Durante la reunión de trabajo pública entre Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, y Luis Gencón, alcalde de Jipijapa, los vecinos de la Cdla. Antonio de Vallejo en Puerto Cayo pidieron nuevamente y de manera verbal a la autoridad cantonal que por favor se hagan gestiones para salvar la playa colindante al malecón.
Funcionarios municipales durante la inspección en la playa de Puerto Cayo
La actividad en mención se cumplió el martes 20 de diciembre de 2022 y en la que el Prefecto informó los resultados de los convenios suscritos en favor de la zona rural de Jipijapa y en especial la culminación de un curso para artesanas y la culminación dela pavimentación del sector sur del malecón en Puerto Cayo.
Raúl Zavala, miembro de la junta de vecinos explicó al Alcalde brevemente lo que estaba ocurriendo con la basura, el desorden, el uso de la playa para tráfico vehicular y los olores a letrina, ante el pedido, Luis Gencón dispuso para que el Director Municipal de Obras Públicas Bosco Intriago organizará una comisión de funcionarios para que inspeccionen el lugar y puedan tomarse las acciones correctivas.
Intervención del Prefecto durante la reunión en Puerto Cayo, junto a él Luis Gencón alcalde de Jipijpa.
Conforme las disposiciones del Alcalde, el reconocimiento a la playa se cumplió a mediodía del jueves 22 de diciembre, la comitiva estuvo conformada por la Comisaria de Espacios Públicos Gisella Moreira, como jefe de equipo, además de Lourdes Chele, directora de Gestión de Riesgos, así como otros funcionarios de distintas áreas.
Aproximadamente durante una hora Washington Orlando y Raúl Zavala, presidente y secretario respectivamente de la junta de vecinos, guiaron a los funcionarios por la playa, desde lo que es la plazoleta del malecón hasta lo que es la tercera entrada vehicular al sur de la infraestructura. Paso a paso los ciudadanos fueron mostrando las huellas de daños y contaminación, de anomalías constructivas y lo que genera mala imagen a este espacio marino costero.
Durante esta inspección se les explicó sobre la toma de la playa y los daños provocados con la ilegal creación de una calle paralela al malecón, se les hizo notar el desorden de las lanchas pesqueras sobre la playa, además de aquellas que tienen claras evidencias de no estar operativas, y la basura acumulada en el entorno; además de las huellas sobre trabajos de reparación naval, así como la ausencia del respectivo retiro que se exige para estos casos.
En cuanto a la gasolinera que existe se les informó sobre la situación de riesgo y que se había cumplido una gestión ante el Ministerio de Ambiente para determinar si las obras constructivas y adecuaciones disponían de los respectivos informes y que se había recibido respuesta indicando que no existían anomalías de preocupación.
Calle en la playa de Puerto Cayo (23.12.2022)
Al percatarse de ciertas obras constructivas en la playa y de las se desconocía quienes eran los responsables, la Comisaria pidió que de ser posible se tomarán fotos o vídeos para evidenciar el problema y actuar, ante lo cual se le dijo que en el chat vecinal, en que estaba incluidas funcionarias municipales, se informaba al respecto pero que nunca generaron una reacción institucional, por lo que se abandonó esa práctica; sin embargo, Raúl Zavala le expuso que muchas de esas evidencias estaban publicadas en su canal de Youtube y que se podrían tomar como parte de los antecedentes.
Durante cada evidencia mostrada, los funcionarios analizaron y comentaron sobre lo observado, sobre las probables responsabilidades de actuación tanto de otras áreas municipales, como de la Junta Parroquial Rural de Puerto Cayo. De igual manera se consultó con el personal del Retén Naval sobre las acciones que se realizan para coadyuvar en el mantenimiento del orden con las embarcaciones, a lo cual el Infante de Marina reitero las que son sus obligaciones legales y que las ejecuta cuando el caso lo amerita con el Presidente del GAD Parroquial, pero que mediante un oficio es posible ampliar el rango de trabajo.
Aquí se mencionó que tiempo atrás se había llegado a un acuerdo con los pescadores con lo cual inició una reorganización y control de las lanchas, pero que finalmente no se dio seguimiento y el trabajo quedo suspendido.
Al final del recorrido los delegados municipales generaron una agenda de trabajo previa a manera de memoria para orientar el trabajo, además se pidió a los representantes vecinales la necesidad de que se emita un oficio con el respectivo pedido, de tal manera exista un mayor sustento sobre lo actuado. A esto se les informó que existe ya el oficio que ha sido ingresado por los canales respectivos a la Municipalidad, entre otros trámites que se han realizado.
Los vecinos informaron que desde hace más de dos años ya se ingresó un oficio planteando los problemas evidenciados y que no existió ninguna respuesta, pero se comprometieron a remitir el enlace del lugar en que están los documentos publicados.
La inspección se dio por concluida sin que de por medio quede establecido ningún compromiso institucional para con los dos miembros de la junta de vecinos.
Siempre es complejo narrar historias o contar sobre cómo se vive en Puerto Cayo, al sur de Manabí, una población rural que va de la montaña al mar, pero alejada de los proyectos para el bienestar social; en la que convivimos agricultores y pescadores, comerciantes y empresarios, jubilados, empleados, vacacionistas y migrantes tanto ecuatorianos como extranjeros.
Mucho se podría hablar de su belleza paisajística, de la playa como su principal atractivo turístico, de los discursos oficiales que ilusionan o del patriotismo que emana desde la ciudad de Jipijapa; pero mucho más se puede contar sobre las ausencias que impiden tener un entorno de seguridad integral.
Esta crónica la podría empezar el día 1 allá por el 2018, pero lo ocurrido el viernes 2 de diciembre del 2022, me hizo concluir que no existe decisión política para implementar procesos de desarrollo ni interés en aportar a la seguridad integral de quienes vivimos en esta parroquia. Y este es apenas uno de los casos.
Bien vale aportar que existe una especie de mito respecto al turismo y que hace ver a Puerto Cayo como un destino, pero es mucho más que la playa y la pesca; esta es una historia que merece contarla en un capítulo aparte; al igual que el accionar de la Municipalidad, la Junta Parroquial y el Consejo Provincial.
El asunto es que ese viernes llegué hasta la Gobernación de Manabí para dar seguimiento a una solicitud de apoyo para que se realice un mantenimiento integral de la Unidad de Policía Comunitaria en Puerto Cayo, una gestión impulsada por la junta de vecinos de la ciudadela Antonio de Vallejo, como parte de organización social de Puerto Cayo, y resulta que se me indicó que aún no había respuesta porque a quien se le había delegado las gestiones tampoco lo había contestado. Hasta ahí lo común de todo trámite.
El detalle es que lo iniciamos el 25 de octubre del 2018 cuando entregamos un oficio dirigido al Gobernador de aquel entonces Xavier Santos, solicitando que interpusiera sus buenos oficios ante las instancias correspondientes para generar un trabajo orientado a dar seguridad a la parroquia e indicado que se habían iniciado gestiones pidiendo el arreglo de la UPC.
Copia del inicio del trámite.
Tal como se acostumbra en estos casos, el trámite fue delegado a la Intendencia de Policía y no me fue posible acceder a más información, pues se me indicó que debía esperar hasta que se genere la información y se conteste al Gobernador, para que este a su vez nos responda. Pero llegó el cambio de funcionario y asumió Tito Nilton Mendoza, quien llegó hasta Puerto Cayo para escuchar y decirnos que se tomarán las acciones conforme las competencias constitucionales.
Época de la post gran cuarentena, 1 de septiembre de 2020, en una reunión general en el parque central de Puerto Cayo, el Gobernador asumió compromisos verbales para con la parroquia y entre ellos con lo que se había solicitado en el 2018. Personalmente le expuse la situación y su respuesta quedó grabada:
Vino entonces el cambio de Gobierno, asume como gobernador Juan Francisco Núñez y me tocó “refrescar” el trámite, pues funcionarios me indicaron que como había cambios era necesario que volviese a presentar otro oficio; dije en aquella ocasión que nuestro pedido como Comité no era a la persona sino a la institución la cual no había cambiado.
Aclaración. En esta crónica escribo indistintamente entre una narración personal y una colectiva, porque en mi calidad de Secretario del Comité de Desarrollo Comunitario de la Cdla. Antonio de Vallejo, he realizado este tipo gestiones en la ciudad de Portoviejo, centro político de Manabí, y muchos los oficios lo hemos firmado conjuntamente con el Presidente Washington Orlando.
"Refrescamiento" del trámite en la Gobernación de Manabí
El 7 de junio del 2021 entregamos un nuevo oficio de seguimiento y en el que informamos sobre el trámite iniciado años atrás, que las gestiones realizadas no habían logrado trascender y que se había identificado una especie de incomunicación entre el Teniente Político y la Jefe Político; también la baja capacidad de respuesta de la Policía Nacional más por situaciones del número de personal asignado a Puerto Cayo como por aspectos de movilización y logísticos. Y claro, los inconvenientes del UPC.
En un siguiente paso para conocer lo que había ocurrido con el documento, accedí a la nueva delegación realizada el 15 de junio hacia el Intendente de Policía y al Comandante de la Zona No. 4 de la Policía Nacional. Con estos datos oficiamos a las dos instancias pidiendo respuestas, del Comando Policial no las hay hasta ahora, que incluye a las gestiones directas realizadas en el Comando de Jipijapa (en los siguientes párrafos comentaré los cambios en las acciones de los agentes).
Del Intendente conocimos que había delegado al Comisario Nacional de Policía del Cantón Jipijapa, quien nos convocó a una reunión para el 2 de junio del 2022 en dicha ciudad; allí estuvimos y volvimos a expresar nuestras preocupaciones en cuanto a la seguridad; estuvieron presentes los delegados de la Policía, de la Armada, del GAD Parroquial y otros funcionarios gubernamentales.
Luego de exponer los antecedentes, las reiteradas reuniones que se han tenido en la misma línea y el malestar por la falta de respuestas, como miembros del Comité supimos que recién se había activado el Consejo Cantonal de Seguridad de Jipijapa, a pesar que la ordenanza se había emitido meses atrás, y que se estaba estructurando el plan de seguridad. Pedimos ser incluidos en esta instancia y claro: quedó en nada. Tiempo después accedí al plan y vi que era una lista de pedidos (motivo de otro análisis).
Buen reinicio sin resultados
De todas formas, de la reunión con el Comisario, se acordó entre otros asuntos, tener una asamblea ciudadana en Puerto Cayo para volver a exponer el escenario institucional; pero como información complementaria también se decidió de manera verbal que:
•Se dará seguimiento al ordenamiento de la playa en el sector de la Ciudadela.
•La Jefe Político de Puerto Cayo realizará un protocolo de comunicación para casos de emergencia.
•El arreglo y mantenimiento del UPC se podría cumplir luego que el mando policial así lo decida. Mediante oficio ya se pidió al Comando Zonal de Manabí que se realicen las gestiones del caso.
•El jefe de Policía dará instrucciones para que se mejoren entre los policías de turno y los ciudadanos mediante el chat creado para el efecto.
La asamblea ciudadana se cumplió el sábado 11 de junio de 2022. Nuevamente y de manera reiterada se expuso las vulnerabilidades de Puerto Cayo, desde la situación compleja del Centro de Salud hasta los riegos que significaba la ausencia de mantenimiento vial; allí también aseguramos del valor estratégico que tiene el tener una UPC en buenas condiciones, pero también les explicamos a los funcionarios el análisis de riesgos que se había elaborado años atrás y que relativamente eran mínimos los cambios. A esta asamblea asistieron funcionarios municipales, entre ellos el concejal Johnny Tagle, quien también tiene el encargo de presidir el Consejo cantonal de seguridad.
Como otra gestión más se le entregó al Comisario un nuevo oficio planteando nuestras propuestas como Ciudadela y que bien podría servir de ejemplo para que otras organizaciones barriales inicien sus acciones en pro de la sana convivencia. Al final de la reunión se nos indicó que los acuerdos y acciones a ejecutarse sería presentadas al Intendente, quien a su vez informaría al Gobernador para que tengamos una respuesta oficial.
Un asunto es claro con quienes vivimos en la ciudadela Antonio de Vallejo: debemos cuidar a quienes cuidan de nosotros, en este caso los policías que prestan sus servicios en Puerto Cayo, esto empieza con que tenga un lugar seguro y comodidades básicas mientras están de servicio indistintamente pero las 24 horas de los siete días, según los procedimientos establecidos para el efecto en cuanto a rondas y horarios.
Y, tal como lo mencioné anteriormente, el viernes 2 de diciembre pasado se me indicó que ya se estaba pidiendo el informe al Comisario para dar seguimiento a lo dispuesto por el Gobernador y tener una respuesta por escrito; en otras palabras, significa que tocará hacer nuevas averiguaciones en las siguientes semanas.
Esta narración está centrada en los aspectos de buscar respuestas de los funcionarios por escrito y existe una razón: en la gestión pública lo que no está en papeles no existe, las palabras oficiales no sirven para dar seguimiento a los pedidos de solución de problemas.
El servicio de los policías
La Unidad de Policía Comunitaria en Puerto Cayo empezó a funcionar oficialmente el 31 de enero de 2013, luego de solucionar algunas complicaciones con el contratista. Con el pasar de los años, sus instalaciones se fueron deteriorando al igual que su equipamiento. No viene al caso, por ahora, exponer lo que tuvo al inicio este cuartel policial, pero si es válido indicar que únicamente existe un patrullero para cubrir la cabecera parroquial y los recintos.
Durante las reuniones se ha podido conocer que están asignados nueve uniformados, por cada turno existen dos policías para patrullar y uno que atiende asuntos administrativos en el UPC, más uno que se encuentra de reserva. El resto del personal sale franco. Para feriados y eventos especiales se incorporan refuerzos.
A pesar de los problemas operativos, logísticos y administrativos, los policías han logrado estructurar un sistema para atender los distintos llamados de emergencia, para realizar patrullajes y cumplir con las otras tareas asignadas por el mando institucional; Una de las actividades que han servido es la incorporación de los agentes a los chats comunitarios. Por ello de una u otra forma también reciben apoyo de los vecinos y otras organizaciones locales.
Lo cierto es que en los casos en que se presenten más de dos pedidos de asistencia por seguridad, la situación se complica, basta con mirar el mapa de Puerto Cayo y hacer los correspondientes cálculos de movilización.
Otro de los problemas relacionados con la inseguridad es con los consumidores, pues venden artículos robados para comprar drogas y es poco lo que puede hacer el Ministerio de Salud en estos temas que son de su responsabilidad, pero la reacción ciudadana es con pedidos de mayor intervención policial.
La población crece en Puerto Cayo al igual que las complicaciones relacionadas con la seguridad pública, nuevos proyectos urbanísticos están en ejecución; quizás estén haciendo falta más policías y eso lo sabe el mando, tal vez sea información reservada. Nadie informa nada.
Tomar aliento y seguir
Los vecinos de la ciudadela Antonio de Vallejo estamos convencidos que ante el escenario que se avizora no podemos ser reactivos, sabemos que debemos ser proactivos a pesar de las trabas institucionales o la falta de decisiones políticas.
El caso aquí narrado con el pedido para el arreglo de la UPC es uno de los tantos casos que existen en Puerto Cayo, pero a cada uno hay que analizarlo individualmente, aunque a la final están interconectados y son parte del todo.
La atomización y desarticulación institucional es un mal que impacta en la calidad de vida de nosotros los ciudadanos, que tenemos como lugar de residencia a este emblemático y centenario poblado rural de la costa ecuatoriana.
¿O será de esperar que "pase algo" para que se tomen recién las medidas correctivas?
Referencias e información complementaria
Primer análisis situacional: Nueve problemas de inseguridad enfrentan vecinos de la Cdla. Antonio de Vallejo, de Puerto Cayo. Leer la nota completa que incluye memoria de la reunión AQUÍ
En la ciudadela Antonio de Vallejo, Puerto Cayo, de una u otra forma hemos sido víctimas de los robos y asaltos, también conocemos que vivimos en una zona vulnerable por las limitaciones del sector público y que no existe un plan de seguridad, aunque sí acciones policiales. (Leer más en la nota: Es un largo camino para sentir seguridad en Puerto Cayo)
Contenido del oficio entregado a Yandry Aguayo Mendoza, en su calidad de Comisario nacional de policía del cantón Jipijapa. Leer AQUÍ
Como parte del proceso para evitar que los delitos se conviertan en graves problemas para Puerto Cayo, el 11 de junio de 2022 funcionarios de Gobierno, la Municipalidad de Jipijapa y de la Junta Parroquial, explicaron ante un grupo de ciudadanos el proceso de planificación que se encuentra ejecutando el Consejo de Seguridad Cantonal. Leer la nota completa AQUÍ
Oficio entregado al Mayor de Policía Xavier Aguirre, Jefe policial distrito Jipijapa. Leer AQUÍ
Puerto Cayo está en los planes de seguridad del Gobierno. Entrevista del 12 de diciembre de 2019 con Xavier Santos, Gobernador de Manabí en aquella fecha. Leer AQUÍ
A pesar que se puso sobre el escenario el problema que general el consumo y microtráfico de drogas en Puerto Cayo, el Intendente pidió que ese tema no se tratará en esa reunión, asegurando que estábamos allí para proponer acciones de seguridad. Publicado en la nota del 2018: Gobierno nos pide ayuda para combatir a la delincuencia
11 de noviembre del 2006 - Fue inaugurado un calabozo en el retén policial de Puerto Cayo, por gestiones del suboficial Galo Vélez, quien está al frente de la unidad de Policía comunitaria, UPC. Leer la nota AQUÍ
Puesta en servicios de UPC en Manabí, 31 de enero del 2013, entre ellos el de Puerto Cayo. Leer la información oficial AQUÍ
06 de abril de 2012 - Una de esas edificaciones, la de Jipijapa, entrará a funcionar desde este lunes, pero las de las parroquias Pedro Pablo Gómez, Julcuy, Membrillal y Puerto Cayo y de la comuna Sancán no han sido terminadas. Leer la nota AQUÍ
16 Abril 2012 - La reactivación de los trabajos en las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que están paralizados en Pedro Pablo Gómez, Sancán, Julcuy, Membrillal y Puerto Cayo, y la construcción de otras tres en ése cantón la hará el ICO. Leer la nota AQUÍ
Nota de coyuntura del 28 Nov. 2022: El ministro del Interior, Juan Zapata, avanzó este lunes que se prevé la firma de un acuerdo ministerial para declarar en emergencia al Ministerio del Interior y a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) con el objetivo de intervenir en infraestructura y adquirir municiones. Leer información AQUÍ
Tito Nilton Mendoza, gobernador de Manabí, cumplió agenda en Puerto Cayo el 1 de septiembre de 2020, para establecer un proceso de solución a problemas relacionados con las competencias del Gobierno central. Sus declaraciones:
Ojalá pudiese llegar hasta Puerto Cayo o pedir algún informe porque no se ha dado mantenimiento al UPC, como trámites llevamos 4 años pero los daños ya llevan más de 6. Se han hecho los trámites del caso y sin respuesta. Un alcance a lo mencionado: https://t.co/JANvDiupLV
Por una serie de informaciones que circulan en muchos espacios de discusión pública permiten deducir que existen problemas al interior del Palacio de Gobierno y las consecuencias se han convertido en noticias mediáticas, asunto preocupante que bien vale ponerlo sobre el tablero para ver con más claridad el panorama.
Un primer aspecto, para el gran público es desconocido el método que se usa para controlar el trabajo de los ministros; otro, es que no se ha logrado establecer una conexión comunicacional de la gestión presidencial con la generalidad de los ciudadanos. Y uno más que es gravitante: la sensación de que no se están solucionando los problemas de la gente.
Antes de entrar en detalles es conveniente dejar constancia que la gestión gubernamental depende en sumo grado de las acciones que ejecuten los ministros y la calidad de la información que hacen llegar a la Presidencia para la toma de decisiones, un proceso que está en el marco de lo reservado y del misterio.
Es claro y verificable que en Carondelet tuvieron una crisis comunicacional que obligó a realizar cambios sobre la marcha, empezando con el funcionario responsable de aquella estratégica área; lo cierto es que fue pública la necesidad gubernamental de ampliar más su espectro de relaciones públicas bajo el criterio de “más buenas noticias”.
En este escenario es pertinente indicar que la fuerza blanda que dispone el sector público del Ejecutivo es inmensurable, sobre todo en el campo de las redes sociales virtuales. Y únicamente para tener un cálculo aproximado: son 26 instituciones entre ministerios y secretarías, la mayoría de ellas con oficinas en cada una de las provincias y cada una con cuentas en las distintas plataformas; además, que cada funcionario de ese nivel tiene sus propios perfiles.
En un breve cálculo es posible asegurar que más de 1.200 cuentas movilizan información diaria en al menos cinco plataformas. Sumemos a ello los posteos que hacen los funcionarios de segundo nivel y las constantes intervenciones que hacen en un sinnúmero de medios de comunicación on line y off line. ¿Entonces por qué existe una brecha entre lo que hace el Gobierno y lo que la gente conoce?
Mi respuesta. Porque la institucionalidad no informa sobre soluciones a los problemas de la gente y lo que hace es promocionar a los funcionarios; también porque sus procesos administrativos distan mucho de ser transparentes y las anomalías detectadas por un sector de la prensa devienen en los llamados escándalos políticos. Podría decir que existe un alto nivel de incredulidad ciudadana.
Acotación. Cuando menciono “la gente” me refiero a los ciudadanos en general, de distintos estratos socio-económicos y culturales, tanto urbanos como rurales, que están en las distintas regiones de Ecuador, pero por obvias razones excluyo a los funcionarios de alto nivel que hacen uso del poder político.
Pues bien, el asunto radica en lo que la gente mira los llamados problemas nacionales y los convierte en problemas personales al ver amenazada su estabilidad financiera y su tranquilidad familiar; por su parte el Gobierno convierte a los problemas de Carondelt en problemas nacionales con unas claras intenciones de mantener a flote su proyecto político y sostener la mayor cantidad de tiempo los niveles de gobernabilidad.
Y así, en la práctica, termina este 2022 y el 2023 nos espera con la puesta en marcha de una solución que parece nacida en las entrañas de los análisis políticos unidimensionales: el referéndum y consulta popular; además de los cambios en los gobiernos locales con lo que se abre otro frente.
Queda entonces pensar la manera en que la gente pueda informar a Carondelet sus reales problemas, sin tener que pasar por los ministros o las menciones en las cuentas de redes sociales virtuales.
Uno de los paisajes que se están haciendo comunes en las ciudades de Ecuador es el de la deforestación. De manera seguida se reportan bien a través de ciudadanos como de medios de comunicación sobre la tala de árboles, se emiten comunicados indicando que era necesario y se argumenta sin soporte una serie de justificaciones.
Foto tomada el 2 de noviembre de 2022 en Jipijapa
Creo que en las ciudades es donde menos se cuida a los árboles y bajo los errados criterios en los proyectos de "regeneración urbana" en que uno de los objetivos es justamente dar más espacio al cemento, al menos eso es lo que parece, o de poner palmeras.
A qué viene esto, pues el 29 de enero del 2022 me enteré por una publicación que en la ciudad de Jipijapa unos grandes árboles había sido talados, los que se encontraban frente al Hospital del IESS en la Av. Alejo Lascano. En un primer reporte del medio JipiTV se indico que ante el requerimiento de información se debían hacer en la Dirección Zonal localizada en Portoviejo.
Por su parte "El noticiero Jipijapa" informa sobre el hecho pero además incluye copias del informe técnico elaborado por Oscar Zambrano Pibaque, Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad, según una orden administrativa emitida el 27 de octubre de 2022 por el también funcionario municipal Leonardo Aguilar, director de Sanidad, Residuos Sólidos y Ambiente.
La nota del mencionado medio asegura los árboles representaban un riesgo por lo que se recomendó talarlos y que uno de los compromisos es la respectiva reforestación en la ciudad, con árboles donados por el IEES Jipijapa y sembrados por su personal.
El informe municipal publicado en "El noticiero Jipijapa" lo puede descargar AQUÍ en vista que en el sitio oficial no ha sido posible encontrarlo.
El 1 de noviembre de 2022 en el medio virtual “La prensa de Jipijapa” expone que según la información recibida se hizo la consulta al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y que con la respectiva autorización, se procedió a la tala de árboles en la acera de la parte frontal del Centro Quirúrgico-Hospital del Dia Dr. David Morán.
Foto tomada el 2 de noviembre de 2022 y en que no es posible observar seguridad la movilidad de los peatones.
Uno de los argumentos es que obstaculizaban el libre ingreso y habría ocasionado a más del levantamiento de parte de la acera y cinta gotera-bordillo, accidentes a personas mayores y con discapacidad; a estas circunstancias se habría unido la inclinación del cerramiento perimetral.
Para solucionar estos llamados problemas, para la obra se contrató Ing. Eduardo Parrales de tal manera de facilitar el libre acceso de los pacientes a esta unidad médica, los trabajos incluyen rampas con barandas y también en su interior un techado de protección climática. (Fuente: La Prensa en Facebook)
Pero este hecho sobre la tala de árboles para "mejorar" tiene una réplica en la parroquia rural Puerto Cayo, pues en la regeneración del parque localizado en la Cdla. Antonio de Vallejo, sector del nuevo malecón, la obra incluyó cortar tres que hacían sombra en una pequeña tribuna.
Acá en Puerto Cayo #Jipijapa la remodelación del parque le costó la vida al menos a tres árboles. En la obra del malecón fueron como 15. pic.twitter.com/buCt8xgGvs
El 1 de noviembre de 2022, desde la Prefectura de Manabí, gestora de la obra, se publicó una foto tomada desde un dron y en la que es posible advertir la ausencia de árboles, como un elemento fundamental de la infraestructura verde y de protección para quienes hacen uso de este parque.
Un asunto parecido ocurrió con los árboles del antiguo malecón, pues los talaron para ser reemplazados por palmeras en el nuevo.
De regreso al tema en la ciudad de Jipijapa. El hospital del IESS funciona desde el 1970 y en 1980 se realiza la primera remodelación, de la información disponible es posible deducir que no se consideraron los aspectos relacionados con la presencia de los árboles; es decir, durante casi 52 años ninguno de los administradores de este edificio se percataron de los supuestos inconvenientes que representaban estos recursos ambientales.
Foto publicada por eldiario.ec en noviembre del 2016
En este punto retomo lo publicado por @arboles_magicos: "Si se rompe la acera no es culpa del árbol sino del deficiente diseño del perfil. La infraestructura verde debe planificarse y construirse desde el principio, como la gris. Nadie diseña una acera sin pensar en las canalizaciones o los servicios; ¿Por qué no piensan en los arboles?"
Foto tomada el 2 de noviembre de 2022.
Y eso es justamente lo que ocurrió con el plan de remodelación preparado en el 2013 ni tampoco en otras intervenciones realizadas desde esa fecha, existen indicaciones sobre los accesos y veredas, como parte de este predio urbano (Revise el documento AQUÍ).
Lo que resulta también interesante es que un gran espacio de la vereda, ha sido utilizado como parqueadero. Tampoco ha sido posible localizar informes municipales de ningún tipo sobre esta situación anómala en este espacio público; además de la evidente falta de mantenimiento en este lugar para tránsito peatonal.
Otra anomalía vial se presenta al ingreso al parqueadero de la institución que tiene un desnivel para dar mayor facilidad a los vehículos.
Cuando se revisa el informe municipal que da pauta para cortar los árboles es evidente que únicamente se hizo una inspección visual, sin que en él consten otro tipo de investigaciones o referencias sobre su situación actual do el origen que desembocó en los problemas observados.
La decisión conjunta de funcionarios del IESS, de la Municipalidad de Jipijapa y del Ministerio de Ambiente resultó mortal y su justificación para talar terminan siendo un excusa no válida desde lo ambiental y de imagen, pues no hay evidencias sobre algún otro estudio, análisis o asesoría en que muestre que la única opción era talar esos árboles. Y preguntó ¿Qué culpa tuvieron los árboles ante la ignorancia de los funcionarios?
Y cuando menciono ignorancia me refiero a que desde un inicio no estuvieron en la capacidad de realizar una adecuada planificación urbanística considerando las características de dichos adornos vegetales; también de los administradores del hospital sobre sus responsabilidades detalladas en estos aspectos, conforme la normativa vigente.
Sin temor a equivocarme pudo deducir que el arbolado de las zonas urbanas y rurales no es una prioridad social, medioambiental y económica para la Municipalidad de Jipijapa y bien podría pensar que otro de los problemas es como el adecuado mantenimiento está ausente de la ejecución de las políticas públicas que existen al respecto.
Pero esta breve crónica no termina con esto, pues ahora habrá que esperar que la obra termine para saber si exactamente cumple con los requisitos establecidos, pero también para dar seguimiento a la obligación de sembrar otros árboles y el procedimiento que se seguirá para cuidarlos y asegurarse de su supervivencia.
Información para seguimiento: 250 voluntarios plantaron 2.000 árboles nativos para la restauración ecológica de Puerto Cayo. Boletín del Ministerio de Ambiente - Octubre del 2019.
Recurso histórico: Vídeo captado en el 2018 en el que se muestra los árboles que fueron talados en el antiguo malecón, como parte de la construcción de uno nuevo.
-------------------- Otras referencias de Raúl Zavala ------------------
Nuevamente somos espectadores y víctimas de una desenfrenada carrera por los votos. Los protagonistas son los miles de candidatos que aspiran conseguir un cargo en los gobiernos seccionales y en el Consejo de Participación Ciudadana.
Quizás sea entendible el hecho que seamos espectadores, pero de seguro se requiere una mayor explicación sobre el hecho que también estemos en el nivel de víctimas de este proceso electoral previsto para febrero del 2023. Todo inicia desde lo que se analiza, se planifica y se ejecuta en cada campaña para promocionar a los aspirantes a las distintas dignidades; para este comentario me voy a centrar en aquellos que quieren convertirse en prefectos, alcaldes, concejales y presidentes de las juntas parroquiales rurales.
¿De qué somos víctimas los votantes? Pues de una confabulación. Y no hay que asustarse, es parte de una práctica que, de una u otra manera, la hemos vivido desde hace mucho tiempo, simplemente nos hemos quedado en su origen; es decir, considerarla como una simple mentira sin mayores consecuencias legales, pero sí en la vida diaria de los ciudadanos.
Aclaro. Se la define desde la psiquiatría como los falsos productos de la memoria o las falsas percepciones sobre el mundo exterior, como una derivación de la mitomanía y es un síntoma característico del síndrome de amnésico de Korsakow, un trastorno cerebral debido a la deficiencia de vitamina B1. ¿Por qué en el Código de la Democracia no existe un requisito que certifique la buena salud física y mental de los candidatos?
Voy entonces al otro escenario relacionado con nuestra vida diaria como niños, adolescentes o adultos. Confabular, básicamente es también lo dicho entre dos o más personas para ponerse de acuerdo y emprender algún plan ilícito o inmoral o salvarse de un castigo, puede verse también como una travesura. Transpolemos esto hacia lo que ocurre en la gestión política que incluye lo electoral.
Quizás un escenario próximo pueda vislumbrase si analizamos a profundidad los comunicados o boletines de prensa que se difunden desde la institucionalidad pública; tal vez allí encontremos algunos datos que no son coherentes con la realidad, también que existe una exaltación extrema a una gestión que no tiene bases ni argumentos de verificación. Un tema para tratarlo por separado desde la perspectiva de la transparencia o el oscurantismo informativo.
Ahora, amable lector, traiga a su memoria, las ofertas que están haciendo lo candidatos para atraer su voto, tome una, la que sea de su agrado y en un breve recorrido mental desmenuce cada uno de los componentes que debería tener; por ejemplo: costos, plazos, capacidad de ejecución, beneficios tangibles, origen de lo prometido (no confundir con proyecto) y de si es posible hacerlo desde lo legal.
Y permítame algunas preguntas: ¿Usted cree que esa oferta electoral la ideó él solo? ¿Quién le ayudó a darle forma y convertirla en promoción electoral? ¿Conoce al equipo de campaña de ese candidato?
Con base en lo mencionado por la investigadora Elżbieta Drążkiewicz en su artículo “Estudia las teorías de la conspiración con compasión”, me tomo la licencia de contextualizar una parte de su análisis: no es suficiente estudiar a los individuos y sus ideas: debemos considerar las estructuras sociales y los contextos, políticos, financieros, presupuestarios, culturales e históricos que generan y propagan ideas electorales.
Me pregunto: ¿Cómo se puede armar el plan de trabajo al ser uno de los requisitos legales para inscribir sus candidaturas? Esto con base en el Art. 97 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.
También me quedan dudas en la manera en que esos planes se convierten en una propuesta de marketing político (electoral sería más adecuado); ¿Y si es a la inversa? Viene entonces la parte en que los candidatos preparan sus discursos o les dan preparando y se producen los contenidos comunicacionales.
Siempre queda la duda si es que el candidato y su equipo de campaña disciernen si lo que van a sacar al mercado podría ser cumplido o es una falsa promesa que luego tendrá alguna justificación.
Lo cierto es que desde esos momentos comienza la confabulación electoral en contra del electorado, pero sin que se convierta en el delito de asociación ilícita tipificado y sancionado en el artículo 370 del COIP.
Al final, seguramente en la mayoría de votantes se impondrán, como siempre, los sentimientos y los intereses personales a la hora de estar frente a las papeletas, además que la compaña electoral es muy similar a la fase de enamoramiento, en que se dicen y se creen mentiras, en que las promesas de felicidad se las acepta así se conozca que no será ni tan cierta ni tan simple y hasta existe desprecios por los consejos de nuestros amigos y familiares.
Pero la otra confabulación podría darse si es que nos anclamos a una de las populares frases de Iósif Stalin: las personas que votan no deciden una elección, la gente que cuenta los votos lo hace. Lo cual se convertiría en un nivel superior de confabulación.
Nos guste o no: en el amor, en los negocios y en las elecciones, todo se vale.
