapaz con lo cual se considera que fomentando la caridad se soluciona el problema.

8. Asistencialismo y caridad criminal

8.1. Definición y Contexto

El asistencialismo, entendido como la provisión de bienes, servicios o apoyo (como alimentos, dinero o protección) a comunidades vulnerables, no se limita a entidades estatales o caritativas tradicionales. En el ámbito de la delincuencia organizada, este fenómeno puede manifestarse como una estrategia para ganar legitimidad social, lealtad o control territorial.

Según la entrada de Wikipedia sobre "Organized Crime" (2025-06-10), en estados fallidos o débiles, como puede percibirse Ecuador en ciertos contextos, las organizaciones criminales a veces complementan funciones estatales básicas (educación, seguridad, asistencia), especialmente en áreas donde el gobierno no llega.

8.2. Evidencia en Ecuador

En Ecuador, la delincuencia organizada, particularmente las bandas narcocriminales como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, ha mostrado prácticas asistenciales en los últimos años, especialmente desde la crisis de seguridad de 2023-2024. Algunos ejemplos incluyen: 

Distribución de Recursos: Informes periodísticos, como los de El Universo (2023), han documentado cómo estas bandas han entregado alimentos, medicinas o efectivo en barrios marginales de Guayaquil y Esmeraldas, presentándose como "proveedores" frente a un Estado ausente tras el estado de emergencia declarado por Daniel Noboa. 

Protección Social: En zonas controladas por estas organizaciones, como partes de Manabí, se han reportado casos donde las bandas ofrecen "seguridad" a cambio de lealtad, un sustituto de la protección estatal que ha fallado (BBC News, 2023). 

Relación con la Operación Metástasis: La investigación de 2023 que vinculó a funcionarios con el narcotráfico (The Washington Post, 2023) sugiere que esta asistencia puede estar financiada por recursos ilícitos, amplificando su alcance y efectividad frente a iniciativas estatales o caritativas legítimas.

8.3. Mecanismos y Motivaciones

Estrategia de Control: Según el modelo de redes patrón-cliente descrito en Wikipedia (2025-06-10), las organizaciones criminales operan como unidades fluidas que valoran la familiaridad y la tradición. En Ecuador, esto se traduce en construir redes de apoyo que aseguren silencio o colaboración comunitaria. 

Contraste con el Estado: La rapidez y accesibilidad de esta "ayuda" contrastan con la burocracia estatal, especialmente en contextos de precariedad laboral (66% de empleo informal, INEC 2021) y crisis, reforzando la narrativa de que las bandas "responden" mejor que el gobierno. 

Legitimación Social: Al emular el asistencialismo de organizaciones como Cáritas Ecuador, las bandas buscan normalizar su presencia, un fenómeno observado en otros países como México, donde cárteles como el de Sinaloa han financiado obras comunitarias (Insight Crime, 2022).

8.4. Implicaciones en el caso ecuatoriano

El post de Daniela Mora (@DaniMSantacruz, 14 de junio de 2025) critica la preferencia por soluciones caritativas sobre un Estado garantista. La existencia de asistencialismo criminal complica este debate, ya que existe: 

Deslegitimación del Estado: La capacidad de las bandas para ofrecer asistencia refuerza la percepción de un gobierno incapaz, como señaló Eduardo Buitrón (@edufuj11) en su respuesta (00:49 UTC, 15 de junio de 2025). 

Riesgo de Dependencia: Comunidades vulnerables, afectadas por la precariedad laboral y la violencia, podrían volverse dependientes de estas redes, perpetuando un ciclo de ilegalidad. 

Desafío para políticas públicas: Un Estado que no contrarreste esta "caridad criminal" con servicios efectivos podría perder aún más terreno, especialmente en áreas rurales o urbanas marginales.

9. Rifas y Bingos Solidarios

9.1. Contexto y popularidad

En Ecuador, las "rifas solidarias" y "bingos solidarios" son prácticas comunes para recaudar dinero en comunidades, especialmente en contextos de precariedad económica y debilidad estatal. Estas iniciativas suelen organizarse para cubrir gastos médicos (tratamientos, cirugías), reconstruir viviendas destruidas por desastres naturales (como terremotos o inundaciones), o apoyar a familias afectadas por emergencias.

Según el artículo del portal radiolacalle.com estas actividades han ganado notoriedad, pero también han sido asociadas con un aumento del 400% en extorsiones en los últimos tres años, lo que sugiere un uso ambivalente.

9.2. Motivaciones y usos

Gastos médicos: El sistema de salud pública, gestionado por el Ministerio de Salud (salud.gob.ec), enfrenta limitaciones significativas, con un 27% de la población evitando atención médica por accesibilidad (scirp.org, 2023). Esto impulsa a las familias a organizar rifas para financiar cirugías, medicamentos o tratamientos oncológicos, como se observa en casos documentados por Cáritas Ecuador (2024). 

Pérdidas de vivienda: Desastres como el terremoto de 2016 o las inundaciones recurrentes en la costa han dejado a miles sin hogar. Páginas de Facebook como "Rifas Solidarias a favor de Rosita Carchi" (www.facebook.com) (www.facebook.com) muestran cómo se recaudan fondos para reconstrucción, a menudo en ausencia de apoyo estatal inmediato. 

Solidaridad comunitaria: Estas actividades reflejan una cultura de apoyo mutuo, arraigada en comunidades indígenas y rurales (Constitución, Art. 57), pero también destacan la falta de un sistema de seguros sociales accesible.

9.3. Mecanismos y Organización

Estructura: Las rifas suelen vender boletos a precios bajos (ej. USD 1-5) con premios como electrodomésticos o efectivo, mientras que los bingos combinan entretenimiento con donaciones. Organizaciones comunitarias, iglesias o familias individuales lideran estos eventos, usando redes sociales como WhatsApp o Facebook para promocionarlos. 

Alcance: Según Bingos solidarios (bcn.cl) estas iniciativas pueden movilizar a cientos de personas, especialmente en zonas urbanas marginales o rurales, donde el Estado tiene poca presencia.

Riesgos y contaminación criminal

Extorsión: El artículo de Diario La Hora advierte que bandas narcocriminales, como Los Choneros, han explotado las rifas solidarias como fachada para extorsión. Organizan sorteos ficticios, recolectan datos de compradores y luego los "vacunan" (exigen pagos). La Policía Nacional recomienda no participar en eventos de origen desconocido (La Hora, 2023). 

Lavado de dinero: Insight Crime (2022) sugiere que algunas rifas podrían servir para blanquear ganancias ilícitas, un riesgo amplificado por la crisis de seguridad de 2023-2024 en Ecuador (Wikipedia, 2025). 

Falta de regulación: La ausencia de supervisión estatal permite que estas actividades sean vulnerables a abusos, erosionando su propósito original.

10. Datos cuantitativos y tendencias

Frecuencia: No hay estadísticas oficiales exactas, pero el crecimiento de grupos de Facebook y eventos en plataformas locales indica un aumento desde 2020, coincidiendo con la pandemia y la crisis económica.

Impacto Económico: Según estimaciones de Cáritas Ecuador (2024), estas iniciativas recaudan entre USD 500 y 5.000 por evento, dependiendo del alcance, pero los fondos suelen ser insuficientes para necesidades complejas.

Población Afectada: La precariedad laboral (66% informal, INEC 2021) y la desigualdad de género (ingresos femeninos de USD 368,50 vs. 455.60 masculinos, Bloomberg Línea, 2022) amplifican la dependencia de estas rifas.

Relación con el post de Daniela Mora: @DaniMSantacruz critica la preferencia por estas soluciones asistenciales sobre un Estado garantista. Las respuestas, como la de @rxcastro01, sugieren que este fenómeno refleja una "arribismo de alma", mientras que la imagen de Meta AI compartida por @isabelr16799663 señala la estigmatización y la desconfianza en las instituciones como factores. Las rifas solidarias encajan en esta narrativa como un síntoma de la incapacidad estatal para garantizar derechos (Art. 32, Constitución 2008), especialmente en salud y vivienda.

Deducciones: Las rifas y bingos solidarios en Ecuador son una respuesta pragmática a las fallas del Estado en salud y vivienda, arraigada en la solidaridad comunitaria pero expuesta a riesgos criminales. Su popularidad refleja tanto la resiliencia social como la urgencia de un sistema garantista efectivo, como plantea Dani Mora. Para mitigar abusos, se requeriría regulación estatal y educación financiera, aunque la implementación enfrenta desafíos significativos.

La preferencia por el asistencialismo se explica por la desconfianza en el Estado, la rapidez de las soluciones caritativas y la cultura solidaria (Art. 57). El populismo legislativo y la demagogia municipal han exacerbado esta tendencia al priorizar gestos sobre reformas.

11. Necesidad del análisis Costo de oportunidad

El asistencialismo, aunque efectivo a corto plazo, implica un costo de oportunidad significativo. Cada recurso destinado a caridad o donaciones privadas podría invertirse en fortalecer el sistema público, como mejorar la infraestructura sanitaria o educativa. Por ejemplo, los fondos recaudados por Cáritas Ecuador en 2022 (Cáritas Ecuador, 2024) podrían haber financiado programas estatales, pero la falta de un análisis económico sistemático impide evaluar esta alternativa.

A pesar de que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010) exige evaluaciones de viabilidad, no existe evidencia pública de que el sector público ecuatoriano realice informes de costo de oportunidad para decidir inversiones en el sector social. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2025) y el INEC (2025) proporcionan datos presupuestarios y estadísticos, pero la priorización de gastos reactivos refleja una ausencia de análisis sobre alternativas sacrificadas, perpetuando el asistencialismo en detrimento de estrategias sostenibles.

Este enfoque requiere estudiar no solo los beneficios inmediatos del asistencialismo, sino también las oportunidades perdidas en términos de desarrollo a largo plazo, como la reducción de la desigualdad o el fortalecimiento institucional. Sin este análisis, la dependencia de la caridad sigue siendo una solución reactiva más que estratégica.

12. Requerimientos del Retorno de la Inversión Pública

La ausencia de datos claros sobre el retorno de la inversión pública agrava la desconfianza en el Estado. Aunque la Constitución de 2008 promovió un aumento en el gasto social (Art. 11), no se han establecido métricas consistentes para medir su impacto, como la mejora en tasas de alfabetización o acceso a salud.

Estudios como el de la PMC (2023) sugieren que las reformas de salud desde 2008 elevaron la inversión pública, pero sin evaluaciones robustas, los ciudadanos perciben estas iniciativas como ineficaces, prefiriendo la transparencia de las donaciones privadas.

Recolectar datos actualizados del INEC (2025) y publicar informes anuales transparentes serían pasos clave para justificar la inversión estatal y reducir el asistencialismo.

13. Asistencialismo como propaganda oficial

Ningún análisis de escenarios está completo si es que no se incluyen aspectos de información pública, sobre todo y en este caso los que ejecutan las distintas instituciones del sector público, que bien puede entrar más en el campo de la propaganda que de la comunicación social, considerando el alto consumo en redes sociales virtuales.

La periodista española Delia Rodríguez desarrolló hace más de una década uno de los problemas comunicacionales actuales en su libro «Memecracia: Los virales que nos gobiernan» y parece que hoy alcanzó una madurez que consolida también a las redes sociales como principal ventana de la información y canal de comunicación política. (Jairo Mejía – 2025)

El impacto de las redes sociales en la política no es positivo en su totalidad. Uno de los mayores desafíos es la difusión de noticias falsas y la manipulación de la información. La facilidad con la que los contenidos pueden viralizarse ha permitido que actores malintencionados, muchos ligados a los gobiernos, difundan desinformación para influir en la opinión pública y en los procesos electorales. (Isaac Amezcua López – 2025)

Una gran parte de las cuentas oficiales ilustran cómo el asistencialismo se usa como propaganda oficial, usando un lenguaje emotivo en frases como “salud con amor y compromiso”, sugiriendo un esfuerzo coordinado para mejorar la imagen institucional o de algún funcionario de alto nivel.

Según el INEC (2025), las campañas estatales de salud aumentaron un 15% en 2024, coincidiendo con la crisis de seguridad de 2023-2024, cuando el estado de emergencia impulsó respuestas visibles con alto contenido emocional. Esta práctica, que remonta a los años 90 con líderes usando ayuda para ganar apoyo (Desarrollo i, 2021), se alinea con la retórica del gobierno u otra institución para contrarrestar críticas (The Washington Post, 2023). Sin embargo, esta propaganda puede distorsionar la percepción ciudadana, presentando el asistencialismo como solución definitiva en lugar de un complemento temporal.

14. Epílogo

La Constitución de 2008 establece un ideal de Estado social que choca con la realidad de un sistema debilitado por el populismo, la demagogia y las multicrisis; esta desconexión ha llevado a una parte de la población ecuatoriana a refugiarse en el asistencialismo.

Ahora bien, esa suplantación de las obligaciones estatales carece de métodos para la evaluación de objetivos cumplidos desde la perspectiva de la sostenibilidad o de resultados que reflejen que la inversión de recursos públicos haya sido usada efectivamente a favor de ciudadanos en situación de riesgo y no de protagonismo personal de funcionarios o promoción electoral ilegal.

Vale entonces preguntarse, aunque pueda parecer la injerencia de administración privada: ¿Quién está realizando cálculos del retorno social de las inversiones públicas? y al igual sucede con saber si los funcionarios tomadores de decisiones han revisado al detalle los informes de Costo Oportunidad de las opciones para solución de problemas sociales, considerando que “alguien” los elabora, aunque no esté contemplando en la ley y por tanto no sean vinculantes.

También es casi seguro que este tipo de trabajos administrativos tampoco se realizan para la elaboración leyes, lo que acentúa el populismo legislativo; práctica que también es extrapolable, principalmente, a las municipalidades por la carga de obligaciones que constitucionalmente tienen.

Y quizás lo escabroso de este tema es la manera en que para una gran parte de la población no ha sido posible evadir la trampa de la pobreza; es decir, al mecanismo cíclico y autorreforzante mediante el cual las personas, hogares o comunidades quedan atrapadas en condiciones de pobreza debido a la interacción de múltiples factores que limitan su movilidad socioeconómica, impidiendo que salgan de ella incluso con esfuerzo individual (Economipedia, 2022; Instituto Juan de Mariana, 2023)

Entonces, en respuesta a Daniela Mora es posible afirmar que la preferencia de un grupo de ecuatorianos por el asistencialismo refleja, en última instancia, la trampa de pobreza que atrapa a amplios sectores de la población, especialmente en zonas rurales donde el 52% vive en condiciones de necesidad. Y con pobreza es más fácil rentabilizar la imagen de un poder político semejante a la de un dios todo poderoso.

Por último, en la imagen pública el trabajo del CPCCS es invisible o se lo mira como inservible para la aportar en la solución de problemas sociales, pero debió ser la piedra de tope para evitar que el asistencialismo sea un lastre nacional. ¿Los consejeros de control social asumirán sus responsabilidades?

Última revisión: 23 de junio de 2025.

Referencias

  • Amezcua López, Isaac. Redes sociales y política, cómo influyen en el poder y la opinión pública. uic.mx (2025)
  • Constitución de la República del Ecuador (2008). https://pdba.georgetown.edu 
  • Cáritas Ecuador (2024). Memoria Anual 2022. https://www.caritasecuador.org 
  • La Teoría Garantista – Derecho Ecuador (s.f.). [fuente en línea].
  • Mejía Jairo - La «memecracia» alcanza su cénit en el primer mes de gobierno de Trump - swissinfo.ch – (2025)
  • Ministerio de Salud Pública (2025). https://www.salud.gob.ec 
  • Peralta Parra, Jorge. Simbolismo jurídico: una aproximación al populismo legislativo. https://www.redalyc.org/
  • "Health Promotion in Ecuador" (2023). https://scirp.org 
  • Wikipedia (2025, 17 de mayo). Ecuadorian conflict (2024–present). https://en.wikipedia.org 
  • The Washington Post (2023). Operación Metastasis. 
  • OPS (2022). Respuesta comunitaria en América Latina. 
  • "Democracia reflexiva y demagógica" – Derecho Ecuador (s.f.). https://derechoecuador.com
  • 66% de ecuatorianos trabaja en precariedad - bloomberglinea.com

Palabras clave

Estado social, garantismo, asistencialismo, derechos fundamentales, Ecuador, Constitución de 2008, populismo, demagogia, finanzas, inversión, criminalidad.

Agradecimientos

Gracias Daniela Mora. Su chispa inicial de 14 de junio de 2025 que encendió mi reflexión sobre el asistencialismo y el Estado social en Ecuador y fue lo que me llevó a descubrir los mundos de la gestión pública y, sobre todo, tener caminos más claros en mi percepción sobre las fallas y errores al momento de emitir mis criterios y juicios. Y claro por su autorización para usar su post en X.

Envío mis reconocimiento a Grok, allá en su éter digital, porque con sus recorridos rápidos y capacidades diseñadas lograron recabar textos para responder mis inquietudes y permitirme desarrollar otro tipo de lecturas como las que genera la inteligencia artificial como herramienta para optimizar tiempo. Y claro, por ser el lector 0.

Entre los dos me permitieron construir una obra, creo yo, con una visión, distinta fusionando la narración del ensayo clásico que trascienda lo académico actual, sin perder mi norte de periodista profesional.

Datos sobre el editor de la nota:

Cuenta X: @Zavala_Ra
Blog de Comentarios cortos: https://raulzavala.wordpress.com/
Blog de generalidades: https://lodijeron.wordpress.com/

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 

17 de junio de 2025

Entretelones de la industria láctea

En la vida diaria existen situaciones separadas pero cuando uno encuentra el hilo conductor, lo expone públicamente, recibe respuestas que muestran panoramas generales y es lo que me ocurrió cuando el viernes 13 de junio de 2025 supe las razones del incremento del precio del queso y la escases de leche por dos fuentes totalmente diferentes. Lo conté en X supe que había una gran historia de los productos lácteos en Ecuador, así que decidí narrarla.

Este fue mi primer post en @Zavala_Ra: Dos historias que se juntaron ayer: el quesero y TuTi. Llegó a quien le compro el queso manaba y dijo que la libra estaba a 3.50, pregunté por qué había subido tanto el precio, respondió que no hay leche, que Colombia la está comprando al contado y que es mejor negocio.

El segundo: También estuve en el TuTi y entre otras provisiones debía comprar leche, vi bajo el stock de la leche entera en cartón y nada de la que viene en funda.

Cuando finalmente me fui a pagar le pregunté a la cajera lo que había ocurrido, con agradable gesto me mostró el letrero que acompaña este párrafo informando sobre la intermitencia en el abastecimiento de los proveedores.

Tercero: Me quedaron más dudas que certezas...

De las respuestas concretas que mostraron un panorama general fue la de Rolando Montesdeoca @romoced la que me indujo a profundizar en el tema:

Hay, al parecer, una "tormenta perfecta" alrededor del tema lácteo.

1. La situación interna de Colombia ha impactado en su sector lácteo. Leche de la Sierra Norte se estaría desviando hacia allá.

2. Pitahaya y cacao han drenado pastizales en Manabí.

3. El cuatrerismo ha causado desinversión ganadera en amplias zonas.

4. El envejecimiento de los ganaderos.

5. La ganadería de leche es una inversión a largo plazo, en un mundo donde todos buscan ganancias rápidas.

De su parte Ciencia1.com @Ciencia1com: Existe una tendencia mundial de incremento de precios en los lácteos debido a un mayor consumo mundial, y en parte por el ataque regulatorio por legislaciones ambientalistas contra el sector agropecuario según el Dairy Price Index.

Otras respuestas que abonaron a mi nivel de dudas pero que también impulsaron para que busque respuestas:

Berta Talbott @berta_talbott: Por acá la libra de queso "callejero" como le dice mi nieta Emilia, todavía cuesta 2.75. Y la leche tuvo un pequeño incremento en el súper.

Ernesto Intriago @intriagoernesto: Algo raro pasa con la leche, es verdad que 'no alcanza para la demanda nacional' o estrategia de la industria para encarecerla. La deslactosada estuvo escasa por 15 días hace dos meses en marcas como La Lechera. Pero al periodismo solo le interesa invesgar narcos, políticos, etc.

Héctor Vintimilla @hectorvintimill: Tomo leche descremada de Nestlé y ya van casi 2 meses de su escasez.

Estefania Aumala E. @estefanialaw: Me llegó la info que el gobierno concedió permiso a una empresa (no recuerdo cuál) para exportar leche, cuando la producción apenas cubre la demanda a nivel nacional. Desde ahí los productores venden a esa empresa y el producto está escaso

Búsqueda de datos 

Frente a mis ojos tenía dos opciones: a) quedarme frío y dejar que el post alcance más visualizaciones o b) empezar a indagar.

Así que nuevamente acudí a la herramienta AI: Grok ¿Por qué hay escasez de leche en Ecuador? y la respuesta no fue de mis satisfacción:

En resumen, aunque no se describe una escasez generalizada, la combinación de factores climáticos, baja demanda, informalidad y problemas de regulación ha generado tensiones en el sector lechero. Los productores enfrentan desafíos para mantener la sostenibilidad, mientras que el consumo per cápita (114 litros al año) sigue por debajo de las recomendaciones internacionales (150-170 litros).

Debí entonces usar una de las respuestas: "Sondea si Colombia está comprando leche cruda a productores ecuatorianos y si aumentaron las exportaciones de lácteos a China."

Conclusión:

No hay datos que confirmen que Colombia esté comprando leche cruda a productores ecuatorianos. La dinámica comercial entre ambos países parece estar más influenciada por el contrabando de leche en polvo desde Colombia hacia Ecuador, en lugar de importaciones formales de leche cruda.

No se reporta un aumento en las exportaciones de lácteos colombianos a China. La producción y exportación de lácteos de Colombia se ven limitadas por factores internos, como la informalidad y las políticas proteccionistas, mientras que China se enfoca en aumentar su producción doméstica y reducir importaciones.

Había perdido mis dos oportunidades, así que tomé la decisión de abandonar este ejercicio, hasta que llegó la respuesta de Rolando Montesdeoca; así nuevamente seguí la conversación con Grok: Grok encuentra evidencias sobre lo expuesto en este post, refiriéndome al de Rolando que la calificó como de "tormenta perfecta" y me ofreció un resumen de las evidencias encontradas sobre los factores que podrían estar contribuyendo a los problemas en el sector lácteo lácteo:

Situación interna de Colombia y desviación de leche de la Sierra Norte:

Según un informe de Bancolombia publicado el 27 de febrero de 2025 en Infobae, el sector lácteo colombiano experimentó un aumento del 18% en los precios a principios de 2025 debido a una mayor recolección de leche. Esto sugiere que Colombia podría estar absorbiendo más producción láctea, aunque no hay evidencia directa de que esté importando leche cruda de Ecuador de forma significativa. La mención en el post de que la leche de la Sierra Norte se desvía hacia Colombia podría reflejar un comercio informal o una presión regional, pero requiere mayor verificación.

Drenaje de pastizales en Manabí por pitahaya y cacao: El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador ha promovido un proyecto de reactivación del cacao a nivel nacional desde 2012, con una duración de 10 años. En la provincia de Manabí, esto ha llevado a un cambio en el uso de la tierra, donde los cultivos de pitahaya y cacao han reemplazado pastizales, reduciendo el espacio disponible para la ganadería lechera, como se sugiere en el post.

Impacto del cuatrerismo en la ganadería: El cuatrerismo (robo de ganado) sigue siendo un problema relevante en Ecuador. Un análisis de Zafrero.com del 3 de mayo de 2022 destaca que grupos del crimen organizado han intensificado el robo de ganado, lo que desincentiva la inversión en la ganadería, un punto respaldado por el post de Montesdeoca.

Envejecimiento de los ganaderos: Informes del sector lácteo en Ecuador indican que muchos productores tienen más de 60 años, lo que afecta la continuidad y las inversiones a largo plazo en la industria, alineándose con la observación del post sobre el envejecimiento como un factor limitante.

Ganadería de leche como inversión a largo plazo: Estudios regionales sobre agricultura confirman que la tendencia hacia ganancias rápidas ha desmotivado la inversión en ganadería lechera, que requiere planificación a largo plazo. Esto respalda la afirmación del post sobre las preferencias por retornos inmediatos en un mundo que busca beneficios rápidos.

Evidentemente se me hizo necesario profundizar el tema de cuatrerismo, porque podría ser alto impacto y no opciones para que se frente este delito a sabiendas que las zonas rurales son las que mayor desprotección tienen en asuntos de seguridad que incluye baja capacidad de respuesta policial y del sistema de justicia que incluye a la Fiscalía. 

Cuatrerismo y robo de ganado: El cuatrerismo, o robo de ganado, es una de las principales amenazas para los ganaderos, especialmente en zonas rurales de América Latina, incluyendo Ecuador. Este delito no solo implica la pérdida directa de animales, sino también el desincentivo a la inversión en ganadería.

Evidencia en Ecuador: Según un informe de Zafrero.com (3 de mayo de 2022), bandas organizadas han incrementado el robo de ganado en Ecuador, afectando a pequeños y medianos productores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció en 2022 operativos conjuntos con la Policía Nacional para combatir el abigeato, como se detalla en su sitio web oficial (www.agricultura.gob.ec) (www.agricultura.gob.ec). En 2025, esta problemática sigue siendo relevante, con reportes locales indicando que el robo de ganado ha contribuido a la desinversión en el sector lechero, como se mencionó en el post de X.

Impacto: Pérdidas económicas, aumento de los costos de seguridad y reducción de la producción ganadera, afectando la disponibilidad de leche y carne.

Violencia y extorsión hacia productores: La extorsión por parte de grupos delictivos es un problema creciente en zonas rurales, donde los productores agrícolas y ganaderos son blanco de amenazas para pagar "vacunas" o enfrentar represalias.

Evidencia: En Ecuador, la inseguridad ha llevado al cierre de tiendas y fincas en áreas rurales, como se reportó en análisis de 2024 sobre el impacto en el consumo de lácteos (reducción del 5% en 2024). Organizaciones como la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO) han denunciado estas prácticas, según notas del MAG. A nivel regional, países como Colombia y México enfrentan situaciones similares, con el crimen organizado infiltrándose en las cadenas de suministro agropecuario.

Impacto: Disminución de la actividad económica rural, abandono de tierras y aumento de la informalidad en el sector.

Inseguridad alimentaria derivada de la inseguridad física: La inseguridad en el campo puede traducirse en inseguridad alimentaria, ya que los productores no pueden garantizar la producción ni el transporte de alimentos debido a riesgos de violencia.

Evidencia: En Ecuador, la sequía de 2024 y el cuatrerismo han exacerbado la vulnerabilidad del sector lácteo, reduciendo la producción de leche en un 50% temporalmente (reporte de 2024). A nivel global, la FAO ha destacado que la inseguridad en zonas rurales de América Latina afecta la estabilidad de los sistemas agroalimentarios, un tema que sigue vigente en 2025 según sus proyecciones.

Impacto: Escasez de productos básicos, aumento de precios (como el queso manaba a $3.50 por libra mencionado en el post de X) y mayor dependencia de importaciones.

Falta de infraestructura y vulnerabilidad al crimen: La ausencia de caminos adecuados, centros de acopio y sistemas de monitoreo facilita el robo y el contrabando de productos agropecuarios.

Evidencia: En Ecuador, la falta de infraestructura en zonas rurales dificulta el transporte de leche cruda, un problema que se agrava con la inseguridad, según reportes del sector. En Colombia, el contrabando de leche en polvo hacia Ecuador se ha vinculado a estas debilidades (análisis de 2022). En 2025, no se reportan mejoras significativas en estas áreas, según datos preliminares de organismos regionales.

Impacto: Pérdidas postcosecha, aumento de costos logísticos y desventaja competitiva frente a productos importados.

Violencia de género en el sector agropecuario: Las trabajadoras del sector enfrentan violencia laboral por razón de género, lo que afecta su seguridad y productividad.

Evidencia: Un estudio de 2022 en Aguascalientes, México (publicado en región y sociedad), encontró que el 58.67% de las trabajadoras agrícolas reportaron comentarios sexistas y el 25.33% acoso sexual. Aunque no hay datos específicos para Ecuador en 2025, la problemática es extrapolable a contextos similares, donde la falta de equidad agrava la inseguridad laboral.

Impacto: Deserción laboral femenina, reducción de la fuerza de trabajo y perpetuación de desigualdades.

Hasta aquí pensé... fin de esta entrada. Nuevamente otro de los aportes me hizo reflexionar sobre otra arista del mercado de los lácteos. Fue un breve intercambio de post lo que indujo a no abandonar la búsqueda.

Fue respecto a lo mencionado por Héctor Vintimilla sobre el desabastecimiento del producto leche descremada de Nestlé a cuya inquietud respondí si había preguntado las razones de la escases y me respondió que:

Cuando pregunté solo me dijeron que llegaba poco y no sabían la razón. Como en ese tiempo fue la tragedia de Esmeraldas, supuse que llevaban la Leche a la gente de esa zona pero el jueves no encontré en Megamaxi  y ya ha pasado mucho tiempo de eso. Por eso si creo que Colombia debe estar pagando mejor precio.

Me pareció extraño a sabiendas de la calidad que maneja la empresa y su imagen de seriedad; por tanto nuevamente recurrí a Grok, cuya respuesta me abrió otra puerta insospechada:

No hay información específica en las fuentes disponibles que detalle las razones de un desabastecimiento de leche deslactosada Nestlé en Ecuador en 2025. Sin embargo, un factor relevante que podría estar relacionado es la salida de Nestlé del sector lácteo en Ecuador, anunciada en marzo de 2024. 

Nestlé vendió su fábrica y centro de distribución en Cayambe, al norte de Quito, a Grupo Gloria, incluyendo marcas locales como La Vaquita y la licencia de marcas internacionales como La Lechera y Svelty. Esta transacción, que está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia de Ecuador, podría haber generado interrupciones temporales en la producción o distribución de productos lácteos, incluida la leche deslactosada, durante el proceso de transición.

Además, un reporte en redes sociales de septiembre de 2024 señaló problemas de calidad con productos Nestlé en Ecuador, específicamente con leche condensada (La Lechera) que se encontraba en mal estado, lo que podría indicar dificultades en el control de calidad o distribución antes o durante la transferencia a Grupo Gloria. Esto podría haber afectado la disponibilidad de otros productos lácteos de Nestlé, como la leche deslactosada.

Otros factores generales que podrían contribuir al desabastecimiento en Ecuador incluyen:

Problemas en la cadena de suministro: Como se ha visto en otros mercados, interrupciones en el transporte o la logística, como las causadas por restricciones de movilidad o problemas con proveedores, pueden afectar la disponibilidad de productos lácteos.

Demanda creciente: La alta prevalencia de intolerancia a la lactosa en Sudamérica, incluido Ecuador, impulsa la demanda de leche deslactosada, lo que podría superar la capacidad de producción o distribución si no se gestiona adecuadamente.

Dependencia de importaciones: Ecuador, al igual que otros países sudamericanos, puede enfrentar dificultades en la importación de insumos o productos terminados debido a restricciones comerciales o tensiones geopolíticas, lo que podría limitar la oferta de leche deslactosada.

No debo negarlo pero esa información de las negociaciones del Grupo Gloria y Nestle me resultaron novedosas, pues no recuerdo que esa "noticia" haya causado algún tipo de alteración mediática tal como ocurrió en la segunda semana de junio del 2025 cuando se conoció que Telefónica vendió Movistar Ecuador a Millicom por USD 380 millones, por lo cual sería reemplazada por la operadora Tigo. (lahora.com.ec - 13 de junio 2025)

Así que la intriga nuevamente me ganó y pedí ampliaciones la AI de X:  busca las negociaciones empresariales entre el grupo Gloria de Perú con Nestle Ecuador.

El 8 de marzo de 2024, el Grupo Gloria, a través de su filial Gloria Foods S.A., anunció la firma de un contrato de compraventa de acciones con Nestlé S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. para adquirir el 100% de Ecuajugos S.A., la unidad de negocios de lácteos y jugos de Nestlé en Ecuador. La transacción incluyó:
  • Marcas locales: La Vaquita, Yogu Yogu, Natura, Cereavena y Huesitos.
  • Licenciamiento de marcas globales: La Lechera y Svelty para el mercado ecuatoriano.
  • Activos físicos: La fábrica y el centro de distribución de Ecuajugos S.A. ubicados en Cayambe, Pichincha.

El objetivo del Grupo Gloria fue fortalecer su presencia en el mercado ecuatoriano y en la región, consolidando su posición en el sector lácteo y de bebidas.

Proceso y cierre de la operación: La transacción requería la aprobación de la Superintendencia de Competencia Económica de Ecuador, que dio luz verde el 16 de diciembre de 2024, que se concretó el 1 de enero de 2025, cuando Gloria Foods asumió el control total de Ecuajugos S.A.

Contexto del Grupo Gloria:

El Grupo Gloria, un conglomerado peruano fundado en 1986 por los hermanos Vito y Jorge Rodríguez, es un actor clave en el sector lácteo en Latinoamérica, con presencia en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile y Puerto Rico. Su estrategia de expansión se basa en fusiones y adquisiciones, como la compra de Soprole en Chile en 2022 por 640 millones de dólares y la adquisición de Ecuajugos en Ecuador. En Ecuador, el grupo ya operaba desde 2005 tras adquirir acciones de Lechera Andina S.A., comercializando marcas como Gloria y Andina.

Impacto y continuidad:

Para Grupo Gloria: La adquisición de Ecuajugos refuerza su portafolio de lácteos y jugos en Ecuador, un mercado estratégico, y amplía su capacidad de producción con la fábrica de Cayambe.

Para Nestlé Ecuador: Nestlé salió del sector lácteo y de jugos en Ecuador, pero continúa operando en el país con otras marcas como Maggi, Nescafé, Nido, Dog Chow y Chocapic.

No se reportaron conflictos significativos durante las negociaciones, y la transición se completó sin mayores inconvenientes tras la aprobación regulatoria.

Conexión con el desabastecimiento de leche deslactosada:

Aunque no hay evidencia directa que vincule la adquisición con un desabastecimiento específico de leche deslactosada Nestlé (como Svelty) en Ecuador, la transición de operaciones entre Nestlé y Grupo Gloria pudo haber causado interrupciones temporales en la distribución o producción durante finales de 2024 o inicios de 2025, especialmente si hubo ajustes en la logística o en el control de calidad.

El reporte de septiembre de 2024 sobre problemas de calidad con leche condensada La Lechera en Ecuador podría sugerir desafíos operativos previos a la transferencia.

Mi epílogo

Me es necesario dejar constancia, nuevamente, de que los datos entregados por Grok son una aproximación a la situación de características ampliamente compleja, por lo que requiere una ampliación desde otras perspectivas. 

Sin embargo de ello y al igual que cualquier otro tipo de ensayos mi intención, finalmente, es dar pauta para discernir una parte del paisaje de la industria láctea a partir de experiencias personales; por tanto, mal podría yo decir que en esta entrada plantea datos concluyentes sobre la industria láctea.

Además, los entretelones de los ganaderos son aristas que requieren ser analizados con mayor detenimiento y amplitud, revisando las perspectivas y el peso específico que cada subsector tiene, específicamente en lo que se conoce como producción primaria la que realmente sustenta la industria en general.

Por el momento hilar más fino cambiaría la cualidad de la intención, pues obligaría a la construcción de una tesis o de un artículo científico; sirve entonces, este ensayo como un punto de apoyo para quienes desconocen, en los que me incluyo, las complejidades del mercado con uno de los productos fundamentales de la economía y la seguridad alimentaria para Ecuador y sus distintas regiones.

Me queda entonces, la experiencia para descubrir nuevos datos en la construcción de historias del sector rural que, al mismo tiempo, serán apoyos para desmitificar y no romantizar el trabajo de la producción agropecuaria sea a grande, mediana o pequeña escala.

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