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11 de mayo de 2026

Empleo que no da para comer (III)

En una parcela de Bellavista, en la playa de Puerto Cayo o en un taller de Canuto, hombres y mujeres trabajan desde el amanecer, son agricultores, pescadores, jubilados, mujeres, migrantes, profesionales y jóvenes que regresamos al campo, pero al final del mes el dinero no alcanza para la canasta básica; es el drama del empleo rural en Manabí. 

La ENEMDU de marzo 2026 (INEC) registró la pérdida de 186.242 empleos adecuados a nivel nacional; tasa cayó del 34,2 % al 32,1 %. En la zona rural la brecha es mayor: solo entre el 18% y 20% tiene un empleo pleno, la mayoría sobrevivimos del subempleo, el apoyo familiar o actividades estacionales.

El problema no se resuelve solo con más inversión pública. El campo manabita es mucho más que agricultura y ganadería; por tanto, lo que hace falta son planes, proyectos y programas serios que fomenten de forma decidida la inversión privada y generen actividades económicas estables, que no dependan de las temporadas de cosecha, pesca o turismo.

Urge un rumbo estratégico de largo plazo acordado por cuatro niveles de gobierno, que trascienda lo electoral: formalización real de negocios rurales, incentivos para la inversión privada, desarrollo de cadenas de valor y actividades que generen ingresos durante todo el año.

¿Y de lo rural qué? Es hora de pasar del asistencialismo a una real política de desarrollo rural estable, porque en Manabí y en otras provincias trabajamos mucho, pero el empleo no da para comer y tampoco ofrece un presente seguro. Vivimos con la incertidumbre, sin saber qué llegará primero: si el nuevo amanecer o un imprevisto.

Publicado originalmente en @eldiarioec el domingo 10 de mayo de 2026

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Datos sobre el editor de la nota:

Canal de vídeos: https://www.youtube.com/@RaulZavala 

19 de diciembre de 2025

¿Dónde está el presupuesto municipal de Jipijapa?

Como ciudadano y votante de este cantón manabita, Puerto Cayo específicamente, donde el sol brilla con fuerza pero la transparencia parece eclipsada, no puedo dejar de cuestionar lo que ocurre la Municipalidad de Jipijapa. El Concejo Cantonal aprobó el presupuesto para 2026 el pasado 4 de diciembre; fue un proceso que terminó en una confrontación abierta entre la funcionaria y cuatro concejales por las reformas que se hicieron. Pero eso no es el problema de fondo.

Aquí viene el golpe: hasta la media noche de ayer 18 de diciembre de 2025, más de dos semanas después, el presupuesto sigue sin publicarse en el sitio web oficial www.jipijapa.gob.ec; en la sección de Transparencia (que ya de por sí cojea con actualizaciones parciales y formatos no siempre abiertos), no hay rastro de este documento que debería ser accesible al público en general; ni en Rendición de Cuentas, ni en Noticias, ni en ningún rincón digital de la página. Solo migajas informativas en redes sociales: posts emocionales de la alcaldesa y réplicas de concejales, pero nada del instrumento financiero real que define nuestro futuro cantonal.

Lo segundo es dejar claro que el presupuesto no es una camisa de fuerza pero sí un documento moral por excelencia de la intencionalidad y guía en una administración; revela prioridades incluso cuando se intenta ocultarlas, es un criterio objetivo y cuantificable para medir coherencia entre discurso y acción.

Es en definitiva, un presupuesto es para que cualquiera sepa a dónde carajos van realmente los recursos públicos y un pilar de la transparencia, además de un indicador para el control social.

Entonces, ¿Qué revela esta demora en publicarlo? En un cantón donde la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a publicar estos documentos de manera oportuna, esta omisión grita opacidad. ¿Priorizan el desarrollo urbano, como se jactan en exposiciones previas, o el ocultamiento para evitar escrutinio ciudadano? ¿Se corrige el presupuesto para obras y servicios necesarios o se deja en la sombra el objetivo de los gastos?

Pero lo otro: ¿Cómo empata lo presupuestado para el 2026 con el "Plan de desarrollo y ordenamiento territorial  del  cantón  jipijapa 2023-2027"? ¿Cuál es peso específico de inversiones para Puerto Cayo? ¿Se incorpora a la playa como un ecosistema que merece especial atención? ¿Qué con la seguridad y la mejora de los servicios municipales en la parroquia?

Tres ejemplos que a título personal considero que son ejemplo para conocer lo presupuestado para el 2026 y que tienen relación directa con Puerto Cayo, esto sin desmerecer otras necesidades parroquiales:

1. ¿Cuánto se estima recaudar por la Tasa para el fondo colinas y en qué se invertirá en beneficio directo para esta parroquia rural costera?

2. ¿Para qué se usarán los recursos que deben cobrarse según la ordenanza que regula el uso y administración del Malecón?

3. ¿Cuál es la prioridad municipal para recuperar el control y gestión del cementerio del centro parroquial?

Tampoco me fue posible encontrar un acta sobre los aportes ciudadanos para elaborar el presupuesto del 2026, menos sobre la "maratónica" y "confrontacional" sesión del 4 de diciembre, peor del proceso legislativo que llevaron adelante los concejales para decidir las reformas a lo propuesto por la Alcaldía y su equipo técnico. Tal vez deba buscar más fondo  podría preguntar oficialmente. 

Lo único que existe es la  Resolución 175_N en que la consta que se debatió y aprobó en segundo y definitivo debate el presupuesto para 2026, en dicho documento se resume el entorno político y legal de los actuado por el pleno del Concejo, pero no el contenido de la herramienta financiera. Para el leer la Resolución en mención de cuatro páginas (PDF), lo puede hacer siguiendo el siguiente enlace:  https://jipijapa.gob.ec/images/resoluciones-2025/RESOLUCION_175_N.pdf

No es un hecho aislado

Esta demora en publicar y difundir el presupuesto municipal para el 2026 no es un hecho aislado, sino parte de un patrón crónico de opacidad que invisibiliza a parroquias como Puerto Cayo. Ya en marzo de este año publicaba en mi blog que, pese a las estimaciones planificadas de inversión pública, entre USD 3.9 y 14.5 millones anuales considerando los cuatro niveles de gobierno, la ejecución real en nuestra parroquia apenas ronda los USD 1-3 millones, con migajas en sectores clave como seguridad, salud, manejo de la playa y gestión de riesgos.

En ese análisis concluí que Puerto Cayo no es prioridad en los planes anuales de inversión ni en los POA del GAD Jipijapa, donde los recursos se concentran en áreas urbanas y obras de imagen. (Puede leer lo publicado AQUÍ)

Y para rematar esta radiografía de prioridades ocultas, veamos el manejo del presupuesto participativo 2025, esa herramienta que la ley y las ordenanzas municipales presentan como el corazón de la "democracia directa" en los cantones. En el sitio web del GAD Jipijapa lo único que aparece es un solitario y aislado PDF las reuniones del 2024, con firmas de los asistentes, una breve narración sobre el protagonismo del Director de Planificación, pero sin evidencias de los aportes ciudadanos y menos de los representantes de las parroquias rurales. 

En esa Acta no se detalla ningún proyecto concreto ni monto asignado por barrio o parroquia, y la aprobación del anteproyecto se reduce a una resolución exprés sin registrar votación amplia ni objeciones; se habla de “prioridades” genéricas (vialidad, inversión social y servicios básicos) y de reuniones previas en septiembre, no hay matriz de necesidades, no hay diagnóstico territorial visibles. Queda relatado brevemente y de manera genérica el conjunto de inquietudes de ciertos asistentes por la falta de seguimiento en obras anteriores y la insuficiencia presupuestaria.

Tengo la percepción de que ese documento titulado "Acta de la Asamblea Dirplan-Oct-2024" sin firma de quien la redactó, fue elaborado únicamente para cumplir un trámite burocrático. (El documento lo puede visualizar AQUÍ) 

Es entendible que las restricciones financieras impiden que se pueda hacer todo lo que se necesita que haga, pero el hecho de que esté contemplado en el presupuesto es ya un síntoma de que sí ha se han considerado ciertos problemas para armar un plan o una hoja de ruta basada en evidencias para solucionarlos. 

Entorno de las decisiones municipales

Para quienes requieran conocer el contenido de la sección de Transparencia del GAD Municipal de Jipijapa, lo pueden hacer siguiendo este enlace: https://jipijapa.gob.ec/index.php/transparencia y el registro de lo ocurrido en las sesiones AQUÍ pero únicamente esta actualizada hasta el 3 de julio del 2025. 

La sección de Transparencia en las webs municipales sirve para que los ciudadanos podamos acceder a información pública sobre cómo se gasta el dinero, las decisiones y la gestión institucional, fomentando la participación, el control social y la lucha contra la corrupción, al publicar datos sobre finanzas, contratos, nóminas, planes y resultados, cumpliendo con el derecho a la información y promoviendo la confianza en la administración. 

La obligatoriedad de mantener actualizado el sitio web municipal se establece principalmente en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) de Ecuador, que exige publicar información mínima actualizada mensualmente en sus portales web, garantizando claridad, acceso y calidad, y sancionando la falta de publicación o actualización, según artículos como el 19 y otros relacionados con la gestión pública. 

Sí, abundan las declaraciones mediáticas, pero en la gestión pública son los documentos los que hablan y los que sirve para evaluar con mayor objetividad la calidad de la gestión realizada.

Por eso bien vale un poco de orientación legal. El Artículo 57 literal g) del COOTAD establece como atribución exclusiva del Concejo Municipal:  "Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana...".

Por otro lado el Artículo 7 del COOTAD reconoce a los concejos municipales la facultad normativa para dictar ordenanzas (normas de carácter general), acuerdos y resoluciones. La aprobación del presupuesto anual, al ser un acto normativo de carácter general que regula los ingresos y gastos del cantón para todo un ejercicio fiscal, se materializa precisamente mediante ordenanza.

En la práctica, como se ve en numerosas municipalidades, el presupuesto se aprueba como "Ordenanza Presupuestaria" u "Ordenanza que aprueba el Presupuesto General del GAD Municipal para el ejercicio fiscal...". Las reformas presupuestarias también suelen ir por ordenanza (o resolución en casos menores como traspasos de partidas).

El acta de la sesión del Concejo documenta la deliberación y la votación, pero el instrumento jurídico vinculante y obligatorio es la ordenanza que sanciona el alcalde (o alcaldesa) y que debe publicarse para su vigencia plena, conforme al Art. 324 del COOTAD, sobre procedimiento normativo. Sin la ordenanza, el presupuesto no tiene fuerza normativa completa, y podría generar problemas de ejecución, fiscalización o incluso nulidad en controles posteriores 

Aclaración: es probable que por las reformas legislativas a este cuerpo legal, existan discrepancias en cuanto al articulado, pero para efectos de este punto de vista es válido el contenido en sí mismo.

Epílogo momentáneo

Es indudable que dotar de agua a gran parte de la ciudad de Jipijapa es un proyecto estrella municipal, pero la problemática rural es también parte de los aspectos prioritarios que debe abordar la institución; claro, a menos que se tengan otras preferencias latentes.

Consecuentemente, si los presupuestos son documentos morales que revelan las verdaderas prioridades e intenciones manifiestas, la ocultación municipal confirma que la equidad territorial y la transparencia siguen siendo palabras vacías para las zonas rurales y costeras de Manabí; lo que agrava el desierto informativo en el que estamos viviendo en Jipijapa de manera general y en Puerto Cayo de manera específica.

¿Qué nos espera en Jipijapa para el 2026 desde la perspectiva municipal como eje de los procesos de desarrollo? Por lo pronto es indescifrable mientras el presupuesto no sea público y reciba la atención de nosotros los ciudadanos que vivimos y votamos en esta parte del Ecuador.

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Datos sobre el autor:

18 de noviembre de 2021

El talón de Aquiles en los planes y proyectos

Publicado originalmente en
La Verdad. Edición No, 399 de octubre

En esta otra época política, como quiera que se llame o cualquier nombre que se le ponga, se la puede caracterizar como de un constante y rápido rompimiento de los sistemas disciplinarios, de esos que están apegados a la ley y de los muy cercanos a la ética.


Lo anterior puede no ser un problema, entonces no existiría razón ni para escribirlo ni para leerlo. Pero si fuese lo contrario es indispensable definirlo y explicarlo, porque será la manera en que yo, o Usted que ahora lo lee, pueda encontrar algunas de las razones por las que los planes personales o sociales se desmoronan.

Como un acuerdo inicial, establezcamos que disciplina es la manera coordinada, ordenada, reflexiva y sistemática de realizar un conjunto de acciones orientadas al cumplimiento de un objetivo. 

Un ejemplo sencillo: si existe la necesidad de bañarse ¿Qué hace hasta el momento que ya se bañó? ¿Acaso primero se seca y luego va hacia la regadera? Y así pueden ponerse una serie de ejemplos personales y a los que también se los podría justificar como “así es la costumbre de…”

Entonces subimos un nivel a esta reflexión ¿Por qué deben cumplirse cada uno de esos pasos? ¿Por qué primero y no segundo? Las respuestas son los momentos de reflexión, de razonamiento lógico, de tener conciencia y diferenciar, aunque en el imaginario pueda parecer igual o sin importancia. 

Como una manera de ampliar lo mencionado, me permito plantear un relato de ficción pero que bien puede pasar como una anécdota.

Justo frente a un operativo de control, un abogado conducía distraído cuando ante un aviso de PARE, pasa sin frenar, pero disminuyendo la velocidad; un policía lo detuvo y se produjo la siguiente conversación:

Policía: Buenos días. Matricula y licencia de conducir, por favor.

Abogado: Pero… ¿Por qué?

– No se detuvo ante el aviso de PARE, allá atrás.

– Yo disminuí la velocidad y como no venía nadie…

– Exacto… Matrícula y licencia de conducir, por favor.

Ante esto el abogado argumentó: ¿Sabe Usted cual es la diferencia jurídica entre disminuir y parar?

Sin perder la compostura el policía respondió: La diferencia la dicta la ley: ante un aviso de PARE, se debe parar completamente el vehículo. Documentos y licencia de conducir.

– O tal vez no, señor policía. Yo soy abogado y sé de sus “limitaciones” en la interpretación de un texto legal. Le propongo lo siguiente: Si usted consigue explicarme la diferencia entre disminuir y parar, yo le doy los documentos y Usted podrá multarme. Si no, me deja ir sin multa.

La respuesta del oficial fue tajante: Positivo, acepto… ¿Puede hacer el favor de salir del vehículo, señor abogado?

El abogado se bajó del carro y entonces los otros policías que formaban parte del operativo lo agarran a patadas, golpes por todo lado…

Obviamente el abogado gritó pidiendo socorro, e implorando que paren. Y el policía pregunta:

– ¿Quiere que PARE o DISMINUYA?

El abogado en su desesperación grito: ¡PARE!… ¡PARE!… ¡PARE!…

Nuevamente sin inmutarse el policía concluyó: – Afirmativo, ya comprendió ¡Documentos y licencia de conducir!

Y hasta aquí este breve cuento, pero que de seguro en muchos de quienes ahora están siguiendo este comentario, podrían estar pensando en la manera que conducen sus autos y cuanto desconocen sobre las razones de las reglas mínimas de la vialidad, lo que sirve como peldaño para ir a un tercer nivel.

Las reacciones sociales ante lo que significa nuestro Ecuador son diversas y podría presumirse que son, así mismo, variadas; tomo, entonces, como punto de apoyo, uno de los argumentos que sirvió para estructurar los Consensos de Cusín: “somos una sociedad profundamente desigual entre regiones, grupos étnicos y géneros y que padece de grandes privaciones…” pero que no alcanza a dimensionar los aspectos culturales relacionados con la indisciplina social.

Existe otra percepción que rueda por redes sociales y que tiene mucho eco: somos un país ingobernable, en que se ataca a diferentes grupos sociales con catalogándolos de ignorantes o que privilegian la ley del más vivo, que la corrupción nos carga en peso…

Pues como nada está suelto, Javier Benegas, articulista de disidentia.com despeja el humo que tapa una intención política: “Afirmar una y otra vez que la sociedad es idiota, además de ser falso, es hacer el juego al poder, porque el poder necesita que la sociedad opine de sí misma que es idiota.”

Siendo así, a mi mente llega El Leviatán, obra de Thomas Hobbes publicada en 1651, en la que hace referencia al monstruo bíblico más temido para explicar y justificar la existencia de un Estado absolutista que subyuga a sus ciudadanos, mediante un pacto consensuado en la relación de poder entre mandado y mandatario.

Estos argumentos nos llevan a pasar de la disciplina social al teatro de las implicaciones sobre la indisciplina social, vista como una complejidad de situaciones personales y de los ecosistemas en que se desenvuelve la vida diaria. Podría aseverarse que la indisciplina es más humana.

La indisciplina social es la negación de la disciplina, su antítesis, que bien puede definirse como la actuación de una persona o de los distintos grupos sociales, sin acatar los principios, normas y objetivos de la sociedad ante una circunstancia, una tarea, las soluciones a un problema o los objetivos propuestos; que bien puede tener un origen racional o por ignorancia.

Ahora bien. “Aprender a aceptar y adaptarse a los resultados inciertos y absolutamente abiertos de la acción social es imprescindible en la construcción de una sociedad libre.” Luis I. Gómez, catedrático y divulgador científico. 

Recapitulemos. En lo individual, sea en el entorno laboral, familiar y social, sea en la generación de políticas públicas o ejecución de proyectos, el factor de las decisiones humanas es, al mismo tiempo, una fortaleza y el “talón de Aquiles”. 

Puedo, entonces, llegar a una primera conclusión planteada como un dilema: ¿Para solucionar problemas debe imponerse un régimen disciplinario o entender el origen de la indisciplina social como un catalizador de los planes y proyectos?

Y claro, aquí se abre una puerta a otra dimensión: ¿Y si la indisciplina social es una reacción a la ausencia de libertad? Es un buen momento para dar ese paso y entrar a ese nuevo mundo.  




Audio sugerido:

Adaptación de la crónica Presagio, publicada en el libro "Mis historias urbanas" de la periodista Blanca Moncada a quien se le conoce como Blanky Monky.


14 de febrero de 2021

Pactos políticos y proyectos placebo

En este inédito escenario en que se mezclan los problemas sanitarios y las decisiones electorales, viene bien plantearse algunos escenarios sobre la gobernabilidad en Ecuador, que van desde las juntas parroquiales hasta el Ejecutivo. Indudable que la administración pública cambió.

Este comentario parte de alguna razón sociológica aún no determinada con precisión, por la que los ciudadanos en Ecuador depositamos nuestras expectativas de solución de problemas a una persona, sea presidente o alcalde. No consideramos la vital trascendencia de la institucionalidad.

La velocidad de los acontecimientos nos ha llevado, en esta ocasión, a buscar en los aspirantes a la Presidencia de la República al ser humano que tenga cualidades casi divinas para que anuncie la manera en que “nos salvara” de cada uno de los conflictos que a diario debemos enfrentar. Cada grupo humano pelea para que sus intereses particulares estén representados por separado en ese posible nuevo funcionario.

Permítanme un paréntesis. José Antonio Gabelas en su artículo “La distopía política” nos revela un panorama bastante preocupante en cuanto a la gestión pública. Los dos siguientes párrafos son textuales publicados en disidentia.com:

“La distopía no es el coronavirus, son nuestros políticos que viven una realidad paralela, que circulan por el holograma de la virtualidad en su confortable mundo imaginario, mientras los ciudadanos cargan sobre sus espaldas sus delirios, como Sísifo cargó con su roca de por vida. Pero esto no se mantiene por casualidad, para que la información, el pensamiento y la libertad estén restringidos, es necesario un guion.”

“Un aparato mediático que marque las horas, los contenidos y los ritmos. Un diapasón permanente pero invisible. Contador de infectados, fallecidos, recuperados… Sin muertos, sin muertes, sin dolor, sin soledad, sin silencio. La muerte convertida en una mera abstracción. Se evitan las terribles imágenes para que los grandes números sean meras estadísticas.”

¿Cómo estamos preparándonos los ciudadanos para contrarrestar esa posible arremetida política de los nuevos funcionarios?

Entonces pasemos a otro nivel de gestión pública: “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal”. Esta institución cantonal de un indiscutible valor estratégico en lo político, tiene como imagen humana visible al alcalde, que ha logrado implementar un sistema alejado del control social que le ha permitido pasar de manera invisible de la democracia a la autocracia. Hasta ahora no ha sido posible encontrar un método efectivo de evaluación a los concejales en sus funciones de fiscalizadoras, pero sí es posible observar su gestión de co-administración municipal.

Traigo este tema luego de hacer una breve evaluación de lo realizado por los funcionarios municipales durante la cuarentena y la era post cuarentena, sobre el funcionamiento de muchos COE cantonales, sobre las decisiones propias de su competencia y la ausencia de políticas de transparencia así como de control social. Tal vez con el tiempo pueda evaluarse este accionar entre marzo del 2020 y marzo del 2021.

Como bisagra para ir a la segunda parte de este artículo: En nuestra sociedad, la variable clave para superar una crisis epidemiológica no emana de la biología, sino de la política. (Pablo Andrade Andrade, en su artículo “No es la epidemia, es la política”)

Las soluciones a los graves problemas nacionales y sus consecuencias podrían tener un giro con un nuevo Presidente, quien tendrá, irremediablemente, la tarea de enfrentar a los alcaldes. La crisis sanitaria no es lo único por resolverse, está la incredulidad ciudadana en las cinco funciones del Estado, obras y proyectos del 2019 a medio ejecutar o abandonadas, anomalías constantes en los procesos de contratación, resultados de auditorías y de fiscalización; pero también en aspectos sociales como delincuencia y criminalidad, gestión de riesgos, falta de empleos adecuados, ampliación y mejora de servicios básicos, deforestación y contaminación… una larga lista de inconvenientes.

Ninguno de los ítems mencionados en el párrafo anterior puede intervenir únicamente el Gobierno, por tanto necesita tener una contraparte: los alcaldes. Llega entonces la época de los nuevos pactos y los acuerdos para lograr el fortalecimiento político y de la imagen pública de los funcionarios, que se vende luego a la sociedad como “obras para el pueblo” o el “desarrollo que anhelamos”.

"...el miedo es fundamental en el arte de gobernar, es constitutivo de la autoridad"

Antecedente. Luego del terremoto vino una mega operación política llamada “reconstrucción y reactivación productiva” en la que tanto el Gobierno central como los gobiernos locales emprendieron proyectos de cualquier tipo bajo ese paraguas. Ha pasado el tiempo y los resultados son evidentes.

Es posible prever que en los próximos meses tengamos un nuevo eslogan que resuma las intenciones gubernamentales para salir de los problemas, sustentado por nuevos logos, canciones, vídeos y toda una artillería propia del Estado de Propaganda. Las referencias históricas me dan la pauta para sostener este criterio.

Estas circunstancias pueden llevarnos a otro mundo de la política, pues los funcionarios aprendieron otra forma de tomar decisiones. Dice el escritor argentino Ernesto Salas: “… el miedo, lejos de ser espontáneo o irracional se ubica en el centro de una  relación política (…) atravesando todas las ideologías, el miedo es fundamental en el arte de gobernar, es constitutivo de la autoridad.”

¿Se puede ejercer el control social cuando los ciudadanos profesamos un miedo oculto ante las retaliaciones invisibles que pueden ejecutar los funcionarios nacionales y locales?

Pero en contrapartida tenemos la presencia de un “algo” que sirve como capote para evadir las responsabilidades ante el incumplimiento de funciones en la gestión pública. Laura Fàbregas, periodista especializada en información política asegura: “El victimismo, motor de muchas de las nuevas ideologías, sitúa al que lo propugna en una condición de superioridad basada en el chantaje emocional. Y, hasta la fecha, era el terreno de juego del nacionalismo. El victimismo impide el debate racional entre adultos y, a menudo, no es más que una excusa para esconder lo que, en realidad, es cobardía. Es el infantilismo de querer las ventajas de ese derecho sin afrontar obligaciones ni responsabilidades.”

¿Podremos fiscalizar la gestión de alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y ministros, si es que se ponen en el papel de víctimas cuando se les pide cuentas, explicaciones y transparencia?

En todo este momento de incertidumbres sobre lo que nos espera en Ecuador, también están alimentadas por las nuevas formas de administración pública en que no sabemos las cualidades y calidades de los proyectos que se ejecuten en este año que bien puede llamarse pandémico.

¿Cómo estamos preparándonos los ciudadanos para contrarrestar esa posible arremetida política de los nuevos funcionarios y de los que ya tienen experiencia en la manipulación social?

Casi seguro que una semana antes del 24 de mayo del 2021, ya el nuevo rumbo del país esté decidido por quienes tienen el poder político y la fuerza para decidir por nosotros los ciudadanos, sea alcalde o presidente, prefecto o presidente de Junta Parroquial.

Una mayoría de ciudadanos de seguro seguiremos ausentes de los procesos de desarrollo eficientes, pero satisfechos por las gratuitas actividades placebo que nos entregan los sonrientes funcionarios.



Artículo publicado originalmente en "La Verdad" edición No. 389 correspondiente a diciembre del 2021.