¿Y si el presidente Daniel Noboa, que enfrenta un déficit fiscal proyectado de USD 5.457 millones, le pidió por interno la renuncia al Fiscal General Wilson Toainga por no alinear su gestión con las demandas presupuestarias y de seguridad? Esta especulación cobra fuerza cuando el Consejo de la Judicatura decidió por un nuevo Fiscal subrogante: Leonardo Alarcón Argudo, en un movimiento quirúrgico que podría reflejar la presión política sobre un sistema judicial ineficaz contra delincuentes, narcos y corruptos. Mientras Noboa presume un crecimiento económico del 10% en ventas y 16,6% en exportaciones, la crisis de impunidad y los USD 800-900 millones gastados en justicia sin resultados erosionan las finanzas públicas, un escenario que invita a mirar con el entendimiento, como me guía Juan Salvador Gaviota.
Dato coyuntural. En el blog de Wordpress tengo una sección de Lecciones de supervivencia y una la obtuve de uno de mis libros de cabecera: Juan Salvador Gaviota, del que tomo la frase: “Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar”.
Ahora si entremos en detalles. Los operativos contra la inseguridad y el narcotráfico, iniciados tras la declaración de "conflicto armado interno" en enero de 2024, involucran a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con un presupuesto estimado de USD 1.500 millones en 2025; no obstante, el sistema judicial (cortes, fiscalías, defensores públicos) juega un rol crucial al procesar a los detenidos, emitir sentencias y garantizar el debido proceso, como establece la Constitución de 2008. La corrupción y la ineficacia judicial han sido señaladas como obstáculos, permitiendo que muchos detenidos sean liberados, lo que afecta a los resultados de los operativos.
El gasto en el sistema judicial, estimado en USD 800-900 millones en 2025, con USD 160-270 millones ligados a los operativos, aplica significativamente al esfuerzo contra la delincuencia, el crimen y el narco, representando un 10-18% del presupuesto de seguridad; sin embargo, su ineficacia (baja tasa de condenas, corrupción) multiplica los costos totales y debilita los resultados, convirtiéndolo en un pasivo que Noboa omite. Esto refuerza que su aseveración de una economía saludable no es sustentable, ya que el sistema judicial amplifica el déficit y la deuda sin mejorar la seguridad.
Aliados de la impunidad
El sistema judicial ecuatoriano, con un presupuesto estimado de USD 800-900 millones anuales, destina entre USD 160-270 millones (10-18% del gasto en seguridad de USD 1.500 millones) a procesar casos de narcotráfico e inseguridad, impulsados por los operativos desde el "conflicto armado interno" de 2024; sin embargo, según la Fiscalía General, solo el 20-30% de los detenidos quedan condenados, dejando al resto en libertad por fallos o corrupción. Este dato, ausente en las cifras de Noboa, duplica los costos de los operativos y mina el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La crisis fiscal se agrava con la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de asignar solo USD 6.7 millones al Consejo de la Judicatura para 2025, frente a los USD 48 millones solicitados, un recorte del 86%. Este ajuste refleja la prioridad de contener el déficit de USD 5.457 millones, pero deja al sistema judicial con recursos insuficientes para enfrentar el backlog de casos y la corrupción; a septiembre de 2025, el Consejo de la Judicatura mantenía un déficit de más de USD 246 millones. Con un presupuesto base estimado de USD 400-500 millones, esta brecha limita la capacidad de procesar los 10,000 sospechosos capturados anualmente.
Mientras el Consejo de la Judicatura enfrenta un recorte drástico, la Fiscalía General del Estado cuenta con un presupuesto de USD 138.27 millones para 2025, aprobado por la Asamblea Nacional en septiembre como parte de la proforma presupuestaria. Este monto, destinado a procesar casos de crimen, narcotráfico y corrupción, resulta insuficiente frente a las bajas tasas de condena (20-30%) y considerando que existen al menos 15,000-20,000 casos, agravando las pérdidas estimadas de USD 100-200 millones por corrupción.
Pero tenemos otro aliciente para mantener la impunidad. La resolución de casos se ve aún más comprometida por la subinversión en investigación forense. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió USD 9,186,002.33 para 2025, según la proforma del Ministerio de Economía y Finanzas, una cifra que apenas cubre USD 918.60 por cada una de las 10,000 capturas anuales, o USD 3,062-4,593 por los 2,000-3,000 casos complejos que requieren análisis. Comparado con los USD 138.27 millones de la Fiscalía, este presupuesto es insuficiente para modernizar equipos o ampliar los 247 técnicos forenses, perpetuando retrasos de 12-18 meses y alimentando la impunidad.
Esta opacidad, criticada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otros informes de transparencia institucional por pérdidas estimadas de USD 100-200 millones anuales por colusión de jueces y fiscales, es un pasivo que no se refleja en los balances oficiales, mientras el sector privado de seguridad crece un 10-15% (USD 550-805 millones) para compensar esta ineficacia, el gasto público sigue creciendo sin resultados.
La impunidad derivada de un sistema judicial ineficaz tiene un precio humano devastador que trasciende las cifras. Familias enteras viven bajo la sombra del miedo en las ciudades y zonas rurales donde la liberación de narcotraficantes y criminales alimenta la violencia cotidiana, con tasas de homicidio que rozan las 70 por 100,000 habitantes.
La desconfianza en la justicia erosiona el tejido social, empujando a comunidades a buscar protección privada o a resignarse a la extorsión, mientras los niños crecen en entornos donde la ley parece un privilegio inalcanzable. Este desgaste moral y cultural, invisible en los balances de Noboa, genera una crisis de legitimidad que ningún crecimiento económico puede compensar.
Desde un punto de vista económico, la impunidad representa un drenaje silencioso que agrava la fragilidad fiscal. Cada caso desestimado o corrupto implica no solo la pérdida de los USD 160-270 millones asignados a procesar delitos graves, sino también el costo de operativos repetidos y la fuga de inversión extranjera, estimada en cientos de millones anuales por el riesgo país. Empresas que podrían generar empleo y tributos optan por retirarse, mientras el Estado asume gastos indirectos como indemnizaciones por fallos judiciales o refuerzos policiales temporales. Este círculo vicioso, alimentado por la falta de responsabilidad, convierte a la impunidad en un pasivo que multiplica el déficit proyectado de USD 5.457 millones, un lastre que Noboa elude al destacar solo activos superficiales.
Opacidad del Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, no mantiene un sistema de información financiera que vincule las decisiones judiciales con los costos incurridos; esta falta de transparencia oculta la ineficacia y permite que los USD 800-900 millones se diluyan en el déficit sin rendición de cuentas. Noboa, al enfocarse solo en activos (cifras positivas), ignora este pasivo estructural que agrava las finanzas públicas.
La ausencia de un balance público de capturas, juicios y sentencias para narcotráfico, delitos, crimen y corrupción genera un colapso sistémico. Con un estimado de 10,000 sospechosos capturados en 2025, solo el 20-30% (2,000-3,000) llegan a condena tras 12-18 meses de retrasos, según la Fiscalía; esto sobrecarga al SNAI, porque el 60-70% de los 40,000 internos están en preventiva, costando USD 292-438 millones anuales por hacinamiento, y a la Policía, que gasta USD 10-15 millones custodiando a 5,000-7,000 con prisión domiciliaria. Esta ineficiencia, oculta por la opacidad judicial, amplifica el déficit fiscal.
Parches presidenciales insuficientes
Las bases Homeland Security y la ley de donaciones a las fuerzas del orden (en debate legislativo) buscan aliviar la presión , pero no resuelven la ineficacia judicial ni la corrupción. Sin una reforma que exija balances claros, el déficit y la deuda seguirán creciendo, contradiciendo la "economía saludable" de Noboa.
Aunque existen voces críticas que mencionan los errores metodológicos en el sustento presidencial de que Ecuador ya tiene una economía saludable, el post de Fausto Ortiz D (@faustortizd, 1 de octubre de 2025) revela un déficit fiscal de USD 2,074 millones a septiembre de 2025, proyectado a USD 5.457 millones al cierre del año. Este hueco se financia con una deuda pública que alcanzó USD 85.3 mil millones en diciembre de 2024, creciendo USD 2.5 mil millones por trimestre (CEIC Data). El gasto judicial, parte de los USD 19,794 millones en gastos totales (un aumento del 50.4% desde 2023), contribuye a esta presión.
Noboa destaca reservas de USD 8.602 millones y un aumento de USD 433 millones, pero los datos muestran una caída a USD 8,168.60 millones en agosto (Banco Central), sugiriendo que se usan para tapar el déficit. El ahorro del subsidio al diésel (USD 1.100 millones anuales) no cubre esta brecha, dejando al país en una dependencia insostenible de deuda.
En definitiva...
Un sistema judicial opaco e ineficaz, con un gasto de USD 800-900 millones, agrava el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, mientras la inseguridad persiste.
La aseveración de Noboa de una economía saludable se desvanece ante un sistema judicial ineficaz, donde los USD 800-900 millones gastados agravan el déficit de USD 5.457 millones y una deuda de USD 85.3 mil millones, dejando la impunidad abierta a narcos y corruptos. La designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante, respaldada por Mario Godoy —presidente del Consejo de la Judicatura de afinidad gobiernista—, refleja un movimiento calculado de Noboa que podría apuntar a mayor eficiencia judicial o consolidar un control político más profundo.
Y tal como me enseñaron mis viejos maestros del periodismo, el cambio comienza con otra visión de los mis mismo hechos: el Gobierno debe ser más transparente y honesto con sus intereses políticos; mientras que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía deben explicar al país los límites que tienen para convertirse en la punta de lanza para frenar las olas criminales, delincuenciales y de corrupción.
Pero dejo en claro que esto no me desvía de la certeza de que quienes tejen la trama política gubernamental emplean un bisturí robot guiado por algoritmos, tal cual las operaciones de la llamada “década ganada”, donde el brillo económico ocultó fallas profundas y las necesidades personales para tener "una justicia incondicional".
He aquí la importancia de mirar con el entendimiento, una lección que Juan Salvador Gaviota recibió y me transmitió.
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Advertencia: Este análisis lo empecé a escribir a raíz de que el Presidente de Ecuador expusiera unas cuestionadas cifras económicas asociadas a su gestión; sin embargo, los acontecimientos noticiosos presentados a partir de esa fecha (01-10-2025) hicieron que reconsidere la versión original, consecuentemente puede contener sesgos o imprecisiones legales, por lo que invito al amable lector a revisar los datos con una mirada crítica, realizar los comentarios y observaciones necesarias que puedan servir para mejorar o ampliar el contenido.
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Datos sobre el autor de la carta:
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