Es bien complicado establecer la frontera entre la violencia delincuencial y la política en las que vive Ecuador, pero no únicamente por lo ocurrido en los 18 días del llamado paro nacional, protagonizado por organizaciones indígenas junto a otras afines a sus objetivos.
Ni bien el Gobierno había estabilizado la crisis penitenciaria que provocaron decenas de muertos, debió abrir de manera urgente otro frente para combatir a la delincuencia que se tomó las calles y a la organizada que tuvo al narco como un enemigo emblemático.
La convulsión política se convirtió en un carrusel para dos de las funciones del Estado: la Legislativa y la Judicial ante la excarcelación del exvicepresidente Jorge Glas. La Electoral se mantuvo al margen, mientras en la de Control Social se “cocinaban” los concursos para la selección de 95 autoridades.
Anunciado estuvo lo que pasaría el 13 de junio de 2022. Las organizaciones indígenas se levantaron en protestas, marchas, cierre de carreteras. Fue una acción política para exigir el cumplimiento de 10 demandas expuestas por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
En paralelo las redes sociales virtuales se convirtieron en otro teatro de guerra, en que las cuentas oficiales hicieron su trabajo; los medios de comunicación, de lado y lado, mostraron escenas del rompecabezas; los analistas, abogados, economistas, especialistas, comentaristas y demás relataron sus verdades; los ciudadanos se enfrentaron entre sí y con las cuentas fantasmas. 18 días y más de intensas escaramuzas mediáticas.
Las carreteras fueron cerradas y la madrugada del martes 14 de junio de 2022 fue detenido Leonidas Iza, por los supuestos delitos de rebelión y de paralización de servicio público, como parte de las protestas.
La audiencia de formulación de cargos se hizo vía telemática. A nombre de la Fiscalía actúo Marisela Núñez y como abogado defensor Lenin Sarzosa; al inicio del miércoles 15 de julio la Jueza Paola Bedón formula cargos en contra del dirigente como presunto autor mediato del delito de paralización de un servicio público y establece que el proceso se tramite en procedimiento directo, para lo cual convoca a la audiencia de juicio el 4 de julio de 2022; además dicta medidas alternativas a la prisión preventiva y dispuso su liberación.
Se supuso que el paro llegaba a su fin, pero a la iniciativa de paralización se sumaron estudiante y Quito se convirtió nuevamente en el centro del extremo vandalismo. El gobierno de Guillermo Lasso tomó decisiones, emitió un polémico Decreto Ejecutivo signado con el número 455 que puso en alerta a la Asamblea Nacional y en una jugada política lo dejó sin vigencia con otro: el 459.
El Mandatario ratificó las decisiones en respuesta que no satisfizo a la dirigencia indígena: la declaración de emergencia en el sistema de salud, duplicar el presupuesto en educación intercultural, aumentar el bono de desarrollo humano, condonar de deudas, reforzar créditos para el agro, subsidiar la urea, entre otras.
Un paréntesis. En el país dejamos de mirar a profundidad los cambios en la geopolítica y geoeconomía mundial provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como el accionar de Vanguard Group y BlackRock en el manejo de las grandes transnacionales; así como la fluctuación del oro, del petróleo, del paladio y otros minerales, pero también del mercado del silicio.
Regresamos a Ecuador. Para esto, los reportes de vandalismo y otro tipo de acciones delincuencias empezaron a inundar los espacios informativos, también que el paso de todo tipo de vehículos se había suspendido, incluidos los de transporte de personas, alimentos, combustibles y hasta ambulancias.
Fue evidente que se cumplió la amenaza de Iza cuando termino su audiencia de flagrancia: radicalizar las medidas de hecho. La línea discursiva en el enfrentamiento se mantuvo difusa; el problema alcanzó otras dimensiones en el escenario público cuando el ministro de Defensa Luis Lara, advierte que la democracia “está en serio riesgo” debido a las violentas protestas y el paro nacional y dijo que el “único objetivo” de quienes protestan es crear el pánico, agredir y extorsionar a las empresas, a las instituciones y a las autoridades, y subrayó que las Fuerzas Armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social”.
Para esto, las fuerzas del orden impidieron que los dos bastiones administrativos de la Conaie fueran nuevamente tomados: el ágora de la Casa de la Casa de la Cultura y el parque de El Arbolito; finalmente la Universidad Central fue tomada y se sumó a otros centros de educación superior a los que se les denomino “centros de paz”.
En Guayaquil, desde la Municipalidad y ante las amenazas que las marchas indígenas podrían llegar hasta la ciudad, desde el miércoles 15 de junio de 2022 se ejecuta el Plan de Protección en su primera fase, de un total de cinco. También reacciona ante el riesgo de quedarse desabastecida de energía eléctrica cuando comuneros se tomaron la subestación de Tisaleo.
Otro ataque grave ataque contra la población fue en Ambato, primero con la contaminación del sistema de agua potable usando aceite quemado; segundo con la toma de las antenas repetidoras en el cerro Pilishurco, con lo cual los medios de comunicación se quedaron sin señal
¿Negociación o extorsión?
En otro intento por encontrar puntos de solución para la violencia y el desabastecimiento de alimentos, el Presidente Lasso acepta las condiciones para mantener un diálogo con la dirigencia del paro, entre ellas que se permitiera el uso del ágora y del parque.
Las carreteras se mantuvieron cerradas, Quito en asedio y sitiado, intentos por destruir la Fiscalía, circularon vídeos de ataques perpetrados por grupos de indígenas a comerciantes y a empresas privadas, también de acciones muy similares a la guerrilla urbana. Extorsión: delito en el cual una o más personas ejercen presión sobre otra para que realice un acto en contra de su voluntad y obtener un beneficio económico o material.
Y aun así se cumplió ese primer acercamiento Gobierno – Conaie. En la mesa de las negociaciones cumplida el 27 de junio, entre los convocantes estuvo Virgilio Saquicela presidente de la legislatura; también representantes de otras funciones del Estado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y miembros de organizaciones que aseguraban ser defensoras de los Derechos Humanos.
Por el lado gubernamental asistieron: Francisco Jiménez, ministro de Gobierno e Iván Correa, secretario general de la administración, acompañados por Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia. El “diálogo” terminó sin acuerdos mientras que en las redes sociales y espacios periodísticos los cuestionamientos hicieron entrever que la crisis estaba alejada de solventarse.
Pero otro complejo escenario político se puso en marcha y nuevamente fue en la Asamblea Nacional, por un pedido de destitución presentado bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna” y que 46 asambleístas correítas de UNES lo firmaron, una movida basada en el artículo 130 de la Constitución del país.
Este tema puso en evidencia que el plan del movimiento indígena tuvo un soporte de los cuestionados miembros leales al expresidente Rafael Correa y sus intenciones de volver a gobernar, más cuando se barajó la inédita opción constitucional de la “muerte cruzada”.
En el otro lado y ante las complicaciones de las negociaciones, el máximo dirigente de la Conaie había comentado la posibilidad de introducir el recurso para revocar el mandato presidencial.
Guillermo Lasso reacciona: “Esto nos deja claro que él (Iza), nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido”; dispone que las fuerzas de seguridad tengan un accionar más contundente.
Conato de la destitución
Cuatro días duró la batalla virtual del artículo 130 en la Asamblea Nacional. La moción para la destitución del Presidente la presentó Fernando Cedeño de UNES que en su conclusión tuvo como argumento que el Mandatario “no ha podido probar la inexistencia de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, evidenciada por la real ocurrencia de los acontecimientos que atentan gravemente en contra de la seguridad, la institucionalidad, el ejercicio de una convivencia normal de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos constitucionales”.
Miles de ciudadanos fueron testigos, pero también duros críticos de los argumentos legislativos, hasta que llegó la hora de la votación y el resultado final fue: 80 votos a favor, 48 en contra, 9 abstenciones; con ello la propuesta del bloque correísta no logró los 92 votos necesarios.
Dos aspectos que llamaron la atención: Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, votó a favor de la destitución, a pesar que conformaba la mesa de negociación; y, la existencia sin explicaciones de anomalías en el sistema de votación. Las redes sociales ardieron.
La violencia de las bases indígenas se hizo más profunda al igual que la reacción de la fuerza pública. Los impactos fueron cada vez más evidentes, sobre todo en el sistema económico y las finanzas de miles de negocios. Según el gerente del Banco Central Guillermo Avellán, el paro dejó pérdidas valoradas en 1.000 millones de dólares y que el sector privado del turismo, avícola y ganadera, fueron los más perjudicados, mientras que en lo público fue el área petrolera.
Las intenciones de distintas organizaciones para retomar las conversaciones dieron fruto cuando el Gobierno anunció el miércoles 18 que reanudaba el proceso con el movimiento indígena gracias que aceptó la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
30 de junio de 2022. Nuevamente ante miles de ciudadanos el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron poner fin a las violentas protestas. Muchas de las exigencias fueron aceptadas y otras entraron a una segunda fase de negociación. Guillermo Lasso no estuvo presente en estas negociaciones que concluyó en un “acuerdo de paz”.
El acta fue firmada por los dirigentes de la Conaie, la Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador). Al final el ministro Francisco Jiménez aseguró: "El Gobierno ha sacado lecciones de estos 18 días de paro".
Entre otros aspectos el Gobierno se comprometió y cumplió con la derogatoria del estado de excepción en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Policías y militares dejaron de estar en alerta, los indígenas y otros protestantes abandonaron sus trincheras dejando destrucción y suciedad. Las redes sociales volvieron a hervir por haber alcanzado “la paz”
El fruto de la violencia política
Las confrontaciones, además de las pérdidas financieras, dejaron seis personas muertas y otras 500 con heridas, entre civiles, militares y policías. También la evidencia de un mayor resquebrajamiento social por las insalvables diferencias ideológicas y del racismo invocado por los distintos grupos sociales.
Pero también logró la reducción en 15 centavos por galón en el precio del diésel, extra y ecopaís en un total de 15 centavos por galón; pero también para que se implementen las políticas de focalización de subsidios. Las demás obligaciones se pusieron en una lista:
- Derogar del Decreto Ejecutivo No. 95 en materia de hidrocarburos.
- Elaborar un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos.
- Reformar el Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en: Áreas protegidas y territorios ancestrales, Zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica y se garantizará la consulta previa, libre, e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas.
- Firmar decretos ejecutivos para intensificar operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos y sostener la declaratoria de emergencia del sistema de salud.
- Plantear políticas públicas compensatorias para el sector rural y urbano, como el aumento del bono de desarrollo humano a 55 dólares, o el incremento del presupuesto a la educación intercultural bilingüe.
- Condonar deudas vencidas de hasta 3.000 dólares a familias campesinas, así como reducir los intereses de los créditos vigentes.
- Subsidiar hasta en 50 % el costo de la urea que usan los agricultores para las siembras.
- Trabajar en una mesa de diálogo para tratar temas pendientes en la agenda de diez pedidos de la Conaie con una duración de 90 días.
- También en una primera respuesta a la Conaie el Ejecutivo aseguró que “no realizará, ni promoverá procesos de privatización de activos del Estado en sectores estratégicos ni en servicios públicos”; así como sostener la lucha contra la inseguridad.
A lo interno el Presidente realiza cambios en los ministerios. La audiencia para formulación de cargos contra Leónidas Iza fue declarada fallida y convocada para agosto. La Fiscalía tiene al menos 200 investigaciones que van desde homicidio hasta destrucción de bienes públicos. La “guardia indígena” está en la mira de la Policía y lo mismo con grupos que mostraron habilidades especiales en combate urbano.
Cesaron las hostilidades políticas y empezó un trabajo para recuperar Quito e intentar construir la confianza ciudadana. Las carreteras fueron habilitadas y la logística se activó lentamente; poco a poco nuevamente circularon los vídeos de robos, asaltos, asesinatos, secuestros, del amotinamiento en la cárcel Loja… el crimen no es parte del acuerdo de paz.
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